del país. La política exterior mexicana durante los gobiernos priístas fue factor de orgullo ante foros internacionales y se alimentó también con políticas concretas y acertadas de apertura al exilio. Desde el muy emblemático de los republicanos españoles hasta el proveniente de Centro y Sudamérica, incluidos en ello los refugiados indígenas guatemaltecos. En el ámbito interno el priísmo no medía a los luchadores sociales con el mismo rasero; acá se aplicaba la política del pan y garrote aderezada con el encarcelamiento de líderes como los ferrocarrileros, la desaparición forzada, las masacres del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, por citar sólo algunos ejemplos. Así, teníamos que el prestigio internacional de México era visto desde adentro como la política del candil de la calle y oscuridad de su casa. Todavía el foxismo utilizó la misma estrategia para adornar el espejismo de la transición, autorizó la apertura de una Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y fueron frecuentes las visitas oficiales de diferentes relatores; incluso se realizó el Diagnóstico Nacional sobre Derechos Humanos, cuyo Programa derivado tocó a los límites de la retórica y fue aplazado. Ya sabemos que la mecha del foxismo y de la llamada transición resultó bastante corta.
En cuatro años del calderonismo y su guerra contra el narcotráfico (como forma de gobierno), el brutal deterioro del respeto a derechos humanos está alcanzando escenarios que antaño eran inimaginables, pues el régimen operaba con la variable del control autoritario ya señalado para mantener una relativa estabilidad, incluso asumió, por la fuerza del movimiento democrático y opositor, que había llegado el momento de acabar con el partido único. Si bien no lo hizo ni a la buena ni por las buenas, ahí tenemos los procesos electorales de 1988 y 2006 que demostraron que la normalidad democrática llega hasta el PRIAN, sólo alcanza para la alternancia bipartidista y no para sembrar una transición auténtica.
Ejemplo de la actual situación es la relativa al cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, el sistema interamericano de derechos humanos se está constituyendo en una vía para canalizar violaciones a derechos humanos en el país. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos están abriendo espacios de justiciabilidad ausentes en el ámbito interno. En especial destacan las resoluciones definitivas e inapelables de ésta última en casos donde el Ejército Mexicano está involucrado, como los de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Es importante recordar que las obligaciones convencionales de los estados partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado; para hablar claro: el debate que realizará el Congreso debe enmarcarse en la lógica de la sentencia de la CIDH para definir posiciones sobre la iniciativa de reforma legal relativa a los alcances del artículo 57 del Código de Justicia Militar que Calderón presentó protegiendo al Ejército.
La sentencia es muy clara al indicar que si los actos impugnados no son bienes jurídicos propios de la esfera castrense, deben juzgarlos los tribunales ordinarios. La clasificación de delitos que hizo el Ejecutivo para excluir las ejecuciones extrajudiciales, los malos tratos, las detenciones arbitrarias e incluso el genocidio y otros delitos de lesa humanidad sólo evoca a las leyes de autoamnistía que las dictaduras han emitido y sobre las cuales la CIDH en su momento se ha pronunciado en contra, calificándolas de leyes de impunidad para legitimar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, al evitar el enjuiciamiento de sus agentes. Ése es el espíritu evidente de la propuesta calderonista para hacer como que cumple la resolución de la CIDH. Es previsible que ésta instancia, si se consolida la intentona gatopardista con la complicidad del Congreso, en su momento rechace otorgar el estatus de cumplida
a su petición de reforma al Código de Justicia Militar.
Vale la pena anotar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece una prohibición a la existencia de la justicia militar en los estados suscriptores. Sin embargo, el espíritu de este instrumento en todo su articulado es que cualquier espacio estatal que ejerza la función jurisdiccional debe sujetar sus actuaciones y procedimientos a los principios de derechos humanos. La CIDH no planteó una reforma constitucional que elimine el fuero militar: anotó de manera enfática que el mismo no puede constituirse en fuero de impunidad frente a los derechos fundamentales de la población civil. El Congreso ¿aportará, esta vez, una luz al final del túnel?
con amenazas a bordo de un vehículo con el logotipo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se presentaron a las afueras del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas AC-Universidad de la Tierra Chiapas (Cideci-Unitierra Chiapas) para entregar un documento judicial. Eran dos hombres y una mujer. Uno mostró una credencial que lo acreditaba como miembro del personal del juzgado federal cuarto de distrito de Tuxtla. Dijo que iban a entregar un requerimiento porque el centro educativo tiene un adeudo de mucho dinero con la paraestatal.Un día más tarde, dos camionetas más de la empresa de clase mundial
volvieron a llegar a la institución pedagógica. Sus integrantes exigieron agresivamente entrar en las instalaciones para hacer la lectura de los medidores.
El hecho puede parecer insignificante, apenas un incidente más de los muchos que hay cotidianamente en el país, y más aún en Chiapas, entre usuarios de la red eléctrica y la CFE. No lo es, sin embargo, por dos razones centrales. Primero, porque Cideci-Uniterra tiene tiempo de no estar conectada a la red eléctrica. Ellos mismos generan en sus instalaciones la electricidad que consumen. Segundo, porque el centro educativo es uno de los baluartes de la resistencia indígena en Chiapas, uno de los espacios en los que la sociedad civil internacional se ha encontrado en diversos momentos con los zapatistas.
Cideci-Unitierra Chiapas es tanto una institución educativa ejemplar como un terreno de reconstitución indígena privilegiado. Es una comunidad de comunidades indias, un espacio abierto para compartir saberes, aprendizajes y estudios, adonde acuden jóvenes, mujeres y hombres de diferentes comunidades indígenas. Nació en 1989, bajo el auspicio de don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal.
Sus instalaciones en el municipio de San Juan Chamula parecen de otro mundo. Salones de clase, bibliotecas, talleres, auditorios, granjas, plantas eléctricas, dormitorios, cocina y cafetería semejan una misión. En su interior reinan un orden y un aseo poco frecuentes en los proyectos de promoción popular. La sencillez y la elegancia de su arquitectura le dan al centro una dignidad impresionante.
El Cideci ha instaurado convenios académicos con la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá, Colombia. Funciona como centro universitario de educación abierta y a distancia para jóvenes indígenas que tienen cumplimentada su educación media superior, aunque está abierto para todos aquellos adultos que quieran iniciar o completar sus estudios universitarios o que quieran tener otra carrera. Es un espacio de educación intercultural no formal.
Los principios pedagógicos que orientan su quehacer son: aprender a hacer
, aprender a aprender
y, finalmente –el que consideran es la parte profunda formativa, la consideración del otro
en su integralidad–, aprender a ser más
.
El director del proyecto es el doctor Raymundo Sánchez Barraza, quien desempeñó un papel central en la hoy disuelta Comisión Nacional de Intermediación. Quienes lo han tratado reconocen en él una inteligencia privilegiada y su compromiso cabal con la causa indígena. Conocedor profundo del mundo de los pueblos originarios, su formación está atravesada –entre otras– por tres grandes influencias: Ivan Illich, Raimón Panikar e Immanuel Wallerstein. Tan importante es este autor que la institución ha constituido como uno de los componentes de su sistema el Centro de Estudio, Información y Documentación Immanuel Wallerstein.
Entrevistado por Nic Paget-Clarcke (inmotionmagazine.com/global/rsb_int_esp.html), el doctor Sánchez Barraza explicaba así una clave medular del proyecto que dirige: Dijimos, ¿qué es lo que permitió a algunos pueblos sobrevivir? Y empezamos a ver algunas experiencias del siglo XVI aquí en nuestro país y en otros lugares de América Latina que permitieron a los pueblos sobrevivir y resistir, manteniendo su identidad. [...] Vimos la experiencia de Vasco de Quiroga con los hospitales de la Santa Fe en los pueblos en torno al lago del Pátzcuaro, inspirado el mismo Vasco de Quiroga en la utopía de Tomás Moro. Y luego vimos las reducciones de los jesuitas en el Paraguay, en el sur de Brasil, en el norte de Argentina, en Bolivia. Cómo estas iniciativas desde occidente mismo, en esa vena utópica, permitieron a estos pueblos en cierto modo resistir, mantenerse, no perder el fulcro de una referencia identitaria básica. Dijimos, ahí tenemos algo que aprender y ese concepto que aprendimos ahí fue el de resistir y sobrevivir
.
El recientemente fallecido Bolívar Echeverría explicaba la rebelión de los indios en Chiapas que se destapó en 1994 como parte de la no consumación de la conquista a los pueblos indígenas. Según el filósofo, el levantamiento puso en evidencia una situación histórica que es aún nuestro presente, en la que se vive un proceso tanto de conquista interrumpida como de mestizaje interrumpido. Para él, los estados burgueses y las repúblicas liberales de toda América Latina continúan la línea histórica de la corona española. “La tarea de estos nuevos estados –dijo– sigue siendo la misma: destruir las formas de vida indígenas.”
Es en este contexto que la agresión a Cideci (y a las comunidades en lucha en Chiapas) adquiere pleno sentido. No se trata de una provocación aislada de la empresa de clase mundial
, sino de otra cosa mucho más grave: un eslabón más en la ofensiva que busca desgastar la resistencia indígena en uno de sus enclaves más notables.
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