Defender a los defensores de Derechos Humanos

Navi Pillay

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, celebramos a las y los valientes defensores de derechos humanos. Algunas de estas personas son famosas y muchas otras desconocidas, pero son quienes denuncian la discriminación, la exclusión y la desigualdad.
Son estos hombres y mujeres quienes le dan un soplo de vida a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual hace 62 años le recordó a la comunidad internacional la existencia de la “dignidad inherente”, la “igualdad de derechos” y los “derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana.”
La Declaración establece los cimientos para un mundo sin miedo, miseria e intolerancia, en el que las personas que ostentan el poder sean llamadas a cuenta y los sectores vulnerables sean protegidos. El respeto a los derechos humanos de todas las personas se puede lograr si nos solidarizamos con las y los defensores de los derechos humanos, y hacemos nuestra la lucha contra la discriminación. Esta es una tarea ineludible pues la discriminación es un flagelo difícil de erradicar. Por ejemplo, la discriminación que subyace en las normas jurídicas y en las prácticas sociales intenta erróneamente convertir a las mujeres, quienes representan la mitad de la población mundial, en “ciudadanas de segunda clase” y a ser objeto de actos de violencia.
Durante mucho tiempo, los pueblos indígenas han sido considerados como invitados indeseables en sus propias tierras ancestrales. Todavía no hemos vencido al racismo, ya que las minorías y otras personas en situación de vulnerabilidad en todo el mundo continúan viviendo con miedo a sufrir ataques por motivos raciales.
Todas y todos debemos unirnos a la causa de las personas con discapacidad que son observadas con una curiosidad mórbida cuando pasan por nuestro camino pero que, muy a menudo, se vuelven convenientemente invisibles cuando reclaman sus derechos. Debemos denunciar el maltrato de trabajadores y trabajadoras migrantes irregulares, quienes, en muchos casos, son incorrectamente considerados “parias” en países que al mismo tiempo demandan su trabajo. Asimismo, hay personas en todo el mundo que soportan desprecio, violaciones a derechos humanos y violencia debido a su orientación sexual. Frecuentemente, las personas adultas mayores son consideradas como “desechables” y como “cargas” para sus familias y comunidades, en vez de que sean consideradas como fuente de experiencia y sabiduría.
Las y los defensores de los derechos humanos insisten en que tales condiciones deben solucionarse mediante una adecuada combinación de disposiciones que, tanto en la ley como en la práctica, empoderen a las víctimas, estimulen su participación y promuevan la educación pública. Muchos países con grandes historias de discriminación y exclusión hacia determinados grupos han modificado o se están organizando para cambiar sus leyes con el fin de reflejar los principios universales de igualdad y los valores consagrados en el derecho internacional. Mi propio país, Sudáfrica, ya lo hizo.
Este progreso y la conciencia de que no podemos permitir que se continúen perpetuando los ciclos de discriminación e injusticia se lo debemos a las y los defensores de derechos humanos.
Gracias a su implacable compromiso, valentía e inteligencia sabemos que es posible crear las condiciones de igualdad para que todas las personas tengan una vida digna. No obstante, muchas veces, las y los defensores de derechos humanos han tenido que pagar un precio muy alto de riesgo personal y han cambiado para siempre la manera de verse a sí mismos y a las demás personas.
Sin duda, los derechos humanos y su promoción continúan resistiendo la prueba de la historia y ganando más simpatizantes cada día, mientras que las dictaduras siguen cayendo y sus ideologías desapareciendo. Sin embargo, debemos permanecer atentos a los ataques en contra de las y los defensores de los derechos humanos.
En algunos países han surgido nuevas tendencias perturbadoras que sutilmente van en detrimento de las actividades de las y los defensores. Me refiero en particular a las legislaciones intrusivas y a las regulaciones que restringen el espacio, la independencia financiera y el área de acción de las y los defensores y de sus organizaciones. Muchas de estas legislaciones son incompatibles con los estándares y normas internacionales de derechos humanos.
En otros lugares, las leyes antiguas y abiertamente represivas han hecho de la defensa de los derechos humanos una actividad de alto riesgo. Un sinnúmero de personas que defienden derechos humanos continúan siendo víctimas de acoso o siendo forzadas a cambiar su lugar ordinario de residencia y muchas de ellas han sido encarceladas injustamente. He solicitado, y seguiré haciéndolo, que liberen a todas las personas consideradas presas de conciencia. También seguiré exigiendo el respeto de los derechos humanos y el trabajo de las y los defensores en todo el mundo.
El mes pasado, la lideresa democrática de Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue liberada después de siete años de permanecer en arresto domiciliario y declaró: “Si mi pueblo no es libre, ¿cómo puedo decir que yo soy libre? O todos somos libres juntos o no somos libres ninguno”. Estas palabras son la condensación del discurso del movimiento de los derechos humanos y de sus defensores en todo el mundo, quienes saben que la liberación se puede lograr a través de la resiliencia y la promoción.
Debemos valorar la labor de las y los defensores de los derechos humanos y protegerles. Nuestro mensaje debe ser fuerte y claro: nadie es un ser humano de “segunda clase” y nadie debe ser objeto de amenazas por decirlo.
Navi Pillay es alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Santiago Cantón

10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos

Ni una víctima más: la violencia contra las mujeres debe erradicarse de América
Al celebrarse el último Día de los Derechos Humanos de la primera década del siglo, debemos concentrarnos en los desafíos pendientes en derechos humanos para prepararnos para la próxima década. Lamentablemente, no hay que hacer mucho esfuerzo para cargar la agenda. Sin perjuicio de importantes avances, aún continúan existiendo en nuestra región demasiadas deudas pendientes: ejecuciones extrajudiciales, tortura, discriminación, brutalidad policial, pobreza, analfabetismo, son sólo algunas de ellas. Pero, indudablemente, la violencia contra la mujer que continúa abatiendo a nuestra región debe ser una prioridad principal para todos los gobiernos de las Américas.
La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en el hemisferio. En varios países de la región hay un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de los casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, las mujeres víctimas de violencia utilizan poco los sistemas de justicia, lo cual, en parte, se explica por el maltrato y discriminación que reciben al intentar acceder a recursos judiciales, así como por la persistente desconfianza de que las instancias judiciales puedan investigar y juzgar las violaciones. Esta situación de impunidad no sólo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que también perpetúa la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de sus derechos humanos.
A fines del año pasado, la Corte Interamericana emitió una sentencia histórica en un caso sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juarez, México. La Corte concluyó que las irregularidades en el manejo de evidencias, el retraso en las investigaciones, la alegada fabricación de los culpables, la ausencia de líneas de investigación que tuvieran en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneraron el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz, y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. La Corte señaló que esta ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general, y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir.
Los índices de violencia contra las mujeres son altos también en otros países de la región, y los índices de impunidad para estos crímenes son, de igual manera, inaceptables. La manera de combatir este tremendo flagelo es a través de medidas que permitan completar rápida y efectivamente los procesos penales contra los agresores involucrados en actos de violencia doméstica y violencia sexual en fueros judiciales imparciales; llevar a cabo investigaciones serias, imparciales y exhaustivas para determinar la responsabilidad de los agresores; capacitar a operadores de justicia sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres, como violaciones a los derechos humanos; garantizar que las víctimas reciban un trato digno y respetuoso al acudir a instancias judiciales, y ofrecer una reparación a las víctimas de violencia contra la mujeres.
Algunos Estados en el hemisferio han hecho esfuerzos significativos para avanzar en este sentido. Brasil, por ejemplo, adoptó el 7 de agosto de 2006 una ley especializada en violencia doméstica, la cual incluye un conjunto de intervenciones estatales destinadas a prevenir, investigar y sancionar estos actos. Esta ley lleva el nombre de María da Penha, una víctima de violencia doméstica en Brasil que quedó parapléjica como consecuencia de los golpes e intentos de homicidio de su esposo, y llevó el caso a la Comisión Interamericana.
En muchos países hay un reconocimiento formal y jurídico de la violencia contra las mujeres como un desafío prioritario, pero existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial que se ofrece. Es urgente e indispensable redoblar los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres, que cobra miles de vidas cada año y genera daños físicos, psicológicos y emocionales a las víctimas directas de esa agresión, así como a familiares y a la sociedad como un todo. Para garantizar el derecho a una vida digna de todas las mujeres de las Américas, es imperativo acabar con el patrón de impunidad que existe en muchos países de la región. La única manera de combatir la impunidad es diseñar politicas estatales para garantizar una respuesta judicial idónea, que sea inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial ante cualquier acto de violencia contra una mujer.
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)