Se deben agilizar mecanismos para decretar Alerta de Género: OSC
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 13 ene 11 (CIMAC).- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exigieron que se modifique la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), así como su reglamento, a fin de agilizar los mecanismos encargados de prevenir y sancionar las agresiones contra las mexicanas.
En conferencia de prensa, María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), advirtió que debe ser plural la integración del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, luego de que –explicó- se “partidizó” su decisión respecto a la solicitud de grupos civiles para que se investigaran los asesinatos de 992 mujeres en el Estado de México.
El pasado 11 de enero, el Sistema Nacional desechó por 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, iniciar una investigación por el feminicidio y eventualmente decretar una Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad mexiquense. De acuerdo con la LGAMVLV, el Sistema Nacional está integrado por las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Seguridad Pública; Educación Pública y Salud, así como por la PGR, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y los institutos de las mujeres en las entidades federativas. Tiene por objeto “la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
María de la Luz Estrada dijo que la negativa del Sistema Nacional sobre el feminicidio en el Edomex da cuenta de que el mecanismo “no funciona”. “El Edomex es un foco rojo que si no se atiende se va desbordar; nosotras tenemos la voluntad pero la autoridad no quiere entrar a fondo. Pasan los años y vemos el incremento (de la violencia); en 2005 documentamos 90 asesinatos, hoy hay más de 200 al año”, advirtió. “En el caso del Estado de México, de 2005 a 2010 se registraron 922 asesinatos dolosos de mujeres, de ellos, en 526 casos se desconoce quién asesinó a las mujeres”, abundó. Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, detalló que ante el gran número de asesinatos registrados, el pasado 8 de diciembre el OCNF y la Comisión, solicitaron al Sistema Nacional una solicitud para investigar los asesinatos contra mujeres en el Estado de México y posteriormente la procedencia de la emisión de la AVG, mecanismo que tiene como propósito que el gobierno emprenda acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida por un individuo o una comunidad.
Las activistas afirmaron que la determinación del Sistema Nacional de negar la posibilidad de una investigación para declarar la AVG en el Edomex va contra los estándares internacionales y fortalece el patrón de impunidad y discriminación en la que se enmarca y agudiza el feminicidio. Por ello adelantaron que presentarán un amparo ante el Poder Judicial, para la cual tienen un plazo de 15 días, a partir de la notificación que recibieron ayer como peticionarias de la AVG. Para fundamentarlo solicitarán la versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Sistema Nacional, ya que como representantes de la sociedad civil se les negó el acceso a la reunión. Subrayaron que esa negativa servirá para argumentar que el Sistema Nacional no responde a las necesidades para proteger los derechos de las mujeres. “Exigimos la modificación de la Ley General a fin de que se incluya la participación ciudadana y académica en el Sistema Nacional y se garantice un mecanismo imparcial y efectivo”, reiteraron. Además exigieron que los Institutos de las Mujeres estén dirigidos por mujeres comprometidas con sus derechos no con los intereses políticos.
Lo anterior ya que de acuerdo con María de la Luz Estrada, las titulares de los Institutos de las Mujeres de Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Edomex, votaron en contra de que se investigara el feminicidio en el Estado de México. “Antepusieron sus intereses partidistas por encima de la vida de las mexiquenses, protegiendo a los funcionarios que han sido incapaces de proteger o de garantizar la vida de éstas”, acusó. La diputada Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, recordó que el procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, se comprometió en septiembre de 2010 a implementar 10 puntos claves para contribuir a la erradicación del feminicidio, por lo que en breve solicitarán una reunión con el funcionario para que informe al respecto.
México, DF, 13 ene 11 (CIMAC).- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exigieron que se modifique la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), así como su reglamento, a fin de agilizar los mecanismos encargados de prevenir y sancionar las agresiones contra las mexicanas.
En conferencia de prensa, María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), advirtió que debe ser plural la integración del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, luego de que –explicó- se “partidizó” su decisión respecto a la solicitud de grupos civiles para que se investigaran los asesinatos de 992 mujeres en el Estado de México.
El pasado 11 de enero, el Sistema Nacional desechó por 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, iniciar una investigación por el feminicidio y eventualmente decretar una Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad mexiquense. De acuerdo con la LGAMVLV, el Sistema Nacional está integrado por las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Seguridad Pública; Educación Pública y Salud, así como por la PGR, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y los institutos de las mujeres en las entidades federativas. Tiene por objeto “la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
María de la Luz Estrada dijo que la negativa del Sistema Nacional sobre el feminicidio en el Edomex da cuenta de que el mecanismo “no funciona”. “El Edomex es un foco rojo que si no se atiende se va desbordar; nosotras tenemos la voluntad pero la autoridad no quiere entrar a fondo. Pasan los años y vemos el incremento (de la violencia); en 2005 documentamos 90 asesinatos, hoy hay más de 200 al año”, advirtió. “En el caso del Estado de México, de 2005 a 2010 se registraron 922 asesinatos dolosos de mujeres, de ellos, en 526 casos se desconoce quién asesinó a las mujeres”, abundó. Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, detalló que ante el gran número de asesinatos registrados, el pasado 8 de diciembre el OCNF y la Comisión, solicitaron al Sistema Nacional una solicitud para investigar los asesinatos contra mujeres en el Estado de México y posteriormente la procedencia de la emisión de la AVG, mecanismo que tiene como propósito que el gobierno emprenda acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida por un individuo o una comunidad.
Las activistas afirmaron que la determinación del Sistema Nacional de negar la posibilidad de una investigación para declarar la AVG en el Edomex va contra los estándares internacionales y fortalece el patrón de impunidad y discriminación en la que se enmarca y agudiza el feminicidio. Por ello adelantaron que presentarán un amparo ante el Poder Judicial, para la cual tienen un plazo de 15 días, a partir de la notificación que recibieron ayer como peticionarias de la AVG. Para fundamentarlo solicitarán la versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Sistema Nacional, ya que como representantes de la sociedad civil se les negó el acceso a la reunión. Subrayaron que esa negativa servirá para argumentar que el Sistema Nacional no responde a las necesidades para proteger los derechos de las mujeres. “Exigimos la modificación de la Ley General a fin de que se incluya la participación ciudadana y académica en el Sistema Nacional y se garantice un mecanismo imparcial y efectivo”, reiteraron. Además exigieron que los Institutos de las Mujeres estén dirigidos por mujeres comprometidas con sus derechos no con los intereses políticos.
Lo anterior ya que de acuerdo con María de la Luz Estrada, las titulares de los Institutos de las Mujeres de Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Edomex, votaron en contra de que se investigara el feminicidio en el Estado de México. “Antepusieron sus intereses partidistas por encima de la vida de las mexiquenses, protegiendo a los funcionarios que han sido incapaces de proteger o de garantizar la vida de éstas”, acusó. La diputada Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, recordó que el procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, se comprometió en septiembre de 2010 a implementar 10 puntos claves para contribuir a la erradicación del feminicidio, por lo que en breve solicitarán una reunión con el funcionario para que informe al respecto.
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