Se deben derogar todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia. Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro.
Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará, además de tener constituciones que protegen los derechos de las mujeres, haya tres países, Chile, El Salvador y Nicaragua, que penalizan el aborto en cualquier circunstancia, inclusive cuando una mujer o niña ha sido violada o cuando la vida de la mujer o niña embarazada se encuentra en peligro.
La prohibición total afecta gravemente la capacidad del personal médico para responder de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el embarazo. La penalización del aborto niega a las mujeres y niñas embarazadas la atención médica que necesitan. Esto muestra una cruel indiferencia hacia su integridad física y psicológica, y la ausencia de dignidad humana a la que la penalización condena a sufrir a mujeres y niñas.
Asimismo, las víctimas de violaciones que quedan embarazadas a consecuencia de este grave delito se ven forzadas a continuar con el embarazo, independientemente del peligro que ello suponga para su vida, su salud, su bienestar o su voluntad personal. La única otra posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que pone en peligro su vida y su salud, y por el cual pueden terminar en prisión. Además, si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo.
Algunos lugares de América Latina han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. En Cuba el aborto está despenalizado desde hace varias décadas y en la capital mexicana desde 2007.
A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, en la práctica no se cumple. Las guías para el 
personal médico con frecuencia son inexistentes, son poco claras o no se distribuyen, y por lo tanto se utiliza el sistema judicial innecesariamente dejando a mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos.
Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. Otras toman medidas desesperadas, e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Por lo tanto, cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren día a día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso significan la pérdida de la vida. En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas claramente se cobran principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley? Sin recursos, los abortos inseguros a los que pueden acceder mujeres y niñas en estas circunstancias, las llevan a arriesgar su vida y su salud y, si sobreviven, a la posibilidad de ser procesadas y encarceladas.
Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo la despenalización del aborto en todo el continente. En Nicaragua, el único país de la región que recientemente retrocedió en proteger los derechos de mujeres y niñas al penalizar el aborto bajo cualquier circunstancia, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico, en adición a las 31.000 firmas ya enviadas, está entregando hoy 6.000 firmas más, recogidas por miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo al presidente Daniel Ortega, exigiéndole que derogue inmediatamente las leyes introducidas por su gobierno que penalizan el aborto sin excepción.
Amnistía Internacional se une a este llamado regional.
Las mujeres y niñas tienen derecho a vivir y a vivir con dignidad y a no ser obligadas, bajo la amenaza de ser encarceladas, a seguir con un embarazo producto de violación sexual o que pone en riesgo su vida y salud.
“Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos y dar prioridad a programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar a todos y todas, para que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación”, ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional
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