Lydia Cacho - Plan B
En lo oscurito y a todo vapor, un grupo de senadoras pretende esta
misma semana enviar a la Cámara de Diputados una propuesta que
desactiva la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. ¿Qué hay detrás de esta
propuesta?
Las senadoras que van a sacar el dictamen esta semana son Adriana
Dávila (PAN) del estado de Tlaxcala, el bastión más importante de la
cultura de proxenetismo en el País. De Tlaxcala han salido el mayor
número de adolescentes y mujeres jóvenes engañadas por tratantes,
llevadas a los Estados Unidos para prostituirlas. Tlaxcala tiene una
larga historia de proxenetismo político, que va desde gobernadores
hasta diputados y alcaldes. Resulta alarmante que la que propuso
desactivar la ley sea justamente la senadora Dávila. Por otro lado,
Lucero Saldaña (PRI) de Puebla es una respetada experta de violencia de
género, ha dado grandes batallas en su estado y fuera de él contra la
explotación de mujeres, niñas y niños, por eso extraña su participación
silenciosa. Luisa María Calderón (PAN), sabe muy bien que Michoacán se
ha convertido en un bastión de trata de menores de 18 años por parte de
los narcotraficantes, quienes les esclavizan para trabajar en
sembradíos, les utilizan como carne de cañón para la vigía y
movilización de drogas. Margarita Flores (PRI), de Nayarit, debe saber
que su estado, en colindancia con Jalisco, se está convirtiendo en
escondite de pedófilos y tratantes de infantes; por el lado de Sinaloa,
en la cooptación de menores esclavizados para el narcotráfico. Angélica
de la Peña (PRD) reconocida feminista, experta en Derechos Humanos,
género e infancia; insólita su firma.
En síntesis, lo que proponen las senadoras y sus abogados es
desarticular el poder de la Ley de trata (quitarle los dientes)
derogando los artículos que establecen estándares de la atención
especializada a víctimas, derogan la reparación del daño, la severidad
de penas cuando el tratante es un funcionario público o pertenece a
algún cártel. Derogan los artículos 19 y 20 que castigan a los dueños
de bares y clubes que engañan a las mujeres para prostituirlas. Es
grave que eliminen la explotación laboral como una forma de trata;
sabemos por la OIT que 20.9 millones de personas son explotadas
laboralmente al margen de la ley. Derogan el Art.44 que exige se
decomisen los bienes de tratantes para pasar a formar parte del Fondo
para las víctimas. En el presupuesto de egresos 2014 no se aprobaron
recursos para atención de las víctimas de trata; las enormes ganancias
que genera la trata deberían ser puestas a beneficio de las víctimas,
no de los victimarios. Eliminan también los artículos que exigen
transparencia de servidores públicos y castigan penalmente a
periodistas que cubran casos de trata de personas. Los tipos penales se
difuminan y quedan casi en lo genérico (como eran antes).
Está claro que los tipos penales y cualquier reforma que dote de
mayores herramientas a las y los operadores y juzgadores deben
evaluarse con detenimiento y homologarse los ordenamientos estatales y
federales. Las leyes deben mejorar, pero esta propuesta ignora que
existe una Ley Modelo Contra la Trata de Personas de la ONU en la que
se basa la ley existente contra la trata. Esto nos hace sospechar que
justo cuando se tocan los intereses económicos de los grandes
tratantes, le arrebatan poder a la ley, argumentando que en la nueva
Ley General de Víctimas todas las víctimas (mezcladas y difusas) caben;
sin duda algo está podrido en el Senado y debemos averiguar su origen.
Ciertamente hay un debate sobre hacer menos leyes y más efectivas, pero
esta propuesta hace lo contrario ¿qué sucede con nuestras senadoras?
@lydiacachosi
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