Así, como si fuera una marca, fue la defensa de la titular Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, cuando reaccionó a la más reciente revelación por desvío de recursos que el diario Reforma publicó el pasado martes 11 y que implica el envío a domicilios particulares de 700 millones de pesos en efectivo.
Expuesta frecuente a los escándalos desde que fue jefa del gobierno capitalino en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rosario Robles ha logrado sortear cada episodio con legalismos, politiquería y una constante protección de los grupos políticos a los que se adhiere en su prolongada trayectoria, pletórica de gatopardismo.
Sentirse una marca que vende no bastó. Robles Berlanga anunció que había interpuesto ya una denuncia contra quien resulte responsable por las filtraciones de información que en las dependencias donde ha trabajado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la han expuesto a lo que consideró difamación y desinformación desde los medios de comunicación.
Salir así, diríase coloquialmente, echada para adelante, es en realidad un desafío que redunda con la disposición a que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador la investigue, reiterándose la primera interesada en que prospere toda indagatoria.
En el fondo, todo se relaciona con las resistencias al deber ser de la vida pública, a la impreparación para ejercer un cargo público sin los asideros mínimos, ya no digamos de la ética, sino de la legalidad. Su conducta es producto de una deformación en la forma de concebir el servicio público.
A seis años de formar parte del gabinete, Rosario Robles ha batido los récords de la opacidad. Hubo inclusive un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que contó pormenores de las presiones que la peñanitetista impuso sobre el pleno, en relación a los diferentes llamados de atención que públicamente se le hicieron por su afán de ocultar.
Era un asunto sencillo: una solicitud de información que pretendía saber el costo de haber invitado a Luiz Inacio Lula da Silva, para inaugurar el programa –a la postra fracasado— Cruzada Nacional contra el Hambre. Un asunto entre muchos, en los que lo mismo en la Sedesol que en la Sedatu, marcaron su obsolescencia en el servicio público.
En otra ocasión, un colega solicitó una serie de contratos. La respuesta planteó que sólo disponían de formato físico por lo que debía pagarse la reproducción. Varios miles de pesos se depositaron a la cuenta del sistema, sólo para recibir miles de copias que repetían, anexa a contratos incompletos, la ley de adquisiciones.
Esta vez, ha ido más allá. Ha denunciado a quienes han hecho pública la información que, en principio, debería ser pública en un asunto para el lucimiento de marca que difícilmente prosperará.
Pero sobretodo, el desafío a ser investigada supone un nuevo reto al próximo gobierno que hasta ahora no ha tenido una posición contundente frente a los escándalos de corrupción de actual gobierno, especialmente, al tratarse de un grupo político que, en el pasado, durante la jefatura de gobierno 2000-2005, ya la investigó y la dejó impune…
Ante el reto planteado, debe venir la respuesta, porque de lo contrario, de manera ineluctable, remitirá a una reedición de la protección declarada por Enrique Peña Nieto, cuando Robles Berlanga fue objeto de las primeras acusaciones por desvío de recursos con fines electorales este sexenio y que le permitieron salir avante con el famoso “no te preocupes Rosario, hay que aguantar”.