La violencia en zonas rurales se genera, además de por la presencia
del crimen organizado, por conflictos agrarios ante la ausencia de una
consulta a las comunidades para establecer megaproyectos, lo cual puede
empeorar por la Ley de Seguridad Interior, aseguraron líderes
campesinos. Esto ha provocado el desplazamiento interno forzado de
campesinos e indígenas que engrosan los cinturones de pobreza de las
urbes.
Líderes campesinos señalan que al defender su territorio y recursos
naturales, se enfrentan a grupos paramilitares o de choque y alertaron
que cuando los productores agropecuarios se ven obligados a abandonar su
lugar de origen y trabajo, la producción y soberanía alimentaria se ve
más afectada.
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– La violencia en las
zonas rurales por conflictos agrarios a raíz de la implementación de
megaproyectos ha orillado a campesinos e indígenas al desplazamiento
interno forzado hacia las ciudades, lo cual engrosa los cinturones de
miseria de las zonas urbanas, fenómeno que podría empeorar por la Ley de
Seguridad Interior, alertaron campesinos.
De 2009 a enero de 2017, en México 310 mil 527 personas tuvieron que
desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos
territoriales, religiosos o políticos, de acuerdo con un estudio de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH). Solo por violencia, en 2016 al menos 21 mil 031 personas
tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o
permanente con la intención de salvaguardar su vida, principalmente
provenientes de Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Michoacán. El sector
indígena fue el más afectado en al menos siete eventos.
El líder campesino Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Coordinadora
Nacional Plan de Ayala–Movimiento Nacional (CNPA-MN), aseguró en
entrevista que esa organización campesina registró durante 2017 el
desplazamiento forzado interno de campesinos en Guerrero, Chiapas,
Querétaro, Puebla, Jalisco y Michoacán, estados donde tienen presencia.
“Desde luego hay los grupos de la delincuencia organizada
que están en su comercio de productos ilícitos, [pero también] están
los ojos puestos del gobierno en las regiones de comunidades indígenas
abundantes en recursos naturales para establecer en esas áreas
minihidroeléctricas o minerías. Al oponerse tenemos el problema de la
generación de grupos paramilitares o de choque que buscan desestabilizar
y generar una situación de zozobra, y rompimiento del tejido social”,
afirmó Zúñiga.
Las comunidades indígenas de Chiapas, Puebla, Jalisco, Guerrero,
Veracruz y Querétaro, desde su cosmovisión de respeto a la Madre
Naturaleza, relación con la vida y conservación del territorio, se
niegan a entregar la tierra y agua sin antes ejercer su derecho
internacional a una consulta libre, previa e informada, por lo que “el
gobierno muchas veces ha utilizado a la delincuencia organizada para
generar zozobra, asesinatos o asaltos”, expuso.
Rocío Miranda Pérez, presidenta de la Unidad de la Fuerza Indígena y
Campesina (UFIC), coincidió en que el desplazamiento interno forzado de
esta población se da principalmente por problemas de disputa territorial
(agrarios) donde están inmiscuidos campesinos e indígenas, por
conflictos con la industria extractiva e hidroeléctrica y por choques
religiosos-políticos.
Miranda Pérez prevé que el desplazamiento interno seguirá al no
aplicarse la consulta libre, previa e informada. “No vemos que el
gobierno tenga una metodología y reconozca que es un problema grave en
derechos humanos”, afirmó.
A su vez, alertó la dirigente de la UFIC, “cuando la gente sale de su
territorio la planta productiva agropecuaria se ve mermada y eso trae
consigo la desflación alimentaria en la medida que no existe el abasto
de alimento para que comamos en el país”.
Cuatro personas asesinadas en el poblado de Axapusco, Estado de México. Foto: Cuartoscuro.
Esta criminalización a la defensa del territorio, consideraron los
líderes campesinos Daniel Zúñiga y Rocío Miranda, se agrava con la
aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual ha recibido diversas
acciones de inconstitucionalidad en contra, incluyendo una de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Ahora vemos la Ley de Seguridad Interior enfrente. Esa Ley lo que
puede permitir es garantizarle a las empresas y a los intereses
políticos y económicos establecer esos megaproyectos y [que] entonces
puedan declarar zonas en que nuestras comunidades tengan que ser
desalojadas por una supuesta amenaza a la seguridad del país”,
pronosticó el campesino Daniel Zúñiga. “A lo mejor sí nos van a dejar
marchar, pero no nos van a dejar oponernos en nuestras tierras al
ingreso de maquinaria”.
Además de la violencia generada a partir de los conflictos agrarios
entre comunidades rurales, empresas y gobiernos locales, el vocero de la
CNPA-MN Daniel Zúñiga destacó que el desplazamiento interno forzado
también tiene sus orígenes en intereses político-económicos e incluso
raciales.
“Si la gente no puede trabajar, se tiene que ir de la zona”, afirmó.
En Puebla, ejemplificó, la empresa Driscolls se apropió de las
tierras a través de un supuesto uso de renta para cultivar fresas,
blueberrys y moras en 10 hectáreas. Pero, ante vacíos legales, a veces
cierra el paso a determinadas hectáreas, por lo que la comunidad no
tiene oportunidad de entrar a trabajar en esas parcelas rentadas.
“La gente se queda sin opciones de trabajo y al momento
de imponer una queja, se enfrenta contra el respaldo político a las
empresas y, por el acoso, se ven obligados a desplazarse de la zona”,
expuso.
Asimismo, en otros lugares como Chilchota, Michoacán, las empresas de
producción de hortalizas hacen el mismo esquema. Sin embargo, como son
comunidades indígenas, “no hay un trato adecuado por parte de las
autoridades” cuando interponen quejas.
“Al ser discriminados muchos se ven en la necesidad de
tener que emigrar de su comunidad a buscar opciones de trabajo e
ingreso”, dijo.
A esta violencia y precariedad que enfrenta el sector campesino en el
país se sumaron los incrementos de precios de energéticos que impactan
en los costos de su producción.
Las gasolinas en promedio se elevaron 19 por ciento el año pasado al
subir la Magna de 13.95 pesos el litro en 2016 a 16.45 pesos en 2017 (17
por ciento más); la Premium de 14.81 pesos a 18.22 pesos (23 por ciento
más) y el diésel de 14.63 pesos a 17.21 pesos (18 por ciento más), de
acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión
Reguladora de Energía (CRE).
Asimismo, el precio del gas LP, utilizado por el 76 por ciento de los
hogares mexicanos, subió un 40 por ciento durante 2017 al pasar de
13.39 pesos el kilogramo en 2016 a 18.82 pesos por kilogramo, su mayor
incremento desde que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene registro.
Estos aumentos energéticos presionaron al alza la tasa de inflación
de 2017 a 6.77 por ciento, la más alta en los últimos 17 años.
AUTORIDADES LOS IGNORAN
Marcha en la Ciudad de México de alrededor de cinco mil campesinos. Foto: CNPA-MN.
Durante enero, alrededor de cinco mil campesinos arribaron de 18
estados a la Ciudad de México para manifestarse en las calles en contra
de los incrementos en la canasta básica y energéticos, y exigir una
solución en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Sin embargo, no obtuvieron una respuesta concreta, aseguró Daniel
Zúñiga Maldonado, vocero de la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala–Movimiento Nacional (CNPA-MN).
Zúñiga describió que los campesinos se han visto “descobijados” al
haber pocas opciones de trabajo y de ingresos, ya que los productos del
campo son mal pagados y no obtienen ganancias.
“Al no haber una política de Estado adecuada para la producción,
comercialización y consumo interno de los productos del campo, estamos a
la merced del intermediarismo, y eso hace que, aunque nuestra gente
está trabajando y produciendo, no es redituable”, dijo.
En el caso de los productores de maíz, al no haber precios de
garantía, por un kilo reciben 2.50 pesos. Además, en las zonas
cafetaleras de Oaxaca, Puebla y Veracruz, regiones con mayor calidad del
café de altura, están desprotegidos desde que el gobierno desapareció
el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), documentó Zúñiga Maldonado.
“El gobierno mexicano en lugar de fomentar la producción
nacional, prefiere la seguridad alimentaria, pero lo que se debe
promover es la soberanía alimentaria”, aseguró.
Campesinos protestan frente a la Sagarpa. Foto: Saúl López, Cuartoscuro
El lunes 15 de enero los miles de campesinos acudieron al edificio de
la Segob. No obstante, dijo Zúñiga, funcionarios de la dependencia les
expusieron que el Secretario Alfonso Navarrete no podía recibirlos
porque “apenas están conociendo las áreas y oficinas […] Somos nuevos,
no tenemos conocimiento de sus demandas”. Cinco días antes, el martes
10, el ex Secretario de Trabajo había tomado el cargo luego de la salida
de Miguel Ángel Osorio Chong.
“¿Debe el pueblo esperar la atención y solución hasta que los
Secretarios de Estado y funcionarios menores estén cómodos?”, cuestionó
Zúñiga. Los campesinos solo fueron atendidos por el jefe de la Unidad de
Gobierno, Germán Uribe.
Sin embargo, “hay varios conflictos agrarios que el gobierno no ha
resuelto. Con la Segob no hemos podido avanzar en los casos de Puebla,
Querétaro y Chiapas”, acusó el líder campesino.
El miércoles 17 de enero los campesinos colocaron un plantón en la
Secretaría de Agricultura, ya que, dijo Zúñiga, esta dependencia es la
más obligada a escuchar la opinión de los productores.
“Los campesinos debemos estar produciendo y no en las calles, sin
embargo, la Sagarpa ha dejado de promover la producción de alimentos y
por lo tanto ha vulnerado la soberanía alimentaria”, expuso el vocero.
“Los subsidios son entregados a empresas agroexportadoras y a los
campesinos se les trata con desprecio”.
Un día después, el jueves 18 de enero, alrededor de tres mil
campesinos caminaron por Presidente Masaryk, la avenida empresarial más
importante de la colonia Polanco, para exigir a la Sedatu que resuelva
los conflictos agrarios que han provocado confrontaciones e incluso
asesinatos y desplazamiento interno forzado.
Daniel Zuñiga Maldonado, vocero de la CNPA-MN, destacó que la titular
de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y otros funcionarios de la
Secretaría se han negado a atender las llamadas telefónicas de la
organización campesina.
El 30 y 31 de enero la Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos volvió a marchar en la Ciudad de México para
exigir incrementar la productividad en alimentos y rescatar la soberanía
alimentaria del país.
