Solapa crímenes del Ejército Mexicano
Por Sanjuana Martínez*
México DF, 13 marzo 09 (CIMAC).- ¿Cuántos crímenes han cometido los militares desde la llegada al poder de Felipe Calderón? Uno solo bastaría para condenar la fuerza del Estado frente a la vulnerabilidad humana, pero las estadísticas son alarmantes y muestran una anomalía: Felipe Calderón, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, solapa esos delitos.
Presentados ante la opinión pública como auténticos héroes nacionales, los militares han cometido cientos de abusos de derechos humanos gracias a la inmunidad concedida por el presidente frente a la justicia civil y a la protección brindada por la justicia militar.
La presencia de más de 50 mil soldados en las calles para combatir el crimen organizado ha provocado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reciba más de dos denuncias diarias por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares mexicanos.
Solo durante el 2007 se registraron 671 denuncias y 1230 durante el 2008. El general brigadier Jaime Antonio López Portillo, director de derechos humanos de la Secretaría de la Defensa, considera sin embargo que esas denuncias “no son muchas” y que demuestran que “el adiestramiento del personal es adecuado”.
Es alarmante que López Portillo esté a cargo del Departamento de derechos humanos de la Sedena, particularmente porque sus declaraciones exhiben un problema sin atender y confirman la impunidad de la que gozan los militares. El desprecio de este mando militar contra las garantías individuales se traduce en delitos sin castigo, por tanto es lógico que el Ejército Mexicano recibiera el mayor número de quejas en la CNDH.
Para abundar en este asunto, se ha publicado el excelente informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) titulado “¿Comandante Supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón”, que revela cómo las autoridades civiles han remitido a la justicia militar entre enero de 2006 y noviembre de 2008, 500 averiguaciones previas, de las cuales 381 correspondieron al año pasado.
La Justicia Militar aceptó 174 averiguaciones por delitos cometidos contra civiles, 110 durante el 2008 de las cuales solo se han consignado 11 casos, es decir, menos de una de cada 10 denuncias. Los delitos van desde el asesinato o ejecución sumaria, pasando por la detención arbitraria, las torturas, la invasión a los de domicilios, los tratos crueles, hasta la privación ilegal de la libertad.
En el informe se detalla el espectro de víctimas: menores de edad, jóvenes de 18 a 24 años, mujeres, periodistas, indígenas, y servidores públicos como policías, alcaldes y funcionarios de los gobiernos locales y federales.
En los casos paradigmáticos de víctimas se documentó la masacre de Santiago de Caballeros en Sinaloa y el del joven Félix Daniel Téllez Ortiz, atropellado por un camión militar que circulaba a exceso de velocidad y lo dejó parapléjico.
A pesar de todos los procedimientos judiciales ante instancias civiles y militares, el joven a dos años nunca recibió indemnización alguna, ni el conductor fue condenado: “Incluimos este caso para mostrar como la ausencia de controles civiles sobre el Ejército no sólo propicia violaciones a los derechos humanos…sino en otros ámbitos”. Daniel pasó de víctima del delito a presunto responsable en una averiguación previa corrompida por los propios militares.
Los militares cuentan con el apoyo incondicional del presidente, de la justicia militar, del Congreso de los Diputados y el Senado de la República, de los gobiernos locales y municipales, de las policías, de los empresarios… ¿pero se han puesto a pensar en los crímenes que el Ejército comete en nombre de la seguridad?
No hay autoridad que con dureza critique al Ejército, ni el Senado de la República se atreve a hacer un extrañamiento debido, por el contrario, solicita “respetuosamente” que la Sedena respete los derechos humanos y permita el acceso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los casos bajo sospecha.
La actuación del ombudsman José Luis Soberanes también deja mucho que desear, porque pese a las contundentes pruebas contra miembros del Ejército, hay una falta de firmeza en sus “recomendaciones” que solo sirven como papel utilizable para las necesidades fisiológicas de los militares.
Los estados con mayor número de denuncias por abusos de militares contra civiles son Tamaulipas con un total de 21 casos, Chihuahua y Michoacán con 13, Guerrero con 11, Sinaloa con 10 y Nuevo León en quinto lugar con cuatro denuncias.
El Ejército Mexicano ha sido un violador de los derechos humanos sistemático e histórico y a estas alturas existen suficientes referentes de organismos de derecho internacional que a lo largo de los últimos años han pretendido, sin éxito, poner freno a la impunidad de la justicia castrense.
La última llamada de atención viene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el pasado 9 de marzo anunció que tendrá audiencias para ver las violaciones cometidas por el Ejército Mexicano y la impunidad de la que disfrutan los militares: “si un militar comete violaciones a los derechos humanos debería ser juzgado por la vía civil y no por la jurisdicción militar”, dijo el secretario ejecutivo del organismo internacional, Santiago Cantón.
Los delitos de los militares van en aumento, mientras la imagen de Felipe Calderón luciendo su casaca verde olivo y su gorra con el águila y las cinco estrellas del grado de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, perpetua los abusos.
* Sanjuana Martínez, es periodista de investigación freelance, autora de varios libros, el último “Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical” (Editorial Planeta).
www.sanjuanamartinez.com
Por Sanjuana Martínez*
México DF, 13 marzo 09 (CIMAC).- ¿Cuántos crímenes han cometido los militares desde la llegada al poder de Felipe Calderón? Uno solo bastaría para condenar la fuerza del Estado frente a la vulnerabilidad humana, pero las estadísticas son alarmantes y muestran una anomalía: Felipe Calderón, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, solapa esos delitos.
Presentados ante la opinión pública como auténticos héroes nacionales, los militares han cometido cientos de abusos de derechos humanos gracias a la inmunidad concedida por el presidente frente a la justicia civil y a la protección brindada por la justicia militar.
La presencia de más de 50 mil soldados en las calles para combatir el crimen organizado ha provocado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reciba más de dos denuncias diarias por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares mexicanos.
Solo durante el 2007 se registraron 671 denuncias y 1230 durante el 2008. El general brigadier Jaime Antonio López Portillo, director de derechos humanos de la Secretaría de la Defensa, considera sin embargo que esas denuncias “no son muchas” y que demuestran que “el adiestramiento del personal es adecuado”.
Es alarmante que López Portillo esté a cargo del Departamento de derechos humanos de la Sedena, particularmente porque sus declaraciones exhiben un problema sin atender y confirman la impunidad de la que gozan los militares. El desprecio de este mando militar contra las garantías individuales se traduce en delitos sin castigo, por tanto es lógico que el Ejército Mexicano recibiera el mayor número de quejas en la CNDH.
Para abundar en este asunto, se ha publicado el excelente informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) titulado “¿Comandante Supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón”, que revela cómo las autoridades civiles han remitido a la justicia militar entre enero de 2006 y noviembre de 2008, 500 averiguaciones previas, de las cuales 381 correspondieron al año pasado.
La Justicia Militar aceptó 174 averiguaciones por delitos cometidos contra civiles, 110 durante el 2008 de las cuales solo se han consignado 11 casos, es decir, menos de una de cada 10 denuncias. Los delitos van desde el asesinato o ejecución sumaria, pasando por la detención arbitraria, las torturas, la invasión a los de domicilios, los tratos crueles, hasta la privación ilegal de la libertad.
En el informe se detalla el espectro de víctimas: menores de edad, jóvenes de 18 a 24 años, mujeres, periodistas, indígenas, y servidores públicos como policías, alcaldes y funcionarios de los gobiernos locales y federales.
En los casos paradigmáticos de víctimas se documentó la masacre de Santiago de Caballeros en Sinaloa y el del joven Félix Daniel Téllez Ortiz, atropellado por un camión militar que circulaba a exceso de velocidad y lo dejó parapléjico.
A pesar de todos los procedimientos judiciales ante instancias civiles y militares, el joven a dos años nunca recibió indemnización alguna, ni el conductor fue condenado: “Incluimos este caso para mostrar como la ausencia de controles civiles sobre el Ejército no sólo propicia violaciones a los derechos humanos…sino en otros ámbitos”. Daniel pasó de víctima del delito a presunto responsable en una averiguación previa corrompida por los propios militares.
Los militares cuentan con el apoyo incondicional del presidente, de la justicia militar, del Congreso de los Diputados y el Senado de la República, de los gobiernos locales y municipales, de las policías, de los empresarios… ¿pero se han puesto a pensar en los crímenes que el Ejército comete en nombre de la seguridad?
No hay autoridad que con dureza critique al Ejército, ni el Senado de la República se atreve a hacer un extrañamiento debido, por el contrario, solicita “respetuosamente” que la Sedena respete los derechos humanos y permita el acceso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los casos bajo sospecha.
La actuación del ombudsman José Luis Soberanes también deja mucho que desear, porque pese a las contundentes pruebas contra miembros del Ejército, hay una falta de firmeza en sus “recomendaciones” que solo sirven como papel utilizable para las necesidades fisiológicas de los militares.
Los estados con mayor número de denuncias por abusos de militares contra civiles son Tamaulipas con un total de 21 casos, Chihuahua y Michoacán con 13, Guerrero con 11, Sinaloa con 10 y Nuevo León en quinto lugar con cuatro denuncias.
El Ejército Mexicano ha sido un violador de los derechos humanos sistemático e histórico y a estas alturas existen suficientes referentes de organismos de derecho internacional que a lo largo de los últimos años han pretendido, sin éxito, poner freno a la impunidad de la justicia castrense.
La última llamada de atención viene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el pasado 9 de marzo anunció que tendrá audiencias para ver las violaciones cometidas por el Ejército Mexicano y la impunidad de la que disfrutan los militares: “si un militar comete violaciones a los derechos humanos debería ser juzgado por la vía civil y no por la jurisdicción militar”, dijo el secretario ejecutivo del organismo internacional, Santiago Cantón.
Los delitos de los militares van en aumento, mientras la imagen de Felipe Calderón luciendo su casaca verde olivo y su gorra con el águila y las cinco estrellas del grado de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, perpetua los abusos.
* Sanjuana Martínez, es periodista de investigación freelance, autora de varios libros, el último “Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical” (Editorial Planeta).
www.sanjuanamartinez.com
Silvia, su esposa, detalla la agresión
Indígena se recupera tras tortura militar en Oaxaca
Por Olga Rosario Avendaño/corresponsal
Oaxaca, Oax., 13 marzo 09 (CIMAC).- Tras 14 días de estar inconsciente en terapia intensiva en el Hospital Civil de Oaxaca, luego de que fue torturado por tres militares, el indígena zapoteca Román García Hernández, logró despertar este jueves y será trasladado a medicina interna, le informaron en Servicio Social a su esposa, Silvia García Pérez.
El pasado 27 de febrero por la tarde, Román García Hernández y su esposa salieron a pie de su pueblo San Dionisio Ocotepec, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad, para ir al rancho La Laguna que se ubica a una hora y media de distancia, en el camino una camioneta los alcanzó y pidieron un “aventón”, el chofer dijo que sí.
Sin embargo, metros antes de llegar a un reten militar, el conductor paró la marcha del automóvil y echó a correr entre la maleza, quedando el matrimonio en la batea de la camioneta donde el conductor de la camioneta transportaba droga en unas cajas de cartón.
La esposa de la víctima narra que no sabían qué llevaban las cajas de cartón, hasta que los militares los detuvieron “nos dijeron, pinches indios a dónde llevan esa droga” y fue cuando empezaron a golpear a su esposo que terminó inconsciente y fue trasladado al Hospital Civil Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca.
En los momentos que se acercó a los militares que golpeaban a su esposo, alcanzó a leer los nombres que los soldados tenían impreso en sus uniformes y recuerda, “uno es el subteniente Alfredo Hernández Méndez; el sargento segundo Teodardo Osorio Jiménez, y el cabo Carlos Vázquez García”.
Este jueves, García Hernández, “ya despertó, pero no se acuerda de nada. Está lastimado de todo el cuerpo, de una costilla, de la cara, de los brazos, se le ve muy golpeado, lo arrastraron, le lastimaron su costilla. Lo metieron a un bote de agua para que confesara que de nosotros era la droga”, dice Silvia García Pérez.
Este jueves, Román García Hernández despertó, “ya habla, me reconoce, pero no recuerda nada, no sabe cómo fueron las cosas. Se ve muy golpeado, su mano está roja, lo arrastraron, por su costilla está bien feo”.
Recuerda que “lo subieron a la camioneta, empujaron a mi esposo, se cayó hasta el suelo, yo rápido bajé, cuando voltié, de su cabeza ya estaba saliendo sangre y también su codo, entonces le pegaron en su estómago, con la cola del rifle”.
Agregó que como a 20 metros de dónde lo golpearon había un estanque, echaron agua a una cubeta y “ahí metieron su cabeza, lo estaban ahogando para que dijera que la droga era nuestra, pero nosotros no sabemos nada, nomás pedimos un aventón”.
Cuando solicitó a los militares que dejaran de golpear a su esposo, éstos se dirigieron a ellos con palabras soeces, “cállate, sino ahorita te doy tu merecido”, narró.
Silvia García Pérez, madre de cinco hijos y sin dinero para pagar siete mil 300 pesos que le cobran en el hospital civil por los 17 días que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), menciona que al ver que su esposo estaba herido y tirado en el suelo ensangretado, volvió a pie hacia su pueblo a pedir ayuda a sus familiares.
Añade “somos muy pobres, no tenemos dinero, estamos pidiendo prestado para los medicamentos, íbamos al rancho La Laguna para pedir prestado un terreno y poder sembrar ahora en el tiempo de lluvia”.
Cuando regresó al lugar de los hechos, su esposo ya había sido levantado, hasta el momento ignora si fueron los propios militares quienes lo trasladaron al hospital civil.
Con el poco español que habla, esa misma noche se fue a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ahí le informaron que su esposo estaba en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, donde aún se encuentra internado y también, donde ella ha pasado todos estos días a la espera de que recuperara la conciencia.
09/ORA/GG
Indígena se recupera tras tortura militar en Oaxaca
Por Olga Rosario Avendaño/corresponsal
Oaxaca, Oax., 13 marzo 09 (CIMAC).- Tras 14 días de estar inconsciente en terapia intensiva en el Hospital Civil de Oaxaca, luego de que fue torturado por tres militares, el indígena zapoteca Román García Hernández, logró despertar este jueves y será trasladado a medicina interna, le informaron en Servicio Social a su esposa, Silvia García Pérez.
El pasado 27 de febrero por la tarde, Román García Hernández y su esposa salieron a pie de su pueblo San Dionisio Ocotepec, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad, para ir al rancho La Laguna que se ubica a una hora y media de distancia, en el camino una camioneta los alcanzó y pidieron un “aventón”, el chofer dijo que sí.
Sin embargo, metros antes de llegar a un reten militar, el conductor paró la marcha del automóvil y echó a correr entre la maleza, quedando el matrimonio en la batea de la camioneta donde el conductor de la camioneta transportaba droga en unas cajas de cartón.
La esposa de la víctima narra que no sabían qué llevaban las cajas de cartón, hasta que los militares los detuvieron “nos dijeron, pinches indios a dónde llevan esa droga” y fue cuando empezaron a golpear a su esposo que terminó inconsciente y fue trasladado al Hospital Civil Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca.
En los momentos que se acercó a los militares que golpeaban a su esposo, alcanzó a leer los nombres que los soldados tenían impreso en sus uniformes y recuerda, “uno es el subteniente Alfredo Hernández Méndez; el sargento segundo Teodardo Osorio Jiménez, y el cabo Carlos Vázquez García”.
Este jueves, García Hernández, “ya despertó, pero no se acuerda de nada. Está lastimado de todo el cuerpo, de una costilla, de la cara, de los brazos, se le ve muy golpeado, lo arrastraron, le lastimaron su costilla. Lo metieron a un bote de agua para que confesara que de nosotros era la droga”, dice Silvia García Pérez.
Este jueves, Román García Hernández despertó, “ya habla, me reconoce, pero no recuerda nada, no sabe cómo fueron las cosas. Se ve muy golpeado, su mano está roja, lo arrastraron, por su costilla está bien feo”.
Recuerda que “lo subieron a la camioneta, empujaron a mi esposo, se cayó hasta el suelo, yo rápido bajé, cuando voltié, de su cabeza ya estaba saliendo sangre y también su codo, entonces le pegaron en su estómago, con la cola del rifle”.
Agregó que como a 20 metros de dónde lo golpearon había un estanque, echaron agua a una cubeta y “ahí metieron su cabeza, lo estaban ahogando para que dijera que la droga era nuestra, pero nosotros no sabemos nada, nomás pedimos un aventón”.
Cuando solicitó a los militares que dejaran de golpear a su esposo, éstos se dirigieron a ellos con palabras soeces, “cállate, sino ahorita te doy tu merecido”, narró.
Silvia García Pérez, madre de cinco hijos y sin dinero para pagar siete mil 300 pesos que le cobran en el hospital civil por los 17 días que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), menciona que al ver que su esposo estaba herido y tirado en el suelo ensangretado, volvió a pie hacia su pueblo a pedir ayuda a sus familiares.
Añade “somos muy pobres, no tenemos dinero, estamos pidiendo prestado para los medicamentos, íbamos al rancho La Laguna para pedir prestado un terreno y poder sembrar ahora en el tiempo de lluvia”.
Cuando regresó al lugar de los hechos, su esposo ya había sido levantado, hasta el momento ignora si fueron los propios militares quienes lo trasladaron al hospital civil.
Con el poco español que habla, esa misma noche se fue a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ahí le informaron que su esposo estaba en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, donde aún se encuentra internado y también, donde ella ha pasado todos estos días a la espera de que recuperara la conciencia.
09/ORA/GG
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