Leonardo Curzio
Al iniciar septiembre el Presidente de la República convocó a todos los actores a transformar el país en 120 días. Ha pasado ya más de la mitad de este lapso y se han aprobado reformas importantes básicamente la fiscal, sin embargo, no dejan el buen sabor de boca que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones o la aprobación constitucional de la reforma educativa dejaron. Estas dos reformas constitucionales concitaron un gran apoyo, pues el interés público emergía como el gran triunfador de esa negociación política. Más que reformas hechas a la medida de un interés particular, el aliento de las mismas era preservar el interés colectivo sobre los grupos fácticos.
En las últimas reformas y particularmente con el paquete económico esta sensación se ha diluido notablemente. El gobierno y los partidos que votaron para aprobarla, defienden el carácter progresivo que tiene el impuesto sobre la renta. Sorprende, sin embargo, que las personas físicas sean más exigidas que las morales en este capítulo particular; y sorprende más aún que solamente el Consejo Nacional Agropecuario haya celebrado esta aprobación. Claro, sus razones tiene. Las rentas altas en zonas urbanas son las que cobran más de 750 mil pesos brutos y se les aplica un porcentaje cercano a un tercio de su ingreso con menores deducciones y, en cambio, a un productor agrícola que tenga ingresos de cerca de 10 millones de pesos se le cobra 21 % de ISR. Sabía que el concepto de clases medias era maleable, pero no sé desde qué justicia distributiva el que gana un millón en las ciudades paga más que el que gana 10 millones en el campo.
No simpatizo con la figura de los amparos fiscales, pero es previsible que muchas empresas, e incluso sectores completos, recurran a esa figura para eludir los impuestos. Lo que está claro es que salvo los privilegiados en la negociación, la inmensa mayoría de los mexicanos pagaremos más impuestos el año próximo y no veo que los objetivos de recaudar más, generen mayor entusiasmo entre la gente.
El seguro de desempleo, por ejemplo, tiene una dudosísima fuente de financiamiento en el largo plazo y sin entrar a discutir el carácter justiciero que una medida de ese tipo puede tener, me parece que abre un espacio de incertidumbre y justificadas dudas de su benignidad en el largo plazo. Yo no sé si esta reforma (que recauda bastante menos que lo que originalmente se proponía) sea lo que el país necesita en estos momentos, pero el gobierno ha asumido la apuesta completa.
Quedan pendientes dos piezas legislativas que tampoco estoy seguro que moldearán en un sentido positivo el ánimo de los ciudadanos. La reforma política que se perfila, parece más una lista para complacer a las élites políticas que propiamente una reforma que mejore la gobernabilidad y haga más eficiente el aparato de la administración pública. Es tan terrible nuestra burocracia que los mismos secretarios de Estado, es decir, los jefes de la misma, deploran su funcionamiento (véanse las declaraciones de Enrique Martínez). Después vendrá la energética que, por supuesto, provocará las iras de los aliados del gobierno en materia fiscal.
Los que hoy celebran el impuesto a la comida chatarra y el IVA en la frontera, se lanzarán a cuchillada limpia contra lo que llamarán con justificación o sin ella, la “privatización de Pemex”. Está claro que en el ámbito energético, como en el fiscal, no se respirará el ánimo eufórico que se constató en las reformas educativa y de telecomunicaciones porque la sociedad está profundamente dividida, pero al igual que la fiscal, el gobierno aportará su resto y el impacto que estas dos reformas tengan en la economía el año próximo marcará la presidencia de Enrique Peña Nieto.
@leonardocurzio
Analista político
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