Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Desde abril de 2007, apenas a cuatro meses de iniciada la guerra contra el crimen organizado, “Felipe Calderón admitió que habría cometido un error de cálculo sobre la profundidad y amplitud de la corrupción y también sobre la penetrante influencia del narcotráfico en México, que estaba más allá de toda comprensión”.
Lo anterior se desprende de la información proporcionada por José María Aznar al embajador de Estados Unidos en Madrid, Eduardo Aguirre, pocos días después de que el otrora mandatario español conversara en Los Pinos con Calderón Hinojosa. Testimonio que, como otros de los muchos que aún faltan, conocemos por la extraordinaria labor informativa desplegada por Wikileaks y su fundador Julian Assange, ahora prisionero en Londres merced a las exigencias del Departamento de Estado, mismo al que previamente el portal desnudó.
Un “error de cálculo” de tal magnitud, cometido por el hombre que presidió el partido gobernante, coordinó el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en San Lázaro durante el gobierno del cambio, dirigió Banobras y encabezó la Secretaría de Energía, resulta inexplicable si lo limitamos al desconocimiento e inexperiencia del abogado, economista y administrador público, y no lo asociamos a la urgencia que tenía –y aún mantiene--, por legitimarse como titular del Ejecutivo federal, como hasta hoy lo postulan los más agudos y avezados expertos en fuerzas armadas y seguridad nacional.
En su origen, pues, la guerra tiene como una de sus causales cubrir un agudo déficit de legitimidad.
En noviembre de 2009, tres años después de comenzada la guerra, Carlos Pascual supervisó un documento que sostiene que “la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón carece de un aparato efectivo de inteligencia para producir información de alta calidad y operaciones específicas”.
Por si el diagnóstico del procónsul del imperio no fuera suficiente, el texto establece como uno de los desafíos “la falta de confianza entre y dentro de las instituciones del gobierno de México”, que llevó a disputas burocráticas que los ciudadanos conocieron y padeció el país. Allí está, en Londres, el embajador Eduardo Medina-Mora, y en el Palacio de Covián el cuarto titular en apenas cuatro años.
Además, ridiculiza a la Secretaría de la Defensa Nacional porque “soldados desplegados en puntos calientes operan virtualmente a ciegas”, en una línea de análisis de Pascual, sus comentaristas y espías que para el 29 de enero de 2010 juzgaron a las tropas y mandos verdes como “torpes, descoordinadas, anticuadas, burocráticas, parroquiales y con aversión al riesgo”. Por el contrario, reconocen la labor de la Secretaría de Marina, muy bien coordinada con el aparato de inteligencia estadunidense, lo que permitió asesinar a Arturo Beltrán Leyva sin que nadie rinda cuentas frente a las interrogantes quién, por qué y para qué dio esa orden.
El reporte no tiene empacho en llamar “fracaso del Cisen”, el hecho de que México “se ha quedado sin un coordinador interinstitucional efectivo de las agencias de espionaje”. Es imposible omitir que Guillermo Valdés Castellanos se ganó la dirección general a base de encuestas hechas a modo para favorecer desde temprano al candidato Calderón.
Por desgracia no es el único ni el principal caso. Reporteros que dan seguimiento acucioso a Genaro García Luna, como Anabel Hernández, amenazada de muerte, aseguran que la permanencia del ingeniero como secretario de Seguridad Pública resulta inexplicable sin la importante función que desempeñó en la campaña presidencial de su jefe para allegarle recursos económicos, presumiblemente de orígenes oscuros, sucios.
Acuse de recibo
Manuela Olivos reporta: El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas tiene información que permite concluir que instancias del gobierno de Chiapas, hacen uso de medios directos e indirectos para restringir la libertad de expresión e información, además de hostigar al periodista Antony Flores Mérida, reportero y creador del sitio www.infochiapas.com, mismo que administra y comparte en las redes sociales a través del twitter y facebook, en donde se ha publicado información que, por su profesionalismo, es compartida por periodistas independientes en Chiapas”… El Centro de Periodismo y Ética Pública considera que “autoridades federales ponen en riesgo la integridad del reportero del semanario Proceso, Ricardo Ravelo, al haber filtrado a una televisora fragmentos de una declaración ministerial de Sergio Villarreal Barragán, señalado como uno de los principales líderes de cártel de los hermanos Beltrán Leyva, quien acusa al periodista de haber recibido dinero del narcotráfico para acallar información”… Esperanza Falcón Ruiz opina sobre Exhibidos por Wikileaks (8-XII-10): “En una palabra, hablan los hechos, sobran las palabras, siendo que debemos unir esfuerzos para reorientar con la participación de la sociedad las tareas reglamentarias de quienes ocupan cargos en la administración pública de los tres órdenes de gobierno”.
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