Enrique Galván Ochoa: Dinero
Diciembre, mes de los aguinaldos, una prestación que garantiza la ley a los trabajadores. En un muestreo que abarcó a mil 750 personas de toda la República, 33 por ciento contestó que no recibirá aguinaldo, por la más simple de las razones: no tiene empleo; 38 por ciento dice que lo utilizará para pagar deudas; 21 por ciento ahorrará una parte y 2 por ciento ahorrará todo. Y, ‘a la mexicana’, 6 por ciento se lo gastará todo.
Metodología
Enviamos 2 mil 500 cuestionarios por correo electrónico y recibimos la respuesta de 70 por ciento ( mil 750 personas). Enseguida reproducimos algunos fragmentos de las opiniones con que remitieron su votación. En el foro pueden leerse los textos completos.
Opiniones
No es mucho lo que recibo, y ese poco dinero es para para abonar las grandes cantidades que la CFE nos está cobrando por la luz. Mejor sería preguntar a los diputados y senadores, a Calderón y demás mafia, qué van a hacer con su superaguinaldo y sus supersueldazos. Es una verdadera vergüenza que en estos tiempos, con tanta pobreza de la gente, ellos se embolsen todo ese dineral.
Bertha Cigales Rivero/Distrito Federal
Aguinaldo, esa palabra sólo me causa angustias, rabia y desesperación. Espero algún día recibirlo y sabré por qué en este mes la gente me saluda al pasar.
Gabino Arriaga Gómez/Distrito Federal
Diciembre, mes de los aguinaldos, una prestación que garantiza la ley a los trabajadores. En un muestreo que abarcó a mil 750 personas de toda la República, 33 por ciento contestó que no recibirá aguinaldo, por la más simple de las razones: no tiene empleo; 38 por ciento dice que lo utilizará para pagar deudas; 21 por ciento ahorrará una parte y 2 por ciento ahorrará todo. Y, ‘a la mexicana’, 6 por ciento se lo gastará todo.
Metodología
Enviamos 2 mil 500 cuestionarios por correo electrónico y recibimos la respuesta de 70 por ciento ( mil 750 personas). Enseguida reproducimos algunos fragmentos de las opiniones con que remitieron su votación. En el foro pueden leerse los textos completos.
Opiniones
No es mucho lo que recibo, y ese poco dinero es para para abonar las grandes cantidades que la CFE nos está cobrando por la luz. Mejor sería preguntar a los diputados y senadores, a Calderón y demás mafia, qué van a hacer con su superaguinaldo y sus supersueldazos. Es una verdadera vergüenza que en estos tiempos, con tanta pobreza de la gente, ellos se embolsen todo ese dineral.
Bertha Cigales Rivero/Distrito Federal
Aguinaldo, esa palabra sólo me causa angustias, rabia y desesperación. Espero algún día recibirlo y sabré por qué en este mes la gente me saluda al pasar.
Gabino Arriaga Gómez/Distrito Federal
Gloria Muñoz Ramírez: Los de abajo
El pasado 9 de diciembre Mumia Abu-Jamal, el preso político más conocido de Estados Unidos, cumplió 29 años tras las rejas. Condenado injustamente a la pena de muerte, luego de un proceso plagado de irregularidades, racismo y tintes políticos, la causa mundial por su liberación ha conseguido destapar los entretelones más oscuros del sistema de justicia estadunidense.
Periodista y activista de las Panteras Negras de Filadelfia, Mumia fue acusado de asesinar a un policía el 9 de diciembre de 1981. La policía declaró que Abu-Jamal disparó a Faulkner, mientras la defensa ha demostrado que el tiro provino de un tercer individuo que huyó de la escena. El 3 de julio de 1982, Mumia fue sentenciado a muerte. En junio de 1999, Arnold Beverly (asesino a sueldo) confesó que él fue quien realizó los disparos por los que Mumia Abu-Jamal está encarcelado, en cumplimiento de un contrato con la policía y la mafia.
La inocencia de Mumia se ha demostrado no sólo durante el fatigoso proceso jurídico. Cada que la justicia en Estados Unidos opera con racismo e imparcialidad, es una prueba más de su falta de culpabilidad.
El caso reciente en que un juez de la Corte Superior de Los Ángeles sentenció a Johannes Mehserle a únicamente dos años de prisión por asesinar con arma de fuego al joven de origen afroamericano Óscar Grant, de 22 años, puso nuevamente en tela de juicio el aparato estadunidense. Mehserle, ex oficial de la policía del BART (Tráfico Público del Área de la Bahía), de Fruitvale, Oakland, fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Grant.
Con la sentencia a Mehserle, escribió Mumia en noviembre pasado, el sistema anuncia su juicio sobre el valor de un joven negro de Oakland, California. Mehserle fue sentenciado a dos años, y con el tiempo servido y buen comportamiento quizá pasará sólo siete meses... por matar a un hombre. Siete meses, créamelo, por matar a un negro.... Y esa es la médula del cuento del complejo industrial de prisiones estadunidense. ¿Puede usted imaginar un conjunto de hechos, convergencias de azar, personalidades o destino que pudieran haber tenido a Grant como el asesino y a Mehserle como el muerto... y Grant sentenciado esencialmente sólo a siete meses de cárcel? Yo tampoco puedo imaginarlo. Y eso, pienso, lo dice todo.
Libertad a Mumia, exigieron miles de personas en todo el mundo el pasado 9 de diciembre, día en que en México, frente a la embajada de Estados Unidos, y como cada año, se realizó una concentración convocada por los Amigos de Mumia.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
Carlos Fernández-Vega: México SA
Son tan populares los vales para medicinas (con el indeleble sello de la empresa privada Partido Verde SA) que en octubre pasado aprobó la Cámara de Diputados, que –aún sin el visto bueno del Senado de la República– se han convertido en valiosa moneda de cambio en votaciones estratégicas –a favor o en contra– para modificar ciertas leyes, como en el caso específico de la relativa al combate de los monopolios, la cual pretendía dar autonomía a la Comisión Federal de Competencia, intento que fue tajantemente rechazado por la bancada del PAN en Xicoténcatl con la decisiva intervención de los promotores de dichos vales.
Resulta que la borregada blanquiazul, a tono con las instrucciones del gobierno calderonista, se negó a aceptar los cambios propuestos por el tricolor para el armado de la ley antimonopolios, pero no le alcanzaban los votos para evitarlo, de tal suerte que tuvo que echar mano de la citada empresa privada política para alcanzar la mayoría. ¿Cómo le hizo? Fácil: la bancada panista en el Senado se comprometió con la del Verde Ecologista a que aprobará la reforma para los vales de medicina en el IMSS y, como por arte de magia, el PVEM dejó de ser rémora de los tricolores para convertirse en lo mismo, pero de los panistas, otorgando su voto en contra de la ley antimonopolios.
Como es su costumbre, los representantes de la empresa verde se acomodan con el mejor postor, especialmente si le garantizan jugosos negocios como el de los citados vales. No es de su interés si los monopolios destrozan los bolsillos de los mexicanos o impiden un mayor crecimiento económico en el país. Mucho menos si a la Comisión Federal de Competencia le faltan dientes para actuar en contra de dichos monopolios. Lo suyo son los negocios, como el citado. Lo demás es lo de menos.
Y como tarde que temprano en el nuevo business de los verdes tendrá que meter la mano la Comisión Federal de Competencia, qué mejor que dejarla sin dentadura y de paso amarrar el negocio con los panistas. ¿Qué tan lejos ha llegado la chimuela CFC en eso de promover la competencia y evitar los monopolios? La Cepal nos regala un breve paseo por el tema (Regulación y competencia en el mercado de medicamentos: experiencias relevantes para América Latina). Va pues.
La Comisión Federal de Competencia, asegura la Comisión, ha combatido activamente las prácticas monopólicas en el mercado mexicano de medicamentos. En 1999 investigó los efectos del cártel internacional de vitaminas que fue descubierto por las autoridades de competencia de Estados Unidos y que impuso sanciones hasta por 500 millones de dólares a las empresas participantes (en aquel país, desde luego).
En cuanto a conductas de colusión en licitaciones públicas, en febrero de 2000 la CFC investigó los acuerdos entre competidores en licitaciones de suturas quirúrgicas realizadas por el Hospital General de México y el ISSSTE. En esta investigación las empresas participantes reconocieron su culpabilidad y acordaron suspender la colusión. En febrero de 2001 identificó acuerdos entre competidores en las licitaciones de material radiográfico realizadas por el IMSS y el ISSSTE. Al igual que en el caso anterior, las empresas involucradas reconocieron su culpabilidad ante la comisión y acordaron, otra vez, suspender estas conductas.
En 2006, después de llevar a cabo investigaciones sobre los mercados de adquisiciones públicas de medicamentos, la CFC encontró evidencia de conductas de colusión en las adquisiciones públicas de medicamentos, consistentes en la distribución regional de los mercados entre los competidores. El 3 de agosto de ese año se inició la investigación y en octubre de 2009 todavía no se había emitido resolución sobre el caso.
En lo que se refiere a prácticas monopólicas relativas, en 2003 la CFC investigó una denuncia motivada por la presunta presión del propietario de una patente a una entidad pública para adquirir el medicamento de manera exclusiva, que fue denegada por no incorporar elementos suficientes para comprobar la conducta, mientras que en septiembre de 2006 otra denuncia fue presentada ante la Comisión por presunta depredación de precios en licitaciones públicas. Después de analizar los casos, el organismo resolvió que en ninguno de ellos había elementos para acreditar la denuncia.
El hecho de que México tenga uno de los sistemas más cerrados de adquisiciones de medicamentos de América Latina, que se sustenta en la política de protección de la industria nacional, explica la recurrencia de casos de prácticas monopólicas absolutas. Este sistema de ninguna forma asegura los mejores precios a los usuarios. Con la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos de Servicios del Sector Público se determina una normatividad de escala de preferencias en cuanto a las empresas que pueden ofrecer bienes al sector público que dan preferencia a las empresas nacionales. Se establecen tres tipos de licitaciones públicas de acuerdo con el origen de los bienes: las nacionales, las internacionales bajo la cobertura de tratados y las internacionales abiertas.
El artículo 28 de la citada ley estipula que en las licitaciones nacionales solamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana y que las medicinas deben tener 50 por ciento de contenido nacional. Las licitaciones que se hacen bajo la cobertura del TLC sólo admiten licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que México tiene tratados y las licitaciones abiertas. El requisito para participar bajo ese esquema es cumplir con la regla de origen y reglas de mercado negociadas en dicho tratado, mientras se respeta el marco de prácticas leales de comercio e igualdad de condiciones ante proveedores de países socios. La Cepal apunta que se realizarán licitaciones abiertas a cualquier país cuando, previa investigación de mercado realizada por la entidad compradora, no exista oferta nacional o de los países con los que México haya firmado un TLC, o si existe, no es conveniente en términos de precio.
Queda claro, pues, por qué panistas y verdes cancelaron la posibilidad de ponerle dentadura a la CFC.
Las rebanadas del pastel
Pobre Michoacán: entre las perversas ambiciones electorales de una familia y la delincuencia, también organizada, de otra familia.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
Javier Hernández Chelico: En el Chopo
Las actividades, tanto culturales como comerciales, continuarán en esta temporada prenavideña en el Tianguis del Chopo. Hay novedades interesantes para los visitantes este fin de año. Una es el ejemplar del 25 aniversario de Banda Rockera, que está dedicado a Alejandro Lora; la edición incluye ficha biográfica y póster de 21x33 pulgadas del autor de Triste canción. Otra primicia en el Tianguis es el libro Reporteros de a pie, volumen con 30 textos, escrito por periodistas de todos los medios y estilos. Está a la venta en el módulo de La Jornada del Tianguis. También en los corredores choperos circulan nuevas grabaciones independientes: el cuarteto regiomontano Radio Andrés fue al Chopo y dejó su cedé, Decadandies, que trae 11 rolas, entre ellas, sus sencillos Luna y Catástrofe natural; otro disco nuevo es De milagro, de Profeción Alterna, con rolas como La brujita, con la guitarra de Lino y la voz de Héctor, ambos de La Lupita, como invitados. Los Estrambóticos estrenan cedé, A puros macanazos, hoy, en Radio Chopo.
Educación: avance y rezagos
La reforma a los artículos tercero y 31 de la Constitución, que vuelve obligatoria la educación media superior, constituye en principio un avance loable en la adecuación del marco legal a las necesidades educativas del país. Pero si el propósito que se persigue con esa modificación legislativa resulta incuestionable, su realización colisiona con diversos componentes de la realidad actual.
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El Correo Ilustrado
Precisiones de la Comisión Nacional Forestal
En la edición del 9 de diciembre del periódico La Jornada se publicó la nota titulada: “Denuncian países de AL reuniones en lo oscurito promovidas por México”, firmada por el periodista Luis Hernández Navarro, la cual se refiere a la intervención del presidente Felipe Calderón Hinojosa durante la presentación de la Visión de México sobre REDD, en el marco de la COP16. En dicha nota se afirma: El mandatario presumió ProÁrbol, informando que se han plantado 650 millones [de árboles] en el país. Curiosamente, ese programa ha sido fuertemente criticado por los expertos forestales. La Auditoría Superior de la Federación confirmó irregularidades, manipulación de cifras y discrecionalidad en su aplicación en 2007. Los técnicos han documentado malas prácticas en el manejo, cuidado y mantenimiento de ProÁrbol, y siembra de especies exóticas. Las organizaciones campesinas han denunciado cómo se destinan cuantiosos subsidios a plantaciones forestales comerciales, en manos de grandes empresarios. Al respecto, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) aclara lo siguiente:
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Miguel Concha: Incumplimiento gubernamental internacional
El
23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia en el caso de Rosendo Radilla Pacheco. En la misma se condena al Estado mexicano por violaciones a los derechos a la libertad personal, a la integridad física y mental, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a las garantías judiciales de Rosendo Radilla y a la protección judicial de sus familiares. La corte consideró igualmente que la jurisdicción militar, instancia ante la cual se llevó la investigación, no respetó los estándares internacionales en materia de debido proceso.
La sentencia, entonces, ordena al Estado mexicano cumplir con las siguientes exigencias. Conducir eficazmente, con la debida diligencia y en un plazo razonable, la investigación en relación con la detención y desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, para determinar la responsabilidad penal y aplicar las sanciones correspondientes. Continuar con su búsqueda y localización o, en su caso, la de sus restos mortales. Llevar a cabo las reformas legislativas pertinentes, para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales de derechos humanos. Armonizar el artículo 215 A del Código Penal Federal, sobre el delito de desaparición forzada de personas, con los estándares internacionales y la Convención Interamericana sobre la materia.
Implementar programas o cursos de análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en relación con los límites de la jurisdicción penal militar. Publicar su sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en otro periódico de amplia circulación, así como transcribir íntegramente el fallo en la página web de la Procuraduría General de la República. Exige además realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del caso y difundir una semblanza de la vida de Rosendo Radilla, así como brindar atención sicológica y/o siquiátrica gratuita y en forma inmediata a los familiares de la víctima que así lo soliciten, y el pago de una indemnización.
Establece también que el Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Por lo tanto, estamos a unos días de que México presente el informe que se le pide, ya que la sentencia les fue notificada a las partes el 15 de diciembre del año pasado.
No es necesario, sin embargo, conocer por anticipado dicho informe, ya que podemos analizar el cumplimiento de dicha sentencia por las acciones emprendidas por el gobierno en el año que ha transcurrido.
El 23 de noviembre la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem) manifestó, a través de su presidenta, Tita Radilla, hija de Rosendo, que los avances en su cumplimiento han sido mínimos; y que no se ha avanzado en lo que ella considera lo más importante: la localización de sus restos.
Señaló además que hasta ahora “todo se limita a la publicación de la sentencia en un periódico nacional y en el DOF”, así como a la simulación de búsqueda de los restos de mi padre en un lugar donde hace años ya se excavó y se demostró que no hay nada.
El cumplimiento de los demás puntos sigue siendo también una muestra de la falta de voluntad del Estado. Y para muestra basta un botón: como bien lo ordena la corte, el Estado se encuentra obligado a adecuar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, a fin de que el fuero castrense sólo se emplee en cuestiones de delitos y faltas contra la disciplina militar, y no en casos de violaciones a los derechos humanos.
Pues bien, el Ejecutivo federal anunció que daría cumplimiento a lo dispuesto en este punto por la sentencia, pero en octubre presentó una iniciativa de reforma que más parece una burla a las exigencias de la sociedad civil y de los organismos internacionales, toda vez que la investigación de violaciones a los derechos humanos seguiría estando a cargo del Ejército, sin atender a que éste ha sido severamente cuestionado por su falta de imparcialidad; y porque sólo reconoce la competencia de jueces civiles para los delitos de desaparición forzada, violación sexual y tortura.
Tal iniciativa ha sido severamente criticada, porque de ninguna manera puede significar un cumplimiento de la sentencia de la corte. Por otro lado, existen también otros puntos que aún están pendientes y que el Estado se niega a cumplir, o pretende hacerlo en forma irresponsable. Este es el caso de la publicación de la semblanza de Rosendo Radilla, en el que la autoridad insiste en que se incluya en el texto una leyenda que diga que esa semblanza no representa la opinión del gobierno federal. O el negarse a reconocer el periodo de la guerra sucia en la placa conmemorativa para Rosendo.
Resulta desalentador ver que, aun con la orden del máximo órgano jurisdiccional de derechos humanos del continente, el gobierno mexicano pretenda evadir su responsabilidad y, lo que es peor, seguir propiciando la impunidad. Parece ser que lo que se le hace más fácil es pagar la indemnización de las víctimas, sin atender el precepto de investigar a fondo y fincar responsabilidades para los autores y causantes de la desaparición de Rosendo Radilla. Al parecer piensan que la justicia y la dignidad de las personas se puede comprar.
El
23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia en el caso de Rosendo Radilla Pacheco. En la misma se condena al Estado mexicano por violaciones a los derechos a la libertad personal, a la integridad física y mental, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a las garantías judiciales de Rosendo Radilla y a la protección judicial de sus familiares. La corte consideró igualmente que la jurisdicción militar, instancia ante la cual se llevó la investigación, no respetó los estándares internacionales en materia de debido proceso.
La sentencia, entonces, ordena al Estado mexicano cumplir con las siguientes exigencias. Conducir eficazmente, con la debida diligencia y en un plazo razonable, la investigación en relación con la detención y desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, para determinar la responsabilidad penal y aplicar las sanciones correspondientes. Continuar con su búsqueda y localización o, en su caso, la de sus restos mortales. Llevar a cabo las reformas legislativas pertinentes, para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales de derechos humanos. Armonizar el artículo 215 A del Código Penal Federal, sobre el delito de desaparición forzada de personas, con los estándares internacionales y la Convención Interamericana sobre la materia.
Implementar programas o cursos de análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en relación con los límites de la jurisdicción penal militar. Publicar su sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en otro periódico de amplia circulación, así como transcribir íntegramente el fallo en la página web de la Procuraduría General de la República. Exige además realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del caso y difundir una semblanza de la vida de Rosendo Radilla, así como brindar atención sicológica y/o siquiátrica gratuita y en forma inmediata a los familiares de la víctima que así lo soliciten, y el pago de una indemnización.
Establece también que el Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Por lo tanto, estamos a unos días de que México presente el informe que se le pide, ya que la sentencia les fue notificada a las partes el 15 de diciembre del año pasado.
No es necesario, sin embargo, conocer por anticipado dicho informe, ya que podemos analizar el cumplimiento de dicha sentencia por las acciones emprendidas por el gobierno en el año que ha transcurrido.
El 23 de noviembre la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem) manifestó, a través de su presidenta, Tita Radilla, hija de Rosendo, que los avances en su cumplimiento han sido mínimos; y que no se ha avanzado en lo que ella considera lo más importante: la localización de sus restos.
Señaló además que hasta ahora “todo se limita a la publicación de la sentencia en un periódico nacional y en el DOF”, así como a la simulación de búsqueda de los restos de mi padre en un lugar donde hace años ya se excavó y se demostró que no hay nada.
El cumplimiento de los demás puntos sigue siendo también una muestra de la falta de voluntad del Estado. Y para muestra basta un botón: como bien lo ordena la corte, el Estado se encuentra obligado a adecuar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, a fin de que el fuero castrense sólo se emplee en cuestiones de delitos y faltas contra la disciplina militar, y no en casos de violaciones a los derechos humanos.
Pues bien, el Ejecutivo federal anunció que daría cumplimiento a lo dispuesto en este punto por la sentencia, pero en octubre presentó una iniciativa de reforma que más parece una burla a las exigencias de la sociedad civil y de los organismos internacionales, toda vez que la investigación de violaciones a los derechos humanos seguiría estando a cargo del Ejército, sin atender a que éste ha sido severamente cuestionado por su falta de imparcialidad; y porque sólo reconoce la competencia de jueces civiles para los delitos de desaparición forzada, violación sexual y tortura.
Tal iniciativa ha sido severamente criticada, porque de ninguna manera puede significar un cumplimiento de la sentencia de la corte. Por otro lado, existen también otros puntos que aún están pendientes y que el Estado se niega a cumplir, o pretende hacerlo en forma irresponsable. Este es el caso de la publicación de la semblanza de Rosendo Radilla, en el que la autoridad insiste en que se incluya en el texto una leyenda que diga que esa semblanza no representa la opinión del gobierno federal. O el negarse a reconocer el periodo de la guerra sucia en la placa conmemorativa para Rosendo.
Resulta desalentador ver que, aun con la orden del máximo órgano jurisdiccional de derechos humanos del continente, el gobierno mexicano pretenda evadir su responsabilidad y, lo que es peor, seguir propiciando la impunidad. Parece ser que lo que se le hace más fácil es pagar la indemnización de las víctimas, sin atender el precepto de investigar a fondo y fincar responsabilidades para los autores y causantes de la desaparición de Rosendo Radilla. Al parecer piensan que la justicia y la dignidad de las personas se puede comprar.
Gustavo Leal F.*: ¿Cumpliendo la Ley del IMSS para el outsorcing?
En junio de 2010, la STPS del calderonista Javier Lozano reconoció que la tercerización de trabajadores era utilizada indebidamente para disfrazar las relaciones laborales, ocultar salarios reales del personal y evadir o eludir las obligaciones patronales, afectando los derechos consagrados en la legislación.
Toda vez que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no prohíbe la tercerización, ¿qué propone?: sancionar y combatirla a fondo. ¿Cómo? Regulando el outsourcing como forma legal de contratación a través de la repudiada reforma panista a la LFT presentada al Congreso el 18 de marzo de 2009, porque prohibirlo restaría competitividad a nuestra economía.
A octubre de 2009 el formato para que las empresas de outsourcing y los empleadores reportaran al IMSS el número de trabajadores contratados aún no estaba listo.
Para Raymundo Urbina, gerente de seguridad social de Adeco, la mayor carga administrativa será para las empresas que no cuenten con un registro patronal. Mientras Eduardo Ayala, director de planeación estratégica y operaciones de Kelly Services, coincidió en que hacer el reporte será complejo por el volumen de clientes que manejan, que son más de 500.
Aunque Sony de México, ADT Private Security Services, Ford Motor Company y Ogilvy & Mather se ampararon, argumentando inconstitucionalidad por las reformas a la Ley del IMSS (julio 2009) que acotan el outsourcing e imponen multas y embargos. Se oponen al cambio que se hizo al artículo 15-A y que las obliga a cumplir –en caso de que su proveedor no lo haga– la falta de prestaciones a sus empleados, aunque no los haya contratado directamente. Las reformas también establecen la obligación de las firmas subcontratistas de informar al IMSS lo referente a todos los contratos que firmen con sus clientes, incluidos los detalles sobre cuántos trabajadores participan en cada proyecto.
“Por querer eliminar el outsourcing malo, que busca evadir el pago de impuestos y prestaciones, se está afectando la subcontratación válida y legal”, dijo Gabriel Pizá, especialista en derecho laboral del despacho Basham, Ringe y Correa, e informó que sólo ellos presentarán alrededor de 230 amparos.
Por el contrario, Thierry Gonet Crabos, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), consideró que sólo las empresas que no cumplen hoy con la ley podrían tener problemas con la modificación al artículo 15-A, por lo que descartó que alguno de sus socios busque la opción. De las empresas afiliadas a AMECH ninguna se amparó de cotizar al Seguro Social y pagar las aportaciones. No creo que sea un tema negociable, la ley es la ley, y hay que cumplir lo que dice.
Por su parte, Martha Barroso, directora de Business Unit Support de Manpower, consideró positiva la reforma dado que eliminará a la competencia desleal de outsourcing. No nos ampararemos.
Y es que el potencial de la tercerización es enorme. Un estudio de KPMG reveló que, a partir de 2012 el negocio en Latinoamérica (México, Brasil, Chile y Colombia) significará 450 mil millones de dólares: 4 por ciento del mercado mundial, liderado por China, India y Malasia.
Sin embargo, según la AMECH, durante 2009 sólo dos de cada 11 trabajadores obtuvieron base luego de haber sido contratados bajo la tercerización. Y el promedio de duración de los contratos eventuales para los que no se colocaron definitivamente sumó siete meses; 195 mil trabajadores recibieron altas-IMSS vía outsourcing, pero 160 mil regresaron a la calle, mientras sólo 35 mil pasaron a ser de planta.
En el caso de los sectores sociales, servicios, administrativo, construcción, farmacéutica e investigación tecnológica, los trabajadores subcontratados alcanzaron 26 por ciento del total. En la agricultura, silvicultura y pesca, 39 por ciento. En restaurantes y hoteles, 42 por ciento. En gobierno, 37 por ciento.
Las entidades federativas con mayor demanda fueron Distrito Federal, estado de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua.
Los puestos para los que se requirió más personal fueron: demostradores (3 mil a 4 mil 500 pesos), promotores de ventas (4 mil a 5 mil pesos), atención a clientes (4 mil 500 a 7 mil 500 pesos), operativos (3 mil 500 a 6 mil pesos) y puestos administrativos (7 mil a 12 mil pesos).
Por niveles de edad, 33 por ciento de los contratados estaban entre 21 y 25 años, 26 por ciento 26-30 años y 24 por ciento 31-45 años.
De los menores de 21 años, 10 por ciento lograron obtener empleo, y sólo 8 por ciento de los mayores de 45 años se colocaron.
Según KPMG, para abril de 2010, 84 por ciento de las compañías utilizaron el outsourcing para reducir costos y sólo la minoría buscaron la innovación.
Se dio incluso el caso de un alto ejecutivo despedido por Coca Cola y que la demandó –por fraude genérico o simulación– al valerse del outsourcing para evadir el reparto de utilidades y otras prestaciones que por ley le correspondían.
Para la AMECH las firmas de outsourcing podrían evadir la friolera 2 mil 400 millones de pesos anuales de cuotas obrero-patronales. Y ello sin siquiera considerar que hasta 80 por ciento de los contratos colectivos de trabajo registrados en las juntas federal y locales de Conciliación y Arbitraje son de protección. Ello potencia la evasión de las responsabilidades patronales. Y en mayo urgía al gobierno para que acelerara la regulación sobre cooperativas que operan en la ilegalidad dado que, desde julio de 2009, se había iniciado un operativo nacional.
¿Y el combate a fondo de Javier Lozano?
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Marcos Roitman Rosenmann: Interpretando la filtración de Wikileaks
Algo huele a podrido. El contenido de los documentos redactados por funcionarios de las embajadas de Estados Unidos emplazas en el mundo no puede dejarnos indiferentes. En primer lugar podemos constatar el bajo perfil y la mediocridad de quienes redactaban dichos memorandos. Ahora bien, la ingenuidad política no existe. Por este motivo cabe preguntarse, sin ánimo de incordiar: ¿cuál ha sido la razón por la cual Wikileaks dio la exclusiva a cinco empresas privadas de la comunicación? Lo que en principio debía ser acto de democracia informativa se transforma en un show mediático. Cuesta digerir la decisión de Wikileaks, más aún cuando los cinco medios elegidos: Le Monde, The Guardian, The New York Times, Der Spiegel y El País, optaron por actuar al unísono y poner en conocimiento del Departamento de Estado estadunidense su contenido, antes de lanzarlo al público. Así comienza la adulteración. ¿Tal vez Wikileaks pensó en proteger a los informantes y de paso evitar un linchamiento a sus principales directivos? Un quid pro quo. En cualquier caso, en medio de las campañas para desprestigiar, silenciar, ahogar económicamente y pedir la cabeza de Julian Assange, fundador y editor jefe de Wikileaks, lo cierto es que son cinco trasnacionales de la comunicación las encargadas de seleccionar los documentos que salen a la luz pública. Como si se tratara de una telenovela, cada entrega desvela protagonistas cuyas miserias, fantasmas e interioridades no dejan de impresionarnos. Así, se descubren dirigentes megalómanos con delirios de persecución, siempre pidiendo a Estados Unidos que solucione sus problemas y ponga orden en el mundo, y de paso les dé una manita para seguir con sus reaccionarias políticas domésticas. Pocos se escapan. En países europeos, asiáticos, latinoamericanos y africanos emergen los perritos falderos. México, Colombia, Arabia Saudita, Pakistán, España o Italia. Pero lo dicho no es una sorpresa, forma parte del seguidismo de dirigentes de poca talla política e intelectual que hoy gobiernan el mundo, productos del marketing electoral y cuyos méritos consisten en plegarse a los designios de las trasnacionales y el capital financiero.
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La reflexión sobre la condición actual de la política mexicana implica un tema nodal: el dilema de la paz civil. No es un dilema nuevo. Es tan antiguo como el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX. Hoy se presenta bajo formas inéditas y desconocidas, pero su historia alcanza la fundación de la República misma. Si se quiere aspirar a un poco de rigor en el análisis social, siempre es conveniente distinguir los fenómenos más duraderos y persistentes –aquellos que fijan los paradigmas centrales del espacio de experiencia de una sociedad– de los que van cambiando día con día en las variables contingencias de sus aspiraciones y expectativas. El error en política consiste frecuentemente en confundir ambas dimensiones, en diluir estos diferendos –para usar el lenguaje de Jacques Derrida–, en sobresellar o yuxtaponer los deseos con las pulsiones.
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Gustavo Gordillo /III: Izquierdas: del ogro filantrópico al vampiro desobligado
Si uno lo asume en una definición restrictiva, la transición hacia la democracia iniciada en 1977 con la propuesta política planteada por Reyes Heroles en Chilpancingo y acuerpada en la reforma electoral que impulsó López Portillo, culminó en las elecciones de 1997. La alternancia en el gobierno federal en 2000 fue una de las posibles consecuencias de lo ganado a partir de 1997 en un largo proceso zigzagueante. El voto se contó y contó, comenzó a emerger un incipiente sistema de partidos, se inauguró la etapa de gobiernos divididos, ocurrieron alternancias en los poderes ejecutivos estatales, comenzó a reanimarse un cierto grado de equilibrios desde los poderes legislativo y judicial y se ampliaron en general las libertades individuales.
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Immanuel Wallerstein: ¿Nos ponemos a discutir la pobreza?
Durante los 15 o 20 años en que el Consenso de Washington dominó el discurso del sistema-mundo (circa 1975-1995), la pobreza fue una palabra tabú, aun cuando se incrementaba a saltos y zancadas. Se nos dijo que lo único que importaba era el crecimiento económico, y que el único camino al crecimiento económico era dejar que el mercado prevaleciera sin interferencia estatista alguna –excepto, por supuesto, aquella del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro estadunidense.
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Bernardo Bátiz V.: Los jóvenes y la justicia
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, rindió hace unos días el tercer informe anual de su gestión y junto con los datos estadísticos de expedientes, juicios a cargo de magistrados y jueces, sentencias dictadas y otros detalles sobre la actividad del Poder Judicial de la ciudad, tocó otros temas. Entre ellos, el relativo al mejoramiento material de oficinas y área de trabajo, un caso destacado, (opino yo), fue el arreglo, limpieza y reparación del hermoso edificio de Niños Héroes, que recuperó dignidad y elegancia. También, como ya es costumbre en los informes de labores, aun en los del Poder Judicial, hubo un mensaje sobre asuntos políticos y sobre políticas concretas.
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María Teresa Priego
Marcial Maciel y los escalones para ganarse el cielo
Marcial Maciel y los escalones para ganarse el cielo
“Marcial fue un criminal sin escrúpulos”, Benedicto XVI, mayo del 2010. Rotundo. Para miles de personas la tierra giró distinto. En el caso de quienes anhelaron/necesitaron seguir sosteniendo la figura de Maciel, de golpe se les arrebataba su “verdad” absoluta. Para esos mismos que eligieron (lealtad ciega o conveniencia) creer/ o fingir que creían en el “complot contra la iglesia”. Para los que eligieron ignorar los avasallantes testimonios de las víctimas de Maciel. Las investigaciones, entrevistas, archivos hechos públicos. Para ellos el golpe fue devastador. Y la tierra giró distinto también para aquellos a quienes la palabra “Criminal”, les ofreció un acto de resarcimiento simbólico indispensable (más que tardío) El reconocimiento público de la dignidad y veracidad de sus palabras (fueron siempre veraces y dignas) desde las entrañas mismas de la Institución que intentó por décadas encadenarlos a la auto-negación y al silencio.
“Yo era su lo que quieras, su amante o lo que sea. No, nunca me consideraría su amante. Ahora me veo como su preferido,” Juan José Vaca (y su dolor, su culpa, su proceso interior, su lucha) encuentro con Carmen Aristegui, en “Maciel: historia de un criminal”, selección de entrevistas con prólogo de Granados Chapa. Secuencia en la que Carmen y sus interlocutores logran aprehender las aristas de una historia de inimaginables complejidades. Cada uno desde el lugar de su vivencia, su especialidad, sus años de indagar. Y la periodista cumple una vez más –junto a ellos- el compromiso moral que eligió en el 2002: Escuchar y hacer escuchar a las víctimas amordazadas. Ofrecernos contenidos para analizar y desentrañar.
Desde los testimonios de los secretos de la alcoba disfrazada de “enfermería”, en la que niños y adolescentes eran forzados a aliviar “dolores” de un hombre al que necesitaban y amaban como a un padre, hasta los mecanismos de ocultamiento del Vaticano, cohechos , el engaño a las familias de los seminaristas. Los donadores. Pasando por dos esposas de Maciel. Sus tres hijos. Escuelas legionarias. Y las islas Caimán. A Miguel Ángel Díaz Rivera, el ex legionario que se retractó tras firmar la carta de denuncia, Carmen le pregunta: “Cuando usted puso su firma ahí, ¿estaba convencido de que lo que ahí se decía era verdad?”. “Sí”. “Y cuando Maciel le pide que se retracte, ¿por qué va contra esa verdad?”. Él responde: “Usted me pone la pregunta más complicada de mi vida”.
“Cuando Benedicto XVI dice que el principal enemigo de la iglesia está adentro, ¿a qué se refiere?”, Bernardo Barranco (sociólogo de las religiones) “Benedicto XVI quiere decir que la iglesia católica enfrenta una doble perversión: una sexual y una política. La perversión política es ese modelo de iglesia que sacraliza el poder”. Roberto Blancarte: (historiador de las religiones) “Acá estamos en otro mundo, el de un tipo que cree que es el vicario de Cristo, de Dios. He visto a muchos simpatizantes de los legionarios, en distintos grados, están en una especie de crisis; están atónitos”.
Flora Garza Barragán, narra cómo su madre apoyó a Maciel. Y como Maciel la abandonó, cuando no pudo pagar más. “Un licenciado muy católico, fue a pedirnos que le diéramos tres terrenos a Maciel, para que mamá subiera el último escalón al cielo. ‘Qué lástima que el cielo tenga escalones, porque mamá no los va a subir’”. Fernando González (psicoanalista) indaga los entramados del sometimiento. “Complicidad” obligada. “El arte está en mantener en compartimientos estancos los mismos escenarios. Sólo una parte de sus ayudantes asiste como cómplices activos a la conjunción del todo…produciendo inverosimilitud en aquellos que de pronto asistan a un momento de intersección que produce disonancia cognoscitiva y afectiva…Esta violencia es de las más insidiosas”.
Constantes en los testimonios de imaginarios que Maciel introyectó en sus víctimas: Era un santo. Al niño/adolescente en turno se le hacía vivir como si tuviera una posibilidad extraordinaria ante sí: ser “El preferido”, El elegido como “único”, por la mirada omnipotente del santo. La creación en las víctimas de un sentimiento de deuda y gratitud desproporcionadas. Tremendamente doloroso. El pacto de los jóvenes legionarios con Maciel, era un inmenso pacto de amor. “Fui el único que se ordenó con los ornamentos que usó el padre Maciel y que estaban guardados como reliquia”, Miguel Ángel Díaz.
Pensé en la obra “relatividad” de Escher, las personas con los rostros vendados, representan escenas. Suben o bajan escaleras. Cortados los unos de los otros. Sumergidos en la ajeneidad. Desde el seminario, José Barba escribió a su madre: “Yo sólo quisiera tener unos brazos donde poderme echar a llorar sin hablar nada”. ¿Y cuánto lloraron? Hasta tocar sus palabras. Tocar las palabras de los otros. Hasta orillar al Vatican a declarar: “Fue un criminal sin escrúpulos”.
Escritora
“Yo era su lo que quieras, su amante o lo que sea. No, nunca me consideraría su amante. Ahora me veo como su preferido,” Juan José Vaca (y su dolor, su culpa, su proceso interior, su lucha) encuentro con Carmen Aristegui, en “Maciel: historia de un criminal”, selección de entrevistas con prólogo de Granados Chapa. Secuencia en la que Carmen y sus interlocutores logran aprehender las aristas de una historia de inimaginables complejidades. Cada uno desde el lugar de su vivencia, su especialidad, sus años de indagar. Y la periodista cumple una vez más –junto a ellos- el compromiso moral que eligió en el 2002: Escuchar y hacer escuchar a las víctimas amordazadas. Ofrecernos contenidos para analizar y desentrañar.
Desde los testimonios de los secretos de la alcoba disfrazada de “enfermería”, en la que niños y adolescentes eran forzados a aliviar “dolores” de un hombre al que necesitaban y amaban como a un padre, hasta los mecanismos de ocultamiento del Vaticano, cohechos , el engaño a las familias de los seminaristas. Los donadores. Pasando por dos esposas de Maciel. Sus tres hijos. Escuelas legionarias. Y las islas Caimán. A Miguel Ángel Díaz Rivera, el ex legionario que se retractó tras firmar la carta de denuncia, Carmen le pregunta: “Cuando usted puso su firma ahí, ¿estaba convencido de que lo que ahí se decía era verdad?”. “Sí”. “Y cuando Maciel le pide que se retracte, ¿por qué va contra esa verdad?”. Él responde: “Usted me pone la pregunta más complicada de mi vida”.
“Cuando Benedicto XVI dice que el principal enemigo de la iglesia está adentro, ¿a qué se refiere?”, Bernardo Barranco (sociólogo de las religiones) “Benedicto XVI quiere decir que la iglesia católica enfrenta una doble perversión: una sexual y una política. La perversión política es ese modelo de iglesia que sacraliza el poder”. Roberto Blancarte: (historiador de las religiones) “Acá estamos en otro mundo, el de un tipo que cree que es el vicario de Cristo, de Dios. He visto a muchos simpatizantes de los legionarios, en distintos grados, están en una especie de crisis; están atónitos”.
Flora Garza Barragán, narra cómo su madre apoyó a Maciel. Y como Maciel la abandonó, cuando no pudo pagar más. “Un licenciado muy católico, fue a pedirnos que le diéramos tres terrenos a Maciel, para que mamá subiera el último escalón al cielo. ‘Qué lástima que el cielo tenga escalones, porque mamá no los va a subir’”. Fernando González (psicoanalista) indaga los entramados del sometimiento. “Complicidad” obligada. “El arte está en mantener en compartimientos estancos los mismos escenarios. Sólo una parte de sus ayudantes asiste como cómplices activos a la conjunción del todo…produciendo inverosimilitud en aquellos que de pronto asistan a un momento de intersección que produce disonancia cognoscitiva y afectiva…Esta violencia es de las más insidiosas”.
Constantes en los testimonios de imaginarios que Maciel introyectó en sus víctimas: Era un santo. Al niño/adolescente en turno se le hacía vivir como si tuviera una posibilidad extraordinaria ante sí: ser “El preferido”, El elegido como “único”, por la mirada omnipotente del santo. La creación en las víctimas de un sentimiento de deuda y gratitud desproporcionadas. Tremendamente doloroso. El pacto de los jóvenes legionarios con Maciel, era un inmenso pacto de amor. “Fui el único que se ordenó con los ornamentos que usó el padre Maciel y que estaban guardados como reliquia”, Miguel Ángel Díaz.
Pensé en la obra “relatividad” de Escher, las personas con los rostros vendados, representan escenas. Suben o bajan escaleras. Cortados los unos de los otros. Sumergidos en la ajeneidad. Desde el seminario, José Barba escribió a su madre: “Yo sólo quisiera tener unos brazos donde poderme echar a llorar sin hablar nada”. ¿Y cuánto lloraron? Hasta tocar sus palabras. Tocar las palabras de los otros. Hasta orillar al Vatican a declarar: “Fue un criminal sin escrúpulos”.
Escritora
Porfirio Muñoz Ledo
El laberinto de Cancún
El laberinto de Cancún
Cancún no ha sido el símbolo de conferencias mundiales exitosas que, si bien reafirman su posición turística, conducen invariablemente a la frustración. Así la cumbre entre mandatarios del norte y del sur en octubre de 1981, donde se alcanzó la promesa de “iniciar con urgencia una ronda de negociaciones económicas mundiales” que jamás pudieron concretarse. Peor aún la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio en 2003, que tuvo un final abrupto sellado por el suicidio del joven coreano.
La COP16 ha revelado las fronteras infranqueables de sustancia y de método que impiden avances efectivos en la emisión de gases de efecto invernadero, sin lo cual no se detendrá el cambio climático. Los gobiernos se hallan extraviados en el laberinto de las transferencias tecnológicas, los fondos verdes, la prolongación del Protocolo de Kioto, las medidas parciales de “mitigación” y “adaptación” y las responsabilidades “comunes pero diferenciadas” que muchos asumen, salvo los países más contaminantes.
Se está cerrando un ciclo iniciado poco después del primer Cancún: el periodo neoliberal. Las negociaciones que habíamos proyectado versaban sobre el sistema monetario y financiero, la energía, el comercio y el desarrollo. Sucumbieron junto con el desplome del precio del petróleo que privó de dientes al tercer mundo, desató la crisis de la deuda, desalentó la sustitución de fuentes energéticas y generó abismos de desigualdad. En ese sentido, el calentamiento de la tierra es la otra cara del desastre financiero.
Las cuestiones cardinales que determinan el cambio climático están fuera del tablero de la COP: son nada menos que el consumo inmoderado de grandes potencias, la extensión de la miseria, el armamentismo nuclear y convencional, la primacía del capital especulativo, el abuso de los combustibles fósiles y la prevalencia de un modelo depredador de producción. El medio ambiente es tan sólo la víctima de esos jinetes. Si no se les doma, terminarán erosionando al planeta.
Recordemos la paradoja de la cumbre sobre financiamiento para el desarrollo —Monterrey, marzo de 2002— que en ausencia de los ministros de finanzas, concluyó en generalidades. La falta de una gobernabilidad racional exhibe la obsolescencia de las Naciones Unidas pero condensa también, a nivel mundial, el libertinaje del mercado y el secuestro de la autoridad pública por los poderes fácticos. El hecho de que Estados Unidos haya sido gobernado durante las últimas décadas por familias petroleras está en el centro de la crisis.
Por tales razones, en el Convenio Marco que rige la materia se hicieron extensivas las prerrogativas concedidas a los países más poderosos en el Consejo de Seguridad a través del derecho de veto y en el FMI por el voto ponderado. Quienes poseen armas nucleares deciden sobre la paz y quienes tienen más dinero resuelven sobre financiamiento. Aquí, quienes emiten más del 40% de los gases pueden bloquear los acuerdos. El banco de sangre administrado por los vampiros.
El Convenio distingue inclusive (artículo 4 numeral 2) entre “las partes que son países desarrollados y las demás partes”. Si bien estipula que “cada una de ellas adoptará políticas nacionales y tomará las medidas correspondientes” no establece métodos de verificación obligatorios. De su reglamento se infiere (artículo 42) que “las decisiones de fondo deberán adoptarse por consenso”, con lo que se han vuelto inasequibles los compromisos vinculantes sobre los asuntos que verdaderamente importan. Imposible ocultar el sol con fatigas y sutilezas diplomáticas.
A ello se debe el traslado gradual de responsabilidades hacia los parlamentos, las autoridades locales, las empresas y las organizaciones de la sociedad, que comenzamos a actuar no sólo de modo complementario sino supletorio, como quedó de manifiesto en Cancún. Se nos ha regateado con mezquindad y temor la participación en las deliberaciones. Poco podríamos hacer dentro de un esquema viciado, excepto incrementar nuestra capacidad de denuncia. Valdría más que empleásemos nuestras propias potestades para inducir transformaciones radicales.
Diputado federal del PT
La COP16 ha revelado las fronteras infranqueables de sustancia y de método que impiden avances efectivos en la emisión de gases de efecto invernadero, sin lo cual no se detendrá el cambio climático. Los gobiernos se hallan extraviados en el laberinto de las transferencias tecnológicas, los fondos verdes, la prolongación del Protocolo de Kioto, las medidas parciales de “mitigación” y “adaptación” y las responsabilidades “comunes pero diferenciadas” que muchos asumen, salvo los países más contaminantes.
Se está cerrando un ciclo iniciado poco después del primer Cancún: el periodo neoliberal. Las negociaciones que habíamos proyectado versaban sobre el sistema monetario y financiero, la energía, el comercio y el desarrollo. Sucumbieron junto con el desplome del precio del petróleo que privó de dientes al tercer mundo, desató la crisis de la deuda, desalentó la sustitución de fuentes energéticas y generó abismos de desigualdad. En ese sentido, el calentamiento de la tierra es la otra cara del desastre financiero.
Las cuestiones cardinales que determinan el cambio climático están fuera del tablero de la COP: son nada menos que el consumo inmoderado de grandes potencias, la extensión de la miseria, el armamentismo nuclear y convencional, la primacía del capital especulativo, el abuso de los combustibles fósiles y la prevalencia de un modelo depredador de producción. El medio ambiente es tan sólo la víctima de esos jinetes. Si no se les doma, terminarán erosionando al planeta.
Recordemos la paradoja de la cumbre sobre financiamiento para el desarrollo —Monterrey, marzo de 2002— que en ausencia de los ministros de finanzas, concluyó en generalidades. La falta de una gobernabilidad racional exhibe la obsolescencia de las Naciones Unidas pero condensa también, a nivel mundial, el libertinaje del mercado y el secuestro de la autoridad pública por los poderes fácticos. El hecho de que Estados Unidos haya sido gobernado durante las últimas décadas por familias petroleras está en el centro de la crisis.
Por tales razones, en el Convenio Marco que rige la materia se hicieron extensivas las prerrogativas concedidas a los países más poderosos en el Consejo de Seguridad a través del derecho de veto y en el FMI por el voto ponderado. Quienes poseen armas nucleares deciden sobre la paz y quienes tienen más dinero resuelven sobre financiamiento. Aquí, quienes emiten más del 40% de los gases pueden bloquear los acuerdos. El banco de sangre administrado por los vampiros.
El Convenio distingue inclusive (artículo 4 numeral 2) entre “las partes que son países desarrollados y las demás partes”. Si bien estipula que “cada una de ellas adoptará políticas nacionales y tomará las medidas correspondientes” no establece métodos de verificación obligatorios. De su reglamento se infiere (artículo 42) que “las decisiones de fondo deberán adoptarse por consenso”, con lo que se han vuelto inasequibles los compromisos vinculantes sobre los asuntos que verdaderamente importan. Imposible ocultar el sol con fatigas y sutilezas diplomáticas.
A ello se debe el traslado gradual de responsabilidades hacia los parlamentos, las autoridades locales, las empresas y las organizaciones de la sociedad, que comenzamos a actuar no sólo de modo complementario sino supletorio, como quedó de manifiesto en Cancún. Se nos ha regateado con mezquindad y temor la participación en las deliberaciones. Poco podríamos hacer dentro de un esquema viciado, excepto incrementar nuestra capacidad de denuncia. Valdría más que empleásemos nuestras propias potestades para inducir transformaciones radicales.
Diputado federal del PT
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