José Luis Pérez Canchola / El Nuevo Mexicano
Tijuana, Baja California. Todo indica que al finalizar el 2010, vamos a despedir el cuarto año del gobierno de Calderón, con un saldo de 30 mil muertos a consecuencia de la guerra declarada en contra del crimen organizado. Entre las víctimas se incluyen policías y militares, así como 12 alcaldes ejecutados al igual que varios candidatos a puestos de elección popular, además de 110 niños y adolescentes muertos a consecuencia del fuego cruzado. A esto hay que agregar el saldo de 3 mil 700 huérfanos documentados según la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Este número de víctimas resulta en verdad cuantioso si lo comparamos con los 13 mil 200 muertos registrados de 1846 a 1848 durante la guerra de Estados Unidos contra México; o con los 32 mil combatientes que fallecieron durante la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Más aún, resulta oportuno recodar la guerra de 11 años entre las mafias norteamericanas durante la llamada Ley Seca que arrojó un saldo de 2 mil muertos.
La terquedad del actual gobierno de continuar con esta guerra resulta alucinante. Se trata de una matazón donde la mayoría de las víctimas son jóvenes marginados, que si bien son seducidos por grupos criminales que los atraen con dinero y droga, antes fueron víctimas de la falta de oportunidades y del abandono por parte de la sociedad y del gobierno.
Hace tiempo que la violencia alcanzó proporciones de crisis nacional. Por un lado se acumulan los cuerpos descuartizados y por otro se multiplican los casos de soldados y policías que colaboran con el crimen organizado.
Así mismo, a la vez que aumentan las víctimas inocentes de esta guerra, igualmente crece la sospecha sobre políticos que pagan campañas electorales con dinero de las drogas.
No es ninguna exageración cuando la sociedad le reprocha a la clase gobernante no sólo por ser incapaz y negligente en el combate al crimen organizado, sino además por la creciente complicidad de autoridades con la misma delincuencia.
A pesar del saldo dramático de muertos y a pesar de las decenas de miles de soldados y de policías patrullando las calles, lo cierto es que las drogas se siguen produciendo, consumiendo y exportando.
Cada año, en México se siguen comercializando según datos oficiales, un promedio de 18 toneladas métricas de heroína y 16 mil toneladas métricas de marihuana, que generan ganancias por decenas de miles de millones de dólares.
“Los esfuerzos de México en contra del tráfico de drogas –se dice en un informe del Departamento de Estado de marzo del 2009–, coincide con una baja dramática en la calidad de la cocaína y las metanfetaminas en Estados Unidos y con un aumento del precio en las calles. Lo cierto es que el flujo masivo del dinero que sale de Estados Unidos se está utilizando para financiar operaciones criminales y para corromper autoridades mexicanas”, según el mismo documento.
En medio de este caos, aparecen altos funcionarios del gobierno norteamericano declarando estar complacidos por la colaboración “sin precedentes” por parte del gobierno de México, actualmente muy interesado en ampliar las áreas de cooperación y de coordinación con Estados Unidos. La consecuencia, ante tal entreguismo del actual gobierno, fue la asignación de mil 400 millones de dólares como ayuda bajo el llamado Plan Mérida para el periodo de 2008 a 2010, cantidad que ahora el presidente Obama se propone ampliar en varios cientos de millones para el 2011. La realidad es que los norteamericanos saben muy bien que la guerra contra el crimen también es un buen negocio.
Por lo mismo, desde un principio se decidió que el 70 por ciento de los dólares destinados al Plan Mérida serían invertidos en la transferencia de equipos y tecnología estadunidense, beneficiando directamente a empresas de Estados Unidos dedicadas a la fabricación de helicópteros, aviones, tanques blindados y sistemas de comunicación como es el caso de las compañías Bell, Cessna, Dyncorp y Harris entre otras.
Esta última empresa, la Harris, se benefició con un contrato de 172 millones de dólares del Plan Mérida. Esta compañía es un conglomerado de empresas líderes en la fabricación de sistemas de comunicación inalámbricos especiales para cuerpos de seguridad y defensa.
El caso de la empresa Dyncorp es un asunto especial. Se trata de una empresa especializada en el desarrollo de sistemas de inteligencia y contrainteligencia, con operaciones en Bosnia, Haití, Colombia, Afganistán y otros lugares de conflicto siempre bajo contratos de gobiernos o de militares. Personal de esta empresa fue investigado y sancionado en Bosnia por haber organizado redes de tráfico sexual, durante su estancia en aquel país.
En Irak esta misma empresa fue acusada de fraude por haber facturado al Departamento de Estado más de 43 millones de dólares por concepto de diseño, equipamiento y uso de un campo de entrenamiento para soldados y policías de aquel país, con la circunstancia de que dicho centro de capacitación jamás existió.
A fin de cuentas la llamada guerra contra el narcotráfico no ha generado la tranquilidad y la paz que los mexicanos esperaban, pero en cambio ha propiciado una danza de miles de millones de pesos y de dólares que en México sólo han incrementado los presupuestos de las dependencias de seguridad y del Ejército, al tiempo que se favorece con jugosos contratos a las corporaciones norteamericanas antes mencionadas.
Para enredar más las cosas, los gobiernos y los legisladores de ambos países siguen organizando foros y conferencias, difundiendo estadísticas alarmantes sobre inseguridad y narcotráfico. Seguramente lo hacen para justificar el uso del dinero de los contribuyentes en una guerra irracional, sin importarles que siga corriendo la sangre de cientos de jóvenes delincuentes, pero también de policías, de soldados y de gente inocente.
En medio de este campo de batalla, no se vislumbra ninguna estrategia razonable. Lo único que tenemos a la vista es un verdadero baño de sangre con proporciones alarmantes que seguramente continuará durante todo el sexenio.
La guerra en contra del crimen organizado, más espectacular que efectiva, no se puede ganar sin combatir primero la corrupción de los políticos que utilizan dinero del narcotráfico para pagar sus campañas electorales; primero es necesario perseguir y castigar la complicidad de malos servidores públicos asociados con las organizaciones criminales; primero hay que destinar mayores recursos a educación, salud y empleo, antes que seguir aumentando el poder del Estado y de sus cuerpos de seguridad. Por este camino, nada bueno puede resultar.
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