No podría hablarse de la situación que vivió el país durante 2010 sin referirnos a lo que tiene que ver con los derechos humanos. Vivimos un año permeado de noticias que, en términos generales, informaron sobre asesinatos individuales y colectivos, comunidades desprotegidas y vulneradas por la violencia, desplazamientos de comunidades enteras, desapariciones de personas, encarcelamientos, torturas y un sinnúmero de situaciones que implicaron graves violaciones a los derechos humanos. Pero existen elementos profundos que implican situaciones concretas con nombres específicos. Es desafortunado que en los espacios de mayor difusión se presente reiteradamente como justificación una llamada “guerra contra el narcotráfico”, fomentando entre la población una serie de imaginarios que no aportan para la construcción de una sociedad pacífica en la que los derechos humanos sean prioridad para generar condiciones de vida digna para la mayor parte de los mexicanos.
Entre una serie de crisis: los efectos de la económica mundial en la economía nacional, más allá de los triunfalismos retóricos oficiales; la del medio ambiente, con el cambio climático y la deforestación de grandes espacios de nuestro territorio, la alimentaria, etcétera. Es evidente que en México vivimos una grave crisis política y de seguridad, que está implicando y “justificando” constantes violaciones a los derechos humanos.
Es preocupante que, en este contexto, no le estamos llamando a las cosas por su nombre, de tal forma que, en definitiva, nadie se hace responsable de una situación tan lamentable como la que padecemos. Hablar de violaciones a los derechos humanos no sólo tiene que ver con lo que se dice, sino con el hecho de que la vida de las personas se encuentra en peligro, y vulnerada principalmente por la acción, omisión o ineficiencia de las instituciones del Estado, entendido éste como el administrador social de los bienes que pertenecen a toda la nación, el que procura y administra imparcialmente justicia, y el que garantiza con sus leyes y ordenamientos una convivencia pacífica entre todas las personas y grupos que, aun teniendo distintos orígenes étnicos, compartimos un mismo territorio, un mismo destino, una misma historia y diferentes culturas y lenguas.
¿Por qué no nombrar las cosas por su nombre? Porque todo sucede y no hay, en definitiva, responsables a los que se les pueda exigir respuestas. Por tanto, las injusticias, traducidas en violencia y violaciones a los derechos humanos, se convierten en cosa de todos los días, y las responsabilidades del Estado no se ponen de manifiesto. Su desempeño en esta materia sigue siendo irresponsable.
El reconocimiento de los derechos humanos ha significado una larga historia de luchas sociales y de acuerdos entre Estados. De ahí su formulación en documentos concretos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y, posterior a ella, la larga serie de pactos, convenciones, protocolos y otros instrumentos internacionales que han venido protegiendo a las personas más proclives a ser vulneradas y transgredidas en su dignidad. A este respecto, vale la pena hacer notar que, de acuerdo con el informe emitido por la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, el Estado mexicano había ratificado hasta 2007 alrededor de 1 mil 270 instrumentos, de los cuales sólo 88 tenían que ver con los derechos sociales. Y que con referencia a los derechos laborales, son ya alrededor de 69 los instrumentos que México se ha comprometido a cumplir. Las principales poblaciones que por ello tendrían que contar con la mayor protección por parte del Estado mexicano son las mujeres, la infancia, los trabajadores, las personas discapacitadas, los indígenas y los migrantes. Para ello, debe generar condiciones para hacer cada vez más vigentes sus derechos, evitar retrocesos y discriminaciones, protegerlos de terceros que los comprometan y abstenerse de toda medida que los obstaculice, pues, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales instrumentos son, al menos hasta ahora, ley suprema de la Unión. Los principales instrumentos aprobados por México que establecen responsabilidades inmediatas del Estado en materia de derechos humanos, en sus diferentes órdenes de gobierno, son el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ratificado el 17 de diciembre de 1979, y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, ratificada el 29 de noviembre de 1985.
Es lamentable que a pesar de que México está obligado a cumplir con los derechos de las personas, la situación que se presenta actualmente refleje la falta de cumplimiento de las responsabilidades específicas que tiene en el país cada poder y cada órgano de gobierno. He aquí algunos ejemplos:
Durante la primera quincena del mes de octubre de 2010, Gabriela Knaul, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados, estuvo de visita para analizar el nivel de autonomía del Poder Judicial y la imparcialidad de magistrados, jueces, abogados y ministerios públicos, así como la accesibilidad de la población al sistema de justicia. En esta visita, se reiteró que, además de que en México no se cuenta todavía con un marco legal suficiente para garantizar y hacer cumplir los derechos humanos en su totalidad, se han generado nuevas disposiciones violatorias con figuras como el arraigo, así como con la creación de un subsistema penal de excepción para los casos de delincuencia organizada.
El año que acaba de terminar cerró, si es que podemos decir que lo hizo, con varios pendientes importantes de derechos humanos en el Poder Legislativo: la anunciada reforma política y las trascendentales iniciativas de reforma sobre el fuero militar; la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica; el dictamen sobre la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la definición de quien tendrá que sustituir al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las iniciativas de ley sobre la competencia en materia económica y el lavado de dinero, entre otros.
Las acciones y omisiones en materia de derechos humanos fundamentales por parte del Estado se han traducido en más de 30 mil 196 muertes, ocurridas desde diciembre de 2006, de las cuales 12 mil 456 aproximadamente se presentaron en 2010. De acuerdo con datos de 2010, la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas, niños y jóvenes. Asesinatos que no sólo tienen que ver con el fuego cruzado, sino con la omisión del Estado para darles seguimiento en su investigación y sanción, y clasificados incluso como “daños colaterales”, en una guerra que pretende justificar un mayor despliegue de fuerzas armadas y de policías.
México recibió en 2010 sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en el caso de Inés y Valentina, en Guerrero; en el del Campo Algodonero, y en el de Rosendo Radilla. Lamentablemente, las respuestas por parte del Estado han sido redundantes y sin sustancia de cumplimiento. Esta misma instancia ha emitido, desde 2006 a la fecha, un total de 24 medidas cautelares, de las cuales 10 se generaron en 2010. Dichas medidas son sistemas de protección personales y colectivas en caso de que las personas corran algún riesgo por defender sus derechos fundamentales. La gran mayoría de ellas tiene que ver con casos poco nombrados por el Estado mexicano: el Municipio Autónomo de San Juan Copala, la Comunidad Indígena Mixteca Lázaro Cárdenas y el presbítero Pedro Pantoja, de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, entre otros.
Decir que cerramos 2010 con una evaluación de la situación de los derechos humanos y las responsabilidades del Estado resulta muy complicado, pues es evidente que aún no existe un verdadero compromiso de las autoridades en sus distintos niveles y en sus diferentes órdenes de gobierno para hacer valer los derechos de las personas. Las responsabilidades tienen que recaer en quienes toman decisiones políticas y administrativas, quienes formulan las leyes y quienes imparten justicia. Pero eso no puede ser posible si sigue creciendo el desconocimiento de sus competencias en esta materia.
*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
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