Deja libre a fuero militar para investigar violaciones a DH
Por Gladis Torres Ruiz
México, D.F 27 oct 10 (CIMAC).- La iniciativa enviada por el Ejecutivo para legislar sobre jurisdicción militar en México, no satisface en lo mínimo los estándares internacionales y recomendaciones hechas al Estado mexicano en la materia, advirtieron especialistas reunidos hoy en San Lázaro.
Durante el Foro: Jurisdicción Militar y Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, legisladoras, legisladores y representantes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), analizaron el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado mexicano, en torno a las sentencias emitidas por organismos jurisdiccionales internacionales.
Admitieron que ningún caso de violación a Derechos Humanos (DH), se ha resuelto en la instancia militar, por lo que las víctimas han tenido que recurrir a instancias internacionales, lo que deja claro porqué el fuero militar, no debe investigar las violaciones de DH que comenten sus efectivos contra civiles.
“Este no es un problema exclusivo del Ejecutivo, sino del Estado, por lo que hoy el Congreso tiene una oportunidad muy importante de legislar en la materia, y no dejar pasar la oportunidad de construir instituciones democráticas”, afirmó Guadalupe Barrera del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Las y los especialistas, coincidieron en que el Congreso debe modificar a fondo la propuesta hecha por el Ejecutivo, a lo que la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún del Partido del Trabajo, respondió que sus colegas comprometidos en la defensa de los DH, harán lo propio, aunque no garantizó que haya un consenso al respecto.
Leopoldo Maldonado, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la propuesta enviada por Felipe Calderón al Senado de la Republica para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, no satisface los resolutivos de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en el caso de Rosendo Radilla, y Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández.
“La Corte fue, y ha sido muy clara sobre la aplicabilidad del fuero militar, en casos de la comisión de delitos originados por parte de la milicia”.
En cuanto a que los delitos de desaparición forzada, tortura y violación sexual, serán competencia del fuero federal, el Ejecutivo establece de manera concreta los delitos ordinarios que conocerá la justicia civil, por lo que se sigue contraviniendo el carácter limitado que debe tener el fuero militar.
De igual manera, Mario Monroy, consultor del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, cuestionó el por qué solo éstos tres delitos, son los que contiene la reforma, cuando justamente el estándar de protección, es que ninguna violación a los DH, tendría que ser conocida por el fuero penal militar, por que se violaría el carácter excepcional y restrictivo.
“Pareciera que seleccionaron estos tres delitos, porque son los tres casos de la Corte: Rosendo Radilla desaparición; Inés y Valentina son tortura y agresión sexual”, enfatizó.
Además de que la iniciativa, aún en estos tres casos, deja el fuero militar como hasta ahora y nos dice que cuando se trate de una desaparición forzada, tortura y agresión sexual, será el propio ministerio público militar, en el supuesto de que determine el delito, desglosará y enviará a las instancias civiles el caso. Es decir la iniciativa del Ejecutivo “no es lo mismo, pero es igual”, lo que implica un riesgo grande.
Diversas OSC han preguntado vía acceso a la información, tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como a la Procuraduría Militar, cuántos expedientes de investigación han realizado por desaparición forzada del 2001, al primer trimestre del 2010, y la respuesta es “ningún expediente de desaparición forzada de personas”.
Mario Monroy, agregó que para que se haga una reforma de fondo, ésta tendría que establecer expresamente que el fuero militar, no es competente para conocer ningún caso que implique a un civil
Guadalupe Barrera del CIDE, sostuvo que la violación a los DH de las y los civiles por parte de militares no es un problema de las fuerzas armadas, “es un problema del Estado mexicano”, de cómo percibe su operación y relación con éstas.
En lo que se refiere al combate a la delincuencia en el país, señaló que “no estamos apostando a la justicia penal para combatir el crimen, sino claramente estamos apostando al uso de la fuerza”
De 2006 a la fecha, la fuerzas armadas cuentan unos 15 mil efectivos más, frente a los 25 mil 371 elementos, más que en 2006, de la Secretaria de Seguridad Publica. La Procuraduría General de la República (PGR), sólo ha incorporado a 5 mil 142 personas más en ese mismo lapso, afirmó Guadalupe Barrera.
México, D.F 27 oct 10 (CIMAC).- La iniciativa enviada por el Ejecutivo para legislar sobre jurisdicción militar en México, no satisface en lo mínimo los estándares internacionales y recomendaciones hechas al Estado mexicano en la materia, advirtieron especialistas reunidos hoy en San Lázaro.
Durante el Foro: Jurisdicción Militar y Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, legisladoras, legisladores y representantes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), analizaron el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado mexicano, en torno a las sentencias emitidas por organismos jurisdiccionales internacionales.
Admitieron que ningún caso de violación a Derechos Humanos (DH), se ha resuelto en la instancia militar, por lo que las víctimas han tenido que recurrir a instancias internacionales, lo que deja claro porqué el fuero militar, no debe investigar las violaciones de DH que comenten sus efectivos contra civiles.
“Este no es un problema exclusivo del Ejecutivo, sino del Estado, por lo que hoy el Congreso tiene una oportunidad muy importante de legislar en la materia, y no dejar pasar la oportunidad de construir instituciones democráticas”, afirmó Guadalupe Barrera del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Las y los especialistas, coincidieron en que el Congreso debe modificar a fondo la propuesta hecha por el Ejecutivo, a lo que la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún del Partido del Trabajo, respondió que sus colegas comprometidos en la defensa de los DH, harán lo propio, aunque no garantizó que haya un consenso al respecto.
Leopoldo Maldonado, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la propuesta enviada por Felipe Calderón al Senado de la Republica para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, no satisface los resolutivos de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en el caso de Rosendo Radilla, y Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández.
“La Corte fue, y ha sido muy clara sobre la aplicabilidad del fuero militar, en casos de la comisión de delitos originados por parte de la milicia”.
En cuanto a que los delitos de desaparición forzada, tortura y violación sexual, serán competencia del fuero federal, el Ejecutivo establece de manera concreta los delitos ordinarios que conocerá la justicia civil, por lo que se sigue contraviniendo el carácter limitado que debe tener el fuero militar.
De igual manera, Mario Monroy, consultor del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, cuestionó el por qué solo éstos tres delitos, son los que contiene la reforma, cuando justamente el estándar de protección, es que ninguna violación a los DH, tendría que ser conocida por el fuero penal militar, por que se violaría el carácter excepcional y restrictivo.
“Pareciera que seleccionaron estos tres delitos, porque son los tres casos de la Corte: Rosendo Radilla desaparición; Inés y Valentina son tortura y agresión sexual”, enfatizó.
Además de que la iniciativa, aún en estos tres casos, deja el fuero militar como hasta ahora y nos dice que cuando se trate de una desaparición forzada, tortura y agresión sexual, será el propio ministerio público militar, en el supuesto de que determine el delito, desglosará y enviará a las instancias civiles el caso. Es decir la iniciativa del Ejecutivo “no es lo mismo, pero es igual”, lo que implica un riesgo grande.
Diversas OSC han preguntado vía acceso a la información, tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como a la Procuraduría Militar, cuántos expedientes de investigación han realizado por desaparición forzada del 2001, al primer trimestre del 2010, y la respuesta es “ningún expediente de desaparición forzada de personas”.
Mario Monroy, agregó que para que se haga una reforma de fondo, ésta tendría que establecer expresamente que el fuero militar, no es competente para conocer ningún caso que implique a un civil
Guadalupe Barrera del CIDE, sostuvo que la violación a los DH de las y los civiles por parte de militares no es un problema de las fuerzas armadas, “es un problema del Estado mexicano”, de cómo percibe su operación y relación con éstas.
En lo que se refiere al combate a la delincuencia en el país, señaló que “no estamos apostando a la justicia penal para combatir el crimen, sino claramente estamos apostando al uso de la fuerza”
De 2006 a la fecha, la fuerzas armadas cuentan unos 15 mil efectivos más, frente a los 25 mil 371 elementos, más que en 2006, de la Secretaria de Seguridad Publica. La Procuraduría General de la República (PGR), sólo ha incorporado a 5 mil 142 personas más en ese mismo lapso, afirmó Guadalupe Barrera.
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