Columnas
Julio Hernández López: Astillero
El acompañante de Carla Bruni guerreó ayer a pastelazos. Primero consiguió que su desangelado anfitrión anunciara la constitución de una vergonzosa instancia binacional que estudiará la procedencia de una sentencia emitida por uno de los poderes presuntamente soberanos de una nación supuestamente independiente, cuyo nombre de mercado es Mex and Co. Luego, sobre el mismo tema, puso en evidencia los fallidos intentos de la torpe administración mexicana por hacerlo callar sobre el tema central de su visita, el caso mediáticamente muy explotable para él de la paisana presa a la que se quiere llevar de regreso a Francia para que allí el sistema judicial consanguíneo le dé un buen trato libertario: Me dijeron que no tenía que comentar, lo cual me da muchas ganas de hacerlo, pero la política no puede ser el lugar donde la gente no habla, dijo el señor Bruni, sin precisar desde cuál instancia anfitriona le quisieron recetar una versión gala del Comes y te vas. Y entonces defendió su derecho y obligación –absolutamente legítimas– de intervenir en casos que conciernan a sus compatriotas, haigan sido como haigan sido las causas por las que hubieran llegado a las cárceles. Ya para cerrar ese episodio que para sus intereses resultó triunfante, el buen Nicolás anunció su petición al avasallado Felipe para que conforme a tratados internacionales la secuestradora Cassez (jurídicamente ha sido sentenciada como responsable de graves delitos) pueda cumplir su condena en Francia (donde tal vez encuentren los administradores de las cárceles alguna forma de atenuar en la práctica los rigores de una justicia mexicana que les parece aterradoramente corrupta).
El tratamiento de excepción que el ex presidente Calderón (lo fue del comité nacional panista) está dando al expediente Cassez se suma a otras exhibiciones de debilidad extrema, como la remoción de su secretario de comunicaciones y transportes luego de una embestida dolosa de poderes fácticos que presionan en busca de concesiones y permisos varios. Si Felipe el Breve mantiene la postura que ayer asumió respecto al tema de la francesa secuestradora, y permite que conforme a interpretaciones bajo presión de tratados internacionales sea repatriada, estará enviando a los mexicanos un mensaje grave de impunidad trasnacional, de tratamiento selectivo de casos judiciales y de doblegamiento institucional ante maniobras y forcejeos de gobiernos extranjeros. Las cárceles mexicanas están llenas de presos que merecerían comisiones especiales de estudio aún después de las sentencias. Para no ir tan lejos, allí están las aberraciones jurídicas cometidas contra los dirigentes del movimiento popular de San Salvador Atenco.
La siguiente feria de pastelazos se dio ante el Senado mexicano, donde el mariscal Sarkozy lanzó cargas de caballería intervencionista al permitirse ni más ni menos que colocar al país anfitrión en una báscula de grandezas o pequeñeces nacionales a partir del hecho de que sean capaces de enviar soldados propios a fuerzas multinacionales de paz (el tema ya había sido planteado durante el foxismo, pero encontró rechazo abierto y desdenes que lo llevaron al archivo). Una gran nación debe asumir derechos y obligaciones, entre éstas la de suministrar la sangre de sus hijos para conformar expediciones pacificadoras. Por tanto, si México nunca lo ha hecho, nunca habrá sido una gran nación, según la lógica soldadesca del mandatario europeo, que agregó a su canasta básica de desaciertos decir que el mundo espera más de México. No fue, ciertamente, una renovada versión de la guerra de los pasteles, pero sí una farsa desarrollada a pastelazos políticos. Rudeza excesiva la del acompañante de Carla Bruni que con unos cuantos golpes de repostería discursiva exhibió la falta de ingredientes suministradores de firmeza y empaque en la panadería neocolonial.
En otro asunto de gastronomías conflictuales, Carstens, el lanzador de insuficientes primeras bolas en diamantes de talla internacional daba muestra pública del rechazo que entre masas no controladas por el Estado Mayor Presidencial genera el manejo de la política económica por un equipo de beisbol que juega con los pies y ha pasado de la fanfarronería ante la crisis por venir al reconocimiento de que se está frente a un tsunami y no un catarrito como de manera socialmente ofensiva había dicho el rotundo secretario de hacienda, cuya figura le hace particularmente propicio para ser objeto de bromas que contrastan la opulencia de la elite con las flaquezas colectivas. Tomando en cuenta la exploración de campo hecha por el lanzador agustiniano, ¿se atreverá algún día a someterse a la opinión pública sin controles –en un estadio, por ejemplo– el panista michoacano al que según sus encuestas a la carta tan bien le va en la evaluación popular, con calificaciones inclusive por encima de las que en el mismo periodo tuvieron algunos de sus antecesores en tiempos menos confrontados y críticos?
Pero nadie ha de decir que el lic. F.C. se la pasó ayer todo el tiempo aguantando fuego galo. En determinado momento se permitió la gallardía de exigirle a Barack Obama que le pase la información sobre criminales mexicanos que tengan las agencias policiacas, militares o de inteligencia de aquel país y que éste asuma con hechos la parte de responsabilidad que le corresponde en la llamada guerra contra el narcotráfico. Angustiados han de estar en el Pentágono, la DEA y la FBI, cuando menos, por las exigencias del político mexicano, trabajando horas extras para juntar datos y reportes y ponerlos a disposición del quisquilloso vecino.
Y, mientras sube de tono la confrontación entre el monrealismo que tiene en el alcalde de Fresnillo (David, hermano de Ricardo) al virtual candidato a gobernador por el PT, y el gobierno zacatecano que tiene a la hija Claudia, también senadora, como operadora política y asistencial con aspiraciones de futuro, ¡hasta mañana, viendo al IFE empequeñecerse hasta en las multas a las televisoras!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Julio Hernández López: Astillero
El acompañante de Carla Bruni guerreó ayer a pastelazos. Primero consiguió que su desangelado anfitrión anunciara la constitución de una vergonzosa instancia binacional que estudiará la procedencia de una sentencia emitida por uno de los poderes presuntamente soberanos de una nación supuestamente independiente, cuyo nombre de mercado es Mex and Co. Luego, sobre el mismo tema, puso en evidencia los fallidos intentos de la torpe administración mexicana por hacerlo callar sobre el tema central de su visita, el caso mediáticamente muy explotable para él de la paisana presa a la que se quiere llevar de regreso a Francia para que allí el sistema judicial consanguíneo le dé un buen trato libertario: Me dijeron que no tenía que comentar, lo cual me da muchas ganas de hacerlo, pero la política no puede ser el lugar donde la gente no habla, dijo el señor Bruni, sin precisar desde cuál instancia anfitriona le quisieron recetar una versión gala del Comes y te vas. Y entonces defendió su derecho y obligación –absolutamente legítimas– de intervenir en casos que conciernan a sus compatriotas, haigan sido como haigan sido las causas por las que hubieran llegado a las cárceles. Ya para cerrar ese episodio que para sus intereses resultó triunfante, el buen Nicolás anunció su petición al avasallado Felipe para que conforme a tratados internacionales la secuestradora Cassez (jurídicamente ha sido sentenciada como responsable de graves delitos) pueda cumplir su condena en Francia (donde tal vez encuentren los administradores de las cárceles alguna forma de atenuar en la práctica los rigores de una justicia mexicana que les parece aterradoramente corrupta).
El tratamiento de excepción que el ex presidente Calderón (lo fue del comité nacional panista) está dando al expediente Cassez se suma a otras exhibiciones de debilidad extrema, como la remoción de su secretario de comunicaciones y transportes luego de una embestida dolosa de poderes fácticos que presionan en busca de concesiones y permisos varios. Si Felipe el Breve mantiene la postura que ayer asumió respecto al tema de la francesa secuestradora, y permite que conforme a interpretaciones bajo presión de tratados internacionales sea repatriada, estará enviando a los mexicanos un mensaje grave de impunidad trasnacional, de tratamiento selectivo de casos judiciales y de doblegamiento institucional ante maniobras y forcejeos de gobiernos extranjeros. Las cárceles mexicanas están llenas de presos que merecerían comisiones especiales de estudio aún después de las sentencias. Para no ir tan lejos, allí están las aberraciones jurídicas cometidas contra los dirigentes del movimiento popular de San Salvador Atenco.
La siguiente feria de pastelazos se dio ante el Senado mexicano, donde el mariscal Sarkozy lanzó cargas de caballería intervencionista al permitirse ni más ni menos que colocar al país anfitrión en una báscula de grandezas o pequeñeces nacionales a partir del hecho de que sean capaces de enviar soldados propios a fuerzas multinacionales de paz (el tema ya había sido planteado durante el foxismo, pero encontró rechazo abierto y desdenes que lo llevaron al archivo). Una gran nación debe asumir derechos y obligaciones, entre éstas la de suministrar la sangre de sus hijos para conformar expediciones pacificadoras. Por tanto, si México nunca lo ha hecho, nunca habrá sido una gran nación, según la lógica soldadesca del mandatario europeo, que agregó a su canasta básica de desaciertos decir que el mundo espera más de México. No fue, ciertamente, una renovada versión de la guerra de los pasteles, pero sí una farsa desarrollada a pastelazos políticos. Rudeza excesiva la del acompañante de Carla Bruni que con unos cuantos golpes de repostería discursiva exhibió la falta de ingredientes suministradores de firmeza y empaque en la panadería neocolonial.
En otro asunto de gastronomías conflictuales, Carstens, el lanzador de insuficientes primeras bolas en diamantes de talla internacional daba muestra pública del rechazo que entre masas no controladas por el Estado Mayor Presidencial genera el manejo de la política económica por un equipo de beisbol que juega con los pies y ha pasado de la fanfarronería ante la crisis por venir al reconocimiento de que se está frente a un tsunami y no un catarrito como de manera socialmente ofensiva había dicho el rotundo secretario de hacienda, cuya figura le hace particularmente propicio para ser objeto de bromas que contrastan la opulencia de la elite con las flaquezas colectivas. Tomando en cuenta la exploración de campo hecha por el lanzador agustiniano, ¿se atreverá algún día a someterse a la opinión pública sin controles –en un estadio, por ejemplo– el panista michoacano al que según sus encuestas a la carta tan bien le va en la evaluación popular, con calificaciones inclusive por encima de las que en el mismo periodo tuvieron algunos de sus antecesores en tiempos menos confrontados y críticos?
Pero nadie ha de decir que el lic. F.C. se la pasó ayer todo el tiempo aguantando fuego galo. En determinado momento se permitió la gallardía de exigirle a Barack Obama que le pase la información sobre criminales mexicanos que tengan las agencias policiacas, militares o de inteligencia de aquel país y que éste asuma con hechos la parte de responsabilidad que le corresponde en la llamada guerra contra el narcotráfico. Angustiados han de estar en el Pentágono, la DEA y la FBI, cuando menos, por las exigencias del político mexicano, trabajando horas extras para juntar datos y reportes y ponerlos a disposición del quisquilloso vecino.
Y, mientras sube de tono la confrontación entre el monrealismo que tiene en el alcalde de Fresnillo (David, hermano de Ricardo) al virtual candidato a gobernador por el PT, y el gobierno zacatecano que tiene a la hija Claudia, también senadora, como operadora política y asistencial con aspiraciones de futuro, ¡hasta mañana, viendo al IFE empequeñecerse hasta en las multas a las televisoras!
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Enrique Galván Ochoa: Dinero
Resultó fatal el estreno del nuevo mecanismo de apoyo al peso: el Banco de México vendió 100 millones de dólares entre los bancos comerciales, a un precio de $15.29 por unidad, pero aun así en casas de cambio se disparó hasta $16 y en bancos comerciales las cotizaciones fueron muy altas: Bancomer $15.57 e Ixe $15.95. El riesgo país, medido a través del índice de bonos de JP Morgan, se ubicó el pasado viernes 6 de marzo en 425 puntos. Otro mes de marzo, pero de 2005, había alcanzado su mínimo histórico: 148 puntos. El deterioro de este índice muestra el creciente nerviosismo de los fondos de inversión en la capacidad del gobierno mexicano de pagar capital e intereses de sus bonos en circulación. El acuerdo de subastar otros 20 mil millones de dólares de la reserva internacional a partir de ayer y hasta fin de año en algunos sectores no produjo tranquilidad, sino desazón. Para entonces el gobierno mexicano se habrá desprendido de 40 mil millones –serían 70 mil millones si sumamos las subastas a partir de 2003–, sin embargo, no ha detenido la devaluación pero podrían hacerle falta más adelante para cumplir sus obligaciones. La fuga de capitales sigue incontenible: el dinero busca –perversa paradoja– la seguridad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en el supuesto de que está fuera de lo posible que falle en sus pagos. No consideran que sea el caso de México y otros de los llamados mercados emergentes.
La tenencia
Está circulando profusamente en la red la fotografía de un cartel que el PAN colocó en muchos lugares de la República en la campaña presidencial. Muestra a un sonriente candidato Felipe Calderón prometiendo que si votan por él y se convierte en presidente desaparecería el pago de la tenencia. Ahora el senador Gustavo Madero, panista, sale con otra interpretación: posiblemente desaparecerá como impuesto federal el año próximo, pero los gobiernos de los estados podrán incorporarlo en su esquema fiscal. O sea que…
¿Y los otros?
Fue bien recibido el compromiso de Carlos Slim de invertir y crear nuevos empleos, como respuesta de su conglomerado de empresas a la crisis. Pero ¿es el único rico del país? Una docena de grandes empresarios también son huéspedes de la lista de Forbes, pero todavía no han dicho esta boca es mía.
La tenencia
Está circulando profusamente en la red la fotografía de un cartel que el PAN colocó en muchos lugares de la República en la campaña presidencial. Muestra a un sonriente candidato Felipe Calderón prometiendo que si votan por él y se convierte en presidente desaparecería el pago de la tenencia. Ahora el senador Gustavo Madero, panista, sale con otra interpretación: posiblemente desaparecerá como impuesto federal el año próximo, pero los gobiernos de los estados podrán incorporarlo en su esquema fiscal. O sea que…
¿Y los otros?
Fue bien recibido el compromiso de Carlos Slim de invertir y crear nuevos empleos, como respuesta de su conglomerado de empresas a la crisis. Pero ¿es el único rico del país? Una docena de grandes empresarios también son huéspedes de la lista de Forbes, pero todavía no han dicho esta boca es mía.
Carlos Fernández-Vega: México SA
La moderna y sólida banca que opera en el país, mayoritariamente de capital extranjero, decidió violar una ley mexicana, adicional a las que por usos y costumbres transgrede cotidianamente: la Federal del Trabajo, la cual fue depositada en el bote de la basura por los consorcios foráneos que del sistema financiero otrora nacional han hecho su paraíso.
En sólo tres meses (octubre a diciembre de 2008) la banca que opera en el país dio de baja a 56 mil 641 trabajadores, para reacomodarlos, por medio del outsourcing, en diferentes empresas prestadoras de servicios, con lo que evadió (se liberó, dice) la responsabilidad laboral a la que la ley la obliga: contratos, pago de Infonavit e IMSS, antigüedad, aguinaldo, vacaciones, pensiones y jubilaciones y demás prestaciones. Simple y sencillamente las borró de sus balances y obligaciones, junto con la posibilidad de huelga, y de paso para ese mundo de empleados bancarios que se han quedado a merced de las subcontratistas, las cuales, como las propias instituciones financieras, no se caracterizan ni son precisamente famosas por acatar los ordenamientos legales.
De tiempo atrás se sabe que las instituciones bancarias recurren crecientemente al outsourcing (subcontratación o terciarización) para aligerar su nómina, incrementar sus ganancias y descaradamente evadir la ley laboral, sin que autoridad alguna las frene. Era conocido, pues, pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la encargada de supervisar el legal funcionamiento del sector financiero) por primera vez ha reconocido y oficializado tal circunstancia sin mayores complicaciones.
Si se atiende su reporte de septiembre de 2008, la CNBV aseguraba que poco más de 151 mil empleados trabajaban en la banca que opera en el país y en ella cobraban con, se supone, todas las prestaciones de ley. Sin embargo, en su informe de cierre de año, ya con el catarrito encima, el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda reconoce el hecho de la creciente subcontratación y el desvío de personal.
Así, en diciembre pasado de las 157 mil 14 personas oficialmente empleadas por la banca, 56 mil 641 (36 por ciento del total) despachan y cobran por fuera, toda vez que causaron baja en la nómina bancaria y han sido contratados por terceros (prestadores de servicios), es decir, empresas de outsourcing, incluso creadas ex profeso por las propias instituciones financieras para evadir la ley, sin que autoridad alguna se de por enterada. Y este estilo de relación laboral se utiliza en prácticamente todos los sectores de la actividad económica (con lo que además de ganar millones adicionales matan empleo formal), aunque el financiero es el campeón de campeones.
En el referido informe 2008, la CNBV reconoce que en el último mes del año el balance en la banca fue el siguiente: 100 mil 373 empleados formalmente contratados por los bancos (sindicalizados alrededor de 65 por ciento de ellos) y 56 mil 641 supuestamente contratados por prestadoras de servicios. Tres meses atrás, en septiembre de ese mismo año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aseguraba que el personal formalmente contratado por la banca sumaba 151 mil 439 personas.
Un par de años atrás se denunció que alrededor de 20 por ciento del personal de las instituciones financieras formalmente había causado baja de la nómina bancaria y, en automático, engrosado la relación de personal de las prestadoras de servicios. Ahora abiertamente se reconoce que la proporción se ha incrementado a 36 por ciento, cuando menos. Con ello, los consorcios bancarios ahorran millones de pesos en impuestos y prestaciones laborales, al tiempo que desaparecieron un fantasma que los horroriza: el derecho de sus trabajadores de emplazar a huelga y actuar en consecuencia.
A los que formalmente quedan en nómina bancaria se les ha incrementado la chamba, por el mismo salario y con idéntica amenaza: si te quejas te mandamos a las prestadoras de servicios. En un año (2008), por ejemplo, se vieron en la necesidad de atender 22.5 millones de cuentas de captación adicionales y las urgencias y necesidades de mil 300 sucursales más. Quien reclama, al “outsourcing”, y si insiste, a la calle. ¿Y la Secretaría del Trabajo?: golpeando a los enemigos del inquilino de Los Pinos.
En menor o mayor proporción prácticamente todos los bancos utilizan el truco del outsourcing para evadir la Ley Federal del Trabajo, pero se dan casos verdaderamente llamativos, como el de la trasnacional española BBVA-Bancomer, la cual reconoce 27 mil 121 personas trabajando para su causa, pero acota: de ese universo, sólo una fue contratada por la institución y 27 mil 120 por una prestadora de servicios. Es de suponer, aunque pueden existir errores de apreciación, que el único que fue específicamente contratado por y que cobra en Bancomer y que, se supone, tiene todas las prestaciones de ley, es el director general de la filial del Bilbao Vizcaya Argentaria; los demás, que arreen. Así, según las cifras de la CNBV, el 0.003 por ciento del personal al servicio de este banco está contratado en términos de ley y el resto fuera de, algo por demás notorio como para que la supuesta autoridad laboral ya lo hubiera registrado, impedido y sancionado. Pero no es así.
De los negocios oscuros y los manejos negros no podía quedar fuera el barón de los abonos chiquitos y los intereses de usura. Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, va más allá de Bancomer: de las 17 mil 994 personas reconocidas oficialmente que trabajan para su causa, todas, absolutamente todas, han sido contratadas por una prestadora de servicios.
Lo mismo sucede con el Banco Inbursa, del catastrofista más rico del país: cero personal contratado por la institución de Carlos Slim y mil 544 por una prestadora de servicios, de mil 544 posibles. Y al inventario se agregan los bancos chatarra Wal-Mart, Volkswagen, Autofin, Ahorro Famsa, Ve por Más, Regional, Compartamos (¡oremos!, porque es propiedad de los Legionarios de Cristo), entre otros.
Es la banca moderna y sólida (Calderón dixit) que trabaja por el bien de la patria, aunque no sea esta, desde luego.
Las rebanadas del pastel
Sólo a un acérrimo enemigo se le pudo ocurrir llevar al doctor catarrito a lanzar la primera bola en el Clásico Mundial de Beisbol, con la consecuente rechifla, y sólo al pelotero Carstens aceptar la invitación. De plano, no tiene remedio.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Luis Hernández
El pasado 11 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó, obviando las dos lecturas reglamentarias y casi sin discusión, la reforma al artículo tercero constitucional. Todos los partidos apoyaron la reforma. Votaron a favor 299 legisladores, cuatro en contra y 11 se abstuvieron. Dos diputados que la rechazaron son miembros de Acción Nacional y otros dos del Partido Verde Ecologista de México.
No es un asunto cualquiera. El artículo tercero es uno de los puntales de la Constitución, uno de los soportes centrales del pacto social. Su modificación requería un gran consenso nacional. No lo tuvo.
Único orador en contra, Juan José Rodríguez Prats denunció en tribuna las graves deficiencias del dictamen, que, según él, estuvo hecho sobre las rodillas. “Creo, señores –dijo–, que esta legislatura no se ha caracterizado por su trabajo eficiente. Hemos hecho muchas reformas precipitadamente y hemos caído en la degradación, y en toda mi experiencia parlamentaria, no lo había vivido, de legislar por trueque: tú me apruebas esta iniciativa, yo te apruebo ésta, y no se analizan las iniciativas en sus méritos, en su contenido ni en su trascendencia.”
Formalmente, la reforma instituye la obligatoriedad de la educación media superior y establece la educación como eje fundamental del desarrollo nacional, al tiempo que reconoce la necesidad de que exista una política de Estado en la materia. Adiciona como parte de la filosofía del artículo el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la paz. Asimismo, fija la necesidad de que la ley establezca lineamientos y criterios para garantizar que la educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Ajusta el texto constitucional para establecer mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación.
Varias de las modificaciones aprobadas representan un avance en la norma. Sin embargo, otras son, en los hechos, una contrarreforma al carácter social del artículo tercero, mientras que varias más son, simple y llanamente, demagogia, pues establecen derechos sin garantizar su cumplimiento.
Como ha mostrado Hugo Aboites (La Jornada, 7/03/09), la reforma otorga un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial, volviendo legal lo que hasta ahora no está ni siquiera considerado en la Ley General de Educación, cediendo a grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Precisamente lo que la ACE ha hecho, ante la indignación y el malestar de miles de profesores.
Al añadir al texto constitucional el reconocimiento a los mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación, se legitima la creciente tendencia del Estado a desentenderse de proveer servicios educativos gratuitos. La famosa participación social en la educación ha sido, tradicionalmente, el caballo de Troya para regularizar y formalizar el pago de cuotas escolares por parte de los padres de familia que, en muchas escuelas públicas, están muy lejos de ser voluntarias. La nueva legislación permite legalizar esta anormalidad, abriendo paso a su obligatoriedad.
Como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas. Según Miguel Székely Pardo, subsecretario de Educación Media Superior, con la reforma se busca que los padres de familia den un apoyo mayor al que existe actualmente en las escuelas, mediante cuotas o canales por conducto de los cuales se puedan sufragar los costos de la educación. En la conferencia titulada: Apoyo a la economía de familias de estudiantes de educación media superior, el funcionario dijo que la gratuidad no implica que las familias dejen de destinarle recursos a la educación. Sin rechazar la responsabilidad estatal en la materia, advirtió que la Secretaría de Educación Pública buscará un mayor número de canales para que los padres puedan realizar aportaciones mediante cuotas que ayuden de forma creciente a solventar el costo de las escuelas.
El nuevo texto avalado por los diputados introduce a las escuelas privadas en el texto constitucional. Con ello se franquea el paso a una vieja aspiración panista: legitimar la entrega de recursos públicos de la educación a los centros escolares particulares.
La reforma reconoce derechos declarativos, pero no efectivos; fija obligaciones que no pueden cumplirse. Por ejemplo, establece un récord mundial de educación obligatoria: 15 años. Ningún país, por más desarrollado que sea, lo tiene. El promedio en el mundo es de 12 años. Pero lo que da con una mano, lo quita con la otra. La nueva norma reconoce que el acceso a la educación media superior a todos los estudiantes en edad de cursarla se realizará de manera gradual y creciente. A pesar de que los tres años de educación prescolar son obligatorios, no se fijan fechas, plazos ni compromisos concretos para hacerlo realidad. Explícitamente se señala en el clausulado que durante el primer año de prescolar la atención educativa crecerá de manera gradual y sistemática hasta lograr su universalización.
La reforma al artículo tercero constitucional obliga a un gran debate nacional que el Senado de la República debería promover. A no ser, claro, que se quiera hacer aún mayor el descrédito del Legislativo y el foso que lo separa de los ciudadanos de a pie.
Pedro Miguel: Secuestrozy
Nicolas Sarkozy es una vergüenza para Francia. No porque apacigüe sus bramas de hombre maduro incrustando lunas de miel en tiempos y periplos pagados por los contribuyentes franceses: eso es un asunto público pero externo, así el político europeo haya escogido las playas del Pacífico mexicano para aullarle a la luna. Lo escandaloso es que Sarko –Narkosy, le dicen también ahora en el país que gobierna, y a ver si no regresa de México con un tercero: Secuestrozy– pretenda utilizar el poder diplomático de Francia y los instrumentos franco-mexicanos de cooperación jurídica para escamotearle a la justicia a la francesa Florence Cassez, una secuestradora dos veces sentenciada. Y todo, para ganarse él, Sarkozy, unos puntos de popularidad en una opinión pública intoxicada por el mercantilismo mediático.
De la secuestrada a la secuestradora: Ingrid Betancourt, víctima en su momento de un plagio prolongado e injustificable, (como cualquier plagio) por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ya había sido convertida de inocente en heroína, y de allí en una Santa Genoveva de los trópicos. Como la historia funcionó, alguien encontró conveniente armar una segunda parte de la telenovela y no halló a un personaje más adecuado que la secuestradora Florence Cassez, quien, de acuerdo con testimonios de sus propias víctimas, desplegó la crueldad, la insensibilidad y el desprecio por la vida ajena que caracteriza a los criminales.
Qué importa: una ciudadana francesa detenida en una cárcel mexicana que dice ser víctima de sus propios enredos amorosos (con el jefe de la banda), tocada por horribles policías mexicanos, ofrece una circunstancia narrativa impagable. Que viva la Juana de Arco de la cárcel femenil de Tepepan. Ahora, la reclusa recibe cada semana un centenar de cartas y paquetes de chocolate de ciudadanos franceses que creen que es inocente (El Universal, 7/03/09) y el presidente de Francia acude, muy caballero andante y muy acá, a liberar a la pobre doncella prisionera en el castillo del dragón mexicano.
Ciertamente, a fines del sexenio foxista, Genaro García Luna, entonces director de la AFI (¿cuándo fue que quiénes dejaron crecer el narcotráfico, o cómo era?) recreó la captura de Cassez para subrayar su propia gloria y regalarles el producto a los concesionarios televisivos, quienes, al igual que en Francia, han hecho del morbo su producto principal. Abyecto y todo, ese montaje no guarda ninguna proporción con las atrocidades que los policías panistas cometen contra los luchadores sociales mexicanos que, siendo inocentes, son presentados como culpables. A Ignacio del Valle le atribuyeron un secuestro que no cometió y le echaron más años de cárcel que a la francesa. Pero no pasa nada: el líder atenquense no es güerito ni tiene pasaporte comunitario.
Por supuesto, Sarko tiene de caballero andante lo que mi abuelo de Madonna y está perfectamente al tanto de todo esto. Ahora le cayó en las manos una historia que puede rendirle unos puntos de popularidad aunque sea a costa de juguetear con una expectativa de impunidad para una convicta por secuestro. Aunque para ello deba participar en una farsa racista, corrupta, chovinista, manipuladora y sumamente inmoral. Aunque para alimentar vanidades se violente las leyes y el sentido común –¿extradición cuando Cassez no tiene causa abierta en su país de origen?– y aunque se colabore para que un amigo en desgracia, alicaído y urgido de legitimidad, conozca nuevas expresiones de lo que él mismo llama el infierno de gobernar.
Sarkozy es una vergüenza para Francia y Calderón no se le queda atrás con respecto a México. ¿Qué hará, por cierto, con esta nueva presión? ¿Aceptará jugar el papel de villano ante los sectores envenenados de la opinión pública francesa que le mandan chocolates a la Juana de Arco de Tepepan? ¿O cederá al chantaje impresentable y dejará que se caiga, con ello, el último alfiler del que pende la credibilidad de su discurso de mano firme contra la delincuencia? ¿Llegará a tanto?
navegaciones@yahoo.com http://navegaciones.blogspot.com/
EDITORIAL LA JORNADA
Vergüenza nacional
Con la instalación de una comisión binacional para revisar el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, el gobierno mexicano se ha plegado a la lógica racista y discriminatoria impuesta por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y ha establecido un estatuto de privilegio absolutamente inaceptable en el marco legal de nuestro país, agraviante para los ciudadanos mexicanos y repudiable desde una perspectiva ética.
Ha de considerarse que la instancia anunciada ayer de manera conjunta por Felipe Calderón y el mandatario francés es ajena al marco legal nacional y que impone, por el solo hecho de su creación, una circunstancia de excepción para los delincuentes convictos de origen extranjero, por graves que sean los crímenes que se les atribuyen. Tal circunstancia contrasta con el trato que los acusados y sentenciados mexicanos reciben de las autoridades, es decir, con las arbitrariedades y las injusticias que las instancias de procuración e impartición de justicia cometen contra reos comunes y contra presos políticos.
Es inevitable contrastar la deferencia que el calderonismo brinda a Cassez, convicta por 10 secuestros, y el atropello que perpetró contra Ignacio del Valle, líder atenquense condenado por la privación ilegal de la libertad de un funcionario, hecho que ocurrió cuando Del Valle se encontraba ya en la cárcel.
Igualmente grotesca resulta la concesión hecha al gobierno de Francia si se coteja con la indefensión jurídica que padecen ciudadanos mexicanos al norte del río Bravo. Es de notar que el Ejecutivo federal de México nunca ha pedido la creación de una comisión binacional para revisar los casos de connacionales condenados a muerte por un sistema judicial no menos distorsionado y aberrante que el nuestro, y cabe preguntarse si, llegado el caso, Washington aceptaría la propuesta. Es pertinente cuestionar, asimismo, por qué las autoridades mexicanas nunca han formado comisiones de esta clase para los centro y sudamericanos que delinquen en nuestro territorio y que son sancionados por las instituciones nacionales.
En los hechos, se ha impuesto una diferencia institucional para abordar los casos de los mexicanos acusados ante la justicia –en el país o en el extranjero– y los infractores latinoamericanos en México, por una parte, y los delincuentes que posean un pasaporte francés o rasgos físicos europeos. Estos últimos, de acuerdo con el precedente asentado, podrán reclamar el auxilio de instancias extralegales encargadas de analizar y dar celeridad a sus casos y de supervisar que no se cometan irregularidades.
Se trata de una distinción que contraviene postulados esenciales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluidos la igualdad ante la ley, consagrada en su artículo primero, y el principio de separación de poderes, toda vez que el Ejecutivo no tiene por qué revisar el trabajo del Judicial, en cuyo ámbito se encuentra, hoy, el destino de la secuestradora francesa.
En otros sentidos, la decisión de transigir ante las presiones abiertas e injerencistas de Sarkozy no sólo vulnera la soberanía nacional, sino resulta contraproducente contra el empeño calderonista de persuadir a la sociedad de que en las esferas gubernamentales hay voluntad política real para perseguir a los delincuentes y castigarlos con todo el rigor que permite el derecho. Sí, podrá decirse en lo sucesivo, siempre y cuando los infractores no tengan nacionalidad francesa. En suma, el establecimiento de una comisión binacional para revisar la situación jurídica de Florence Cassez es, por donde quiera que se le vea, una vergüenza nacional.
Alberto Aziz Nassif
Vergüenza nacional
Con la instalación de una comisión binacional para revisar el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, el gobierno mexicano se ha plegado a la lógica racista y discriminatoria impuesta por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y ha establecido un estatuto de privilegio absolutamente inaceptable en el marco legal de nuestro país, agraviante para los ciudadanos mexicanos y repudiable desde una perspectiva ética.
Ha de considerarse que la instancia anunciada ayer de manera conjunta por Felipe Calderón y el mandatario francés es ajena al marco legal nacional y que impone, por el solo hecho de su creación, una circunstancia de excepción para los delincuentes convictos de origen extranjero, por graves que sean los crímenes que se les atribuyen. Tal circunstancia contrasta con el trato que los acusados y sentenciados mexicanos reciben de las autoridades, es decir, con las arbitrariedades y las injusticias que las instancias de procuración e impartición de justicia cometen contra reos comunes y contra presos políticos.
Es inevitable contrastar la deferencia que el calderonismo brinda a Cassez, convicta por 10 secuestros, y el atropello que perpetró contra Ignacio del Valle, líder atenquense condenado por la privación ilegal de la libertad de un funcionario, hecho que ocurrió cuando Del Valle se encontraba ya en la cárcel.
Igualmente grotesca resulta la concesión hecha al gobierno de Francia si se coteja con la indefensión jurídica que padecen ciudadanos mexicanos al norte del río Bravo. Es de notar que el Ejecutivo federal de México nunca ha pedido la creación de una comisión binacional para revisar los casos de connacionales condenados a muerte por un sistema judicial no menos distorsionado y aberrante que el nuestro, y cabe preguntarse si, llegado el caso, Washington aceptaría la propuesta. Es pertinente cuestionar, asimismo, por qué las autoridades mexicanas nunca han formado comisiones de esta clase para los centro y sudamericanos que delinquen en nuestro territorio y que son sancionados por las instituciones nacionales.
En los hechos, se ha impuesto una diferencia institucional para abordar los casos de los mexicanos acusados ante la justicia –en el país o en el extranjero– y los infractores latinoamericanos en México, por una parte, y los delincuentes que posean un pasaporte francés o rasgos físicos europeos. Estos últimos, de acuerdo con el precedente asentado, podrán reclamar el auxilio de instancias extralegales encargadas de analizar y dar celeridad a sus casos y de supervisar que no se cometan irregularidades.
Se trata de una distinción que contraviene postulados esenciales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluidos la igualdad ante la ley, consagrada en su artículo primero, y el principio de separación de poderes, toda vez que el Ejecutivo no tiene por qué revisar el trabajo del Judicial, en cuyo ámbito se encuentra, hoy, el destino de la secuestradora francesa.
En otros sentidos, la decisión de transigir ante las presiones abiertas e injerencistas de Sarkozy no sólo vulnera la soberanía nacional, sino resulta contraproducente contra el empeño calderonista de persuadir a la sociedad de que en las esferas gubernamentales hay voluntad política real para perseguir a los delincuentes y castigarlos con todo el rigor que permite el derecho. Sí, podrá decirse en lo sucesivo, siempre y cuando los infractores no tengan nacionalidad francesa. En suma, el establecimiento de una comisión binacional para revisar la situación jurídica de Florence Cassez es, por donde quiera que se le vea, una vergüenza nacional.
Alberto Aziz Nassif
¿Regresa el PRI?
Hace unos días cumplió 80 años de vida política y hoy varias encuestas ubican al PRI como el puntero rumbo a las elecciones del próximo 5 de julio. Después de haber perdido de forma sistemática votos y escaños, cientos de municipios, 13 estados y el Distrito Federal, así como dos veces la Presidencia de la República, en los últimos dos años ha empezado a recuperar votos. ¿Por qué?
La transformación de un partido de Estado, que pasó por una fase de partido hegemónico, luego se convirtió en un partido dominante y, finalmente, llegó a ser un partido más dentro de un sistema competitivo, necesariamente implica pérdida de votos. El tránsito mexicano fue de un sistema de partido hegemónico a un sistema hegemónico de partidos.
El PRI fue el partido gobernante durante la mayor parte del siglo XX mexicano. Tuvo diversos momentos, desde su nacimiento en 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR) que unificó a las élites militares, su refundación corporativa en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y su institucionalización estatal desde 1946 como PRI. En las tres fue un partido autoritario.
El presidencialismo priísta y el partido de Estado fueron las principales piezas que durante décadas encabezaron el rompecabezas del sistema político en México. Así fue entre 1929 y 1994; en el 2000 llegó la hora de cambiar de partido en el gobierno. La expectativa, hoy incumplida, fue dejar atrás el autoritarismo mexicano en sus diversas expresiones: el particularismo como forma de dominio de los intereses particulares sobre los bienes públicos; el patrimonialismo como enriquecimiento ilícito; la corrupción como el lubricante del sistema político; el caciquismo como la intermediación mafiosa de intereses; el clientelismo como la forma de intercambio de votos por favores.
Este sistema nos llevó a vivir una crisis tras otra (1954, 1982, 1987, 1995); una represión tras otra, primero en mundo laboral, luego con los estudiantes, más tarde con los movimientos sociales. Las elecciones eran rituales confirmatorios de decisiones políticas, y cuando llegaban a ser competidas, resultaban fraudulentas. Había una imposibilidad de construir ciudadanos y tener un estado de derecho eficiente y eficaz. Con estas piezas —que siguen vigentes en muchos sentidos— gobernó el PRI.
No se puede entender el probable regreso del PRI sin el deficiente desempeño de los gobiernos panistas y los graves errores de la izquierda. Desde el 2000 hemos tenido un panismo con dos estilos diferentes, Fox y Calderón, pero que han coincidido en tres cuestiones estratégicas: a) ambos hicieron un gobierno para administrar el estado de cosas que heredaron, pero transformaron el sistema político; b) se acomodaron a las viejas estructuras y se aliaron con los intereses más caducos del viejo corporativismo, de los monopolios empresariales y mediáticos, con los caciques estatales y locales; c) ambos gobernaron con el PRI, con sectores, franjas, grupos.
Por ello, quizá el repunte electoral que hoy beneficia al PRI tenga una racionalidad que tal vez diga: “Si así es el país, para qué queremos malas copias como los gobiernos panistas; mejor vamos con el original, que al menos no engaña con bandearas de democracia y honestidad y puede ser un operador más eficaz”.
Del lado de la izquierda tenemos que el desastre de la crisis postelectoral en 2006 barrió con una buena parte de los apoyos externos, ésos que la llevaron a la puerta de Los Pinos. En el proceso de 2006 la opción de la izquierda captó a un electorado que pudo haberla llevado al triunfo, si no se hubieran cometido errores críticos en la estrategia del candidato. ¿Cuándo tendremos una izquierda menos estridente y fragmentada, más moderna y más democrática?
La ola democratizadora ha terminado, nos quedamos con un sistema electoral que funciona en términos de competencia, está institucionalizado, pero convive con amplios territorios de autoritarismo caciquil, con graves desigualdades sociales, y con una falta de control del Estado en diversos territorios que están en manos del crimen organizado. Según Latinobarómetro, el apoyo a gobiernos que sean eficaces, a pesar de no ser democráticos, está en América Latina en 53%, pero en México llegamos a 61%.
Este es el clima en el que posiblemente regresará el PRI; un partido que no hizo cambios internos, simplemente recuperó la disciplina interna y esperó el fracaso de la oposición. Pero quizá la pregunta sea: ¿alguna vez se fue el PRI?…
Investigador del CIESAS
Javier Corral Jurado
La transformación de un partido de Estado, que pasó por una fase de partido hegemónico, luego se convirtió en un partido dominante y, finalmente, llegó a ser un partido más dentro de un sistema competitivo, necesariamente implica pérdida de votos. El tránsito mexicano fue de un sistema de partido hegemónico a un sistema hegemónico de partidos.
El PRI fue el partido gobernante durante la mayor parte del siglo XX mexicano. Tuvo diversos momentos, desde su nacimiento en 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR) que unificó a las élites militares, su refundación corporativa en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y su institucionalización estatal desde 1946 como PRI. En las tres fue un partido autoritario.
El presidencialismo priísta y el partido de Estado fueron las principales piezas que durante décadas encabezaron el rompecabezas del sistema político en México. Así fue entre 1929 y 1994; en el 2000 llegó la hora de cambiar de partido en el gobierno. La expectativa, hoy incumplida, fue dejar atrás el autoritarismo mexicano en sus diversas expresiones: el particularismo como forma de dominio de los intereses particulares sobre los bienes públicos; el patrimonialismo como enriquecimiento ilícito; la corrupción como el lubricante del sistema político; el caciquismo como la intermediación mafiosa de intereses; el clientelismo como la forma de intercambio de votos por favores.
Este sistema nos llevó a vivir una crisis tras otra (1954, 1982, 1987, 1995); una represión tras otra, primero en mundo laboral, luego con los estudiantes, más tarde con los movimientos sociales. Las elecciones eran rituales confirmatorios de decisiones políticas, y cuando llegaban a ser competidas, resultaban fraudulentas. Había una imposibilidad de construir ciudadanos y tener un estado de derecho eficiente y eficaz. Con estas piezas —que siguen vigentes en muchos sentidos— gobernó el PRI.
No se puede entender el probable regreso del PRI sin el deficiente desempeño de los gobiernos panistas y los graves errores de la izquierda. Desde el 2000 hemos tenido un panismo con dos estilos diferentes, Fox y Calderón, pero que han coincidido en tres cuestiones estratégicas: a) ambos hicieron un gobierno para administrar el estado de cosas que heredaron, pero transformaron el sistema político; b) se acomodaron a las viejas estructuras y se aliaron con los intereses más caducos del viejo corporativismo, de los monopolios empresariales y mediáticos, con los caciques estatales y locales; c) ambos gobernaron con el PRI, con sectores, franjas, grupos.
Por ello, quizá el repunte electoral que hoy beneficia al PRI tenga una racionalidad que tal vez diga: “Si así es el país, para qué queremos malas copias como los gobiernos panistas; mejor vamos con el original, que al menos no engaña con bandearas de democracia y honestidad y puede ser un operador más eficaz”.
Del lado de la izquierda tenemos que el desastre de la crisis postelectoral en 2006 barrió con una buena parte de los apoyos externos, ésos que la llevaron a la puerta de Los Pinos. En el proceso de 2006 la opción de la izquierda captó a un electorado que pudo haberla llevado al triunfo, si no se hubieran cometido errores críticos en la estrategia del candidato. ¿Cuándo tendremos una izquierda menos estridente y fragmentada, más moderna y más democrática?
La ola democratizadora ha terminado, nos quedamos con un sistema electoral que funciona en términos de competencia, está institucionalizado, pero convive con amplios territorios de autoritarismo caciquil, con graves desigualdades sociales, y con una falta de control del Estado en diversos territorios que están en manos del crimen organizado. Según Latinobarómetro, el apoyo a gobiernos que sean eficaces, a pesar de no ser democráticos, está en América Latina en 53%, pero en México llegamos a 61%.
Este es el clima en el que posiblemente regresará el PRI; un partido que no hizo cambios internos, simplemente recuperó la disciplina interna y esperó el fracaso de la oposición. Pero quizá la pregunta sea: ¿alguna vez se fue el PRI?…
Investigador del CIESAS
Javier Corral Jurado
¿A dónde vamos?
Conforme el acuerdo del Consejo General del IFE por el que se establecieron los criterios relativos al inicio de las precampañas, éstas deberán concluir el 11 de marzo, y en donde los partidos abrieron auténticos procesos de elección internos los resultados se conocerán hasta el 29 de marzo. Dice el Cofipe que durante los procesos electorales federales en que se renueve sólo la Cámara de Diputados las precampañas darán inicio en la cuarta semana de enero del año de la elección y no durarán más de 40 días.
En este periodo han tenido presencia dos fenómenos de honda preocupación justificados en nombre de la nueva legalidad electoral, pero que constituyen pasos atrás en la construcción democrática y en la apertura que los medios electrónicos venían ofreciendo a la pluralidad política de México.
Primer fenómeno. Los tres principales partidos restringieron lo más posible la participación directa de militantes y adherentes en la selección de sus candidatos y se excedieron en las designaciones directas. Entre los motivos que fundan la sustitución de la democracia interna por decisiones centrales en manos de las dirigencias nacionales, uno de ellos es que la nueva legislación electoral lo hizo necesario, atendiendo a los límites impuestos al financiamiento privado y a que el gasto de las precampañas podría poner en riesgo los topes a las erogaciones totales del proceso constitucional.
Acción Nacional fue el partido que convocó en mayor porcentaje, 36%, a elecciones mediante el voto de sus miembros activos y adherentes en 105 distritos. El PRD sólo en 24% de los distritos. El PRI no le entró a la democracia: designó en los 300 distritos candidatos únicos y ratificó una de las tradiciones más antiguas y de mayor fidelidad en ese partido: el dedazo.
Segundo fenómeno. Diversos concesionarios de la radio emulan al duopolio televisivo en su resistencia a la nueva ley electoral. Retroceden de manera vergonzosa en lo que habían logrado y a donde habían llevado incluso a la tv en este país: a abrirse. Hay una burda operación antirreforma, embustera, mal intencionada. Tratando de desprestigiar las recientes reformas electorales que afectaron sus ingresos por la prohibición de la contratación comercial de publicidad política en radio y tv, propalan a través de sus conductores comentarios absurdos, advirtiendo de sanciones inexistentes por parte del IFE si dicen esto o hacen aquello.
Lo más preocupante es que están restringiendo o de plano negando el acceso a programas informativos; la cobertura informativa sobre las precampañas se redujo casi para todos los partidos; se niegan las entrevistas: “Aquí que ni se pare”, me mandó decir la gerente de una estación. Podré volver a la cabina hasta que la reforma electoral que “atropelló la libertad de expresión” caiga. La regresión es brutal.
Otras estaciones son más comprensivas de las necesidades de información que tienen los precandidatos, pero también ellas tienen necesidades que afrontar, por lo que proponen entrevistas, pero pagadas. Es posible que en mi caso algunas de estas medidas se recrudezcan, por mis posiciones históricas en el tema, pero tengo conocimiento de que a otros compañeros y a algunos competidores internos les ha pasado, e incluso a adversarios de otros partidos.
Otro caso es que quienes dicen encontrar en la nueva legislación electoral fundamento a su negativa no quieren problemas con el IFE y, como nadie les ha explicado bien el alcance del artículo 211 del Cofipe, ellos no lo harán por su cuenta. Ese artículo dice en su numeral 4: “Los partidos harán uso del tiempo en radio y tv que conforme a este código les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular (...) Los precandidatos registrados podrán acceder a radio y tv exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dichos medios al partido por el que pretenden ser postulados”. Obviamente se refiere a los tiempos de la propaganda en radio y tv, pero en una lectura parcial y mal intencionada extienden su significado a cualquier tipo de acceso, así sea la información.
La experiencia de esta etapa previa del proceso electoral mexicano —reglamentada por primera vez— requiere una profunda reflexión de la clase política del país y de nuestros dirigentes. ¿A dónde vamos si los partidos le echan la culpa a la reforma electoral para abusar de las designaciones directas, y si la radio regresa a los tiempos de la censura en nombre de la misma maléfica ley? ¿A dónde vamos así?
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Enrique del Val Blanco
Negociantes de la educación
El mes pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó un aviso que a la letra dice: “Se da a conocer el proyecto de autorización para la constitución de una cámara de industria específica con circunscripción nacional que represente al sector de la educación superior particular”. Según la gran Secretaría de Economía, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, AC (FIMPES), solicitó la autorización para cumplir con la Ley de Cámaras Empresariales.
Más claro ni el agua, como decían antes. Por fin estos negociantes de la educación se desenmascaran ahora pretendiendo conformar una cámara empresarial para defender sus derechos; no sabemos claramente ante quién, si ante la Secretaría de Economía o ante la disminuida de Educación.
Hay varias observaciones a tal petición: la primera, que estos comerciantes —porque industriales no son— están en su derecho de asistir a la Secretaría de Economía para buscar mayores beneficios a los que tienen. En segundo, sería conveniente que la FIMPES aclarara lo de “instituciones mexicanas”, porque varias de sus empresas hoy son parte de fondos de inversión estadounidenses.
Quizá habría que revisar la legislación, no vaya a ser que pase lo mismo que con Banamex aunque, para su tranquilidad, cuando se haga la consulta sobre si un organismo extranjero puede ser dueño de 100% de instituciones de educación superior en este país, lo resolverán quizá en 2015.
También sería interesante conocer la opinión de la SEP, aunque si nos atenemos a los recientes actos pareciera que está muy de acuerdo con los negociantes privados, al punto de querer igualar la FIMPES con la ANUIES.
Es otro de los grandes errores que este gobierno está cometiendo en la educación superior. Porque si cree que apoyando a estos negociantes —antes encubiertos y ahora claramente a la luz pública— en su solicitud de inscripción como cámara empresarial podrán convertirse en un contrapeso de las instituciones públicas, está equivocándose.
Interesa asimismo ver la posición de las escuelas confesionales al pertenecer a una cámara empresarial, perdiendo la careta de preocupación por la educación de los jóvenes, más allá de las barbaridades del señor cardenal cuando, en el curso de este mes, pidió “no permitir que otras instancias asuman la función de los padres en la educación de sus hijos”.
El país en muchos aspectos está en un punto crucial. La educación es uno de ellos. En la media superior y superior pública el gobierno debe ser claro, pero hasta la fecha los discursos de sus funcionarios son contradictorios.
Deben entender de una vez por todas —por encima de sus creencias y obligaciones dominicales— que la educación es un derecho humano y un bien público social, por lo que los estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho, tal como lo establece la UNESCO, y que por supuesto no es un negocio que da utilidades monetarias a los particulares.
Analista político y economista
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