Inician Jornada por la Justicia en Juárez

Mujeres exigirán todo el año que se esclarezcan desapariciones

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 7 ene 11 (CIMAC).- Madres y familiares de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, iniciaron ayer la Jornada por la Justicia, la cual realizarán durante todo 2011 a fin de exigir resultados y atención a las desapariciones de mujeres, ya que cerca de la mitad podría estar ligada a la trata de personas.

En entrevista telefónica, Marisela Ortiz Rivera, directora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, informó que ayer se llevó a cabo la primera actividad de esta jornada la cual consistió en tapizar las ventanas de la Fiscalía General del Estado (FGE), con las fotos y datos de las mujeres desaparecidas en la entidad.

Ayer se cumplieron dos años de la desaparición en Ciudad Juárez de la adolescente de 17 años de edad Brenda Berenice Castillo.

La activista precisó que el objetivo de esta jornada es visibilizar el problema de las jóvenes desaparecidas de la entidad, las cuales aumentaron gravemente en los últimos tres años.

Tan sólo en 2008 se registraron 34 reportes de “desaparecidas de riesgo”, es decir, de casos en los que las autoridades descartan que la víctima “huyó con el novio o vivía violencia en el hogar”, aclaró Marisela Ortiz. Explicó que en 2009 hubo 73 de estos casos y en 2010, 29. Recordó que en 2007 sólo se registraron 4 casos. Las jóvenes desaparecidas tienen entre 15 y 18 años de edad, precisó.

“(Lo anterior) demuestra la falta de voluntad política del gobierno de Chihuahua para buscar a las víctimas”, por ello, detalló, se decidió pegar en las ventanas de la Fiscalía las fotos de las mujeres cuando se cumpla el aniversario de la desaparición de alguna de ellas. Dijo que es una protesta simbólica para “restarle luz a la autoridad que mantiene a las víctimas y sus familias en la oscuridad”.

Ortiz adelantó que tan sólo en este mes de enero se realizarán cuatro actos similares en las instalaciones de la Fiscalía.

Por su parte, Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo, señaló vía telefónica que hasta el momento las autoridades no tienen ninguna línea de investigación para localizar a su hija.

Cabe recordar que Alicia García llegó al Distrito Federal el pasado 9 de junio, proveniente de la ciudad de Chihuahua, luego de recorrer el país junto con la activista Marisela Escobedo (asesinada el pasado 16 de diciembre) y familiares de víctimas de feminicidio.

Aquí se reunieron con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes se comprometieron a que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra), atraería el caso de Brenda Berenice, lo que cumplió, sin embargo hasta el momento no hay avances significativos en las investigaciones.

TRATA DE MUJERES EN CHIHUAHUA

Al respecto Marilú Andrade, directora general de asuntos jurídicos de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, demandó que las autoridades acepten las denuncias de desaparición de mujeres y que investiguen el posible delito de trata de personas. “Tenemos los argumentos suficientes para mostrar que el 17 por ciento de los casos de desapariciones de mujeres jóvenes están ligados a la trata”, explicó.

La activista detalló que en estos casos el patrón y el perfil de la víctima son similares, es decir niñas de entre 15 y 18 años que desaparecen en la zona centro de Juárez, por mencionar algunas similitudes. “Tenemos dos casos en que las jóvenes acudieron al mismo lugar de la zona centro a pedir trabajo antes de desaparecer”, a pesar de ello la Fiscalía no las acepta como trata de personas, señaló.

Marilú Andrade precisó que tienen seis casos documentados en los que existen argumentos para sostener que hubo trata de personas, por ello solicitaron que la Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas de la Procuraduría estatal deje el caso a la Fevimtra.

Detalló que en algunos casos las y los familiares han recibido llamadas telefónicas de sujetos que les dicen que la joven desaparecida se encuentra en algún estado de la República, y que cuando las autoridades rastrean la llamada y llegan al domicilio no realizan interrogatorios ni investigan a quienes viven el lugar.