Emilio Álvarez Icaza L.
A la memoria de Susana Chávez y Marisela Escobedo
El fin del año pasado y el inicio de éste han sido particularmente estremecedores. Sin reponernos de la muerte de Marisela Escobedo sucedida hace tres semanas, nos enteramos de que también murió asesinada, el pasado 6 de enero, Susana Chávez Castillo en su natal Ciudad Juárez, Chihuahua.
Susana nació en la ciudad fronteriza en 1974 y estudió psicología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Desde los espacios culturales procuró incorporarse a la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, en particular, en su muy golpeada ciudad de origen. Junto con organizaciones de mujeres, víctimas, madres y artistas, elevó la voz para denunciar los atroces crímenes en contra de las mujeres en esa parte de México.
A Susana se le da la maternidad de la consigna, eslogan, reclamo “Ni una muerta más”, que se convirtió en mensaje y síntesis emblemática del reclamo al Estado mexicano por la muerte violenta de cientos, si no es que miles de mujeres en esa ciudad fronteriza y el país entero. Qué tristeza… Como consecuencia de la desatención, la impunidad y el fracaso de la política de seguridad implementada por el Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno, ella es ahora una víctima más de la violencia en contra de las mujeres.
Los primeros reportes de la autoridad en el estado de Chihuahua indican que fue asesinada por tres jóvenes y que para intentar desviar las investigaciones aparentaron una ejecución atribuible a la delincuencia organizada, llegaron al extremo de cercenar la mano izquierda del cuerpo de Susana con un serrucho. Al informar sobre lo acontecido, Carlos Manuel Salas, fiscal general de Justicia del estado de Chihuahua, descartó que el delito esté relacionado con la labor activista de Susana Chávez, ya que “es un tema de descomposición social entre jóvenes que toman, que se drogan”.
Estas declaraciones han generado ya una fuerte discusión. Hay indicios, incluso, para suponer que la autoridad actuó con celeridad en este caso, pero también se puede afirmar que no lo hace de la manera más sensible o siquiera adecuada, pues si bien es importante saber si existió la intención específica de asesinar a Susana por su activismo, no se debe perder de vista que el solo hecho de su muerte y la forma de la misma ponen de manifiesto el feminicidio que se sufre en esa entidad y otras, como el estado de México, aunque se nieguen las investigaciones conducentes.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 21 que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Las muertes de Susana y Marisela son ejemplo de violencia feminicida y se suman a las de Rubí (la hija de Marisela) y de una larga, vergonzosa y dolorosa lista de mujeres que han muerto por esta misma causa, ponen de manifiesto que después de alrededor de 15 años de discusión sobre las mujeres asesinadas en Juárez, de marchas, de reclamos, de documentales, películas, testimonios y obras de teatro, de leyes, de intervención de todo tipo de organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos, e incluso de recomendaciones y sentencias internacionales en contra del Estado mexicano, que no es capaz de, o no quiere, proteger y defender a sus mujeres, a sus hijas.
Estos hechos, sumados tristemente a muchos otros, provocan que México duela, que la realidad de nuestro país duela profundamente. El dolor se hace más grande cuando vemos que gobiernos van y vienen y las cosas no cambian, que los servidores públicos (en Chihuahua, en el estado de México, entre otras entidades) repiten las mismas equivocaciones de hace años y contribuyen activa o pasivamente a la violencia contra las mujeres.
Esta realidad obliga, aún más, a luchar por la justicia y el respeto a los derechos humanos de mujeres, jóvenes y niñas. Lo peor que puede pasar es inmovilizarnos, todo lo contrario, que su memoria sea fuente de esperanza y energía. Que esta “sangre clara y definida, sangre fértil y semilla”, como escribió Susana, contribuya a hacer realidad un México digno, justo y libre, donde las mujeres puedan salir a la calle a la hora que les plazca y estar con quien quieran sin tener miedo a morir o a ser calificadas como las que “se colocan en riesgo” a pesar de ser las víctimas.
Defensor de los Derechos Humanos
A la memoria de Susana Chávez y Marisela Escobedo
El fin del año pasado y el inicio de éste han sido particularmente estremecedores. Sin reponernos de la muerte de Marisela Escobedo sucedida hace tres semanas, nos enteramos de que también murió asesinada, el pasado 6 de enero, Susana Chávez Castillo en su natal Ciudad Juárez, Chihuahua.
Susana nació en la ciudad fronteriza en 1974 y estudió psicología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Desde los espacios culturales procuró incorporarse a la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, en particular, en su muy golpeada ciudad de origen. Junto con organizaciones de mujeres, víctimas, madres y artistas, elevó la voz para denunciar los atroces crímenes en contra de las mujeres en esa parte de México.
A Susana se le da la maternidad de la consigna, eslogan, reclamo “Ni una muerta más”, que se convirtió en mensaje y síntesis emblemática del reclamo al Estado mexicano por la muerte violenta de cientos, si no es que miles de mujeres en esa ciudad fronteriza y el país entero. Qué tristeza… Como consecuencia de la desatención, la impunidad y el fracaso de la política de seguridad implementada por el Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno, ella es ahora una víctima más de la violencia en contra de las mujeres.
Los primeros reportes de la autoridad en el estado de Chihuahua indican que fue asesinada por tres jóvenes y que para intentar desviar las investigaciones aparentaron una ejecución atribuible a la delincuencia organizada, llegaron al extremo de cercenar la mano izquierda del cuerpo de Susana con un serrucho. Al informar sobre lo acontecido, Carlos Manuel Salas, fiscal general de Justicia del estado de Chihuahua, descartó que el delito esté relacionado con la labor activista de Susana Chávez, ya que “es un tema de descomposición social entre jóvenes que toman, que se drogan”.
Estas declaraciones han generado ya una fuerte discusión. Hay indicios, incluso, para suponer que la autoridad actuó con celeridad en este caso, pero también se puede afirmar que no lo hace de la manera más sensible o siquiera adecuada, pues si bien es importante saber si existió la intención específica de asesinar a Susana por su activismo, no se debe perder de vista que el solo hecho de su muerte y la forma de la misma ponen de manifiesto el feminicidio que se sufre en esa entidad y otras, como el estado de México, aunque se nieguen las investigaciones conducentes.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 21 que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Las muertes de Susana y Marisela son ejemplo de violencia feminicida y se suman a las de Rubí (la hija de Marisela) y de una larga, vergonzosa y dolorosa lista de mujeres que han muerto por esta misma causa, ponen de manifiesto que después de alrededor de 15 años de discusión sobre las mujeres asesinadas en Juárez, de marchas, de reclamos, de documentales, películas, testimonios y obras de teatro, de leyes, de intervención de todo tipo de organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos, e incluso de recomendaciones y sentencias internacionales en contra del Estado mexicano, que no es capaz de, o no quiere, proteger y defender a sus mujeres, a sus hijas.
Estos hechos, sumados tristemente a muchos otros, provocan que México duela, que la realidad de nuestro país duela profundamente. El dolor se hace más grande cuando vemos que gobiernos van y vienen y las cosas no cambian, que los servidores públicos (en Chihuahua, en el estado de México, entre otras entidades) repiten las mismas equivocaciones de hace años y contribuyen activa o pasivamente a la violencia contra las mujeres.
Esta realidad obliga, aún más, a luchar por la justicia y el respeto a los derechos humanos de mujeres, jóvenes y niñas. Lo peor que puede pasar es inmovilizarnos, todo lo contrario, que su memoria sea fuente de esperanza y energía. Que esta “sangre clara y definida, sangre fértil y semilla”, como escribió Susana, contribuya a hacer realidad un México digno, justo y libre, donde las mujeres puedan salir a la calle a la hora que les plazca y estar con quien quieran sin tener miedo a morir o a ser calificadas como las que “se colocan en riesgo” a pesar de ser las víctimas.
Defensor de los Derechos Humanos
Ricardo Rocha
Porque ya somos el país más violento del mundo. Las dos guerras de Estados Unidos contra los talibanes en Afganistán y Paquistán sumaron el año pasado 6 mil 800 muertos. En México fueron casi el triple, 15 mil 273 muertos, en lo que el propio presidente Calderón calificó de “guerra” contra el crimen organizado, aunque ahora lo niegue. Lo peor es que su gobierno afirma que vamos ganando, cuando todos sabemos que es una guerra perdida porque: ni ha disminuido el tráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos y en México; ni han sido detenidos y juzgados los grandes capos y sus peces gordos y cómplices en el gobierno. Además de que cada vez hay más violencia que crece geométricamente: en 2007, dos mil 47 muertos; en 2008, cinco mil 376; en 2009, nueve mil 614; para alcanzar los más de 15 mil en 2010 en un acumulado estremecedor de 34 mil 612 crímenes en lo que va del sexenio. No obstante, el ínclito vocero Poiré nos quiere tomar el pelo con la clasificación engañosa de que son 30 mil los casos de “ejecuciones”, tres mil de “enfrentamientos” y 544 de “homicidios agresiones”. Cuando la sospecha generalizada es que suman muchos miles de civiles inocentes víctimas de fuego cruzado o de la barbarie de los soldados en los retenes o en cualquier otra parte.
En este escenario que nos exhibe ya como la guerra más cruel —y seguramente más absurda— del planeta surgió hace unos días la iniciativa forjada por ese periodista sin par que es don Julio Scherer García y el maestro de maestros de los moneros mexicanos, Eduardo del Río, Rius: ¡Basta de sangre! Una inquietud ciudadana que ha tenido una gran recepción no sólo entre cartonistas, analistas e intelectuales, sino en la población en general. Una propuesta tan sencilla como profunda que consiste en promover la difusión de este mensaje “Basta de sangre” del modo que decida la creatividad de cada quien. Se trata, como es obvio, de que el gobierno lo escuche al fin luego de que ha ignorado las encuestas y aun los sondeos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que confirman el hartazgo, el miedo y la convicción de que en este 2011 la situación empeorará todavía más. La percepción como realidad, tal cual sintetiza acertadamente el editorial EL UNIVERSAL publicado el pasado 12 de enero. Lo mismo que pronostica la mismísima Organización de las Naciones Unidas (ONU) para este México nuestro de todos los días: “La prolongación de la violencia por tiempo indefinido”.
Así que cualquiera diría que todos estos datos y advertencias habrían sido más que suficientes para que el gobierno calderonista hiciera un alto, repensara y rehiciera su estrategia. No ha sido así. Pero por lo pronto —será casualidad o causalidad— apenas cinco días después del lanzamiento de ¡Basta de sangre!, el presidente Calderón revivió —al menos por esta vez— su convocatoria de Diálogos por la Seguridad. En esta reunión, Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia, lo encaró, como nadie lo ha hecho hasta ahora, para darle un diagnóstico descarnado pero absolutamente certero: la estrategia es fallida porque carece de objetivos, metas y parámetros de evaluación que permitan medir sus resultados y hacerle las adecuaciones del caso; las acciones de enfrentar a los cárteles con poder de fuego generan más violencia en lugar de reducirla con otras tácticas; los niveles de corrupción (en los organismos oficiales y de justicia) son brutales; los derechos humanos —de millones de mexicanos— a la vida, a la seguridad y a la integridad han sido pisoteados por la violencia.
En resumen, una delincuencia organizada combatida por un gobierno desorganizado que no ha optado por tácticas inteligentes, como desmembrar las redes financieras de los cárteles y capturar y juzgar a los narcotraficantes en operativos quirúrgicos como se hace en otros países, en lugar de matarlos en baños de sangre que los enfurecen.
Le pregunté a Gallo si habían acordado una nueva reunión y me dijo que no. Lo cual me parece una mala señal. Casi tanto como la del Presidente declarando al final de ese encuentro que “tiene prisa” y que no dejará las cosas a medias en su guerra: el Estado soy yo; el gobierno soy yo; y la verdad también soy yo.
ddn_rocha @hotmail.com
¡Basta de sangre!
Porque ya somos el país más violento del mundo. Las dos guerras de Estados Unidos contra los talibanes en Afganistán y Paquistán sumaron el año pasado 6 mil 800 muertos. En México fueron casi el triple, 15 mil 273 muertos, en lo que el propio presidente Calderón calificó de “guerra” contra el crimen organizado, aunque ahora lo niegue. Lo peor es que su gobierno afirma que vamos ganando, cuando todos sabemos que es una guerra perdida porque: ni ha disminuido el tráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos y en México; ni han sido detenidos y juzgados los grandes capos y sus peces gordos y cómplices en el gobierno. Además de que cada vez hay más violencia que crece geométricamente: en 2007, dos mil 47 muertos; en 2008, cinco mil 376; en 2009, nueve mil 614; para alcanzar los más de 15 mil en 2010 en un acumulado estremecedor de 34 mil 612 crímenes en lo que va del sexenio. No obstante, el ínclito vocero Poiré nos quiere tomar el pelo con la clasificación engañosa de que son 30 mil los casos de “ejecuciones”, tres mil de “enfrentamientos” y 544 de “homicidios agresiones”. Cuando la sospecha generalizada es que suman muchos miles de civiles inocentes víctimas de fuego cruzado o de la barbarie de los soldados en los retenes o en cualquier otra parte.
En este escenario que nos exhibe ya como la guerra más cruel —y seguramente más absurda— del planeta surgió hace unos días la iniciativa forjada por ese periodista sin par que es don Julio Scherer García y el maestro de maestros de los moneros mexicanos, Eduardo del Río, Rius: ¡Basta de sangre! Una inquietud ciudadana que ha tenido una gran recepción no sólo entre cartonistas, analistas e intelectuales, sino en la población en general. Una propuesta tan sencilla como profunda que consiste en promover la difusión de este mensaje “Basta de sangre” del modo que decida la creatividad de cada quien. Se trata, como es obvio, de que el gobierno lo escuche al fin luego de que ha ignorado las encuestas y aun los sondeos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que confirman el hartazgo, el miedo y la convicción de que en este 2011 la situación empeorará todavía más. La percepción como realidad, tal cual sintetiza acertadamente el editorial EL UNIVERSAL publicado el pasado 12 de enero. Lo mismo que pronostica la mismísima Organización de las Naciones Unidas (ONU) para este México nuestro de todos los días: “La prolongación de la violencia por tiempo indefinido”.
Así que cualquiera diría que todos estos datos y advertencias habrían sido más que suficientes para que el gobierno calderonista hiciera un alto, repensara y rehiciera su estrategia. No ha sido así. Pero por lo pronto —será casualidad o causalidad— apenas cinco días después del lanzamiento de ¡Basta de sangre!, el presidente Calderón revivió —al menos por esta vez— su convocatoria de Diálogos por la Seguridad. En esta reunión, Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia, lo encaró, como nadie lo ha hecho hasta ahora, para darle un diagnóstico descarnado pero absolutamente certero: la estrategia es fallida porque carece de objetivos, metas y parámetros de evaluación que permitan medir sus resultados y hacerle las adecuaciones del caso; las acciones de enfrentar a los cárteles con poder de fuego generan más violencia en lugar de reducirla con otras tácticas; los niveles de corrupción (en los organismos oficiales y de justicia) son brutales; los derechos humanos —de millones de mexicanos— a la vida, a la seguridad y a la integridad han sido pisoteados por la violencia.
En resumen, una delincuencia organizada combatida por un gobierno desorganizado que no ha optado por tácticas inteligentes, como desmembrar las redes financieras de los cárteles y capturar y juzgar a los narcotraficantes en operativos quirúrgicos como se hace en otros países, en lugar de matarlos en baños de sangre que los enfurecen.
Le pregunté a Gallo si habían acordado una nueva reunión y me dijo que no. Lo cual me parece una mala señal. Casi tanto como la del Presidente declarando al final de ese encuentro que “tiene prisa” y que no dejará las cosas a medias en su guerra: el Estado soy yo; el gobierno soy yo; y la verdad también soy yo.
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