Las
protestas y movilizaciones de los maestros en buena parte del país han
demostrado que las reformas impulsadas por Peña Nieto están generando
un enorme descontento entre buena parte de la población, poniendo a
prueba al sistema político.
El regreso del PRI a Los Pinos reconfiguró
la dinámica política, regresándola a los tiempos en que el poder
ejecutivo subordinaba sin miramientos a los otros dos poderes así como
a los gobernadores y en general, a todos los actores políticos
institucionales. En los viejos tiempos, el PRI controlaba el congreso
marginando a la oposición partidista; hoy el control se da por medio de
pactos, como el pacto por México, en el cual la oposición se subordina
al proyecto presidencial pero manteniendo una imagen de pluralidad, muy
útil para legitimar el desmantelamiento del viejo estado de bienestar y
mostrarlo como un avance en el desarrollo político del país.
La
embestida contra el magisterio para reducir sus derechos laborales
evidencian tres procesos que apuntan a reconfigurar el autoritarismo
"democrático" en México, a saber: las soluciones policiacas y militares
para la contención del descontento, el crecimiento de la brecha entre
gobernantes y gobernados y el mantenimiento del charrismo sindical como
fórmula para mantener el control sobre los trabajadores organizados.
El autoritarismo estuvo siempre apuntalado en las fuerzas armadas pero
en nuestros días se puede apreciar un cambio cualitativo. En los viejos
tiempos, el ejército permanecía en los cuarteles y seguía siendo visto
por los políticos como una amenaza a su poder -herencia de los
conflictos posteriores al fin de la revolución de 1910 que provocó gran
inestabilidad política y social, como consecuencia de las continuas
rebeliones y asonadas militares- mientras que hoy han salido de sus
cuarteles y los gobernantes dependen cada vez más de ellos. El reciente
desfile para conmemorar la independencia nacional tuvo un actor
privilegiado: el ejército, que desfiló, disfrazó efectivos de civiles
para medio llenar el zócalo y además, coordinó las labores de represión
en todo el país. Las fiestas nacionales han perdido poco a poco su
carácter civil y la parafernalia militar gana terreno. La participación
del ejército como prólogo a un encuentro de fútbol de la selección
nacional es otra muestra clara del militarismo rampante.
Al
mismo tiempo, y en estrecha relación con la anterior, los gobernantes
muestran sistemáticamente su desprecio por las demandas de las
mayorías, confiados en su alianza con las fuerzas armadas, en los
enormes recursos económicos que perciben y en los aplausos (¿sobornos?)
que reciben de los organismos internacionales, la banca internacional y
los gobiernos de los países ricos.
El conflicto magisterial ha sido
objeto de toda clase de descalificaciones y trampas burdas por parte de
los políticos y sus partidos. Arropados por los medios de comunicación,
diputados, senadores, gobernadores, ediles y empresarios insisten en
que no hay otra ruta que la suya y lo que se espera de la población es
su apoyo en lugar de protestas y movilizaciones. Su desprecio por las
leyes y la dignidad de las personas parece no tener límites. Las
recientes inundaciones que le han costado la vida a cientos y el
patrimonio a decenas de miles son un escaparate privilegiado para
confirmar el argumento. En lugar de actuar para minimizar los daños, la
burocracia política estaba más preocupada por los festejos patrios y la
represión de las protestas.
Por su parte, el charrismo
sindical representa hoy una vieja fórmula política, reciclada por el
estado para mantener el control sobre sus trabajadores y los de las
empresas privadas. La burocracia sindical fue por mucho tiempo un actor
político central en el equilibrio del sistema político tradicional pero
su declive (que probablemente inició con la muerte de Fidel Velázquez,
el charro mayor y sobre todo con el cambio en el modelo económico) no
se ha detenido en las últimas décadas.
El conflicto magisterial ha
debilitado enormemente el férreo control del SNTE sobre los maestros
del país. Se podría pensar que el estado ha dejado a su suerte al
sindicato de maestros para fragmentar la representación sindical en
aras de un mayor control. El encarcelamiento de su líder histórica,
Elba Esther Gordillo, puede entenderse hoy como parte de la ofensiva y
antecedente directo de la reforma. Muchos de sus miembros se preguntan
si las reformas hubieran pasado en el caso de que la maestra estuviese
libre y en control del sindicato. Sin embargo, el estado no pretende
renunciar a su control sino reforzarlo, debilitando y fragmentando a
las organizaciones de trabajadores.
Por todo lo anterior, las
luchas de los maestros resultan fundamentales para contener la
reconfiguración del sistema político. En la medida en que las demandas
magisteriales se trasladen a la defensa y democratización de sus
sindicatos, sin menospreciar las demandas originales, la
reconfiguración del autoritarismo -sostenida por la democracia
electoral y la militarización- enfrentará obstáculos eventualmente
infranqueables. La recuperación de las organizaciones sindicales
-condición necesaria para recuperar sus derechos perdidos con las
reformas- representa hoy un elemento indispensable para abrir nuevos
horizontes a la historia de México e impedir el afianzamiento del
autoritarismo "democrático". Tal vez por eso estudiantes, desempleados,
amas de casa, padres y madres de familia y la población en general los
han apoyado. Presienten que lo que hay en juego va más allá que la
defensa de los derechos laborales del magisterio. Y en eso tienen toda
la razón.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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