Proteger la vida desde de la concepción implica indemnizar a familiares de asesinados, afirma
Viernes 12 de marzo de 2010, p. 39
El retiro de la representación del gobierno mexicano en la UNESCO no tiene que ver con temas educativos, sino con el hecho de que ese organismo internacional impulsa a escala mundial el debate en torno a los problemas del aborto, matrimonios entre parejas del mismo sexo y eutanasia, aseguró Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Existe una percepción limitativa de la UNESCO; se le ve vinculada con las cuestiones ligadas al quehacer escolar, universitario, científico y cultural. Pero no sólo se aboca a estas temáticas. En un caso sin precedente, no hay un país que se haya retirado de un organismo internacional de ese calibre. México lo hizo por una sola razón: porque la UNESCO es la gran promotora contemporánea de la legislación internacional en materia de bioética, bioseguridad, biotecnología; es ahí donde se están discutiendo los problemas de eutanasia, aborto y matrimonios entre personas del mismo sexo. El Estado mexicano ya no quiso tener un compromiso y retiró a su representante. Tenemos que pedirle al Senado que lo discuta, porque es el órgano constitucional encargado de analizar y valorar la política exterior del país.
Al participar en el foro Estado laico y derechos reproductivos en México: avances y retrocesos, el constitucionalista resaltó que las reformas que penalizan el aborto en 18 estados del país asientan que estas entidades protegen la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural
, lo cual puede ser aprovechado por los familiares de una persona asesinada cuyo crimen no sea resuelto para exigir a las autoridades locales una indemnización por no proteger esa vida.
“Las legislaciones (de estas entidades) procesarán a las madres que deciden abortar, pero no al homicida de vidas desarrolladas. El artículo 113 de la Constitución Mexicana dice que cuando el Estado no cumple con su obligación –en este caso proteger la vida–, tiene que indemnizar.”
Bajo esta óptica, el ex procurador general de la República consideró que al ser Chihuahua una de las 18 entidades que modificaron su Constitución local para penalizar el aborto y proteger la vida, tendría que ser el primer estado en indemnizar a los familiares de las víctimas del feminicidio y de los que han caído a causa de la presencia del crimen organizado y la militarización en Ciudad Juárez.
Subrayó, sin embargo, que las 18 reformas que protegen la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural son retrógradas y restrictivas
, contradicen la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró constitucional la ley que permite el aborto antes de las primeras 12 semanas en el Distrito Federal, y son inconstitucionales porque imponen criterios morales como política pública, y limitan los derechos de las mujeres.
Aseguró que estas leyes tienen implicaciones contra el Estado laico, el sistema constitucional, la salud y violan la equidad.
Llamó a las organizaciones de defensa de las mujeres, a los hombres que se han pronunciado por la igualdad de género y a la sociedad en su conjunto a mirar al derecho internacional en la materia y acudir a instancias como ONU, UNESCO y CIDH, para denunciar y revertir el retroceso
por la aprobación de las reformas que penalizan el aborto. El ex ministro de la Suprema Corte recordó que en la aprobación de estos criterios no sólo participaron PRI y PAN, sino también en algunas entidades lo hicieron PRD, PT, Convergencia, Verde y Nueva Alianza.
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