x Gerardo Peláez Ramos 
Ya había sido torturado y encarcelado por el gobierno de Ulises Ruiz
Con la complicidad del gobierno priísta de la entidad y el gobierno federal de Felipe Calderón, las bandas de paramilitares y guardias blancas siembran el terror en el estado de Oaxaca. Pistoleros al servicio de los caciques del Partido Revolucionario Institucional y de los latifundistas y ganaderos, hacen y deshacen a su antojo: cierran carreteras, toman instalaciones públicas, bloquean entradas y salidas de San Juan Copala, impiden mediante la violencia marchas pacíficas y asesinan a líderes indígenas, campesinos y populares. El último caído del movimiento social democrático ocurrió el pasado 22 de octubre, en Tuxtepec, Oaxaca, donde fue ejecutado el secretario general del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda, en el local de su organización. El carácter político de este asesinato es por demás evidente.
Catarino Torres Pereda fue un destacado luchador social. Nativo de Cacahuatal, municipio de San Lucas Ojitlán, Oaxaca, desde muy joven se integró a la lucha en defensa de las comunidades indígenas, militancia que lo condujo a la prisión política y a la aprehensión durante 12 ocasiones. Por representar a núcleos indígenas en la defensa de sus tierras y contra los cacicazgos locales, fue detenido el 3 de marzo y el 4 de junio de 2003. En 2006, en el curso del amplio y masivo movimiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, fue detenido y permaneció tras las rejas a lo largo de siete meses a partir de agosto de ese año, acusado de “los delitos de motín, privación ilegal de la libertad, despojo, robo calificado y robo específico”, por lo cual se convirtió en el primer preso político de la APPO. Organizador incansable y luchador firme por los intereses y derechos de los pueblos indígenas, fue objeto de amenazas de muerte, persecución, acoso y provocación.
Octavio Vélez Ascencio y Agustín Galo Samario, corresponsales de La Jornada, escriben: “Por su alto grado de peligrosidad y por poner en riesgo a la población penitenciaria” del estado, según el entonces secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luria, fue trasladado al penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, donde estuvo recluido siete meses.
“Allí coincidió con Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de la APPO, Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, y con los hermanos Cerezo Contreras, acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo.
“El dirigente salió libre el 8 de marzo de 2007 tras el pago de una fianza de 17 mil pesos”.
Los responsables del suplemento Ojarasca, especializado en las cuestiones indígenas de México y el continente americano, en carta publicada en El Correo Ilustrado de La Jornada, señalan: “En Oaxaca siguen los asesinatos de dirigentes y activistas indígenas. La tarde de este viernes, dos pistoleros acabaron con la vida de Catarino Torres Pereda, al irrumpir en sus oficinas del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) en la ciudad de Tuxtepec. Catarino fue un defensor admirable y decidido de los pueblos chinantecos y mazatecos de la región istmeña entre Oaxaca y Veracruz. Ya había sido torturado y encarcelado por el gobierno de Ulises Ruiz, y fue primer preso político de la APPO en 2006.
“Esta dolorosa pérdida se suma a los 15 muertos y 16 heridos de San Juan Copala en los recientes diez meses, siendo los más recientes –hace unos días– Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Ubaldo, quienes pertenecían al municipio autónomo, y que cuando se dirigían a Yosoyuxi Copala fueron emboscados por un grupo armado. Allí también resultó herido de gravedad Jordán Ramírez González.
“Lamentamos estas nuevas muertes, parte del clima de terror e ilegalidad que impera en Oaxaca desde hace seis años, y que tiene en vilo a los pueblos triquis, chinantecos y mixtecos. Aunque parece no servir de nada, ante la impunidad reinante en la entidad, exigimos castigo a todos los culpables de estas pérdidas irreparables”.
En pocos días, Ulises Ruiz Ortiz dejará la gubernatura del estado de Oaxaca, dejando como legado el asesinato de líderes, activistas y militantes de base de la APPO, del Municipio Autónomo de San Juan Copala y de otros organismos representativos de las comunidades indígenas, campesinos, trabajadores asalariados y estudiantes, la represión violenta de los movimientos populares y la proliferación de grupos paramilitares y guardias blancas. Al igual que Mario Marín Torres, gobernador del estado de Puebla, parece ser que terminará su gestión gubernativa sin ser enjuiciado por sus conocidos crímenes, pese al repudio generalizado de sus representados, la evidencia de sus ilícitos y la descomposición política de sus gobiernos.
Para hacer justicia en el caso de Catarino Torres y otros caídos, será indispensable profundizar la organización y la movilización del pueblo oaxaqueño y las fuerzas democráticas y de izquierda en todo el país, así como incrementar la solidaridad de los pueblos de América Latina, España y otros pueblos, ya que en el México neoliberal no existe un Estado de derecho.
La Haine
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