ca para denostar y sentenciar, a la usanza de tribunal inquisitorio, a quien disiente y no se somete a los intereses del “poder”, lo que pone en entredicho la libertad de expresión y amaga con convertirse en una práctica regular.No es la primera vez que acontece. Más allá de los hechos más sonados ante la opinión pública —como los videoescándalos—, a diario se desarrolla una estrategia que socava nuestra precaria vida institucional. Sin pretender desconocer el descrédito y deterioro bien ganado de las instituciones públicas ni de los políticos y servidores públicos que las conformamos, de forma sistemática se mina la “cosa pública” pretendiendo erigir a los poderes fácticos y sus empresas en la sana conciencia de la sociedad, alentando al alimón el temor y la desconfianza en la población.
El lastimoso escenario nacional —violencia e inseguridad, desempleo, frustración y exclusión social, y falta de rumbo en la conducción del país— ha creado un caldo de cultivo que, lejos de motivar cambios profundos en la vida nacional, alienta tentaciones autoritarias en el ánimo de conservar el poder. Para ello se hace uso de todos los medios y recursos, inclusive conculcando libertades y garantías constitucionales. Un buen ejemplo es el caso que nos ocupa contra Proceso, y la “denuncia” basada en el dicho de un delincuente habilitado como testigo protegido.
La figura de testigo protegido fue creada en un paquete de reformas legislativas que se plantearon como parte de la estrategia para combatir al crimen organizado, que ha modificado sustancialmente nuestro sistema de justicia. Así se estableció la figura de arraigo, la intervención telefónica, la denuncia anónima y el allanamiento domiciliario en flagrancia. Asimismo, se endurecieron las penas tanto para delitos federales como del fuero común y se aumentaron, como nunca, los recursos públicos en materia de seguridad pública. Con ello se pretendía disuadir la actividad criminal y dar eficacia a las corporaciones policiacas. Pero, con el tiempo, se eliminó el principio de presunción de inocencia que regía nuestro sistema judicial y, lejos de cumplirse el objetivo, la delincuencia y la violencia siguen en aumento, las policías han sido sustituidas por las fuerzas armadas y en diversas regiones del país se vive una situación de excepción.
La filtración de información de los servicios de inteligencia de EU corrobora que hay falta de coordinación e incompetencia, confrontaciones entre mandos de la Procuraduría, de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, y dan cuenta de la entrega al gobierno de EU y de intentos para suspender garantías.
Lejos de revertir esta situación, Calderón alienta el encono, pretende deslindar su responsabilidad en el pasado priísta y en el inmediato del foxismo —los que sin duda jugaron su papel—, culpa al Legislativo de no aprobar sus “reformas estructurales”, cuando el grueso de las reformas y los recursos que requiere le han sido aprobadas, e insiste en la receta del endurecimiento, con iniciativas que buscan justificar la intervención de las fuerzas armadas en tareas que competen a la autoridad civil, como son las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que pretende excluir al Congreso de la declaración de excepción y suspensión de garantías; la propuesta de mando único, que busca concentrar el mando de las policías en el titular de seguridad pública federal, o las reformas al Código de Justicia Militar, que si bien acota el fuero militar, excluye el delito de ejecución extrajudicial.
El país no está para bollos. La inminencia de la sucesión presidencial y las elecciones locales que se avecinan tensarán más la política del país. La crisis de inseguridad debe remontarse con un replanteamiento de la estrategia seguida, la cual no puede continuar fundándose en medidas que parten del principio de seguridad del Estado, cuando se requiere garantizar la seguridad de la sociedad. El aparato de seguridad en México se creó bajo ese concepto y las policías se constituyeron para garantizar el control político y la seguridad de los gobernantes. Hoy es necesaria una óptica distinta, la de la seguridad ciudadana, lo que implica, lejos de las tentaciones totalitarias que conculcan derechos y libertades, el reconocimiento de que es posible combatir al crimen, sin limitar las garantías de los ciudadanos, enfrentando la enorme desigualdad social y la concentración del ingreso en unas cuantas manos, como las que hoy pretenden desacreditar el trabajo periodístico de Proceso.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD
bor del triunfo recién logrado al realizar la reposición de elecciones con base en la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que así lo ordenó en virtud de que anuló las celebradas en 2009.De forma emblemática, la única planilla que se registró asumió el nombre de 11 de octubre, pues ese día del año anterior el SME recibió un duro golpe con la extinción arbitraria e ilegítima de Luz y Fuerza del Centro, por más que la haya legalizado
posteriormente el Poder Judicial.
2010, el año de los festejos inocuos y dispendiosos, ha sido para este sindicato un periodo en que se ha puesto a prueba su capacidad de resistencia y organización, así como de lucha jurídica, palmo a palmo, ante la decisión de Estado de exterminarlo. A estas alturas resulta evidente que un sindicato como éste no guarda concordancia con el proyecto neoliberal de manejar la industria eléctrica con criterios de mercado y apertura a la inversión extranjera o nacional aliada a capital trasnacional.
Por otra parte, la embestida contra el SME no es inocente, si observamos el virtual cuestionamiento del Estado a los saldos primigenios de la Revolución Mexicana: así como el artículo 27 constitucional de 1917 fue reformado por el salinismo, los planes para hacerlo con el 123 siguen presentes. Precisamente el que no lo hayan logrado hasta ahora les hizo tomar la decisión de desmantelar a uno de los seguros puntales de defensa de los derechos de los trabajadores.
Es por demás encomiable que mas de 16 mil trabajadores de Luz y Fuerza, hoy extinta
, no aceptaran la liquidación que ofreció el calderonismo en alianza con la oposición interna en el SME al liderazgo de Martín Esparza. Justamente este aliado de ocasión, Alejandro Muñoz, pensó que su colaboracionismo le redituaría frutos ilimitados, nunca asumió que era desechable una vez usado para el golpe a este histórico sindicato. Por ello el propio secretario del Trabajo tuvo que aclarar que el SME es un sindicato de industria, por lo que la desaparición de Luz y Fuerza no conlleva la del casi centenario sindicato. Aclaró además que la reposición del proceso electoral en el SME habría de darse como lo mandó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y más aún, sin mencionarlo por su nombre, respondió a su aliado del SME y puso en blanco y negro lo que fue la relación, cobijándose en la bandera de lo que dice la ley, de la cual se asume respetuoso: “…es una exageración decir que el gobierno engañó a quienes confiaron en su palabra al recibir su liquidación de manera voluntaria… Ellos cobraron una indemnización por encima de lo que marca la Ley Federal del Trabajo, su contrato colectivo de trabajo y, además, han recibido apoyos diversos del propio gobierno para su reinserción en el mercado laboral” (Javier Lozano, El Universal, 29/11/10). El belicoso secretario ahora minimiza la maniobra y el impacto de su negativa a dar la toma de nota al SME como lo hace con toda su intervención en el golpe del 11 de octubre de 2009. Cabe preguntarse qué lo motiva a bajar la guardia cuando había asumido una actitud de provocación personal y descalificación a los líderes del SME. ¿También a él le aclararon que ya cumplió el trabajo encomendado? ¿Quién y por qué?
Es un hecho que las movilizaciones sindicales, aunadas al trabajo de denuncia a nivel internacional, así como la persistencia del significativo número de trabajadores que se mantuvo en resistencia, elevaron el costo al calderonismo, entre otras razones porque los inversionistas también reclaman un ambiente propicio para operar, lo cual se suma a las dificultades, algunas graves, de operación de la Comisión Federal de Electricidad.
Por lo pronto, las elecciones internas con estricto apego al estatuto sindical, la participación de cerca de 27 mil trabajadores entre no liquidados y jubilados, su verificación notarial, la presencia de observadores sociales que atestiguaron la transparencia del proceso, hacen suponer que el SME obtendrá el reconocimiento y la Secretaría del Trabajo entregará la debatida toma de nota. Después de ello vendrá la búsqueda de alternativas para recomponer las perspectivas laborales de los trabajadores sindicalizados activos, ya que todos ellos siguen en espera de resoluciones judiciales a sus demandas. Seguramente la dirigencia del SME ya tiene previstos los planes y proyectos próximos que presentará a sus bases. Ellos saben que su capital fundamental está en la contribución que pueden dar para enfrentar la grave crisis que vive el país. Pese al embate recibido, se augura un buen arribo del SME a su aniversario 96. Diversos sectores sociales los acompañan, pero habría que señalar las ausencias notorias en los grandes sindicatos que subsisten. Estamos así ante otro centenario.
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