3/13/2010

Impide el gobierno al SME cobrar $21 millones por cuotas


Alejandro Muñoz ya no es tesorero de los electricistas: Amezcua

Bobadilla, secretario del Trabajo del gremio, hizo los trámites, dice

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 13 de marzo de 2010, p. 30

La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezada por Martín Esparza, precisó que no cobró 21 millones de pesos, producto de cuotas sindicales, y que el gobierno federal intervino nuevamente para impedir que el gremio tuviera acceso a tales recursos.

La institución bancaria privada en donde estaban depositadas las cuotas entregó el monto referido a un tribunal judicial, el cual autorizó la canalización del mismo al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

De acuerdo con la versión de los dirigentes del SME, Alejandro Muñoz ya no es tesorero de este sindicato, no tiene representación legal alguna y, además, “ya ni le podemos decir ‘compañero’, porque se ha convertido en un empresario al servicio de las limosnas que le ha arrojado el gobierno federal”, señaló Fernando Amezcua, vocero del sindicato.

El tesorero actual, reconocido por los agremiados, es Fernando Muñoz Ponce; sin embargo, quien realizó los trámites para cobrar los 21 millones de pesos fue Eduardo Bobadilla, secretario del Trabajo del SME, quien cuenta con la toma de nota (reconocimiento oficial) vigente.

Bansefi presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por la presunta falsificación del poder notarial que exhibieron representantes del SME para cobrar la suma citada.

Muñoz afirmó que él tenía la facultad para cobrar los recursos, porque –argumentó– tiene la toma de nota respectiva, según los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En efecto, los cheques llegaron a manos del grupo de Esparza, pero no han podido ser cobrados.

Sin embargo, agregó Amezcua, el titular de la STPS, Javier Lozano, definió que Alejandro Muñoz era el tesorero. Aquí el objetivo es evitar que el SME tenga acceso a ese dinero. Está metida la mano de Lozano y, cómo no habría de hacerlo, si ha empeñado su esfuerzo y su tiempo para evitar que nos paguen nuestros derechos, como el aguinaldo.

El vocero del SME comentó que los abogados del sindicato ya están al frente del caso para hacer valer los derechos necesarios para el cobro de las cuotas sindicales.

Por lo pronto, dijo, la base de trabajadores electricistas está ocupada en la preparación de la huelga que estallará el 16 de marzo.

Autoridades educativas estatales piden a la SEP atender nutrición

La población estudiantil de áreas indígenas es la más afectada por la mala alimentación

Funcionarios de salud buscarán regular un millón de puntos de venta de comida chatarra

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Las autoridades buscan restringir la comida chatarra en los centros escolares, pues imputan la obesidad infantil en buena parte a estos alimentosFoto María Meléndrez
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Sábado 13 de marzo de 2010, p. 29

Autoridades educativas de 12 entidades demandaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) atender no sólo el problema de la obesidad infantil en las escuelas, también los altos índices de desnutrición entre los estudiantes, pues aseguraron que la población escolar indígena es la más afectada por la mala alimentación.

En tanto, autoridades de salud informaron que se buscará regular un millón de puntos de venta de comida chatarra en las inmediaciones de las escuelas, como parte de la estrategia del gobierno federal contra el sobrepeso infantil. Además, se creará un nuevo sistema de etiquetado con un sello de calidad escolar que garantice que los productos que se expenden en tiendas y cooperativas escolares cumplen con los lineamientos de regulación de alimentos en las escuelas que se aprobará antes del inicio del próximo ciclo escolar.

En una reunión privada, encabezada por el titular de la SEP, Alonso Lujambio, y a la que asistió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Mauricio Hernández Ávila, los secretarios de Educación de Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán demandaron la aplicación de medidas paralelas para frenar tanto la obesidad como la desnutrición infantil, que afecta a un número cada vez mayor de alumnos en el país.

Tras concluir el encuentro, que se prolongó por cuatro horas en la sede de la SEP, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, reconoció que una de las preocupaciones de fondo que se presentaron en la mesa fue la necesidad de reforzar las acciones para frenar la mala alimentación de los alumnos, en particular en entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y Veracruz.

En algunas regiones del país, agregó, parecería que la obesidad es un problema urbano y la desnutrición un problema rural que afecta particularmente a las zonas indígenas. Las entidades que concentran ese problema lo expusieron de manera muy clara. Se discutió que paralelamente hay que encontrar soluciones a la desnutrición infantil, pues afirmaron que no sólo se trata de la obesidad y el sobrepeso.

Hernández Avila aseguró que al concluir el proceso de consulta a las autoridades educativas estatales sobre sus mecanismos de regulación en la venta de comida dentro de las escuelas, reconoció que en algunas entidades se presenta un problema combinado de obesidad y desnutrición. Existe la demanda de contar con lineamientos que incorporen esta situación y no correr el riesgo de dejar fuera a los niños que no reciben una alimentación adecuada.

La meta, indicó, es sumar esfuerzos entre las autoridades educativas y de salud para bajar el contenido calórico de la colación que consumen los niños en la escuela y pasar de 480 a 280 calorías, que es una reducción importante. Un almuerzo con este contenido energético puede incluir una galleta, una pequeña porción de leche descremada y una torta de huevo o jamón.

Agregó que otras de las acciones que buscarán impulsar con las autoridades municipales y las secretarías de Salud en los estados es el control de los puntos de venta de comida chatarra en las calles, pues destacó que por cada uno de los 250 planteles escolares en el país hay cuatro puntos de venta en banqueta, es decir, hablamos de un millón, y es un tema que estamos estudiando a profundidad.

Por su parte, Lujambio indicó que frenar el sobrepeso y la obesidad infantil es un reto que requiere el esfuerzo de todos los sectores sociales, y no sólo en materia de educación, pues si encontramos el lenguaje correcto, donde la culpa no se deposita en un actor, sino en los hábitos que tenemos que modificar, con la participación de todos, estaremos en condiciones de lograrlo, pero si nos empeñamos en culparnos unos a otros, el esfuerzo será inútil.

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