Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Un conjunto de maestros en derecho del trabajo de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, organizaciones sindicales, dirigentes políticos y sociales, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Unión de Juristas de México, se le aparecieron al que despacha en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para “exigir al señor Lozano su inmediata renuncia”.
Escribí que despacha en la dependencia federal porque cuesta llamar secretario del Trabajo al poblano egresado de la Escuela Libre de Derecho, como su jefe institucional, que incumple un día sí y otro también con las obligaciones que juró respetar al asumir el cargo el 1 de diciembre de 2006, tras el presunto veto de Emilio Azcárraga Jean para que Javier Lozano Alarcón encabezara la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ramo en el que tiene más experiencia laboral, tanto desde el sector privado como del público.
Resulta que el otrora articulista del mensuario Este País --dirigido por Federico Jesús Reyes Heroles González Garza-- sobre música clásica y ópera, no muestra tanta cultura jurídica ni laboral a la hora de enjuiciar la Ley Federal de Trabajo en un foro organizado por la Cámara de Senadores, en donde incluso confundió al primero con la segunda al presentar su “proyecto de reforma” que, a juicio de Arnaldo Córdova, es simplemente “un documento de 114 cuartillas en forma de dos columnas: una, con los artículos de la ley vigente que se sugiere se reformen y, otra, con las reformas propuestas. O para decirlo en palabras escritas por el laboralista Arturo Alcalde Justiniani, es “una especie de pliego petitorio empresarial”.
En aquel foro, pues, dijo el señor que también lo afama cierto dominio en el manejo del piano, que la LFT “es una pieza legislativa que cobija el fraude, simula relaciones laborales, restringe el acceso al trabajo formal y genera incentivos perversos” (La Jornada, 10-II-09).
El exsubsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación --conducida por Francisco Labastida Ochoa bajo el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, prominente asesor de Union Pacific a la que primero favoreció desde Los Pinos--, tuvo un pequeño olvido y es que ante los senadores no habló como pianista, socio fundador de la firma Javier Lozano y Asociados, SC y/o articulista, sino como titular de la Secretaría del Trabajo. Y en tanto que funcionario público, Lozano Alarcón tiene obligaciones perfectamente establecidas en la LFT y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A saber: “Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos”.
El desmedido entusiasmo por servir leal e incondicionalmente a su jefe institucional en turno, sea éste priísta o panista, de Puebla o de Michoacán, condujo al expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones –donde el gobierno perdió una multimillonaria demanda ante Televisión Azteca por las impericias y errores del primero--, a la obcecación, a no medir consecuencias políticas y sociales, a insistir en que hay un compromiso de los legisladores panistas para que en el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados se discuta y analice un proyecto de ley que nadie conoce.
En buena medida son los costos de la todología que se practica desde el viejo sistema político, reproducida con singular esmero desde Los Pinos. La semana pasada se colocó al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Juan Francisco Molinar Horcasitas sin que entregue cuentas de su desempeño en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Ah! Pero en 2006 fue un excelente golpeador de candidatos presidenciales opositores, como ahora resulta un buen mil usos el titular del Trabajo para todas las emergencias presidenciales.
Acuse de recibo
Para que observe usted, gentil lector, para que sirve la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República y qué tanto respeta Felipe de Jesús Calderón Hinojosa la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, transcribo la respuesta dada a la petición de información “sobre publicidad pagada durante 2007 y 2008 a todas las publicaciones impresas semanarias, catorcenales y mensuales del Distrito Federal y de todo el país”. La respuesta: ”Al respecto, se informa que durante 2007 se registró una erogación por $69 mil pesos IVA incluido por una plana que publicó la revista mensual Letras Libres. A la fecha (octubre), en el 2008 no se registran pagos a favor de ese tipo de publicaciones”… Dignidad Ciudadana, asociación política nacional que dirige Marcos Leonel Posadas Segura, postula que “El gobierno de Calderón daña a la sociedad y es peligroso para la nación. El régimen político en crisis niega la democracia y debe ser cambiado. Una salida democrática a la crisis para celebrar las revoluciones de 1810 y 1910”. Las tesis se exponen en un análisis “sobre la crisis política”.
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