Sara Sefchovich
Hoy son las elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos en el Distrito Federal. Muy probablemente usted, estimado lector, no lo sabía. Y es que los partidos políticos y las autoridades capitalinas tienen muy poco interés de que exista participación ciudadana. Ellos solamente quieren nuestro voto para los cargos públicos “grandes” y que luego nos quedemos sin opinar y sobre todo, sin exigir ni controlar.
Y sin embargo, elegir a nuestros vecinos para que nos representen es lo mejor que podemos hacer, pues ellos son como nosotros, les interesa nuestro pueblo o colonia, conocen sus problemas, virtudes y defectos y son los indicados para insistir ante las autoridades para lograr un “buen gobierno”, en correspondencia con la época actual y con todo lo que como ciudadanos tenemos derecho: vigilancia, luz, agua, recolección de basura, uso adecuado del suelo, etcétera. Dicho de otro modo, al elegirlos pretendemos tener injerencia para resolver los problemas de la ciudad que nos afectan de manera directa.
Durante muchos años la ciudad de México vivió en una suerte de estado de excepción, desde que por las pugnas caudillescas fueron suspendidos los ayuntamientos y sustituidos por delegaciones en las que las autoridades eran nombradas por el regente, quien a su vez era nombrado por el presidente de la República. Cuando en julio de 1994 el Congreso de la Unión aprobó el Estatuto de Gobierno del DF, acordó la elección de consejeros ciudadanos, para así lograr un equilibro entre los delegados y los ciudadanos. Se trataba de crear una figura de representación para la participación ciudadana, como un primer paso de la reforma política que venía gestándose para la capital. El instrumento para esa elección sería la Ley de Participación Ciudadana que fue aprobada por la Asamblea de Representantes del DF, con el voto de la mayoría compuesta por los asambleístas del PRI y con la abstención de los partidos de oposición.
En 1995 se llevó a cabo la primera elección. Estuvo impecablemente organizada y alcanzó, a pesar de los esfuerzos de los partidos por boicotearla, un 21% de votación, algo que no se ha vuelto a lograr. Así se establecieron 16 Consejos de Ciudadanos, los cuales sin embargo y por razones políticas, ni siquiera duraron en funciones el tiempo para el que habían sido elegidos. En 1999 se llevó a cabo la segunda elección con una Ley de Participación Ciudadana reformada que disminuía en mucho la figura inicial y las atribuciones del Consejo Ciudadano y en la que hubo escasísima votación.
Hoy estamos frente a la tercera elección, a pesar de que por ley se debían efectuar cada tres años, pero pasaron 11 sin que se llevaran a cabo y con una ley de nuevo reformada que todavía disminuye más dichas atribuciones. Pero aún así, se hizo todo por hacerlas fracasar, poniendo tantos límites y reglas que impedían hacer campaña para presentar a los ciudadanos las planillas y sus programas de trabajo y no haciendo ninguna difusión pues toda forma de hacerla estuvo prohibida. Y encima de eso, estuvieron los eternos pleitos entre grupos partidistas y caciquiles, que han llevado a que unos denuncien a otros y a que haya impugnaciones y acusaciones —que por la demarcación del territorio, que por las personas que componen la planilla, que por reparto de despensas o por irregularidades de cualquier tipo— porque el verdadero problema es que los partidos políticos o más bien, los grupos al interior de ellos, no permiten que nada de esto sea realmente ciudadano y se meten siempre. Y también porque el Instituto Electoral del DF es el “patito feo” de los organismos electorales ciudadanizados y los medios y los políticos le conceden muy poca atención.
Es increíble que precisamente sea la izquierda la que haga todo por impedir la participación ciudadana. Ojalá los capitalinos entendieran la importancia de votar a sus representantes y apoyarlos. A los ciudadanos nos urge existir para que dejen de engañarnos y de abusar tanto del poder. Así que si usted todavía no ha votado, por favor vaya ahora mismo y hágalo.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
Y sin embargo, elegir a nuestros vecinos para que nos representen es lo mejor que podemos hacer, pues ellos son como nosotros, les interesa nuestro pueblo o colonia, conocen sus problemas, virtudes y defectos y son los indicados para insistir ante las autoridades para lograr un “buen gobierno”, en correspondencia con la época actual y con todo lo que como ciudadanos tenemos derecho: vigilancia, luz, agua, recolección de basura, uso adecuado del suelo, etcétera. Dicho de otro modo, al elegirlos pretendemos tener injerencia para resolver los problemas de la ciudad que nos afectan de manera directa.
Durante muchos años la ciudad de México vivió en una suerte de estado de excepción, desde que por las pugnas caudillescas fueron suspendidos los ayuntamientos y sustituidos por delegaciones en las que las autoridades eran nombradas por el regente, quien a su vez era nombrado por el presidente de la República. Cuando en julio de 1994 el Congreso de la Unión aprobó el Estatuto de Gobierno del DF, acordó la elección de consejeros ciudadanos, para así lograr un equilibro entre los delegados y los ciudadanos. Se trataba de crear una figura de representación para la participación ciudadana, como un primer paso de la reforma política que venía gestándose para la capital. El instrumento para esa elección sería la Ley de Participación Ciudadana que fue aprobada por la Asamblea de Representantes del DF, con el voto de la mayoría compuesta por los asambleístas del PRI y con la abstención de los partidos de oposición.
En 1995 se llevó a cabo la primera elección. Estuvo impecablemente organizada y alcanzó, a pesar de los esfuerzos de los partidos por boicotearla, un 21% de votación, algo que no se ha vuelto a lograr. Así se establecieron 16 Consejos de Ciudadanos, los cuales sin embargo y por razones políticas, ni siquiera duraron en funciones el tiempo para el que habían sido elegidos. En 1999 se llevó a cabo la segunda elección con una Ley de Participación Ciudadana reformada que disminuía en mucho la figura inicial y las atribuciones del Consejo Ciudadano y en la que hubo escasísima votación.
Hoy estamos frente a la tercera elección, a pesar de que por ley se debían efectuar cada tres años, pero pasaron 11 sin que se llevaran a cabo y con una ley de nuevo reformada que todavía disminuye más dichas atribuciones. Pero aún así, se hizo todo por hacerlas fracasar, poniendo tantos límites y reglas que impedían hacer campaña para presentar a los ciudadanos las planillas y sus programas de trabajo y no haciendo ninguna difusión pues toda forma de hacerla estuvo prohibida. Y encima de eso, estuvieron los eternos pleitos entre grupos partidistas y caciquiles, que han llevado a que unos denuncien a otros y a que haya impugnaciones y acusaciones —que por la demarcación del territorio, que por las personas que componen la planilla, que por reparto de despensas o por irregularidades de cualquier tipo— porque el verdadero problema es que los partidos políticos o más bien, los grupos al interior de ellos, no permiten que nada de esto sea realmente ciudadano y se meten siempre. Y también porque el Instituto Electoral del DF es el “patito feo” de los organismos electorales ciudadanizados y los medios y los políticos le conceden muy poca atención.
Es increíble que precisamente sea la izquierda la que haga todo por impedir la participación ciudadana. Ojalá los capitalinos entendieran la importancia de votar a sus representantes y apoyarlos. A los ciudadanos nos urge existir para que dejen de engañarnos y de abusar tanto del poder. Así que si usted todavía no ha votado, por favor vaya ahora mismo y hágalo.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
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