Política a la mexicana....

La ruta de la reforma política

Lorenzo Córdova Vianello
En medio de un agitado escenario político, el Senado ha comenzado el análisis de las varias propuestas de reforma política que se han puesto sobre la mesa.

Las comisiones de Reforma del Estado, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, comenzaron los trabajos para estudiar, consensuar y dictaminar las propuestas que formularon el Presidente, el PRD-PT-Convergencia, el PRI (al menos la fracción priísta de la Cámara alta, pues los diputados de ese partido adelantaron que plantearán otra), el PVEM —que presentó la suya la semana pasada—, más las que se vayan acumulando en los próximos días.
Es de resaltarse lo provechoso y rico de este ejercicio. La iniciativa presidencial, más allá de sus propuestas concretas, ha tenido un benéfico efecto desencadenador que ha provocado que los distintos partidos se pronuncien y presenten sus propuestas, mismas que han sido complementadas por un intenso debate público que ha involucrado a la academia, los medios de comunicación y a la opinión pública en general.

Los diversos planteamientos tienen entre sí una serie de coincidencias (con diferentes matices o formulaciones en cada una), de divergencias y de elementos complementarios que, de procesarse adecuadamente, pueden dar un importante apretón de tuerca en el proceso de transformación del Estado mexicano.

Los énfasis de cada texto son distintos. En el caso de la iniciativa presidencial se favorece la formación de mayorías a través de mecanismos institucionales (como la segunda vuelta de la elección del Ejecutivo aparejada a la elección del Congreso); en otros, como la propuesta del PRD, se fortalece el carácter representativo del Legislativo. La iniciativa presidencial subraya la necesidad de reforzar las capacidades del Ejecutivo para gobernar, otras, como la del PRD y la del PRI, buscan mecanismos de corresponsabilidad y de control, así como de rendición de cuentas del Ejecutivo frente al Legislativo. Todas incorporan alguna variable de democracia directa, pero con modalidades y efectos distintos. Algunas agregan candidaturas independientes acotando el sistema de partidos; otras las rechazan y apuntan por no tocar las reglas que norman actualmente la materia. Unas más, la del PRD y la del PRI, plantean dar autonomía —de manera y grado diverso— a la PGR. Esto es sólo una muestra de la diversidad.
De cara a una batería de propuestas tan numerosas y distintas, el procesamiento de la reforma no puede pasar sólo por una armonización de las mismas, sino por una definición a priori del carácter que busca darle al Estado. Antes de la ponderación y el juicio de las diferentes propuestas en particular, resulta indispensable preguntarnos, hacia dónde queremos movernos y sólo entonces cuáles son los mejores planteamientos para conseguir ese objetivo.

Dicho de otra manera, el primer trabajo que debe enfrentar el legislador es consensuar un diagnóstico de los problemas del actual diseño constitucional para entonces pasar a discutir las mejores alternativas para resolverlos.

Ilustro el punto: me parece que uno de los consensos sobre los problemas que enfrentamos es la necesidad de darle gobernabilidad a un sistema político que se ha caracterizado por la diversidad y el pluralismo. Si ello es así, entonces debemos definir si la ruta para lograrlo pasa por un mero reforzamiento del Ejecutivo, incluso a costa de la merma de la representatividad política del Congreso —como algunos sostienen— o bien si la gobernabilidad debe lograrse sin mermar la representatividad y por la vía de encontrar nuevos mecanismos de colaboración y/o de rendición de cuentas. Es decir, si la solución pasa por reforzar un poder o corresponsabilizar a varios poderes en el ejercicio de gobierno.

La discusión de las propuestas concretas no puede anteponerse a las reflexiones relacionadas con decidir el carácter que debe tener la reforma, con los valores perseguidos y los principios que deben sostenerse; sería poner, como se dice, “la carreta antes que los bueyes”.
En todo caso, tal parece que el proceso de reforma, no con pocos tropiezos, arranca. Ojalá que al final del camino se acuerden cambios que dinamicen el funcionamiento de nuestro sistema político. Es un pendiente impostergable que debemos asumir con toda responsabilidad.

Investigador y Profesor de la UNAM.

Horizonte político
José Antonio Crespo
Ese muerto que vos matáis

A sus 81 años, el PRI, “ese muerto que vos (nos) matáis” desde hace años, goza de cabal salud, muy dispuesto a regresar al poder en 2012 y con altas probabilidades de conseguirlo. Y como el PRI en realidad no se ha renovado —ni siquiera discursivamente—, su tenaz supervivencia y recuperación exige alguna explicación. Muchos factores confluyen en ello. 1) A diferencia de los partidos únicos, cuya rigidez los hizo derrumbarse hasta casi desaparecer (o sin el casi), el PRI, como partido hegemónico, tuvo una mayor flexibilidad institucional que le ha permitido adaptarse mejor en la oposición. Hay un parangón con el Partido Nacionalista de Taiwán que, habiendo sido único por varios años, se flexibilizó, perdió el poder en 2000, y lo recuperó ocho años después, durante los cuales gobernó un partido “democrático”, que resultó un enorme fiasco. 2) El autoritarismo priista fue mucho más suave que los regímenes de partido único y, por supuesto, que las dictaduras militares o personalistas. Por ello nuestro cambio democrático fue mucho menos marcado que en la mayoría de los países en ese trance. Y, en esa medida, el PRI ha resultado mucho más tolerable a los ciudadanos, y su eventual retorno al poder no genera demasiado rechazo. 3) Cuando el PRI estaba más débil, recién perdido el poder presidencial, Vicente Fox decidió darle respiración de boca a boca —como ha explicado Xóchitl Gálvez— y extenderle una carta de impunidad con el propósito de contar con su cooperación para realizar reformas económicas estructurales, que finalmente el PRI no concedió. Eso le dio un tiempo valioso para reorganizarse, justo cuando estaba tambaleante. 4) El PRI logró superar el principal reto derivado de su derrota presidencial: sustituir su tradicional gobernabilidad vertical —engarzada en el Presidente— por una de tipo horizontal (entre gobernadores, líderes corporativos, jefes de facción). Estuvo a punto de una crisis mayor en 2002, cuando por primera vez eligió dirigente nacional del partido por sí mismo, sin el dedazo presidencial. Cosa que pudo dirimir de mucho mejor manera en 2007, lo que refleja que, si bien no hubo renovación moral del partido, sí hubo aprendizaje en el manejo de sus procesos internos. 5) El PRI se ha beneficiado indirectamente de los errores, claudicaciones y omisiones de sus adversarios. Por ejemplo, el costo de recibir impunidad por parte de los gobiernos panistas, en realidad lo paga menos el PRI y más el PAN. Por eso, cuando los panistas reiteran una y otra vez sobre la corrupción del PRI, la pregunta que de inmediato surge es, ¿y qué hizo al respecto el PAN desde el poder? ¿Por qué no penalizó la corrupción priista? ¿Por qué repitió sus pautas de corrupción e impunidad? El PAN queda así como una mala réplica del PRI. Y muchos, por lo visto, prefieren regresar al original. 6) Por otro lado, el PRD tampoco se ha distinguido claramente de una de sus raíces fundadoras —el PRI—, salvo en que muestra mucho menor disciplina y cohesión internas. Su oscilación entre radicalismo y moderación, así como su estridencia discursiva, contrastan con la tradicional institucionalidad del PRI. Y es cierto, las posturas del PRI son rancias, pero en menor medida que las del PRD (que datan de 1940). 7) El PRI sigue siendo el único partido nacional. Es, o bien partido dominante en algunos estados, o uno de los dos contendientes ahí donde prevalece un bipartidismo (frente al PAN en algunas entidades, y ante el PRD, en otras). La excepción es el Distrito Federal, donde el PRI cayó al tercer sitio, si bien en los últimos comicios incrementó su votación de manera notable. Por todo lo cual, el PRI tiene buenas probabilidades de recuperar Los Pinos, aunque es algo que no puede darse como hecho. La prueba de fuego será, nuevamente, la forma en que logre dirimir su candidatura presidencial. No haberlo hecho adecuadamente en 2006 lo envió al tercer sitio. Si el PRI aprendió de ese tropiezo, podrá ahora dirimir internamente quién será el abanderado, para no perder la unidad básica sin la cual difícilmente se puede ganar una elección presidencial. Unidad que, de preservarse, contrastará con los inacabables conflictos dentro de la izquierda y con el creciente divisionismo, el malestar interno y el descrédito externo del PAN

Acuerdos, traiciones y deterioro

Edotirial La Jornada...

En la ríspida polémica entre priístas y panistas que tuvo lugar ayer en el pleno de la Cámara de Diputados salió a relucir con claridad la descomposición política e institucional imperante en el país. Como botones de muestra de esas expresiones, cabe destacar la defensa formulada por la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, del acuerdo suscrito el 30 de octubre del año pasado entre ella y el líder nacional del PAN, César Nava. Contrariamente a lo expresado por el panista la semana pasada, la ex gobernadora de Tlaxcala señaló que en dicho pacto no hubo ninguna negociación que vinculara la aprobación de la Ley de Ingresos 2010, ni que vetara las alianzas políticas entre el PAN y el PRD –si bien en el documento se lee que las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios–, e indicó que se trató solamente de un acuerdo de civilidad política.

Las declaraciones de Paredes, además de un intento por justificar un pacto impresentable y ominoso para la ciudadanía, constituyen una muestra más del deterioro institucional, la cultura del engaño y la descomposición moral que priva en los partidos en general, y en el PRI en particular. Porque, se haya hecho explícita o no en el referido documento, es innegable la connivencia mostrada por legisladores del tricolor y del blanquiazul durante las negociaciones del paquete económico para este año, que concluyó con un alza generalizada de gravámenes para los contribuyentes cautivos: con ello, el PRI falló a una de sus principales promesas de campaña e incurrió, por tanto, en un acto de traición hacia sus votantes.

Por su parte, César Augusto Santiago, también priísta, con el pretexto de pregonar la pertinencia de esa clase de acuerdos políticos, lanzó un ataque mayor al titular del Ejecutivo federal: “Gracias a uno de esos acuerdos –dijo– está sentado Felipe Calderón en una silla que yo personalmente no acepto”, en referencia a la convalidación, por parte del PRI, del impugnado y dudoso triunfo electoral del michoacano en los comicios de 2006. Pero, al sacar a relucir la falta de legitimidad del gobierno calderonista, implícitamente Santiago descalificó, en conjunto, el proceder de las instituciones –el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– que dieron por buena una elección viciada y cuestionada por un amplio sector de la ciudadanía, así como el nulo compromiso de su propio partido y de Acción Nacional con el postulado fundamental de la democracia: se llega a los puestos de representación popular por medio de sufragios, no de acuerdos secretos.

No terminan aquí los problemas que el episodio del documento firmado por PRI y PAN genera para el titular del Ejecutivo: si es verdad, como han señalado el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el propio Nava, que Calderón no se enteró del acuerdo hasta enero, ello dejaría al descubierto a un gobernante sin subordinados confiables y, lo que es peor, incapaz de ejercer control político alguno en el país. Y si, por el contrario, Calderón conocía esos pactos desde el principio, implicaría que aprobó un acto inescrupuloso y que protagonizó una inadmisible intromisión en los procesos legislativos y electorales. Por decoro institucional, y hasta por conveniencia política, el titular del Ejecutivo federal tendría que ofrecer una explicación de este turbio episodio a la ciudadanía.

En suma, la salida a la luz pública de los acuerdos entre el PRI y el PAN ha significado un deterioro adicional a la credibilidad, de por sí maltrecha, de un gobierno marcado por su déficit original de legitimidad y de una clase política empeñada en repartos de poder y cada vez más alejada de la sociedad. A contrapelo de lo expresado ayer por Paredes Rangel, difícilmente podría imaginarse una manera más eficaz de torpedear el orden democrático y socavar la precaria gobernabilidad en el país.