WASHINGTON, 11 de marzo (apro).- El gobierno de Estados Unidos evidenció hoy la impunidad con que actúan las fuerzas armadas en México, particularmente el Ejército Mexicano, al documentar las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron el año pasado.
En el reporte anual que año con año elabora el Departamento de Estado, se habla de “asesinatos extrajudiciales, secuestros, condiciones rudimentarias y sobrepoblación en las prisiones; arrestos y detenciones arbitrarias, corrupción, ineficiencia y ausencia de transparencia el sistema judicial”.
Además, consigna que persistió la obtención de “confesiones por medio de la tortura, y violencia y amenazas contra periodistas que conllevan a la autocensura”.
En cumplimiento de una legislación que lo obliga a hacer cada año un informe detallado sobre la situación de los derechos en el mundo, excluyendo al propio Estados Unidos, el Departamento de Estado indica que aunque “generalmente” el gobierno mexicano respeta y promueve la defensa de las garantías fundamentales, éste no el caso respecto de sus fuerzas de seguridad.
“El gobierno federal o los de sus estados no cometieron ningún asesinato por motivaciones políticas; sin embargo, hay reportes de que las fuerzas de seguridad, actuando dentro y fuera de sus horas de servicio, asesinaron a varias personas, incluyendo a menores de edad durante el 2009”, sentencia el reporte del Departamento de Estado.
En el primer reporte que le corresponde presentar al gobierno de Barack Obama, se sostiene que uno de los factores por los que las fuerzas de seguridad mexicanas están altamente involucradas en violaciones de derechos, es la lucha contra el narcotráfico y la participación directa del Ejército en este cometido.
El Departamento de Estado subraya que en sus esfuerzos por desmantelar a los cárteles de la droga, el gobierno de Felipe Calderón desplegó a unos 50 mil soldados en diez entidades del país.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “más de 8 mil personas fueron asesinadas el año pasado en casos de violencia relacionados al tráfico de drogas”.
También, según la CNDH, “en todo el país se presentaron denuncias sobre derechos humanos contra el Ejército, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la Republica”, anota el Departamento de Estado.
Al hacer una descripción sobre el problema en México de la privación arbitraria y extrajudicial de la vida, el reporte subraya en todo momento la participación del Ejército Mexicano, sobre todo por su papel en la lucha contra el narcotráfico.
“En áreas donde están involucradas las operaciones militares contra las organizaciones del tráfico de drogas, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin la intervención de ministerios públicos estatales o federales, recolecta evidencias para su uso subsecuente en acusaciones de personas”, indica el reporte.
Bajo esa óptica, la PGR alega que “no siempre” es notificada a tiempo sobre las detenciones arbitrarias que comete el Ejercito Mexicano.
Otra preocupación que resalta el Departamento de Estado es que en México, debido al problema de inseguridad y narcoviolencia que priva en todo el país, está emergiendo con mucha rapidez el problema del ‘vigilantismo’.
“En México operan aproximadamente unos 10 mil empresas de seguridad privada, de las que 80% no cumplen con los requerimientos legales para su registro; esta numerosa presencia del sector privado de la seguridad conlleva a preocupaciones sobre el vigilantismo”, sustenta el reporte.
El gobierno de Obama también enfatiza la “debilidad del sistema judicial mexicano”, que con esto hace que las Cortes sean susceptibles a una influencia inapropiada de entidades publicas y privadas a nivel estatal y federal.
“El gobierno defiende la jurisdicción militar en los casos que involucran a civiles, navegando en una aparente contradicción entre la que establece la Constitución y el Código Militar de Justicia”, destaca el Departamento de Estado.
Asimismo, el gobierno estadunidense insiste en subrayar que no obstante que durante 2009 en México no se registraron reportes de desapariciones motivadas por cuestiones o intereses políticos a escala federal, “hubo reportes múltiples de desapariciones forzadas a manos del Ejercito y la policía, y la mayoría de éstas ocurrieron en operaciones anticrimen”.
En el caso de los secuestros, el gobierno de Obama explica que este es un crimen que se da a todos los niveles socioeconómicos de México.
Y cita estadísticas de la organización México Unido contra la Delincuencia: en 2005 se registraron 325 secuestros, cifra que se disparó a 820 en 2008.
El reporta también acota que, de septiembre de 2008 a febrero de 2009, aproximadamente unos diez migrantes fueron secuestrados en México durante su intento por cruzar la frontera de Estados Unidos.
En este mismo tenor, el reporte del Departamento de Estado agrega que pese a que se han denunciado casos de personas presuntamente secuestradas por soldados mexicanos, no se conoce que la Sedena haya investigado los casos para esclarecer la situación.
En 2009, la CNDH recibió mil 105 quejas sobre trato cruel o degradante y 33 denuncias de tortura, respecto a las 558 quejas de trato cruel o degradante y 21 denuncias de tortura cometidas en 2008”, anota el reporte.
En el tema de la tortura de personas o trato degradante de quienes son detenidos de manera arbitraria, el gobierno de Obama establece que la Sedena, pese a que ha sido requerida por la CNDH para que investigue casos de desaparición de personas en los que podrían estar involucrados algunos soldados, las autoridades castrenses desestiman los pedidos.
“Por lo menos en tres casos, la CNDH verificó que médicos militares u otros miembros del Ejército falsificaron informes para encubrir abusos”, aclara el reporte.
En términos generales, el Departamento de Estado sostiene que las fuerzas de seguridad de México, entre ellas Ejército, policías federales, estatales y municipales, son los principales entes que violan derechos humanos, cuyas denuncias no logran un fin apropiado en materia judicial, debido a la impunidad que hay en el país y a los problemas de corrupción que se registran en todas las áreas gubernamentales.
“Indicadores y otros índices de medición, como los que aplica el Banco Mundial, reflejan que la corrupción sigue siendo un problema a todos los niveles del gobierno, lo que propicia la impunidad para que algunos funcionarios continúen perpetrando abusos burocráticos y algunos actos criminales”, añade el Departamento de Estado.
Por último, achaca al problema de la corrupción el hecho de que los mexicanos tengan desconfianza en las autoridades y de manera especial en las promesas del gobierno federal para acabar con el problema de la impunidad para quienes vulneran los derechos humanos.
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