Critica organización civil “política simulatoria”de autoridades
Sin cubrir “una mínima” parte la sentencia de CoIDH por Campo Algodonero
Por Laura Romero Gómez
México, 8 mar 10 (CIMAC).- En materia de justicia, el gobierno mexicano mantiene una “política simulatoria”, que solo se vale de grandes “distractores” para impactar. Esa es la razón por la que hoy se publican en el Diario Oficial de la Federación, los párrafos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la sentencia del caso "Campo Algodonero".
La co-fundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, Marisela Ortiz, dijo a Cimacnoticias vía telefónica, que el hecho de que el Estado mexicano “cumpla” en esta fecha significativa, con el resolutivo 15 de la sentencia que dice que deberá publicar los párrafos como un reconocimiento de la verdad histórica, no quiere decir que se esté cumpliendo con la justicia.
El efecto que se busca es el de impactar, pero a la fecha, no se han dado a conocer las acciones que surjan de una preocupación real para garantizar la justicia, porque el Estado carece de voluntad política para reparar el daño, abundó la activista.
La realidad, dijo, es que para nosotros no se ha cubierto ni la mínima parte de la sentencia de la CoIDH, solo ha habido reuniones entre el gobierno y las tres familias afectadas por el caso campo algodonero, donde en noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de 8 mujeres asesinadas.
Un claro ejemplo de la falta de políticas públicas es el hecho de que las autoridades retiraron el mínimo apoyo económico que les daban a las familias afectadas por feminicidio en Chihuahua, con el argumento de que a las tres familias mencionadas en la sentencia de la CoIDH deberán destinar mayores recursos.
Ahora mas que nunca existe esta política simulatoria, no han considerado a las otras madres de las víctimas, ya incluso no se habla de feminicidio, los crímenes y la violencia contra las mujeres, ya recae en los crímenes al narcotráfico, “y esto de ninguna manera son políticas públicas”.
Como organización, ahora estaremos más vigilantes que nunca para que se cumpla la sentencia de la CoIDH sobre campo algodonero.
También, seguiremos luchando por todos los demás casos de feminicidio y por los que no se registraron ante la Corte Interamericana, hasta lograr que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad por no haber sigo garante de la seguridad, que repare los daños y que se evite la repetición.
Sostuvo que la reparación del daño en principio no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con la justicia, con un perdón público, y luego con propiciar una mejor calidad de vida para quienes resultaron afectados.
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la organización “Nuestras hijas de Regreso a Casa” expresa la necesidad de erradicar la idea de que con ponernos una flor, o decirnos que es “muy lindo ser mujer” y darnos reconocimientos hipócritas a mujeres destacadas, tienen conciencia de equidad y justicia.
No obstante, las mujeres siguen siendo asesinadas, y las actitudes machistas del gobierno siguen propiciando impunidad, “hacemos un llamado a que esta jornada la dediquemos a las mujeres que han sido victimadas y a esforzarnos más para luchar contra el feminicidio, añadió Marisela Ortiz.
LA PUBLICACIÓN
En el Diario Oficial de la Federación, hoy se publicaron hoy los párrafos 113 a 136, 146 a 168, 171 a 181, 185 a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de la Sentencia de Campo Algodonero, así como los puntos resolutivos de la misma.
Lo anterior, en cumplimiento del resolutivo 15 de dicha sentencia, que ordena: "El Estado deberá, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia, publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, por una sola vez, los párrafos.
Los diarios nacional y local donde también se publican hoy los párrafos de la sentencia son: El Universal y El Diario. El objetivo de la CoIDH al ordenar al Estado mexicano publicar estos párrafos, es el reconocimiento y publicidad de la verdad histórica en el caso González Banda y otras Campo Algodonero vs. México Claudia Ivette González; Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal.
Marchan mujeres de Yabteclum, municipio de Chenalhó a Acteal
Sobrevivientes de la masacre de Acteal no olvidan a sus mártires
Por Patricia Chandomí, corresponsal
San Cristóbal, 8 mar 10 (CIMAC).- “Vamos a marchar para que su mentira del mal gobierno no se imponga, para que sepa el gobierno que las mujeres Abejas sobrevivientes de la masacre de Acteal no olvidan a sus mártires” dijo Maria Vázquez, quien perdió a 9 familiares en el genocidio del 22 de diciembre de 1997 por paramilitares, quienes buena parte de ellos, gozan de libertad.
“Llegué a Acteal antes de que las mujeres tuvieran una reunión para afinar los últimos detalles de la marcha de hoy 8 de marzo, evento que es tan significativo para ellas, porque representa una respuesta física al gobierno, una respuesta que rechaza la liberación de paramilitares por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este lunes, a las 7 de la mañana mujeres y hombres marcharon en ayuno de la comunidad Yabteclum, municipio de Chenalhó a Acteal; hicieron dos paradas, una en la base militar de Yabteclum donde dirigieron unas palabras a los militares pidiéndoles que se vayan a sus casas, que dejen de estar molestando a las mujeres Abejas y a sus familias, que dejen de estar entrenando paramilitares.
Las mujeres acordaron una parada más en Pohló, después siguieron su camino a Acteal. Una traductora nos narra las conversaciones que se llevan a cabo en lengua tzotzil.
La comisión de prensa, integrada por Maria Vázquez y Antonia López, sobreviviente de la masacre perdió a 9 familiares en esta matanza, entre ellas su madre.
María manifestó su preocupación por la liberación de los paramilitares, “ellos ya están aquí, la otra vez vino uno, nosotras las mujeres queremos que se haga bien el trabajo de justicia, pero el gobierno no da la justicia, ya lo vieron que no hace justicia”.
Al hablar sobre cómo ha sido su vida desde la masacre, calla un momento, suspira e inesperadamente empieza a hablar en tzotzil. Nuestra traductora refiere “que esas preguntas se contestan con el corazón y cuando nuestro corazón habla, habla en tzotzil”.
“Ahorita no estamos tranquilos, tenemos miedo de caminar, de ir a ver la milpa, los cafetales, porque los paramilitares ya están libres, para el gobierno no valen mis palabras” dice Toñita.
Dice que sobreviven gracias al sentido de la comunidad, todos y todas se ayudan, con comida, trabajo, cuidado de los niños y los ancianos, Algunas mujeres ganan vendiendo sus bordados, cuando explican de qué viven aclaran que no reciben ningún dinero ni programa del gobierno, que su dignidad vale más, que del gobierno querían justicia y no se las dieron.
Las mujeres aseguran que después de la respuesta de la Suprema Corte les vino una fuerza interior que les ha provocado una mayor participación “también nosotras hemos tenido que luchar y comprender que valemos adentro y afuera de nuestra casa, que debemos luchar porque nuestra palabra es importante”.
Prefieren no hablar de aquel día doloroso, pero han asumido el compromiso de darle paz a sus mártires, les entusiasma el futuro sobre todo ahora que han decidido ser parte activa de él.
Reitera Prodh uso faccioso para fabricar delitos
Niega justicia a las mujeres, impunidad en sistema penal
De la redacción
México, 8 mar 10 (CIMAC).- El Estado mexicano carece de un compromiso con los derechos de las mujeres, persiste la exclusión, la discriminación y las agresiones contra ellas, un ejemplo son los casos de las mujeres denunciantes de tortura sexual cometida en el operativo Atenco y la injusta sentencia de Alberta Alcántara y Teresa González.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), indica que pese a las alusiones gubernamentales de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la impunidad y el uso faccioso en el sistema penal impide el acceso de justicia para las mujeres.
Después de haber sido agredidas física, sexual y psicológicamente por los elementos policiales que participaron en los operativos de Atenco en 2006, las mujeres no han obtenido justicia integral a pesar de que ya han transcurrido casi cuatro años de los hechos.
Hasta la fecha, pese a que la tortura ha sido debidamente documentada y probada, la situación jurídica de las mujeres denunciantes se caracteriza por el hecho de que no se ha procesado a ninguno de los responsables.
En 2009 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) recibió el expediente completo del caso Atenco después de que la Fiscalía especializada en delitos violentos contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra) determinara no seguir investigando y declinar su competencia.
El Centro Prodh señaló que esto es inadmisible y constituye una prueba más de la falta de condiciones para el acceso a la justicia en México.
ALBERTA Y TERESA
El 19 de febrero de este año, el juez cuarto de Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, impuso una pena de 21 años de prisión por un delito inexistente contra Alberta Alcántara y Teresa González, mujeres indígenas de Santiago Mexquititlán, Querétaro, acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) el 26 de marzo de 2006.
Ante la sentencia, ambas mujeres presentaron la apelación que será resuelta en los próximos meses por el magistrado Hanz Eduardo López quien ya conoce ampliamente el caso: en 2006 confirmó el auto de formal prisión y en abril de 2009 ordenó la reposición del procedimiento.
La sentencia injusta dictada por el juez Pedraza confirma que la vulnerabilidad de las mujeres ante el sistema de justicia es provocada de manera sistemática, subraya el Prodh.
El Centro Prodh señaló que se discrimina constantemente a las mujeres por su condición de género, situación que se agrava por la feminización de la pobreza en nuestro país y por la exclusión de las personas en razón de su condición étnica.
A esto se agrega el uso faccioso del sistema de justicia para fabricar delitos e instaurar procedimientos irregulares contra quienes, como Teresa y Alberta, defienden digna y legítimamente sus derechos, indicó.
El Estado al castigar a las dos mujeres abusa de ellas al emplearlas para lastimar a una comunidad indígena que reivindicó sus derechos ante los abusos que pretendían cometer los agentes de la AFI.
Emitirá CoIDH en abril, veredicto final por el caso de Inés
Temen por la vida de tlapanecas violadas por militares
Por Lourdes Godínez Leal
México, DF 8 mar 10 (CIMAC).- Ante la próxima audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que se realizará en abril donde dará su veredicto final que se presume, será contra el Estado mexicano, por la violación sexual cometida por militares en 2002, contra la indígena tlapaneca Inés Fernández, las amenazas en su contra se han intensificado, por lo que hoy, defensores de derechos humanos pidieron “que llegue viva a la audiencia de la Corte”.
Así lo exigió hoy durante su participación en el panel “8 años de impunidad: Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas me’phaa violadas por militares”, realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Patrón Sánchez, abogado y consultor independiente.
El abogado, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, llevaron el caso de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, ambas violadas por militares en 2002, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Patrón Sánchez, informó que existen más de 10 denuncias de averiguaciones previas ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero, por ambos casos, por lo que exigió “lo que pedimos es que lleguen vivas (Inés y Valentina) a la audiencia de la Corte”, que se realizará las primeras semanas de abril en Lima, Perú.
Al llamado se sumó Abel Barrera, director de Tlachinollan, quien dijo que pese a las medidas provisionales solicitadas al Estado mexicano por la CoIDH, continúan “en la nada, en la indefensión” toda vez que denunció, no hay coordinación entre el gobierno federal y estatal, ni interés para implementarlas.
A la fecha, la Corte Interamericana ha solicitado 108 medidas provisionales para defensoras y defensores de derechos humanos de Guerrero, entre éstas para Inés, sus abogados y los integrantes de la OPIM incluyendo a Obtilia Eugenio Manuel.
Patrón Sánchez explicó que la Corte emitirá primero su sentencia por el caso de Inés toda vez que en el de Valentina no se dio la acumulación procesal.
Ello significa que pese a que ambas violaciones fueron en 2002, el 16 de febrero en el caso de Valentina y el 22 de marzo, en el de Inés, los casos incluyen hechos y fechas diferentes, por lo que las investigaciones se han realizado de forma paralela y fueron presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diferente momento.
8 AÑOS DE IMPUNIDAD
Han pasado 8 años de los hechos y pese a que ambas mujeres han señalado expresamente a los elementos del Ejército responsables de la violación, la impunidad prevalece en ambos casos.
En opinión de Patrón Sánchez, el Estado mexicano ha utilizado una estrategia de desgaste y revictimización con ambas, que se ve reflejada con la ausencia de respuestas eficaces, “el encubrimiento desgasta” insistió.
En el panel estuvo Inés Fernández, quien en su idioma, el tlapaneco-me’ phaa, narró lo que ha vivido desde hace 8 años cuando fue violada por los militares frente a sus hijos, que en ese tiempo tenían 3, 5 y 7 años.
“Desde 2002 yo me estaba organizando con un grupo de mujeres de mi comunidad para que hubiera educación, médicos para que cuiden a las mujeres y los niños.
El gobierno no me dejó participar, vieron que me estaba organizando y en lugar de apoyo llegaron los militares a hacernos daño. No sé que es lo que quiere el gobierno conmigo.
Yo he denunciado, y los militares siguen subiendo a las comunidades, no los quiero ver, me duele hablar de lo que me pasó.
A mi me destruyeron mi vida, mi casa, a mi esposo y a mis hijos, cuando andan los militares ahí tengo mucho miedo, cuando mis hijos se van a la escuela también me da miedo, tuve que ir a otro país para denunciar mi asunto.
Yo no puedo salir al campo a trabajar, me costó mucho trabajo salir de mi casa porque yo quería estar encerrada todo el tiempo. Les pido a las autoridades que ya no manden a los militares para allá.
A mi hermano lo mataron, él me apoyaba, era el único y recibió amenazas hasta que lo mataron. Ahora mi hijo que fue testigo de lo que me pasó también ya fue amenazado”.
Inés, dijo que como ahora su caso está por concluir en la CoIDH, se han intensificado las amenazas no solamente contra su familia sino con los miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
Por ello responsabilizó al gobierno de lo que le pudiera pasar a ella y a sus hijos al tiempo que pidió el apoyo de todas las mujeres para que su caso, el de Valentina y el de otras mujeres que han sido violadas por militares, obtengan justicia.
PIDE CoIDH MEDIDAS PROVISIONALES PARA VALENTINA
Vidulfo Rosales, integrante de Tlachinollan, indicó en entrevista con Cimacnoticias, que el pasado 16 de febrero, justo a 8 años de que fuera violada, la CoIDH notificó a este Centro de Derechos humanos que solicitó al Estado mexicano medidas provisionales para Valentina Rosendo.
Lo anterior, ya que en diciembre del año pasado, su hija, de 8 años de edad sufrió un intento de secuestro al salir de la escuela y Valentina continúa siendo vigilada y perseguida por desconocidos.
En un video testimonial donde aparece Valentina Rosendo, quien no asistió al evento de hoy, se documentó que a la fecha sale a la calle acompañada por integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz (Peace), si no es así, no lo hace.
Para Vidulfo Rosales, la sentencia emitida por la CoIDH por el caso de Rosendo Radilla, sentó un precedente jurídico, que tiene que seguir siendo sustentado en el caso de Inés y Valentina, por lo que consideró “hay que trabajar fuerte” el tema del uso de la violación sexual como tortura, la dilación de la justicia, la discriminación y el fuero militar.
El panel fue convocado también por Amnistía Internacional, sección México, por Tlachinollan y la OPIM.
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