Escrito por Jenaro Villamil
Reportaje Original publicado en Proceso No. 1931
Dos
días después que el primer mandatario Enrique Peña Nieto anunciara su
iniciativa de reforma constitucional en materia energética, el 15 de
agosto de este año el director corporativo de Administración de
Petróleos Mexicanos, Víctor David Solís, envío la circular 2831 a los
directores generales de las cuatro grandes subsidiarias de la
paraestatal, así como al director jurídico y al Corporativo de Finanzas
para exhortarlos a disminuir plazas de mandos superiores, acelerar
jubilaciones, suprimir tiempos extras y “cancelar plazas definitivas y
temporales”.
En
cumplimiento “a las instrucciones del director general” Emilio Lozoya
Austin y “conforme los compromisos establecidos con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Solís exhortó a los directores de Pemex
Expoloración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica
Básica y Pemex Petroquímica a que “refuercen las medidas para contener
el gasto de mano de obra por lo que resta del año”.
Para lograrlo, el director corporativo
de Administración les ordena las siguientes medidas: “disminuir plazas
de mandos superiores; restringir la cobertura de ausencias; evitar la
sustitución de vacaciones en áreas administrativas; contener al mínimo
posible, las comisiones administrativas con sustitución; analizar y
compactar estructuras; solicitar jubilaciones contractuales con
cancelación de plaza; reducir el tiempo extra medido; suprimir el
tiempo extra adicional en plazas vacantes y por consecuencia en nuevas
contrataciones; cancelar plazas definitivas y temporales”.
La circular, cuya copia posee Proceso, ha
acelerado la inquietud al interior de Pemex, donde otros informes
internos confidenciales prevén un recorte de, al menos, 20 mil plazas
en los próximos 5 años, para disminuir el total de las 150, 697 que
existen actualmente, de las cuales, el 72 por ciento corresponden a
trabajadores sindicalizados.
La inquietud por los despidos que se
prevén en la paraestatal ha incrementado en vísperas de que se acelere
el proceso de discusión y dictaminación de la reforma energética en el
Senado, pues se prevé que la apertura a inversiones privadas acelere la
disminución de plazas en la paraestatal más grande del país.
Nada ha detenido la incertidumbre entre
miles de trabajadores, a pesar de que tanto el director general de
Pemex, Emilio Lozoya, como el secretario general del sindicato, Carlos
Romero Deschamps, y el titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso
Navarrete Prida, han negado una y otra vez que exista tal plan para
correr a los trabajadores.
“No habrá despidos”: Lozoya
El 23 de octubre pasado, durante su
comparecencia en los foros de la reforma energética organizados en el
Senado, Lozoya negó que existiera un plan de despidos, a partir de las
asociaciones con empresas privadas, como sucedió recientemente en el
complejo petroquímico Pajaritos, donde Pemex firmó este año una
asociación con la empresa privada Mexichem para dividir la propiedad
accionaria: 44.15 por ciento para la paraestatal y 55.85 por ciento
para la compañía que fundó el ex banquero Antonio del Valle.
Hasta febrero de este año, Pajaritos
tenía 2,300 trabajadores sindicalizados y 130 de confianza y al Senado
llegaron reportes de que sólo se quedarán 773 trabajadores, es decir,
cerca de 1,500 serán cesados. “Lo que evidenciaría que la paraestatal
cargará con gastos de pensiones, reubicaciones, transferencias y
liquidaciones de personal” para beneficiar a su socio privado Mexichem,
según advirtió la senadora Dolores Padierna en su punto de acuerdo del
10 de septiembre de este año.
En el mismo punto de acuerdo, Padierna
advirtió que Pemex Petroquímica aceptó que Mexichem se quedara con la
mayoría accionaria aportando sólo 125 millones de dólares en activos,
pero se le permitió sumar 200 millones de dólares en efectivo con el
fin de tener el control de la nueva compañía surgida de esta sociedad.
“Respecto al tema sindical, al tema de
los trabajadores, el senador (Rabindranath) Salazar nos preguntó si se
planteaba el despido a empleados, le puedo afirmar que no, que esta
información que le pasaron es incorrecta”, sentenció Lozoya Austin en
su comparecencia, al responderle al senador del PRD que lo cuestionó
sobre el tema.
Lozoya informó que el 29 de julio Pemex
y el sindicato de petroleros, dirigido por el también senador Carlos
Romero Deschamps –quien no participó en ninguno de los foros de reforma
energética de la cámara alta- firmaron un convenio administrativo, el
1070, “para definir la nueva estructura ocupacional sindicalizada en el
complejo petroquímico, y se les garantizarán respeto absoluto a sus
derechos y prestaciones contractuales, ya adquiridos por los
trabajadores”.
“Es decir, incluso en las asociaciones
que Pemex pudiese lograr a partir de una reforma constitucional, en
toda su cadena de valor, esto no implica, y creo que es una nota muy
importante, el despido de trabajadores”, subrayó Lozoya.
Los Acuerdos con Romero Deschamps
Sin embargo, en el convenio
administrativo 10717/2013, firmado por Lozoya Austin y el líder del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),
Carlos Romero Deschamps, ambas partes se comprometen a “redimensionar
la plantilla laboral sindicalizada” en todos los centros de trabajo y
producción de la paraestatal
El documento que consta de 13
cláusulas, firmado después de que se negociara y signara el nuevo
contrato colectivo de trabajo 2013-2015 el 29 de julio pasado, enuncia
una serie de medidas para definir la situación de los trabajadores
sindicalizados y de confianza “en las plantas que están fuera de
operación” y “en los casos en que no sea posible el reacomodo de los
trabajadores”.
Al mismo tiempo, se comprometen a
impulsar las jubilaciones y los cambios de adscripción para “aprovechar
las plazas donde se requieren”.
Por ejemplo, la cláusula X de este convenio establece:
“En caso de que los estudios de
redimensionamiento de estructura identifiquen áreas donde haya
disminuido la actividad, se deberá analizar la justificación de las
coberturas temporales de las plazas sindicalizadas”.
El “redimensionamiento” se realizará en
acuerdo con la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
de Pemex y con la Secretaría del Interior, Actas y Acuerdos que
encabeza el propio Carlos Romero Deschamps, quien prolonga así dos años
más el control del sindicato, desde su ascenso en 1996 a la secretaría
general.
Lozoya y Romero también pactaron en la
cláusula 11 que tanto la empresa como el sindicato “se comprometen a
que, a través de la Comisión Nacional Mixta de tabuladores, revisarán y
designarán las funciones de cada categoría laboral con un enfoque de
mejoramiento de la productividad y como consecuencia de su reglamento
de trabajo y respectivamente del puesto”.
En otras palabras, ambas partes pondrán definir las bajas, jubilaciones, despidos y modificaciones salariales.
El convenio se firmó después que el
nuevo contrato colectivo definiera un incremento salarial de 3.99 pesos
al salario y 1.98 pesos en prestaciones y que mantuviera intocado el
poder de Romero Deschamps y de la dirigencia del sindicato, señalada
reiteradamente por sus despilfarros y su corrupción.
Corrupción Intocada
Ni en el contrato colectivo ni en el
acuerdo administrativo firmados recientemente se acaban los millonarios
privilegios para la dirigencia sindical de Romero Deschamps y, menos,
se establecen controles para transparentar el manejo de las cuotas o de
los fideicomisos que controla el actual senador priista.
Un cálculo de la disidencia sindical, consultada por Proceso, revela
que en los últimos 5 contratos colectivos firmados por Romero
Deschamps, la cúpula del sindicato ha obtenido más de 2, 200 millones
de pesos tan sólo por cinco conceptos.
En apoyos económicos directos al Comité
Ejecutivo Nacional: 457 millones de pesos; en apoyo de gastos y
viáticos del mismo comité: 267 millones de pesos; en gastos por
festejos del desfile del 1 de mayo: 157 millones de pesos; en gastos
para el festejo de la expropiación: 179 millones de pesos.
Donde más dinero ha obtenido la cúpula
que encabeza Romero Deschamps es en la cláusula 251 bis del contrato
colectivo, donde Pemex le ha entregado a la dirigencia un total de
1,148 millones de pesos en 10 años para “gastos para la revisión del
contrato colectivo de trabajo.
En entrevista realizada en febrero de este año con Proceso, Jorge
Hernández Lira, quien encabeza un comité ejecutivo disidente, afirmó
tener prueba de que existen, al menos, 18 mil a 20 mil millones de
pesos del sindicato en 18 fideicomisos que Romero Deschamps maneja
discrecionalmente. Tan sólo en uno existían 13 mil millones de pesos
hasta 2010.
“La gente está cansada. El sindicato no
beneficia a los trabajadores ni defiende sus plazas. Está cansada,
además, de tantas amenazas”, afirmó Hernández Lira en aquella ocasión.
Otro ejemplo del uso opaco de los
recursos que se le dan al sindicato es el préstamo de 500 millones de
pesos que Pemex le prestó a la direigencia para un programa de
construcción de viviendas. Romero Deschamps presumió en febrero que
habían construido 25 mil casas “y vamos por más”.
El expediente de averiguaciones previas
en contra de Romero Deschamps es abultado, según los datos de la misma
disidencia, pero nada le sucede a quien se ha convertido en un cacique
sindical con más poder y dinero que Joaquín Hernández Galicia, La Quina.
En 2008, bajo el gobierno de Calderón,
la PGR integró el expediente identificado como el 15/03/02/2008 por
presunto de lito de fraude. El caso deriva de la denuncia que presentó
Mario Rubicel Ross García, quien acusó a Romero de malversación por más
de 3 mil millones de pesos correspondiente a las cuotas sindicales.
Romero enfrentó otras denuncias por
fraude derivadas de su cuarta reelección al frente del sindicato para
el periodo 2007-2012 ya que los estatutos sólo permiten una sola
reelección. Sin embargo, ni la reforma energética ni la apertura de
Pemex ni la reducción de personal afectan a este dirigente que va por
20 años al frente del sindicato más rico del país.
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