Mario Marín, Ulises Ruiz, Enrique Peña Nieto, Eduardo Bours, Juan Camilo Mouriño, Javier Lozano, Genaro García Luna, Fernando Gómez Mont y Juan Molinar Horcasitas son ejemplos conspicuos de esta nueva generación de la desfachatez
, que sin duda ha hecho más daño al país que la imaginaria “generación del no”. Constituye una vergüenza internacional el hecho de que nadie ha tenido el valor de afrontar su responsabilidad por la muerte de los niños de Hermosillo, el asesinato de jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez, el abuso contra los campesinos en San Salvador Atenco, la inundación con aguas negras en Chalco, la muerte de los mineros en Pasta de Conchos y tantas otras tragedias y abiertas corruptelas que han venido caracterizando el escenario nacional en los años recientes. La señora impunidad reina rebosante en el México de la alternancia.
No se trata, desde luego, de retornar a la época de la escenografía de las renuncias vacías. En el pasado, las dimisiones de los funcionarios no implicaban que enfrentaran sus responsabilidades penales o administrativas. Muchas veces la separación del cargo ni siquiera afectaba negativamente su carrera política, sino que implicaba el inicio de una nueva etapa de mayor presencia pública. Con las renuncias también se protegía al Presidente de la República de tener que exponerse ante el juicio ciudadano. Se ofrecían las cabezas de unos cuantos chivos expiatorios
a cambio de la continuidad del sistema imperante.
Hoy habría que encontrar vías más efectivas y auténticas para llamar a cuentas a los altos funcionarios públicos. Las propuestas de Felipe Calderón (relección de legisladores y alcaldes, candidaturas independientes y segunda vuelta) definitivamente no atacan de raíz la grave crisis que se vive en la materia.
Afortunadamente, las iniciativas del Dia (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia) y de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sí incluyen algunas propuestas que caminan en el sentido correcto. Una de las más importantes, compartidas por ambas iniciativas, es la dotación de autonomía plena al Ministerio Público.
Ya es hora de combatir la ineficacia y el burdo manejo político de esta institución. La iniciativa del Dia es particularmente contundente al respecto: El Ministerio Público, tal como se encuentra constituido en la actualidad, ha sido rebasado no solamente por el cada vez más grande fenómeno delincuencial, sino también por los profundos y arraigados vicios que le aquejan, tales como la excesiva burocratización, la falta de agilidad en la tramitación de averiguaciones previas, la falta de capacitación de sus agentes, la violación sistemática de los derechos humanos, así como la infiltración de grupos criminales
.
Otra propuesta relevante en ambas iniciativas de la oposición es el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El PRI propone eliminar los principios de posterioridad y anualidad para el auditor, con el fin de agilizar su labor y permitir que acompañe más cercanamente al Congreso en su función de evaluar a los secretarios de Estado. El Dia va más lejos y propone consolidar la autonomía constitucional de la ASF y dotar al auditor con la facultad de ejercer directamente la acción penal y perseguir delitos en contra del erario ante los tribunales. Estas reformas podrían transformar radicalmente el sistema institucional para la rendición de cuentas y empezar a poner un alto a la impunidad tan corrosiva que actualmente impera en el país.
La ratificación del gabinete por el Poder Legislativo (PRI y Dia), junto con la moción de censura
(PRI), el fortalecimiento de las comisiones de investigación del Congreso (Dia) y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por el Poder Legislativo (Dia), también tendrían el sano efecto de requilibrar la división de poderes y obligar a los secretarios de Estado a rendir cuentas y tener mejor desempeño. Asimismo, la figura de la revocación de mandato (Dia) pondría en manos de los ciudadanos un arma poderosa para que a los gobernantes nunca se les ocurra olvidar el texto del artículo 39 constitucional: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo (...) el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno
.
Tal como ha sido el caso a lo largo de la transición política en México, una vez más las propuestas de reforma del Estado que realmente valen la pena surgen de la oposición. En lugar de promover ciegamente su decálogo de reformas cosméticas y con sesgos autoritarios, el gobierno federal y el Partido Acción Nacional deberían abrir los espacios para la discusión y aprobación de otras propuestas de mucho mayor calado que nos permitirían deshacernos de una vez por todas de la generación de la desfachatez
que tanto se ha arraigado en el país.
Con admiración por la incansable lucha de las mujeres por la justicia
Sí, es cierto, que gozamos de libertades consignadas en las leyes. Una de ellas, por ejemplo, el libre tránsito, que se extiende hasta donde dura el miedo a la inseguridad o hay que detenerse en los retenes policiacos y militares en muchas zonas del país. Sí, hay un derecho a la educación y a la salud, cada vez más precarios y de mala calidad. ¿Qué son, además de inútiles en un sentido práctico, los derechos que no se pueden ejercer?
Así podríamos revisar cada parte del catálogo de nuestra condición de ciudadanos. No es difícil: abra su ejemplar de la Constitución y mire el capítulo primero: De las garantías individuales, y el capítulo cuarto: De los ciudadanos mexicanos. Piense en lo que ahí dice y confróntelo con lo que nos pasa. El balance, me temo, es pobre, muy pobre.
La verdad es que no somos ciudadanos de una república moderna, como se repite en discursos que conmemoran las efemérides nacionales, como se ofrece en las campañas políticas o en declaraciones de legisladores, jueces y funcionarios públicos.
En ocasiones nos aproximamos a la situación de vasallos. Parecemos mujeres y hombres formalmente libres, pero que mantenemos relaciones de subordinación ante la autoridad que conferimos a otros mediante un mandato –democrático– que no cumplen y que no podemos exigir que lo hagan.
Como ciudadanos estamos mutilados y el sistema político que sustenta esta condición se debilita de modo constante. El asunto más reciente de las alianzas electorales y los compromisos entre partidos para conseguir aprobar leyes es sólo uno más de los casos de vasallaje que predominan en las relaciones de poder entre quienes gobiernan, hacen leyes y deben procurar la justicia.
Se propone, otra vez, la necesidad de una reforma política. Pero ante los hechos parecería que ésta sólo puede empezar con la reforma de la legislación sobre los mismos partidos políticos: lo que pueden hacer, cómo pueden hacerlo y su financiamiento.
Los expertos señalan que la democracia requiere de partidos por diversas razones técnicas y de interrelaciones sociales. Sea así, admitámoslo, y en seguida aceptemos también que lo que hoy tenemos es ya totalmente disfuncional para los intereses que están más allá de los que controlan esos mismos aparatos y las redes de poder que establecen. Ninguno de ellos pasa las pruebas más simples de la esencia de la democracia ni en su interior y, mucho menos, en términos de las exigencias de esta sociedad.
Y de ser así, quién tiene el menor incentivo entonces para reformar la existencia y funcionamiento de los partidos en un entorno democrático. La respuesta es inmediata, nadie. Puede seguirse, pues, que cualquier reforma política que surja de los arreglos vigentes no puede aspirar más que a un reacomodo de los mismos que la formularán y la votarán en el Congreso. Los ciudadanos volverán a ser forzados a aceptar un pacto de vasallaje. El problema, o más bien, el conflicto que enfrentamos es cómo romper este nudo gordiano.
Claro que ningún sistema político de naturaleza democrática es perfecto. Las dictaduras tampoco, o es que no hemos aprendido nada. No se trata de eso. Ni los ciudadanos ni los vasallos son ingenuos, responden a condiciones cimentadas en intereses y el ejercicio del poder; ético, coercitivo o como sea.
La crisis política del país es cada vez más evidente. Esta mitad de sexenio no puede hacerla más clara. De todos lados se contribuye a ella y los personajes siguen siendo los mismos y los arreglos institucionales han caducado. Hasta en Hollywood hay más rotación de estrellas, las top model cambian con más frecuencia; entre los grandes jonroneros en el béisbol surgen nuevos cañoneros.
La condición de ciudadanos mantenida en su esencia formal puede ser motivo de orgullo, también fuente de crispación. Es un Estado político sin suficientes expresiones prácticas y en persistente debilitamiento, lo que no puede sino agravar el magullado contrato social que nos rige. Lo hace con menor efectividad y de él se derivan rentas que se apropian de manera particular y costos que se cargan de modo colectivo.
Si la credencial de elector sirve para seguir yendo a votar en estas condiciones, debo solicitar al doctor Leonardo Valdez, del IFE, que se cancele mi nombre del registro correspondiente. Si sirve además para identificarme en el banco, solicito al doctor Guillermo Babatz, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que elimine tal requisito y que pueda hacer valer mi identidad de otra forma. Si sirve para que me dejen entrar a un edificio que requiere seguridad por el miedo existente, dicha credencial puede sustituirse por alguna otra, ya discutiré yo con el guardia de turno.
Un “partido tonto”
La difusión del documento firmado por el PRI y el PAN en torno a no formar coaliciones en el Estado de México suscita varias reflexiones:
A) Fernando Gómez Mont, al renunciar al PAN, había dicho que se reservaba detalles por confidencialidad profesional. Ya sabemos cuáles eran. Ahora aclara que “al comparecer ante el CEN (del PAN), el presidente del partido me constriñó a la confidencialidad a la que estoy obligado”. Eso limitó la eficacia de su alegato ante los consejeros panistas. Ahora queda claro que Gómez Mont no actuaba solo; contaba con el visto bueno de Nava, además del de Los Pinos, pues supongo que a estas alturas ya no habrá quien crea que “el Presidente no estaba enterado” de los acuerdos con el PRI.
B) Pero si Nava actuó con el respaldo de Calderón, no lo hizo con el del Consejo Nacional de su partido. Por el contrario, el 12 de septiembre de 2009 ese órgano instruyó una campaña contra los gobernadores del PRI y, en particular, denunciar el vínculo entre EnriquePeña Nieto y Televisa. También acordó “reconocer la validez de las alianzas con otros partidos en determinadas condiciones” así como “diseñar criterios y lineamientos claros para aceptar o no alianzas, y discutirlas en cada caso concreto”. Al menos en el caso del Estado de México, Nava hizo justo lo contrario, dando cobertura incluso a Peña Nieto y comprometiendo al partido a un acuerdo que iba más allá de su mandato como dirigente nacional (pues termina en diciembre de este año).
C) La falta de oficio político de Nava se refleja no sólo en haber firmado un documento escrito, sino en aceptar que no incluyera la “moneda de cambio” que correspondía pagar al PRI. Ahora Nava se pregunta: “¿Por qué (Peña Nieto y Paredes) no dicen la verdad… que en este acuerdo estuvo de por medio esa negociación?” Fácil. Porque eso no quedó por escrito. Pero si lo que estaba en juego era el voto del PRI en el Senado, ni Paredes ni Peña Nieto podían garantizarlo, sino sólo Manlio Fabio Beltrones. ¿No estaba enterado de eso Nava? Por lo visto, no. Parafraseando a Alonso Lujambio, el PAN es un “partido tonto”. Y no sólo el PAN de Calderón pues, según afirma Xóchitl Gálvez, “Vicente Fox firmó convenios con el PRI. Pregunten cuántas cosas les soltó Fox por convenios así”. Cuántas, en efecto, habría que preguntar. Una carta de impunidad, al menos. A cambio de nada, claro.
D) Beatriz Paredes —que también salió raspada al mostrar su parcialidad hacia uno de los presidenciables— reclama ahora a Calderón olvidar que, apenas hace tres años, el PRI hizo posible su ascenso a la Presidencia. De lo que se infiere, primero, que el PRI implícitamente pone en duda la fidelidad del resultado oficial de 2006 (o Calderón no hubiera requerido del respaldo priista) y, segundo, que considera que esa deferencia tenía que devolverse no poniendo trabas al regreso triunfal del PRI a Los Pinos. Favor con favor se paga. Pero los panistas bien podrían responder que lo de 2006 en realidad fue el pago priista por el papel que el PAN jugó en 1988. Cuenta saldada.
E) Cuando se sugiere a los priistas que salieron perdiendo en este convenio, dado que a cambio de no impedir la miscelánea final no lograron evitar las coaliciones, aclara Ulises Ruiz que no, que los gobernadores (la mayoría del PRI) salieron ganando, pues recibirán muchos más recursos. Es cierto.
F) En el escrito, los firmantes se comprometen a modificar la legislación vigente sobre las coaliciones, para que éstas dejen de ser un instrumento de coyuntura. En efecto, las críticas que puedan enderezarse a las coaliciones como meramente electoreras, tienen asidero en la normatividad electoral. La ley estipula que las coaliciones se esfuman apenas concluido el proceso electoral. Y, por ende, quedan sin sustento el respectivo programa de gobierno y la plataforma legislativa. Una burla al elector. Convendría generar incentivos para formar coaliciones estables, de gobierno y legislativas (la segunda vuelta no garantiza ese desenlace).
Me parece, en todo caso, que la figura de César Nava como presidente del PAN refleja con precisión el lamentable estado en que se halla ese partido, a nueve años de ser gobierno: pragmatismo puro, pero sin oficio político; torpeza infinita y palabra deshonrada; pérdida de autoridad moral y patadas de ahogado; claudicación de su pasado y desconcierto ante el futuro. ¡Vaya saldo!
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