Organización Editorial Mexicana
9 de enero de 2011
Manuel Carvallo / El Sol de México
Ciudad de México.- "Respeto al libre ejercicio constitucional de los derechos políticos y civiles en el país", exigió el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (MUSOC - GP) al gobierno de Felipe Calderón, durante una manifestación realizada en el Paseo de la Reforma, durante la cual lo exhortó a cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución de la República, "la cual establece el derecho de las y los mexicanos, a asociarse y participar en los asuntos políticos, ejercer la libertad de imprenta y la crítica a sus gobernantes".
De acuerdo con el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, es totalmente inaceptable que el gobierno vea en los grupos sociales y en las ONG riesgos para la seguridad nacional.
"Lo que sucede, señala el jurista, es que la activa y critica participación cívica de las organizaciones sociales y ONG's, en política que se da por la falta de credibilidad ciudadana en la instituciones de justicia y derechos humanos, así como por la incapacidad de partidos y sindicatos oficiales de generar alternativas
de solución a los grandes problemas de crisis, pobreza, violencia e ingobernabilidad, asusta al gobierno".
Durante la manifestación dirigentes de otras organizaciones no gubernamentales, acusaron que la estrategia estatal de encajonar, a como de lugar, al movimiento social a la narcoinsurgencia, al atribuirle nexos con el "secuestro de Diego", las acciones de la "familia en Michoacán" y los planes de las FARC de Colombia en México, son parte de un plan siniestro del gobierno panista para eternizar su
poder, inhibir y justificar la criminalización de la protesta ciudadana.
"Por ello quieren legitimar la persecución de activistas sociales y defensores de derechos humanos, como se desprende de las tesis del CISEN, dadas a conocer recientemente", advirtieron.
En ese contexto, consideraron que dar justicia al pueblo, dignificar la función judicial y democratizar a la Corte, son algunas de las tareas y compromisos que tendría en adelante que asumir Juan N. Silva Meza, como nuevo presidente del máximo tribunal del país,.
Ciudad de México.- "Respeto al libre ejercicio constitucional de los derechos políticos y civiles en el país", exigió el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (MUSOC - GP) al gobierno de Felipe Calderón, durante una manifestación realizada en el Paseo de la Reforma, durante la cual lo exhortó a cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución de la República, "la cual establece el derecho de las y los mexicanos, a asociarse y participar en los asuntos políticos, ejercer la libertad de imprenta y la crítica a sus gobernantes".
De acuerdo con el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, es totalmente inaceptable que el gobierno vea en los grupos sociales y en las ONG riesgos para la seguridad nacional.
"Lo que sucede, señala el jurista, es que la activa y critica participación cívica de las organizaciones sociales y ONG's, en política que se da por la falta de credibilidad ciudadana en la instituciones de justicia y derechos humanos, así como por la incapacidad de partidos y sindicatos oficiales de generar alternativas
de solución a los grandes problemas de crisis, pobreza, violencia e ingobernabilidad, asusta al gobierno".
Durante la manifestación dirigentes de otras organizaciones no gubernamentales, acusaron que la estrategia estatal de encajonar, a como de lugar, al movimiento social a la narcoinsurgencia, al atribuirle nexos con el "secuestro de Diego", las acciones de la "familia en Michoacán" y los planes de las FARC de Colombia en México, son parte de un plan siniestro del gobierno panista para eternizar su
poder, inhibir y justificar la criminalización de la protesta ciudadana.
"Por ello quieren legitimar la persecución de activistas sociales y defensores de derechos humanos, como se desprende de las tesis del CISEN, dadas a conocer recientemente", advirtieron.
En ese contexto, consideraron que dar justicia al pueblo, dignificar la función judicial y democratizar a la Corte, son algunas de las tareas y compromisos que tendría en adelante que asumir Juan N. Silva Meza, como nuevo presidente del máximo tribunal del país,.
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