Campaña contra la Iniciativa Mérida

La Iniciativa Mérida respalda una estrategia que ha provocado un vastísimo derramamiento de sangre en México, y ha sido un fracaso en reducir los flujos de drogas ilícitas o lograr seguridad pública

Diversas organizaciones | Alainet

Organizaciones de derechos humanos, laborales y religiosos convocan a la Administración Obama y al Congreso de Estados Unidos a defender los derechos humanos, a suspender la ayuda militar, y a concentrar recursos en programas necesarios en Estados Unidos.

A pesar de casi 30,000 homicidios relacionados con el narcotráfico, un enorme incremento en violaciones de derechos humanos por las fuerzas armadas, y la creciente oposición ciudadana a la sangrienta “guerra contra las drogas”, el Congreso de los Estados Unidos está considerando nuevamente la asignación de fondos públicos estadounidenses a México para respaldar la fracasada política antinarcóticos. Pronto el Congreso de E.U. decidirá si continúa la política que ha llevado a México al borde del desastre y desperdiciado hasta la fecha casi $1,500 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.

El presupuesto que propone el Presidente Barack Obama para el Ejercicio Fiscal 2011 incluye $410 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia para la seguridad de México, Centroamérica y el Caribe. De ese total, $310 millones se destinan a México. La decisión del actual gobierno de E.U. de ampliar indefinidamente la Iniciativa Mérida de George W. Bush, prevista sólo para tres años, es un peligroso error a la luz de la violencia e ineficacia de la estrategia y ha provocado cada vez más llamados a un nuevo enfoque de parte de grupos ciudadanos a ambos lados de la frontera.

La ayuda de E.U. a México en el marco de la Iniciativa Mérida, que asciende a más de $1,300 millones de dólares, no incluye las salvaguardas necesarias para asegurar que no facilite violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sólo el quince por ciento de los fondos puede ser retenido pendiente un informe del Departamento de Estado sobre los progresos de México en satisfacer algunas condiciones de derechos humanos. Lo que es más, la Iniciativa Mérida (también llamada “Plan México”) no contiene criterios que permitan una valoración efectiva de la misma.

La Iniciativa Mérida respalda una estrategia que ha provocado un vastísimo derramamiento de sangre en México, y ha sido un fracaso en sus objetivos de reducir los flujos de drogas ilícitas, lograr seguridad pública o debilitar a los cárteles de manera significativa. Con 45,000 soldados en las calles como el rasgo central de su estrategia de militarización, las fuerzas armadas han estado implicadas en asesinatos, violaciones y abusos de derechos humanos, casi ninguno de los cuales ha sido llevado a juicio.

Nos preocupa que el Departamento de Estado haya hecho caso omiso de los abusos contra derechos humanos surgidos del programa de asistencia Iniciativa Mérida, así como de la impunidad y corrupción ininterrumpidas en México, en favor de un enfoque militarizado de la “guerra antidrogas” que ha incrementado estos abusos de manera comprobable. Las llamadas “condiciones de derechos humanos” de la Iniciativa Mérida no ofrecen ninguna garantía de progreso en absoluto, y constituyen sólo una fingida consideración a graves preocupaciones mientras favorece el apoyo a la estrategia general. No existen indicios de ninguna reducción sostenida de la oferta disponible de drogas ilegales en el mercado estadounidense que justifique el elevado índice de violencia que esta estrategia ha provocado.

De manera particular, queremos llamar la atención al caso del asesinato del ciudadano estadounidense Bradley Roland Will como paradigma de la falta de cooperación y de la impunidad con la que las fuerzas de seguridad, el gobierno y el sistema judicial en México han tratado violaciones de derechos humanos por el Estado. Brad Will, periodista independiente, fue muerto a tiros en Oaxaca el 27 de octubre de 2006 mientras documentaba una serie de manifestaciones de protesta. Will fue una de 26 personas de las que se informa fueron asesinadas por fuerzas gubernamentales y matones alquilados durante las protestas en el estado de Oaxaca contra la corrupción y la impunidad. El estado no ha llevado a juicio con éxito ni uno solo de estos asesinatos. Desde que se lanzó la guerra antidrogas a finales de 2006, México se ha puesto a la cabeza en el mundo en asesinatos de periodistas.

La ayuda de la Iniciativa Mérida fue emitida en unión de un llamado por el del Departamento de Estado de E.U. a que se realizara una investigación minuciosa, creíble y transparente de la muerte de Will. La evidencia identifica a la policía y a funcionarios locales como asesinos en el caso Will. Sin embargo la Procuraduría General de la República encarceló equivocadamente a un manifestante por su homicidio. Después de que Amnistía Internacional, Médicos por Los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana y la familia Will controvirtieron las aserciones del Procurador General, el manifestante fue liberado por falta de pruebas y nadie ha sido llevado a juicio por su asesinato ni por el de otros 25 oaxaqueños muertos en 2006. El Departamento de Estado de E.U. guardó silencio ante las falsas acusaciones y desde entonces no ha hecho nada para asegurar que el o los asesinos verdaderos de Will sean llevados ante la justicia.

Existe documentación de los asesinatos, torturas, golpizas y violencia de género perpetrados por las fuerzas de seguridad, que incluyen los casos de Atenco, Ciudad Juárez y represión de sindicatos. El suministro por Estados Unidos de asistencia y capacitación letales a estas mismas fuerzas de seguridad viola nuestros principios como nación, empaña nuestro prestigio, e implican al gobierno estadounidense en abusos contra derechos humanos graves y extendidos. Seguramente la administración Obama es consciente del hecho de que la pretendida finalidad de la Iniciativa Mérida de ayudar a establecer buen gobierno en México no puede alcanzarse en un clima de impunidad ante violaciones de derechos humanos y una guerra antidrogas desestabilizadora.

El gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de asegurar que los recursos públicos no se utilicen para violar derechos humanos. En lugar de proveer capacitación y fondos a las instituciones militares, policiales y civiles que han permitido y facilitado la impunidad en el caso Brad Will y otros casos de abusos contra mexicanos, el gobierno de E.U. debiera concentrar su atención en atacar las causas y las estructuras del crimen organizado dentro de Estados Unidos: la drogadicción y la demanda de drogas ilícitas, el lavado de dinero a través de instituciones internacionales financieras, la corrupción transfronteriza y el tráfico de armas; y ayudar a México en la eliminación de las causas fundamentales de la expansión de la delincuencia tales como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes.

RECOMENDACIONES:

· De inmediato, revisar y reorientar la fracasada estrategia de la “guerra antidrogas” para México.

· Suspender la asistencia militar y de seguridad mientras no se revisen públicamente y de manera urgente las estrategias actuales y alternas, y mientras no se resuelva el caso Brad Will y otros casos de derechos humanos.

· Establecer objetivos claros y etapas bien definidas para que pueda medirse el éxito (o fracaso) de los programas antinarcóticos financiados por los contribuyentes de Estados Unidos.

· Dar prioridad al financiamiento de estrategias alternativas contra el tráfico de drogas ilícitas y el crimen organizado trasnacional, incluyendo tratamiento contra adicciones, reducción de daños y programas comunitarios de prevención del abuso de drogas, así como la legalización selectiva a fin de reducir el enriquecimiento ilícito de las cárteles de la droga, los bancos y los políticos corruptos.

· Intensificar los operativos contra crímenes financieros con el fin de identificar y llevar a juicio a quienes desde los negocios y las estructuras financieras facilitan el manejo y lavado de dinero a la industria del narcotráfico.

· Denunciar públicamente la continua impunidad ante acusaciones de asesinatos, torturas, estupros y golpizas en los casos de Oaxaca, Atenco, Ciudad Juárez, entre otros, así como las muertes de civiles a manos de las fuerzas armadas así como el uso del ejército para reprimir violentamente los derechos laborales.

CIP Americas Program

Global Exchange

Friends of Brad Will

School of the Americas Watch

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"

Witness for Peace

Kathy and Hardy Will

General José Francisco Gallardo, “Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo,” por la Dignidad Ciudadana y del Soldado A.C.

Tom Hayden and The Peace and Justice Resource Center

Reporters Without Borders (RSF)

Guatemala Human Rights Commission

Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México