COMUNICAR IGUALDAD- La Segunda Conferencia Subregional Cono Sur del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) sesionó el 4 y 5 de noviembre en Buenos Aires analizando la situación actual de acceso al aborto en América Latina. Durante dos días hubo paneles destinados la situación legal y empírica de acceso al aborto en cada país; la utilización del misoprostol como estrategia de reducción de daños; la necesidad de un estado laico para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población y, en particular, de las mujeres; la acción de los grupos anti-derechos; y el aborto como parte de la agenda de los movimientos políticos y sociales, entre otros temas.
El conversatorio El aborto en la agenda global y regional fue pensado como una entrevista pública, realizada durante el primer día de la Conferencia, en la que la periodista argentina Mariana Carbajal –diario Página 12 y Canal 7- entrevistó a tres integrantes de organizaciones de la sociedad civil de la región: Ana Cristina González Velez –Articulación Feminista Marcosur y Secretariado de Cairo + 20 Colombia)-, Paola García Rey -Amnistía Internacional, Argentina- y Beatriz Galli -IPAS Brasil-.
Allí se habló sobre la importancia del reciente Consenso de Montevideo, realizado en agosto en Uruguay y convocado por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), en el que 38 países de la región llegaron a acuerdos centrales y de avanzada en derechos sexuales y reproductivos como instar a los Estados a modificar las normas sobre interrupción voluntaria del embarazo y, en aquellos países en que el aborto es legal, garantizar servicios de aborto seguros.
Las representantes de las organizaciones de la sociedad civil de la región evaluaron también las posibilidades reales de que este Consenso se plasme a nivel internacional durante la Conferencia Internacional sobre la Implementación del Programa de Acción de El Cairo, que se llevará adelante en abril del 2014, y la situación en sus países tanto de acceso real al aborto en la actualidad como de avanzar hacia una normativa legalizadora.
- En el 2014 se cumplen 20 años de la realización de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo de El Cairo. ¿Cómo evalúan el proceso desde entonces hasta ahora? ¿Se avanzó?
Ana Cristina González Vélez: Hace dos años arrancó un proceso de revisión de El Cairo que culmina en septiembre 2014 y todo lo que estaba contemplado de revisión ya se hizo. Lo más importante fueron las conferencias regionales sobre población y desarrollo que se realizaron en estos dos años. En América Latina tuvo lugar la primera en agosto de este año en Montevideo. A ese encuentro llegamos con la sociedad civil muy organizada y allí éramos más personas de la sociedad civil que de los gobiernos: había 260 personas de la sociedad civil y 240 de los gobiernos. En términos generales hay un reconocimiento amplio de que en Montevideo se avanzó en la región en la agenda de derechos sexuales y reproductivos: se retomó el lenguaje más de avanzada de El Cairo; se habló de la atención post aborto, de la implementación en los países en los que el aborto es legal, y se sugirió la ampliación de la ley porque la limitación del aborto afecta el cumplimiento de todas las metas vinculadas a la salud de las mujeres. El Consenso de Montevideo enmarcó los derechos sexuales y reproductivos dentro del estado laico y el marco de derechos humanos y con la perspectiva de la igualdad como horizonte. Un lunarcito sobre el Consenso de Montevideo es que a estos compromisos los antecede un párrafo sobre la soberanía de cada país para llevar a cabo estas recomendaciones. Hoy, tanto la sociedad civil como las agencias del Sistema de Naciones Unidas, nos estamos preguntando si estamos en condiciones de consensuar globalmente, para abril del 2014, cuando se realice la Conferencia Internacional sobre la Implementación del Programa de Acción de El Cairo. Porque lo acordado en Montevideo quizá no se traduzca exactamente a nivel internacional, nuestros gobiernos tienen comportamientos distintos en lo nacional, lo regional y lo global.
Paola García Rey: El Consenso de Montevideo es un documento de acuerdo muy importante que avanza muchísimo en lo estándares. Quizá en abril no podamos lograr todo lo que se avanzó a nivel regional en Montevideo, pero debemos reclamar a los gobiernos que suscribieron el acuerdo de Montevideo que sostengan esa posición en abril a nivel internacional. Ésta es una región muy esquizofrénica que propone muchos avances en el papel pero en la práctica es una de las regiones de mayor desigualdad del mundo.
- ¿Existe alguna posibilidad de que el Consenso de Montevideo trascienda la región y lo acordado allí quede en el documento final?
Beatriz Galli: Lo que vimos en otras conferencias regionales, por ejemplo en África, es que fue mucho más difícil acordar sobre derechos sexuales que sobre aborto. En todas las regiones tuvimos avances y también algún retroceso en relación a El Cairo, pero sin duda el consenso de Montevideo fue el más avanzado de todas las regiones. Creemos que en abril del 2014 podremos defender un 80% de lo acordado allí. Pero lo más importante es que en todas las conferencias regionales no hubo retroceso sobre lo acordado en 1994 en El Cairo.
González Vélez: No quiero ser pesimista, pero por ejemplo Colombia es uno de los países que está liderando la agenda post 2015, y Colombia no moverá un ápice por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de abril si este acuerdo pone en juego la agenda post 2015. A esta conferencia hay que verla como una oportunidad para volver a dar la pelea, pero habrá seguramente más sangre que en Montevideo. Hace 15 días volvió a reunirse la CEPAL, en República Dominicana, y a varios gobiernos ya se les había olvidado lo acordado en Montevideo. Por eso el capitulo sobre derechos sexuales y reproductivos del Consenso de Santo Domingo no fue capaz de llegar a lo mismo que se acordó en Montevideo.
García Rey: La dinámica de Montevideo fue que había un documento de base muy fuerte redactado por Uruguay, que tiene una agenda muy fuerte en derechos sexuales y reproductivos en la región y que lo defendió con uñas y dientes. En abril es probable que las naciones no defiendan el Consenso de Montevideo con el mismo ímpetu porque en un contexto internacional se juegan otras cuestiones diplomáticas.
González Vélez: En nuestra región el aborto es un tema ya de agenda pública. El presidente de Ecuador, Rafaél Correa, diciendo que renunciaría a la presidencia del país si hubiera aborto legal en Ecuador, está poniendo el tema en un nivel altísimo.
- ¿Qué impacto tuvieron en la región las instancias de demandas de las organizaciones de la sociedad civil ante los organismos internacionales de derechos humanos?
García Rey: El Sistema Universal de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos no dieron los avances que quisiéramos en términos de estándares pero si dieron pasitos. El informe del Relator Especial de Salud del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2011, el fallo del caso Artavia Murillo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son hitos que sirven para mover la agenda, incluir en el debate actores que no son los naturales como las cancillerías, que trabajan todo el tiempo con la agenda internacional de derechos humanos y a quienes una no visualiza como aliadas pero pueden mover esa agenda. También sirve para salirnos de las alianzas locales. Es difícil medir cómo impacta esta presión pero sí existe.
González Vélez: Estos pasitos creo que se complementan a nivel nacional con el rol que viene jugando el sector judicial. En Colombia se supone que toda la jurisprudencia la tutela la Corte Constitucional. Hubo una primera sentencia –en el 2006- y once sentencias posteriores de esta Corte que legisló sobre la despenalización en tres casos. Nosotras quisiéramos lograr estándares a partir de estas interpretaciones de la Corte porque estamos viendo la fragilidad de esos mecanismos en la medida en que la composición de la Corte cambia y se vuelve más conservadora. Porque estas instancias judiciales también comienzan a ser usadas por grupos conservadores.
Belli: Creo que el uso de espacios internacionales de derechos humanos es muy importante para dar luz a los casos más emblemáticos a nivel nacional, pero no es que se modificará todo. Este año lo vimos con el caso Beatriz, de El Salvador, que movilizó muchísimo incluso a los medios.
- Si tuvieran que pensar la agenda de debate sobre aborto a futuro en la región, ¿Qué temas incluirían?
García Rey: No sé si traería temas nuevos, que ya no tenga el movimiento de derechos humanos. Si ataría mucho más la agenda de derechos humanos y la de las mujeres. Porque hay una idea de que ésta es una pelea de las mujeres y que los organismos de derechos humanos no se apropian. Otro tema central es la laicidad del Estado, que tenemos todas muy incorporado pero no sé si está abordado de forma muy concreta. Por ejemplo en la ONU el Vaticano mantiene el rol de observador.
Belli: Quisiera agregar el tema de acceso a la información ya que es muy importante el acceso al misoprostol. Hace poco una sentencia del máximo tribunal de Brasil condenó a una persona que estaba vendiendo por internet un medicamento que no estaba registrado en Brasil, y la condenaron a 13 años y 4 meses, es decir es un crimen mucho más grave que el del aborto. Y también incluiría la regulación de la objeción de conciencia.
González Vélez: Yo quisiera continuar el tema de las causales por aborto -salud, violación- y la objeción de conciencia; el consentimiento en menores de 14 años; las semanas de gestación que aparecen como límites; y la introducción de la mifepristona, que está ausente en casi todos los países. El goce de los derechos recorre el ámbito de la legalidad y el de la legitimidad, es decir del cambio cultural por el que las feministas nos introducimos en la agenda.
- En los últimos años hubo avances normativos en sus países en el acceso al aborto. ¿Qué pasó a partir de esos hitos en relación al acceso real?
García Rey: Creo que en Argentina luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se desplegaron muchísimas resistencias en muchas provincias. Algunas redactaron sus propios protocolos de implementación del aborto no punible o adhirieron a la guía nacional, pero en otras -como Tucumán- se interpusieron acciones para frenar la implementación y hubo gobernadores que se manifestaron en contra del fallo. Hay avances en términos de prácticas y acceso pero también hay muchísimos reparos en otras provincias donde aparece la iglesia con mucha fuerza.
González Vélez: Lo primero positivo es que después que en Colombia se despenalizó el aborto en tres circunstancias, hemos visto el apoyo de una capa de periodistas que son quienes mueven la prensa escrita y también la televisión. También se ve que hoy cada vez más médicos usan la causal salud para permitir el acceso al aborto. Como negativo, vemos persistencia de congresistas que tratan de cambiar el fallo de la Corte en el Parlamento. Lo último que tuvimos en este sentido es un proyecto de ley de parto digno que promueve proteger la vida desde la concepción. Y en lo político pasa algo tremendamente inquietante que es que el Procurador General de la Nación, que tiene uno de los cargos con más poder en el país, está utilizando ese organismo para perseguir activamente a funcionarios públicos y entonces hay funcionarios que no hacen cosas porque dicen “vendrá la Procuración”. En Medellín por ejemplo intentaron construir una clínica de la mujer para casos de interrupción voluntaria del embarazo, la Procuración entonces armó una investigación para ver en qué se gastarían esos recursos públicos y se frenó la construcción. A la vez, va sumando gente muy conservadora a la Procuración. El otro problema que detectamos es de acceso ya que los sectores conservadores buscan que no haya proveedores. Desde el fallo de la Corte, uno de los temas de mayor debate en Colombia fue cuánto costaría al Estado la realización de un aborto legal. Entonces nosotras investigamos y la conclusión que obtuvimos fue que el aborto legal cuesta entre 4 y 5 veces más que la terminación de un aborto en curso, pero esto es porque se hace en instituciones de mucha complejidad, donde se obliga a las mujeres a permanecer entre 5 y 7 días y con un gabinete interinstitucional.
- ¿Qué margen ven que hay en sus países para avanzar en la despenalización?
Belli: En Brasil estamos en medio de un proyecto de reforma del Código Penal pero quizá no se trate próximamente porque el 2014 habrá debate electoral. A la vez, estamos dando una pelea muy grande en el Parlamento para que no se apruebe el Estatuto del No Nacido.
García Rey: El hecho de que el tema esté tan poco centralizado a nivel político, y que en cambio las convicciones personales estén por encima de los partidos, hace que nadie asuma la agenda de la despenalización en Argentina y que a las organizaciones nos resulte mas difícil la estrategia, porque parece que fuera una cuestión de evangelizar a uno por uno. A la vez está la idea de que la despenalización del aborto es un tema piantavotos. Creo que, en este sentido, en las últimas elecciones hubo algunas manifestaciones incipientes interesantes a favor de la despenalización y legalización. Y ha habido rumores de que se presentarían otros proyectos de legalización además del que actualmente está en el Parlamento de la Campaña.
González Vélez: El único espacio real que tenemos en Colombia es el de la exigibilidad de las causales. A la vez se está dando en nuestro país el proceso de paz: si se ponen de acuerdo la guerrilla y el gobierno, podría haber una reforma de la constitución. Las feministas no acordamos con esta reforma porque creemos que no están dadas las condiciones, pero si efectivamente se hiciera sería una oportunidad de poner allí los derechos de las mujeres.
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