MÉXICO, D.F., 9 de diciembre (apro).- La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México manifestó su preocupación por las nuevas amenazas a dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), luego que los activistas de Guerrero acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y lograron que emitiera una recomendación al gobierno de Felipe Calderón.
La ONG alemana hizo hincapié en que es más que evidente la ausencia de voluntad política por parte del Estado mexicano para proteger la labor de los defensores de derechos humanos.
En un comunicado, destacó, además, que el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Coidh incrementa la vulnerabilidad de las víctimas y sus representantes.
Los defensores de derechos de Alemania recordaron que el pasado 28 de noviembre, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y Obtilia Eugenio Manuel, ambos integrantes de la OPIM, nuevamente recibieron amenazas de muerte.
Sus agresores reprueban que los activistas trabajen para que se haga justicia en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapanecas que fueron torturadas y agredidas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en 2002.
Las sentencias de la Coidh, publicadas los días 30 y 31 de agosto del presente año, condenan al Estado Mexicano por las violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
Como consecuencia de las denuncias y las amenazas que han enfrentando integrantes de la OPIM, desde hace un año y siete meses, la Corte regional ordenó al Estado mexicano la adopción de medidas provisionales para 107 activistas de Guerrero, pero el negligente cumplimiento oficial a estas medidas, se ha traducido en que los riesgos no decrezcan.
La ONG alemana con sede en Stuttgart advirtió que actualmente los defensores de derechos humanos de diversas regiones en México enfrentan riesgos por el trabajo que realizan.
La coordinadora Carola Haushoter urgió al gobierno mexicano a manifestar interés por la labor que realizan los defensores de derechos humano, así como voluntad para frenar las agresiones que enfrentan.
Haushoter destacó que “es necesario que el Estado mexicano aplique urgentemente las medidas de protección pendientes, e instale a la brevedad espacios de trabajo para la creación de un mecanismo que prevenga, proteja e investigue las agresiones y amenazas que se puedan cometer en contra de los defensores de derechos humanos”.
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