Zona de reflexión
Por Lucía Lagunes Huerta *
México, DF, 26 oct 10 (CIMAC).- No cabe duda que el Ejecutivo federal ni oye, ni ve, y digo esto porque después de foros e investigaciones nacionales e internacionales, sobre fuero militar y derechos humanos, él envía una propuesta contraria a las recomendaciones hechas.
Durante años, se ha comprobado que las violaciones a los derechos humanos que comenten los militares deben ser juzgadas en vías civiles para detener la impunidad, que no debe mantenerse un estado de excepción para ellos. Que como ciudadanos, los militares deben ser procesados fuera de la institución que los cobija, y a la cual deben disciplina. Especialmente, en América Latina con las dictaduras, y en México con la guerra sucia, se ha visto cómo pese a las evidencias de la flagrancia de los militares al momento de violar, torturar, o desaparecer a las personas, ellos quedan impunes porque el aparato mismo los encubre.
Este debate tomó fuerza en México por la militarización calderonista, y el aumento de las violaciones a derechos humanos por parte de efectivos militares. Los testimonios se suman y las instancias internacionales han recomendado al Estado mexicano desaparecer el fuero militar, hasta por la propia seguridad de los militares. Recordemos los abusos cometidos dentro de las mismas corporaciones, sus denuncias y la petición del General José Francisco Gallardo para crear una instancia de derechos humanos, misma que le costó ser encarcelado por los propios militares. ¿Por qué no al fuero militar?
Además de lo ya dicho, un ejemplo palpable es el caso de Ana, Beatriz y Celia González, ciudadanas indígenas tzeltales, quienes el 4 de junio de 1994, con el pretexto de investigar sobre las bases zapatistas, fueron secuestradas y torturadas sexualmente por militares en un retén de Altamirano, Chiapas. A 16 años de la agresión contra las hermanas González, los militares responsables gozan de impunidad, no se sabe siquiera el nombre de sus atacantes, ¿Por qué?... Porque el caso está amparado en el fuero militar y en todos estos años, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Procuraduría Militar, han dado a conocer la lista de los efectivos, que ese 4 de junio de 1994, estaban en el retén militar.
En contraparte, les han exigido pruebas a las mujeres para demostrar que fueron violadas, las han intimidado, y han sido perseguidas por reclamar un derecho: el castigo para sus agresores. Unas ciudadanas frente a una institución, sería la frase que describe nuevamente el por qué no al fuero militar. Durante dos sexenios panistas, y medio sexenio priísta, las hermanas González han reclamado justicia, y que el delito cometido contra ellas sea investigado en las instancias civiles. Ellas denunciaron el delito ante el Ministerio Público Federal de Chiapas, el 30 de junio de 1994, el 3 de septiembre de ese mismo año el MP se deslindó del caso, y lo pasó a la justicia militar. El 25 de noviembre de 1994, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, se comprometió ante feministas que la institución regresaría el caso a las instancias civiles, si la ley se lo pidiera.
Y no sólo eso, sino que agregó “no quiero que se lleven la impresión de que la junta militar tiene intenciones de proteger un delito, yo no protejo esas cosas; aquí se trata de que haya una satisfacción para las mujeres.” Pero como no hubo ley nacional que se lo pidiera, y el caso no avanzaba en el fuero militar, se llevó a instancias internacionales en 1996. El 4 de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras responsabilizar al Estado Mexicano por la violación de derechos humanos contra las hermanas González, solicitó al Estado Mexicano realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva, que determine la responsabilidad penal de los agresores; así como la adecuada reparación del daño para las víctimas, y que dicha investigación se hiciera en las instancias civiles.
Nada cambió, en materia de justicia, y hoy lo más que se tiene es la propuesta de reparación del daño que ofrece el gobernador chiapaneco, Jaime Sabines, con 500 mil pesos para cada una. Ningún caso de violación a derechos humanos se ha resuelto en la instancia militar, por el contrario todas las víctimas se enfrentan a la cerrazón de una institución que cierra filas ante sus efectivos. Ana, Beatriz y Celia González, así como Inés, Valentina, Rosendo Radilla y cientos de personas más, son las razones concretas por las que el fuero militar no debe investigar las violaciones de derechos humanos que comenten sus efectivos contra civiles. Si el Congreso no modifica de fondo la propuesta hecha por el Ejecutivo, para garantizar a las víctimas de la agresión militar la justicia, como el primer paso de la reparación del daño, serán cómplices de perpetuar la impunidad ante los abusos de militares. * Directora general de CIMAC
México, DF, 26 oct 10 (CIMAC).- No cabe duda que el Ejecutivo federal ni oye, ni ve, y digo esto porque después de foros e investigaciones nacionales e internacionales, sobre fuero militar y derechos humanos, él envía una propuesta contraria a las recomendaciones hechas.
Durante años, se ha comprobado que las violaciones a los derechos humanos que comenten los militares deben ser juzgadas en vías civiles para detener la impunidad, que no debe mantenerse un estado de excepción para ellos. Que como ciudadanos, los militares deben ser procesados fuera de la institución que los cobija, y a la cual deben disciplina. Especialmente, en América Latina con las dictaduras, y en México con la guerra sucia, se ha visto cómo pese a las evidencias de la flagrancia de los militares al momento de violar, torturar, o desaparecer a las personas, ellos quedan impunes porque el aparato mismo los encubre.
Este debate tomó fuerza en México por la militarización calderonista, y el aumento de las violaciones a derechos humanos por parte de efectivos militares. Los testimonios se suman y las instancias internacionales han recomendado al Estado mexicano desaparecer el fuero militar, hasta por la propia seguridad de los militares. Recordemos los abusos cometidos dentro de las mismas corporaciones, sus denuncias y la petición del General José Francisco Gallardo para crear una instancia de derechos humanos, misma que le costó ser encarcelado por los propios militares. ¿Por qué no al fuero militar?
Además de lo ya dicho, un ejemplo palpable es el caso de Ana, Beatriz y Celia González, ciudadanas indígenas tzeltales, quienes el 4 de junio de 1994, con el pretexto de investigar sobre las bases zapatistas, fueron secuestradas y torturadas sexualmente por militares en un retén de Altamirano, Chiapas. A 16 años de la agresión contra las hermanas González, los militares responsables gozan de impunidad, no se sabe siquiera el nombre de sus atacantes, ¿Por qué?... Porque el caso está amparado en el fuero militar y en todos estos años, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Procuraduría Militar, han dado a conocer la lista de los efectivos, que ese 4 de junio de 1994, estaban en el retén militar.
En contraparte, les han exigido pruebas a las mujeres para demostrar que fueron violadas, las han intimidado, y han sido perseguidas por reclamar un derecho: el castigo para sus agresores. Unas ciudadanas frente a una institución, sería la frase que describe nuevamente el por qué no al fuero militar. Durante dos sexenios panistas, y medio sexenio priísta, las hermanas González han reclamado justicia, y que el delito cometido contra ellas sea investigado en las instancias civiles. Ellas denunciaron el delito ante el Ministerio Público Federal de Chiapas, el 30 de junio de 1994, el 3 de septiembre de ese mismo año el MP se deslindó del caso, y lo pasó a la justicia militar. El 25 de noviembre de 1994, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, se comprometió ante feministas que la institución regresaría el caso a las instancias civiles, si la ley se lo pidiera.
Y no sólo eso, sino que agregó “no quiero que se lleven la impresión de que la junta militar tiene intenciones de proteger un delito, yo no protejo esas cosas; aquí se trata de que haya una satisfacción para las mujeres.” Pero como no hubo ley nacional que se lo pidiera, y el caso no avanzaba en el fuero militar, se llevó a instancias internacionales en 1996. El 4 de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras responsabilizar al Estado Mexicano por la violación de derechos humanos contra las hermanas González, solicitó al Estado Mexicano realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva, que determine la responsabilidad penal de los agresores; así como la adecuada reparación del daño para las víctimas, y que dicha investigación se hiciera en las instancias civiles.
Nada cambió, en materia de justicia, y hoy lo más que se tiene es la propuesta de reparación del daño que ofrece el gobernador chiapaneco, Jaime Sabines, con 500 mil pesos para cada una. Ningún caso de violación a derechos humanos se ha resuelto en la instancia militar, por el contrario todas las víctimas se enfrentan a la cerrazón de una institución que cierra filas ante sus efectivos. Ana, Beatriz y Celia González, así como Inés, Valentina, Rosendo Radilla y cientos de personas más, son las razones concretas por las que el fuero militar no debe investigar las violaciones de derechos humanos que comenten sus efectivos contra civiles. Si el Congreso no modifica de fondo la propuesta hecha por el Ejecutivo, para garantizar a las víctimas de la agresión militar la justicia, como el primer paso de la reparación del daño, serán cómplices de perpetuar la impunidad ante los abusos de militares. * Directora general de CIMAC
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