Persiste riesgo de agresiones ahora que ejercerán el poder
Una
vez que concluyó el proceso electoral no significa que acabó la
violencia política contra aquellas mujeres que hicieron campaña y
ganaron un cargo de elección, por el contrario, se puede recrudecer
ahora que vienen las negociaciones, disputas y grescas propias del
debate público.
En medio de las discusiones parlamentarias y las decisiones para
conducir la administración de cada localidad se van a desatar
desacuerdos ideológicos pero también enfado por la presencia de más
mujeres, es decir, riesgo de agresiones físicas, amenazas,
intimidaciones digitales y demás formas de violencia contra las
candidatas electas.
Organizaciones, académicas y defensoras de los derechos de las
mujeres coinciden en que ahora que el Congreso de la Unión tendrá la
mayor participación de mujeres; 49.2 por ciento de legisladoras en el
Senado y 48.2 por ciento en la Cámara de Diputados, y 48.7 por ciento de
diputadas federales en 25 estados, no se puede perder de vista la
violencia.
Durante el periodo de campañas fueron asesinadas 7 precandidatas o
candidatas a un cargo de elección en Oaxaca, Puebla, Michoacán,
Chihuahua, Quintana Roo y dos en Guerrero; además el Instituto Nacional
Electoral (INE) reportó que 225 renunciaron a sus aspiraciones
políticas.
No en todos los casos se conocen las razones de las denuncias pero
hay casos como el de la candidata a la presidencia municipal de
Chalchihuites, en Zacatecas, Claudia Olivares Duarte, quien renunció
tras amenazas constantes y luego del abuso sexual a una de sus sobrinas.
Ahora que las mujeres se alistan a gobernar o legislar, la violencia
sigue, como muestra el 1 de septiembre Elvia del Socorro Ortega, síndica
electa en el municipio michoacano de Buenavista Tomatlán, renunció al
cargo y al nombramiento de presidenta municipal, puesto que debía asumir
tras el asesinato del alcalde electo, el pasado 20 de julio.
El caso de la candidata electa de Michoacán, donde se presumen presiones para obligarla a renunciar, no es el único.
El 3 de septiembre el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas alertó de las solicitudes de renuncia de regidoras y
diputadas locales que obtendrían un cargo por la vía plurinominal, al
parecer también presionadas por sus partidos para ceder su lugar a los
varones.
La analista y doctora en Antropología Social, Georgina Cárdenas
Acosta, explicó que una vez que terminó el proceso electoral queda la
duda de quién va a atender y proteger a las mujeres electas que están
siendo violentadas porque además de voluntad se necesita que las
instituciones tengan facultades para actuar.
Este 3 de septiembre el INE, a través de la Comisión temporal para el
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, lanzó la
plataforma Red de Mujeres Electas para que las nuevas funcionarias
reciban información y asesoría en caso de ser víctimas de violencia
política de género.
La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género
de la UNAM y quien realizó el estudio denominado “Mujeres Gobernando lo
local”, asegura que si bien es meritorio este esfuerzo del INE, la
autoridad se dedica a temas electorales por lo que hay que revisar qué
acciones puede implementar además de crear una red.
Explicó que la documentación y las investigaciones teóricas indican
que cuando las mujeres llegan al cargo viven las peores violencias, de
allí la importancia de que haya instancias que atiendan que pueden ser
desde una Contraloría interna hasta una autoridad ministerial.
Las mujeres ya llegaron al poder pero van a encontrar una serie de
resistencias, como se ha visto en otros procesos electorales, por
ejemplo, a las alcaldesas, síndicas y regidoras no se les convoca a las
sesiones, no les permiten contratar personal de apoyo, se falsifica su
firma o les niegan información necesaria para ejercer sus actividades,
aseguró.
Para la académica es necesario contar con una definición de violencia
política de género y con atribuciones para cada autoridad involucrada
en la prevención, atención y sanción porque si hoy por hoy las mujeres
no denuncian es necesario que tengan organismos que actúen.
En este proceso electoral 26 de los 30 organismos electorales de los
estados que tuvieron elecciones lanzaron la Red de Candidatas, una red
para dar seguimiento a las campañas de las mujeres desde los organismos
electorales, explicó la consejera electoral de Jalisco y presidenta de
la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE),
Virginia Gutiérrez Villalvazo.
Muchas mujeres rechazaron participar por falta de confianza en las
instituciones electorales, desconocimiento del tema e inclusive
confusión con la violencia generalizada en el país, además de miedo a
posibles represalias de los agresores o de sus propios partidos
políticos, quienes las castigarían al no volver a invitarlas a
participar en política, explicó.
Aun así, en los resultados del proyecto se reportaron 114 casos de
violencia política de género. El estado de Puebla fue el estado con más
casos al contar 15 mientras que en Sonora sólo se registró 1; también
destaca que los estados que no reportaron casos fueron: Tlaxcala, Estado
de México, Hidalgo, Sinaloa y Yucatán.
El mayor reto, explicó la consejera electoral, fue la resistencia de
las candidatas a otorgar su consentimiento para que el organismo
electoral les pudiera dar seguimiento durante sus campañas.
Estos factores de resistencia también se evidencian a la hora de
denunciar toda vez que de los 114 casos, sólo se tiene registro de 41
casos denunciados, lo que representa 36.9 por ciento. El tema más
denunciado fue el de ofensas con 61 casos (53 por ciento) y siguió el de
amenazas con 19 casos (17 por ciento). También destaca que el mayor
número de estas agresiones fue a través de redes sociales, aunque
algunos se reportaron en mítines, entrevistas y debates.
La directora residente del Instituto Nacional Demócrata (IND), Keila
González, organización internacional dedicada a fortalecer la
democracia, reiteró que hay que dar seguimiento a los casos de violencia
política de género porque no es un fenómeno que sólo ocurra durante las
elecciones.
Con la experiencia de acompañamiento de redes del IND, que lanzó la
campaña #NoEsElCosto, González señaló que si ya hay una minuta para
incluir el término de violencia política, que se quedó congelada en la
Cámara de Diputados, es hora de pasar del discurso a la acción porque ya
se reconoce que la violencia no puede ser el costo de participar en los
procesos políticos.
Imagen retomada de Twitter TEPJF
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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