NACIONAL
No denuncian ante el temor de perder su empleo: Cedach
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Las empleadas del hogar de origen indígena, además de sufrir múltiples formas de discriminación, se enfrentan a agresiones y violaciones sexuales que permanecen invisibilizadas, pues no hay denuncias, sanciones y datos estadísticos que den cuenta de esta realidad.
Paula Jiménez, coordinadora del Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas (Cedach), denunció que hay trabajadoras del hogar que son víctimas de violencia sexual debido a que quien las contrata tiene la idea errónea de que “es dueño de ellas”, sin que existan mecanismos que las protejan.
Durante la “Mesa de diálogo para el impulso de la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo”, la activista exigió que se considere la forma en que las empleadas del hogar que han sido víctimas de esas agresiones puedan acceder a la justicia, además de que se procure la no repetición de los hechos.
En entrevista con Cimacnoticias, Jiménez explicó que a través de la sensibilización, capacitación y alfabetización a empleadas del hogar –en su mayoría indígenas– que realiza el Cedach en San Cristóbal de las Casas, se han identificado casos de violencia sexual perpetrados en las mismas casas donde ellas laboran.
Destacó que en Chiapas casi la totalidad de las trabajadoras del hogar son de origen indígena y provienen de comunidades en donde no se les garantiza el acceso a la educación o un desarrollo económico, por lo que se trasladan a las urbes para emplearse en este sector sin contar con políticas que resguarden sus Derechos Humanos (DH) y laborales, así como el respeto a su autonomía como integrantes de una comunidad indígena.
Estas mujeres –abundó– además de enfrentar condiciones precarias de trabajo, carecer de garantías laborales y enfrentar largas jornadas, son violadas sexualmente por “los patrones o los hijos de sus empleadores, pues ellos piensan que las empleadas domésticas son cosas que les pertenecen”.
Paula Jiménez resaltó que la totalidad de estos crímenes quedan impunes, pues las mujeres no suelen denunciar por el temor de perder su empleo (que en la mayoría de los casos es la única fuente de ingresos para sus familias).
Tampoco denuncian los delitos por el miedo de ser señaladas y rechazadas tanto en su comunidad, como en donde se desarrollan, ya que hablar de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos es aún un “tabú” en estas comunidades.
El Cedach ha identificado –añadió la activista– que en muchos de los casos de violación se tiende a culpabilizar a las empleadas del hogar. “Se les dice que ellas andan de busconas u ofrecidas con los patrones”, lo que además implica eliminar la responsabilidad a los violadores, criticó.
“Nos enfrentamos a un gran trabajo de reconocimiento, reconciliación y sensibilización en la mentalidad de estas mujeres cuando buscamos que se atrevan a hablar de estas violaciones o incluso de su propia sexualidad o problemas de salud sexual”, recalcó.
En este sentido, Jiménez lamentó que estas barreras culturales colocan a las empleadas del hogar en alta vulnerabilidad ante alguna infección de transmisión sexual, incluido el VIH, o presentar un embarazo no deseado.
A esas circunstancias se suma la falta de instancias adecuadas de justicia a las que las mujeres puedan acudir, pues recordó que gran parte de ellas no hablan español, lo que implica un gran obstáculo para presentar la denuncia y sobre todo darle seguimiento.
Dijo que el Colectivo ha dado acompañamiento a algunos de los casos e incluso ha presentado en dos ocasiones una denuncia formal ante el Ministerio Público, pero éstas aún no derivan en alguna acción penal.
Una encuesta realizada por Cedach en 2011 reveló que 98 por ciento de las empleadas domésticas chiapanecas no goza de derechos de maternidad, y 90 por ciento trabaja en días de descanso obligatorio. Mientras que 86 por ciento no tiene vacaciones, 73 por ciento no recibe aguinaldo y al 92 por ciento no se le pagan horas extras.
A nivel nacional se estima que más de 2 millones de personas, 95 por ciento mujeres, están empleadas en ese sector sin contar con leyes federales o estatales que las respalden.
En 2011 el Estado mexicano aprobó el Convenio 189 de la OIT, pero a dos años de distancia aún no ha sido ratificado, con lo que México estaría obligado a proteger a las y los empleados del hogar, modificando incluso su legislación federal.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario