“Falta contundencia del gobierno de Chihuahua”
México, DF, 14 ene 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles de Ciudad Juárez y Chihuahua exigieron que el gobierno del estado realice acciones contundentes para encontrar a los asesinos de la adolescente Rubí Marisol Frayre y de su madre, la activista Marisela Escobedo, en vez de centrarse únicamente en la sanción a los jueces, quienes ayer se ampararon en contra de la suspensión de labores.
La abogada Imelda Marrufo Nava, integrante de la organización Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, denunció la falta de medidas efectivas para coordinar con las Procuradurías de los estados la búsqueda de Sergio Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol y principal sospechoso del homicidio de Marisela Escobedo.
La activista dijo a Cimacnoticias que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua debe actuar también en otros casos de niñas y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, como por ejemplo el de Jessica Terrazas, de 17 años de edad, quien el pasado 20 de diciembre salió a buscar trabajo y hasta la fecha se desconoce su paradero.
Marrufo Nava consideró que el esclarecimiento del homicidio de Marisela, la aprehensión de los asesinos y la búsqueda de las mujeres desaparecidas debe ser la prioridad para el gobierno de César Duarte Jáquez.
Añadió que el gobernador también debe “revisar a profundidad la forma en la que trabaja la Fiscalía del estado”, ya que debido a sus “deficientes investigaciones” los casos quedan “mal integrados” y en consecuencia “asesinos como Sergio Barraza quedan libres”, denunció.
La activista afirmó que las deficiencias en las indagaciones y averiguaciones previas sirven de “justificación” para que los jueces que exoneraron a Barraza se declaren inocentes.
Aclaró que la jueza Catalina Ochoa Contreras y los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado no aplicaron el principio de justicia en el caso del asesinato de Rubí Marisol Frayre.
Los tres jueces fueron suspendidos de manera indefinida de sus funciones el pasado 16 de diciembre por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el cual les notificó que comenzó un proceso en su contra. Asimismo, el Congreso de Chihuahua aprobó iniciarles un juicio político.
Ayer, los jueces solicitaron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación por considerar que la suspensión en su contra viola sus garantías individuales.
Argumentaron que la sentencia absolutoria que dictaron a Barraza se debió a que el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para culparlo. Además afirmaron que existen “irregularidades” en el procedimiento administrativo que enfrentan.
Imelda Marrufo señaló que la jueza y los jueces involucrados están en su derecho de defenderse: “Además lo pueden hacer porque cuentan con el poder de hacerlo ante un Tribunal Federal, a diferencia de las mujeres que en la entidad ven violentados sus derechos fundamentales diariamente”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario