El Estado mexicano está reprobado en el cumplimiento de las recomendaciones que en las ediciones 2009 y 2013 del Examen Periódico Universal (EPU) formuló el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo que la nueva administración federal debe asumir los exhortos que esa instancia internacional haga en su evaluación de noviembre de este año.
Así lo consideraron 245 organizaciones de la sociedad civil que presentaron ayer un informe conjunto sobre la situación de las garantías fundamentales en México, enviado para análisis del EPU.
Plantearon que la situación de violencia y violación a las garantías fundamentales que enfrenta México es crítica, pues durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se han cometido oficialmente más de 100 mil homicidios dolosos, de los cuales 25 mil 339 se dieron en 2017, la cifra más alta de la historia.
En 2015, remarca el informe, el Estado mexicano informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde 2006 existían sólo 15 condenas federales por tortura. Asimismo, entre 2007 y 2017 el número oficial de desaparecidos en el país sumaban 34 mil 674 personas (hoy son 37 mil 435). De aquel total, 8 mil 982 víctimas son mujeres y 7 mil 908 son menores de edad.
Organizaciones como los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Migrante, así como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y decenas más se sumaron en un esfuerzo llamado #ColectivoEPUmx a fin de incluir en un informe una muy amplia agenda de temas y violaciones a derechos, así como el incumplimiento del Estado mexicano a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En éste se asienta que, de acuerdo con cifras oficiales, de 2014 a 2016 se cometieron 5 mil 824 delitos contra migrantes en varios estados, pero sólo hay 49 sentencias contra los responsables, es decir, 0.84 por ciento. Además, de 2012 a 2017 fueron asesinados 41 periodistas y 110 defensores de derechos humanos.
Stephanie Erin Brewer, del Centro Prodh, en nombre de las 245 organizaciones, llamó a que en el EPU de noviembre no sólo comparezcan los funcionarios del actual gobierno federal, sino también representantes del equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pues la próxima administración federal recibirá las recomendaciones de la ONU.
Las organizaciones consideran que los resolutivos de esa instancia internacional deben ser la base de la agenda de derechos humanos de la administración de López Obrador. Lamentaron que el próximo canciller, Marcelo Ebrard, o alguien de su equipo no haya atendido estos llamados. Sin embargo, por la noche informaron en las redes sociales que el contacto ya se había dado.
Las organizaciones tenemos diversas reivindicaciones y protestas: un sistema integral de seguridad ciudadana, un adecuado modelo de atención a víctimas, una fiscalía autónoma, atención efectiva a las víctimas, la abrogación de la ley de seguridad interior y un mecanismo de seguimiento a recomendaciones internacionales como mínimos para demostrar compromiso real para resolver las graves violaciones estructurales de derechos humanos, aseguraron.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Jueves 13 de septiembre de 2018, p. 19
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