Ha
trascurrido apenas un año del gobierno de Enrique Peña Nieto y, como un
castillo de naipes, se derrumba el mito que construyeron los estrategas
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del duopolio mediático
alrededor de lo que significaría el regreso de esa facción política al
Poder Ejecutivo federal. Las campañas de intoxicación ideológica
basadas en ideas fuerza como:
los priístas sí saben gobernar,
ahora sí Peña va terminar con la violencia y dará seguridad a los ciudadanosy
la economía popular saldrá del atolladero, probaron ser espejismos electoreros desvanecidos ante la realidad trágica de un país devastado.
La
violencia cotidiana de una economía mafiosa-parasitaria, asociada
estructuralmente con el Estado y los circuitos financieros de la
economía formal, no ha disminuido. Por el contrario, se extiende e
impone su control territorial cada vez con mayor poder de fuego y con
la consiguiente cauda de muertos, secuestrados, desaparecidos,
desplazados, robados o aterrorizados ciudadanos. El único cambio
notable durante este año es el mutismo de la dictadura mediática frente
a la guerra asimétrica contra una sociedad que, inerme, no encuentra
más formas de protección relativa que el acatamiento de un estado
virtual de suspensión de garantías o estado de sitio, el abandono
forzado de casas y otras propiedades, los cierres crecientes de
establecimientos comerciales que no aceptan pagar
derecho de piso, el éxodo de pueblos enteros ante el acoso del crimen organizado y, frente a ello, la complicidad manifiesta de las autoridades de los tres poderes que afirman
combatir el crimene
imponer la ley.
La
estadística macabra de las ejecuciones sumarias iniciada con Felipe
Calderón ha ido en aumento y varios analistas sostienen que ya rebasa
los 100 mil muertos. Para dar una idea comparativa de la catástrofe
humanitaria mexicana, una antropóloga estadunidense señala que el total
de los soldados de Estados Unidos fallecidos en las guerras de Vietnam
hasta Irak no llega a esa cantidad, mientras que en Nicaragua, en los
10 años de conflicto de baja intensidad contra la revolución
sandinista, la cifra rondó en las 50 mil víctimas fatales. Peña Nieto,
siguiendo los consejos de su asesor colombiano, oculta las dimensiones
de la tragedia nacional, mientras se sataniza y persigue, esgrimiendo
postulados de un inexistente
estado de derecho, las únicas experiencias exitosas de lucha contra la delincuencia que son las policías comunitarias y los grupos de autodefensa basados en estructuras colectivas e igualmente comunales.
Si los derechos a
la vida, la justicia y la seguridad pública de los mexicanos no están
garantizados por el gobierno actual, el retorno priísta a la
Presidencia de la República tampoco ha significado la rectificación de
la política económica neoliberal de
reformas estructuralesque los antecesores en la Presidencia adoptaron en contra del interés nacional y del bienestar de la mayoría del pueblo mexicano. La reforma laboral de Peña Nieto, continuidad de la propuesta de Calderón, precarizó aún más la relación contractual entre capital y trabajo, haciendo prácticamente imposible la estabilidad del empleo y facilitando aún más la temporalidad discrecional y el despido de millones de trabajadores; legalizó y estimuló la subcontratación de fuerza laboral y limitó al extremo el derecho de huelga en favor de un mayor control patronal. Ello en el contexto de una recesión y estancamiento evidentes de la economía mexicana, el agravamiento del subempleo y el desempleo, la caída del número de cotizantes efectivos de las Afore y de las remesas del exterior, y los problemas crecientes para el pago de créditos hipotecarios.
La reforma constitucional
educativa-administrativa-laboral y sus leyes secundarias impuestas por
Peña Nieto, con la connivencia de los tres partidos mayoritarios
agrupados en el Pacto por México, además de privatizar la educación a
través de la supuesta autonomía de las escuelas y poner la carga de su
funcionamiento sobre los padres de familia y los propios mentores,
amenazan gravemente las prestaciones laborales del magisterio, su
estabilidad en el empleo y constituyen una violación de los derechos
ciudadanos a una educación gratuita, pública y laica. Esta medida de
carácter también empresarial y efectuada sin tomar en cuenta a los
educadores, los expertos en la materia, las universidades y la sociedad
en su conjunto, no sólo ha provocado el repudio de los trabajadores de
la educación, que con sus movilizaciones han concitado la solidaridad
de millones de mexicanos que ahora se dan cuenta de la verdadera
naturaleza de un régimen represivo y oligárquico, sino que además
atenta, en cuanto al papel de profesores y alumnos, contra una
educación verdaderamente creativa, liberadora y vinculada estrechamente
con las comunidades.
Las reformas a los artículos 27 y 28 de las
Constitución, de consumarse en los términos propuestos por Peña,
constituyen la más grave de las acciones que pretenden revertir la
nacionalización que hiciera el general Lázaro Cárdenas en 1938, y
entregar nuestros recursos petroleros y eléctricos a grandes consorcios
extranjeros y nacionales privados, lo que profundizaría la pérdida de
soberanía que ya se deja sentir en las fuerzas armadas y los organismos
de seguridad e inteligencia, ahora estrechamente vinculados
subalternamente al gobierno de Estados Unidos. Esta medida hipotecaría
el futuro de varias generaciones de mexicanos y pondría aún en mayor
riesgo la existencia de México como nación independiente. Todo esto ha
llevado a crear un espacio de convergencia de muchas fuerzas políticas
en la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, que el 12 de
octubre manifestó en un documento:
Hermanos y hermanas, unidos todos, podemos rescatar nuestra nación, detener las contrarreformas neoliberales y caminar hacia nuestra liberación. ¡Despertemos!, es hora de que se vayan los neoliberales y de hacer a un lado a los gobiernos de la traición nacional.
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