Como todo gobierno de alternancia, el de Cué también es depositario de un enorme cúmulo de expectativas. Muchas de ellas son producto de las ofertas de campaña y muchas más son consecuencia de la dramática realidad de pobreza e injusticia que se ha vivido en esa entidad, o bien, producto del propio entendimiento de la gente sobre lo que será el nuevo gobierno.
Dados los sucesos en el pasado reciente en Oaxaca, estas expectativas rebasan, por mucho, el ámbito estatal. No es exagerado decir que desde la perspectiva nacional e internacional se dará puntual seguimiento a lo que ahí suceda. Una vez más, Oaxaca se convierte en laboratorio de la democracia mexicana.
Esta particular situación se puede ver, al menos, desde dos perspectivas. Desde la primera, Gabino Cué tiene por delante un gran problema, pues el difícil contexto oaxaqueño no permitirá avances significativos, se podría frasear así: la distancia que existe entre las expectativas y la realidad puede ser igual al tamaño del desencanto (para mayor detalle preguntar a Vicente Fox o a Barack Obama sobre el particular). Desde la segunda, el inicio de un nuevo gobierno constituye también una extraordinaria oportunidad, pues Cué puede poner en evidencia que es posible gobernar de otra manera y coadyuvar así a una verdadera transición democrática.
Este miércoles y ayer jueves se dieron en Oaxaca dos hechos que apuntan más a la segunda perspectiva y que por su alcance bien vale detallarlos. El primero constituye una iniciativa inusual en la relación de un gobernante con la población. De las ocho de la mañana del miércoles a las cinco de la mañana del día siguiente el gobernador se instaló en audiencia pública para recibir a los y las ciudadanos que solicitaron verle. Algo aparentemente tan elemental como la cercanía con la gente, la escucha con sensibilidad y la atención a las necesidades, resultó un éxito. Se estableció el compromiso de repetirlo cada mes y llevarlo a cabo en las distintas regiones de la entidad.
La segunda, fue la presentación pública de una iniciativa pionera en su tipo. Este jueves se dio a conocer la creación de la Oficina de la Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca. Se trata de una iniciativa que busca el diseño e implementación de la política pública con enfoque de derechos humanos; la atención y seguimiento a las víctimas de violación a los derechos humanos y a los entes de la materia, tanto públicos (local y nacional), como civiles e internacionales, y el diseño de acciones de derechos humanos con los poderes en el estado y tender puentes con la sociedad civil y agentes de la cooperación internacional.
Esta iniciativa sienta un extraordinario precedente a nivel nacional y que su titular sea la maestra Eréndira Cruz Villegas Fuentes da elementos para confiar plenamente en ella, pues tiene una larga trayectoria en derechos humanos y cuenta con un enorme reconocimiento de organismos locales y nacionales, así como experiencias en gestión pública.
En cualquier país o estado, pero en Oaxaca especialmente, la manera en que se aborda y compromete con la problemática y los desafíos en materia de derechos humanos, da una idea muy precisa de qué tipo de gobierno existe. Es precisamente la atención, respeto y defensa a los derechos humanos uno de los indicadores más concretos del desempeño los gobiernos y de la fortaleza de la gobernabilidad democrática. Aquí radica la importancia de la Oficina de la comisionada.
Estas dos iniciativas ponen en evidencia componentes fundamentales de las democracias modernas. Por una lado, la cercanía con la gente y la eficacia en la gestión pública para atender sus necesidades; y por el otro, el respeto a los derechos humanos como término de relación entre gobernantes y gobernados.
Por ahora, las señales que se mandan desde Oaxaca son esperanzadoras y representan un mensaje fuerte por la transición y la reforma del Estado democráticas. Nos dicen que se puede pasar de una Oaxaca que duele profundamente a una Oaxaca líder y esperanza nacional. Por el bien de este país, de Oaxaca y su gente ojalá que así sea y siga así.
Sociólogo, defensor de los derechos humanos
os datos resumen la situación que viven Chihuahua y el país al terminar un año y comenzar otro. Durante 2010, en todo el estado el número de homicidios dolosos ascendió a 5 mil 212, contra 3 mil 249 en 2009, 60.4 por ciento más. En Ciudad Juárez y los dos municipios del Valle de Juárez la cifra de asesinatos ascendió a 3 mil 111, contra 2 mil 754 en 2009, 13 por ciento más. Y durante los 12 meses que acaban de transcurrir fueron ultimadas 304 mujeres en Juárez, más que ningún otro año. (El Diario de Chihuahua, 25/12/10; El Diario de Juárez, 2 y 3 de enero de 2011.).Nunca en la historia del estado de Chihuahua y del país habían acaecido tantos asesinatos como en el cuarto año de la guerra calderoniana contra el crimen. Pero lo que más indignación produce a la ciudadanía son la ineficacia de dicha guerra y la economía política de la misma, es decir, a quién, o a quiénes aprovechan las decenas de miles de muertos en México, con la destrucción física, mental y social que traen consigo.
Porque hay más datos para fundamentar nuestra indignación, sobre todo si comparamos la estrategia de Washington con la de Los Pinos: en las tres mayores ciudades de Estados Unidos, el número de muertes violentas entre 1990 y 2009 experimentó decrementos muy significativos: en Nueva York, de 2 mil 245 homicidios anuales pasó a 471 en esas dos décadas, 79 por ciento menos; en Chicago, de 850, a 458 asesinatos anuales: 46 por ciento menos, y en Los Angeles, de 983, a 312: 68 por ciento menos. (Datos de USA Today, 29/12/10).
Es más, en El Paso, Texas, que colinda metro por metro con Juárez, la urbe más violenta del mundo, el número de homicidios del primero de enero hasta el 25 de diciembre de 2010 fue de sólo cinco, contra 12 en 2009, lo que la convierte en una de las localidades más seguras del país vecino (El Diario de El Paso, 2 de enero de 2011).
Entonces no es cierto que a mayor número de adictos, más violencia: en Nueva York se cuenta con un millón 300 mil adictos, esto es, 18 por ciento de su población, según la New York City Liberties Union, mientras en Juárez hay cerca de 100 mil, pero el número de homicidios dolosos en esta última durante 2009 fue 660 por ciento mayor. Aun sumando los asesinatos que en 2010 acaecieron en las tres mayores urbes estadunidenses, los homicidios en la frontera juarense son todavía 250 por ciento más: 3 mil 111 contra mil 241, pero el número de adictos en esta última es mucho menor.
Las preguntas brotan a borbotones: ¿para quién trabaja la estrategia del Estado mexicano?, ¿para hacer más segura la distribución de droga en las calles de las ciudades estadunidenses?, ¿por qué acá pagamos los costos en vidas, en seguridad, en tensión familiar en desgarramiento del tejido social y allá no?, ¿qué otros combates está emprendiendo Calderón bajo la cobertura de la guerra al narcotráfico por encargo de quienes detentan el poder allende el Bravo? Cuando la seguridad de la mayoría de los ciudadanos es la que ha sido gravemente vulnerada, ¿puede decirse que la guerra calderoniana es por la seguridad nacional
? En todo caso ¿de cuál nación?
El aspecto absurdo de esta guerra no debe, sin embargo, invisibilizar otro no menos importante: los feminicidios. Si bien todavía no pueden catalogarse como tales los 304 asesinatos de mujeres ocurridos en la región de Juárez en 2010, nos revelan con toda claridad que en el contexto de esta guerra hay una situación de extrema vulnerabilidad para la vida de las mujeres. Más cuando ellas se atreven a reclamar justicia y a defender los derechos humanos, como acaba de mostrar a todo el mundo el feminicidio de Marisela Escobedo Ortiz, el 16 de diciembre.
Y hasta ahora los diversos niveles de gobierno, mejor dicho el Estado Mexicano en su conjunto, no ha hecho nada por atacar de raíz esta situación de violencia. Así lo muestran la tardanza y la negligencia en acatar y llevar a cabo de inmediato la sentencia sobre el caso del Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde noviembre de 2009. En ninguno de sus niveles el Estado ha puesto los medios necesarios para llevar a la práctica cada uno de los resolutivos de dicha sentencia, orientados no sólo a reparar el daño a las familias de las víctimas, sino también a generar las condiciones para desterrar de raíz la violencia de género.
Y mientras gobierno federal y gobierno del estado siguen atascados en esta absurda y costosa guerra sin traza alguna de cambiar de estrategia, las voces ciudadanas, que llevan agravios, que llevan reclamos, que exigen cuentas, se siguen expresando en las velas, provenientes de muchos rumbos que ya rodean al Palacio de Gobierno en Chihuahua. Ahí donde la muerte de Marisela generó una indeclinable lucha por la vida.
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