Dunia Rodríguez, Miriam Ruiz , Soledad Jarquín
México D.F., 09 dic. 10. AmecoPress,- Para México resultaría más exitoso atacar la violencia familiar que invertir en acciones para combatir el narcotráfico, sin embargo, la mitad de la población mexicana, compuesta por mujeres, vive un estado de excepción de derechos, pues la violencia que se perpetra en su contra y al interior de sus hogares, no es considerada como un asunto de Estado, sino como “tema de mujeres”.
Así lo consideró Margarita Gillé Tamayo al participar en el Noveno Seminario Internacional sobre Políticas Públicas y Programas en casos de Violencia Familiar de Alto Riesgo, que tuvo lugar en la la capital de México, los días 29 y 30 de noviembre.
Ante especialistas provenientes de Chile, Ecuador, España, Estados Unidos y México, Guillé, quien es suplente del Estado Mexicano ante el Comité de Expertas en el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, sostuvo:
“La violencia hacia las mujeres cuestiona la calidad democrática” de México, luego de recordar que cada año se cometen 1,205 homicidios contra mujeres, y cada día mueren 16 mujeres, por las secuelas de la violencia en este país.
En México, son “miles de mujeres las que viven en un estado de excepción de derechos” dijo en relación con el hogar, “un espacio de impunidad donde más delitos se cometen” aunque paradójicamente 94 por ciento de la población piensa que es el espacio más confiable, destacó la experta.
Atacar la violencia familiar, que afecta a la mitad de todas las mexicanas sería más exitoso que las acciones contra el narco si se considerara un tema de Estado, dijo al celebrarse el último día de sesiones del Seminario Internacional que fue organizado por el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, y la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social del Distrito Federal en instalaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El evento que congregó a un nutrido grupo de especialistas, funcionaras del gobierno del la Ciudad de México, y personal que atiende los refugios contra la violencia familiar, así como estudiantes y representantes de organismos de la sociedad civil, se llevó a cabo en el marco de la Campaña Mundial de los 16 días de Activismo en contra de la Violencia hacia las Mujeres y las niñas.
Refugios contra la violencia, un panorama
Los objetivos del Noveno Seminario Internacional Políticas Públicas y Programas en casos de Violencia Familiar de Alto Riesgo fueron analizar los protocolos de atención que operan en los diferentes refugios que trabajan con violencia familiar de alto riesgo, así como generar y unificar criterios y estándares de calidad en los refugios, además de abordar problemáticas como la formación de personal y agentes sociales que atienden dichos establecimientos.
En tal sentido, se reveló que tan sólo en 2009 en la Ciudad de México, fueron atendidas 427 personas por violencia familiar de alto riesgo en el Sistema de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. La encargada de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, María Elena Ortega, indicó que datos oficiales refieren que dos terceras partes del registro de mujeres fueron asesinadas por sus propios maridos, novios, hermanos, amigos, familiares y otro tipo de parientes, es decir, esta violencia extrema ocurrió en el hogar.
El peligro que corren mujeres y niñas en el ámbito familiar es latente, por lo que se requieren cada vez más espacios de protección y tratamiento adecuado, como los refugios, tal como lo marca la Ley General y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Distrito Federal y cada estado del país, de ahí la trascendencia del Seminario Internacional, apuntó María Elena Ortega.
Por otra parte, María Yuriria Álvarez Madrid, Coordinadora General de Participación Ciudadana en la Fiscalía Especial para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (FEVIMTRA), se refirió al modelo de Refugio de Alta Seguridad, en el que se atiende a mujeres en riesgo resultado de la trata de personas, sin embargo, aseguró que el 95 por ciento de las víctimas habían sido previamente violentadas por sus propias familias.
Señaló que se ha avanzado en la sensibilización y capacitación a personal, como los agentes del Ministerio Público, y se desarrollan herramientas con enfoque de género que dan a las mujeres protección integral que evita que sean revictimizadas, se les fortalece para el proceso de denuncia y se les da acompañamiento en todo momento.
Una de las herramientas que aporta este modelo es la reconstrucción desde la antropología social y desde una perspectiva de género de la historia de vida de las mujeres que han sido víctimas de la trata de personas, lo que permite su empoderamiento personal y facilita la investigación cuando procede, refirió Álvarez Madrid.
En su momento, Nohemí Marlene Villavicencio Sarmiento, directora de la Casa de Acogida María Amor de la región sur de Ecuador, país que también cuenta con una Red Nacional de Refugios, destacó el caso de Ecuador, donde ocho de cada 10 mujeres viven violencia familiar. Del total de asesinatos reportados en la prensa contra mujeres, 59 por ciento ocurrieron dentro de sus hogares y sus victimarios fueron sus parejas o ex parejas.
Secreto de los refugios, un debate
Uno de los temas de mayor debate actual es el secreto de los refugios para sobrevivientes de violencia familiar. En México a la fecha los refugios suelen mantenerse en lugares desconocidas para el público en general. Pero en Estados Unidos, se ha optado por tener los refugios en lugares muy públicos, así lo señaló Sue Else, Directora de la Red para Acabar con la Violenica Doméstica en Estados Unidos. Y aseguró: “La seguridad de un refugio se mide por la seguridad de la comunidad”.
Desde su experiencia, dijo que encontraron que los albergues a final de cuentas eran conocidos por toda la comunidad de boca en boca, lo que daba “un falso sentido de seguridad”. Actualmente se apoyan en situarse en lugares muy públicos y en tecnología como cámaras y una relación cercana con la policía para proteger a las usuarias.
Rememoró que los refugios iniciaron en los años 70 en ese país “sin fondos, ni legislación” más como una forma en que algunas mujeres podían ayudar a otras. Era difícil conseguir fondos para estos refugios pues se consideraba la violencia como algo “normal”.
Al aprobarse la ley contra la violencia o VAWA por sus siglas en inglés, las policías en Estados Unidos tuvieron acceso a recursos económicos que les permitían realizar su labor, siempre y cuando estuvieran ligados a uno de estos refugios. “Entonces se estableció una dinámica de comunicación” indicó la psicóloga y las voluntarias de los refugios y los agentes de la policía se sentaron a comer pizza y a entender el fenómeno de la violencia doméstica.
En Estados Unidos, “tres mujeres mueren cada día por violencia familiar y el homicidio es la primera causa de muerte entre las mujeres embarazadas”, agregó Sue Else. Y aunque falta mucho por hacer, tan solo en una medición de un día completo encontraron que se recibieron 65,000 denuncias de sobrevivientes de violencia doméstica.
Entre los avances actuales, mencionó la activista originaria de Iowa, se puede mencionar que las medidas cautelares o restrictivas para los agresores se respeta aun cuando las mujeres receptoras de violencia se muden de estado. “Sería muy bueno ue ocurriera lo mismo entre México y Estados Unidos”, indicó Sue Else.
El desarraigo
Aun cuando en la mayoría de los países del orbe se han implementado mecanismos específicos para atender a las víctimas de la violencia familiar, con recursos, infraestructura y políticas públicas, las secuelas son incalculables dede cualquier punto que se analice. Sue Else destacó que en Estados Unidos, las mujeres que han sobrevivido a la violencia pierden la custodia de sus hijos. El flagelo es mayor cada día en ese país, pero en México la situación es coincidente, según lo resaltó el abogado Eduardo Murillo representante de la organización mexicana Recreando A.C. al referir que las mexicanas regresan con el agresor por temor a la falta de recursos económicos y a perder a los hijos.
Tras reconocer el valor que tienen los refugios para mujeres receptoras de violencia, lamentó que sean lugares donde las que viven violencia son desarraigadas de su entorno familiar, social y laboral cuando sería necesario “que la ley se cumpla y no se sancione a las que viven violencia sino a los agresores”, dijo.
El abogado detalló, que esto viene de la dificultad de lograr que en los juzgados se proteja la custodia de los hijos e hijas, e incluso la obligatoreidad de los alimentos. “Todos, como sociedad, deberíamos formar conciencia”.
Personal invisible
Entre los puntos expresados en las mesas de análisis se destacó que una de las carencias en la atención de la violencia de género es la visibilización del personal que está a cargo de los refugios.
Silvia Ramírez Romero, Directora General de la asociación Caminos Posibles, que trabaja en mecanismos de contención en los centros de acogida en Ciudad Juárez, explicó que “ni la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia” contempla la atención del personal y el problema de la violencia no se limita sólo a la mujer agredida y sus hijos, sino también repercute en las personas que las reciben y atienden en los refugios y casas de emergencia.
En ello coincidió Marion Burger, de la Casa María Amor de Cuenca Ecuador, quien detalló que en ese país no sólo la inestabilidad económica repercute en el ánimo del personal, sino la relación cotidiana que les deja la atención de las víctimas mina su estado emocional, y ese aspecto no se ha destacado como importante en la problemática de la violencia de género.
Propuestas para México
En México existen 66 refugios para proteger a las sobrevivientes de violencia familiar de alto riesgo, de los cuales 44 son de la sociedad civil y 22 de gobierno, indicó la directora de la Red Nacional de Refugios, Rosa María Salazar Rivera al proponer garantías educativas y laborales para quienes acuden a estas casas de acogida, así como mayor sustentabilidad para estos programas.
Resaltó que todas las acciones deben “abatir la brecha de desigualdad” y detalló 23 propuestas para eficientar la labor de estos refugios, entre las que destacan: garantizar el financiamiento de los refugios bajo un esquema anual y no a concurso, otorgar incapacidad a mujeres que lo requieran por el tiempo que estén en el refugio, que se les brinden seguridad social y guarderías adecuadas para su jornada laboral.
Propuso que las niñas y niños en el albergue cuenten con flexibilidad en los programas escolares, para darse de alta y baja en escuelas, cambiar de escuela y tener confidencialidad mientras están en el albergue.
Salazar llamó también a que se establezcan convenios de capacitación y estímulos fiscales con empresas que ofrezcan empleo a las mujeres que egresan de los refugios y que se creen casas de transición en donde las usuarias y sus hijos e hijas vivan dos años, solo se paguen los servicios públicos y tengan vigilancia permanente de seguridad pública, seguidas por crédito para vivienda.
Asimismo, consideró indispensable que se cree un grupo especializado de seguridad pública para mover a las usuarias a refugios en diferentes ciudades cuando el caso lo requiera y un presupuesto específico para esos traslados, ya que pueden requerir viajar de un lado a otro del país.
Es necesario, agregó “homologar las leyes de los estados con convenios internacionales” y capacitar – no solamente sensibilizar – a juzgadores e impartidores de justicia. Pidió que se garantice la guardia y custodia a la madre una vez que entra al refugio y que se cumplan las ordenes de protección.
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