Vaya semana: mientras 5 mil soldados entraban a Ciudad Juárez y cometían las primeras desapariciones de civiles, cuyos familiares todavía no atinan a denunciarlas porque no saben si callando lograrán que se los devuelvan más rápido, llegaron a México, por una parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Michael Mullen, la bellísima ex amante de Mick Jagger, Carla Bruni, casada ahora con el enano maligno que funge como presidente de Francia, y, por vía electrónica, persistentes declaraciones del director de Inteligencia del gobierno de Obama, Denis Blair, y del vicepresidente estadunidense, Joseph Biden.
Desde el pasado viernes –ayer se cumplieron ocho días–, cuando Michael Mullen se reunió en privado con los secretarios de Defensa y Marina, para exponerles la necesidad de realizar acciones conjuntas con los marines dentro de territorio mexicano –lo que en español responde al nombre de invasión militar–, en círculos políticos que manejan información privilegiada se rumoraba que de seguir la ola de asesinatos, secuestros y combates entre narcos, policías y soldados a cualquier hora del día, algunas ciudades, empezando por las fronterizas más candentes, serían declaradas en estado de emergencia, esto es, privadas de garantías individuales, con toque de queda, sin libertad de reunión, etcétera.
A demostrar la urgencia de aplicar tales medidas se dedicaron, toda la semana, desde Washington, Denis Blair y Joseph Biden. Este último, incluso, se jactó de que cuando los marines y el ejército colombiano combatieron juntos contra el cártel de Cali los resultados fueron excelentes. Si, tan excelentes que el narcotráfico de aquel país trasladó sus negocios al nuestro, donde ahora la mafia mexicana es la sexta más peligrosa del mundo y controla vastas extensiones del territorio nacional, pese a lo que diga Gómez Mont, que no controla ni su propia lengua.
Acosado por sus aliados estadunidenses –que no quitan el dedo del renglón–, Calderón debió tragarse vivo el sapo de la visita de Nicolas Sarkozy, quien llegó al Teotihuacán de Peña Nieto con la obsesión de liberar, de una forma o de otra, a Florence Cassez. Como si en la agenda de México y Francia no hubiera asuntos más importantes, Sarkozy convirtió el de la secuestradora francesa en tema del más alto nivel y presionó a la caricatura de gobierno calderónico con todo, incluso exigiendo desde el Senado que México envíe tropas a las guerras imperiales del primer mundo a través de la ONU y (¿por no excarcelar a la señorita Cassez?) pague el precio de la sangre de sus soldados. ¡Vaya tipejo!
Lo más admirable del caso fue que nadie se levantó a recordarle que, con excepción del Escuadrón 201, México nunca ha enviado tropas al exterior para atacar a otros países, pese a la invasión francesa de 1862 y las más de 200 intervenciones militares estadunidenses que hemos sufrido de 1776 a la fecha (más las que se acumulen en estos días). Ni el PRI, ni el PRD, ni Muñoz Ledo, que se declaró viejo amigo de Sarkozy le pararon el alto, avisándole que todavía existe una Ley Federal de Neutralidad que nos impide participar en aventuras militares (o permitir que ingresen marines a ayudarnos). Pero sabiendo, sin duda, que alrededor de 80 mil soldados mexicanos han desertado en los últimos años (muchos para pasarse al narcotráfico, donde ganan mejor), y sin desconocer las presiones estadunidenses para que se abra la frontera norte a los ejércitos de Obama, con una indelicadeza propia de su patanería, el mandatario francés, sediento como vampiro, pidió la sangre de nuestros soldados, y toda la clase política le aplicó la ley del hielo, sin ninguna excepción.
Por suerte, nada, ni la impertinencia de Sarkozy, ni la amable oferta de tropas invasoras del Pentágono ni la inclusión del Chapo Guzmán en la lista Forbes de los hombres más ricos de México, nada empañó el éxito del documento, dividido en cinco partes, que Andrés Manuel López Obrador publicó en este diario para dar a conocer una brevísima y apretada síntesis de su gira por 2 mil 38 municipios a lo largo de casi 150 mil kilómetros recorridos por tierra durante 430 días, toda una hazaña que lo convierte en el dirigente social mejor informado de lo que sucede, metro a metro, en el país que no ve la clase política y que por eso no lo comprende ni sabe cómo sacarlo del hoyo en que sus medidas importadas de Chicago y Davos lo han hundido.
Presos de Atenco, ¡libertad!
Pasado mañana, a las seis de la mañana, bajo la mole del Monumento a la Revolución, habrá una importante reunión a la que están invitados todos los que se sientan personalmente ofendidos por el tema. Decenas de millones de mexicanos acudirían a ella si pudieran. Se trata de un encuentro, convocado por el obispo emérito de San Cristóbal, don Samuel Ruiz; el de Saltillo, Raúl Vera; el padre Miguel Concha, el filósofo Luis Villoro, el historiador Adolfo Gilly, el poeta Carlos Montemayor, los actores Daniel Giménez Cacho, Diego Luna, Jorge Zárate, Demián Bichir; las actrices Ofelia Medina, Julieta Egurrola y Ana Francis Mor; el trovador Manu Chao, el Comité Cerezo, el cantante de Café Tacuba, Rubén Albarrán, y muchas personalidades y organizaciones más, para emprender un viaje hacia el penal de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma) en el estado de México, donde permanecen recluidos, prácticamente a cadena perpetua, tres de los 13 dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que le echaron a perder a Vicente Fox el negocio del aeropuerto en San Salvador Atenco y que ahora, en represalia, viven tras las rejas desde la represión brutal de mayo de 2006, que las momias de la Tremenda Corte bendijeron hace unos días para agregarle una onda más al copete de piedra de Peña Nieto.
El blog de Selva
¿Quieren regalarse unas horas de gran placer? No tendrán que pagar sino el costo de la electricidad que consuman su computadora y la lámpara que los alumbre. Todo lo que necesitan es teclear http://selvahernandez.blogspot.com y al darle clic al ratón entrarán en un mundo concebido por el buen gusto, la delicadeza, el arte del diseño gráfico, el conocimiento profundo del oficio de hacer libros y ex libris, esos pequeños signos distintivos en forma de sellos o dibujos que nos avisan que tal volumen pertenece a tal persona. Hablar más de esto sería quitarles un tiempo que deberían emplear ya en comprobar que esta incitación a visitar el blog de Selva Hernández, por exagerada que parezca, se queda corta.
Y ya que la alegría todavía es posible, a pesar de Calderón, Sarkozy y los marines, que a la mejor ya vienen, esta noche regresa al escenario de Ruta 61 (Baja California casi esquina con Nuevo León) la superbanda blusera Vieja Estación, que está sonando mejor que nunca. Quedarse a disfrutar con ellos hasta que en las ventanas se pinten las del alba, como decía Alejo Carpentier, será el mejor pretexto para no ir, mañana, a votar en las internas del PRD, que marcarán el inicio del colapso electoral del sistema político en su conjunto. ¡Presos políticos de Atenco, libertad!
Para cominicarse con esta columna jamastu@gmail.com
Desde el pasado viernes –ayer se cumplieron ocho días–, cuando Michael Mullen se reunió en privado con los secretarios de Defensa y Marina, para exponerles la necesidad de realizar acciones conjuntas con los marines dentro de territorio mexicano –lo que en español responde al nombre de invasión militar–, en círculos políticos que manejan información privilegiada se rumoraba que de seguir la ola de asesinatos, secuestros y combates entre narcos, policías y soldados a cualquier hora del día, algunas ciudades, empezando por las fronterizas más candentes, serían declaradas en estado de emergencia, esto es, privadas de garantías individuales, con toque de queda, sin libertad de reunión, etcétera.
A demostrar la urgencia de aplicar tales medidas se dedicaron, toda la semana, desde Washington, Denis Blair y Joseph Biden. Este último, incluso, se jactó de que cuando los marines y el ejército colombiano combatieron juntos contra el cártel de Cali los resultados fueron excelentes. Si, tan excelentes que el narcotráfico de aquel país trasladó sus negocios al nuestro, donde ahora la mafia mexicana es la sexta más peligrosa del mundo y controla vastas extensiones del territorio nacional, pese a lo que diga Gómez Mont, que no controla ni su propia lengua.
Acosado por sus aliados estadunidenses –que no quitan el dedo del renglón–, Calderón debió tragarse vivo el sapo de la visita de Nicolas Sarkozy, quien llegó al Teotihuacán de Peña Nieto con la obsesión de liberar, de una forma o de otra, a Florence Cassez. Como si en la agenda de México y Francia no hubiera asuntos más importantes, Sarkozy convirtió el de la secuestradora francesa en tema del más alto nivel y presionó a la caricatura de gobierno calderónico con todo, incluso exigiendo desde el Senado que México envíe tropas a las guerras imperiales del primer mundo a través de la ONU y (¿por no excarcelar a la señorita Cassez?) pague el precio de la sangre de sus soldados. ¡Vaya tipejo!
Lo más admirable del caso fue que nadie se levantó a recordarle que, con excepción del Escuadrón 201, México nunca ha enviado tropas al exterior para atacar a otros países, pese a la invasión francesa de 1862 y las más de 200 intervenciones militares estadunidenses que hemos sufrido de 1776 a la fecha (más las que se acumulen en estos días). Ni el PRI, ni el PRD, ni Muñoz Ledo, que se declaró viejo amigo de Sarkozy le pararon el alto, avisándole que todavía existe una Ley Federal de Neutralidad que nos impide participar en aventuras militares (o permitir que ingresen marines a ayudarnos). Pero sabiendo, sin duda, que alrededor de 80 mil soldados mexicanos han desertado en los últimos años (muchos para pasarse al narcotráfico, donde ganan mejor), y sin desconocer las presiones estadunidenses para que se abra la frontera norte a los ejércitos de Obama, con una indelicadeza propia de su patanería, el mandatario francés, sediento como vampiro, pidió la sangre de nuestros soldados, y toda la clase política le aplicó la ley del hielo, sin ninguna excepción.
Por suerte, nada, ni la impertinencia de Sarkozy, ni la amable oferta de tropas invasoras del Pentágono ni la inclusión del Chapo Guzmán en la lista Forbes de los hombres más ricos de México, nada empañó el éxito del documento, dividido en cinco partes, que Andrés Manuel López Obrador publicó en este diario para dar a conocer una brevísima y apretada síntesis de su gira por 2 mil 38 municipios a lo largo de casi 150 mil kilómetros recorridos por tierra durante 430 días, toda una hazaña que lo convierte en el dirigente social mejor informado de lo que sucede, metro a metro, en el país que no ve la clase política y que por eso no lo comprende ni sabe cómo sacarlo del hoyo en que sus medidas importadas de Chicago y Davos lo han hundido.
Presos de Atenco, ¡libertad!
Pasado mañana, a las seis de la mañana, bajo la mole del Monumento a la Revolución, habrá una importante reunión a la que están invitados todos los que se sientan personalmente ofendidos por el tema. Decenas de millones de mexicanos acudirían a ella si pudieran. Se trata de un encuentro, convocado por el obispo emérito de San Cristóbal, don Samuel Ruiz; el de Saltillo, Raúl Vera; el padre Miguel Concha, el filósofo Luis Villoro, el historiador Adolfo Gilly, el poeta Carlos Montemayor, los actores Daniel Giménez Cacho, Diego Luna, Jorge Zárate, Demián Bichir; las actrices Ofelia Medina, Julieta Egurrola y Ana Francis Mor; el trovador Manu Chao, el Comité Cerezo, el cantante de Café Tacuba, Rubén Albarrán, y muchas personalidades y organizaciones más, para emprender un viaje hacia el penal de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma) en el estado de México, donde permanecen recluidos, prácticamente a cadena perpetua, tres de los 13 dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que le echaron a perder a Vicente Fox el negocio del aeropuerto en San Salvador Atenco y que ahora, en represalia, viven tras las rejas desde la represión brutal de mayo de 2006, que las momias de la Tremenda Corte bendijeron hace unos días para agregarle una onda más al copete de piedra de Peña Nieto.
El blog de Selva
¿Quieren regalarse unas horas de gran placer? No tendrán que pagar sino el costo de la electricidad que consuman su computadora y la lámpara que los alumbre. Todo lo que necesitan es teclear http://selvahernandez.blogspot.com y al darle clic al ratón entrarán en un mundo concebido por el buen gusto, la delicadeza, el arte del diseño gráfico, el conocimiento profundo del oficio de hacer libros y ex libris, esos pequeños signos distintivos en forma de sellos o dibujos que nos avisan que tal volumen pertenece a tal persona. Hablar más de esto sería quitarles un tiempo que deberían emplear ya en comprobar que esta incitación a visitar el blog de Selva Hernández, por exagerada que parezca, se queda corta.
Y ya que la alegría todavía es posible, a pesar de Calderón, Sarkozy y los marines, que a la mejor ya vienen, esta noche regresa al escenario de Ruta 61 (Baja California casi esquina con Nuevo León) la superbanda blusera Vieja Estación, que está sonando mejor que nunca. Quedarse a disfrutar con ellos hasta que en las ventanas se pinten las del alba, como decía Alejo Carpentier, será el mejor pretexto para no ir, mañana, a votar en las internas del PRD, que marcarán el inicio del colapso electoral del sistema político en su conjunto. ¡Presos políticos de Atenco, libertad!
Para cominicarse con esta columna jamastu@gmail.com
Es una onerosa tradición del poder público que al país, año tras año, le representa una enorme sangría de dinero y crecimiento, al tiempo que los buenos resultados brillan por su ausencia. Es la vieja historia del ejercicio presupuestal: donde se apriete, brota ineficiencia, derroche, opacidad, discrecionalidad, incumplimiento.
Como cada año, la Auditoría Superior de la Federación divulgó el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, en esta ocasión correspondiente a 2007, el primer año de ejercicio del actual inquilino de Los Pinos y banda que lo acompaña, en los tres niveles de gobierno, cuyo resultado condensado se traduce en casi 61 mil millones de pesos de recursos públicos que terminaron donde no debían.
El organismo lo resume así: “la ASF ha señalado reiteradamente diversas áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, las cuales requieren ser atendidas con urgencia para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Resaltan los subejercicios presupuestales que existen al término de cada año fiscal, así como los que observan los recursos que se transfieren a estados y municipios a través de los Ramos Generales 23 y 33. Los subejercicios generan disponibilidades que, en algunos casos, son transferidas como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas que en ocasiones no están sujetas a control legislativo.
El círculo vicioso se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos: excedentes petroleros; donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; derechos de trámite aduanero y fondos y fideicomisos, entre otros. Se observa una insuficiente regulación y supervisión de los actos jurídicos que el Estado federal mexicano delega a particulares, a través de concesiones, permisos, contratos y licencias, principalmente. La vigilancia del Estado federal mexicano debe ser reforzada, pues la rendición de cuentas obliga a todos, y de ella no pueden estar exentos los particulares que reciben autorizaciones para actuar a nombre del Estado, en actividades que les son concesionadas o permitidas, para ofrecer servicios que demanda la sociedad.
Donde se aprieta, brota, pero por tratarse de una de las mayores preocupaciones ciudadanas, comenzamos la numeralia con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, del que la ASF subraya la ineficiencia en la procuración de justicia, la baja asignación presupuestaria y el deficiente manejo de los recursos, así como un estado de fuerza insuficiente de los cuerpos policiales en cuanto a su armamento; constituyen importantes factores que propician el crecimiento de delitos.
En materia presupuestal: de un monto modificado de 6 mil 653 millones de pesos, a diciembre de 2007 no se ejercieron 2 mil 863 millones, 43 por ciento del Fondo de Seguridad Pública. Los ejes estratégicos que mayor nivel de subejercicio presupuestal registraron, en orden de importancia absoluta, fueron: Instancias de Coordinación para el Combate al Narcomenudeo; Red Nacional de Telecomunicaciones; Infraestructura para la Seguridad Pública; y Equipamiento para la Seguridad Pública. Algunas entidades que registraron porcentajes de subejercicio entre 43 y 68 por ciento, como Tabasco, Sinaloa, Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Michoacán, también mostraron una elevación de sus índices delictivos, que osciló entre 15 y 121 por ciento.
Se documentó que en la medida en que las entidades federativas asignan a la seguridad pública mayores recursos como proporción de sus presupuestos totales, el crecimiento de la incidencia delictiva disminuye. Contrariamente a lo anterior, y en cuanto al estado de fuerza, se observó que en aquellas entidades donde el total de elementos preventivos por cada 100 mil habitantes es mayor a la media nacional, la tasa de crecimiento del índice delictivo tiende a elevarse; esto es, a más policías, mayor número de delitos. Sin embargo, en las entidades que rebasaron el promedio nacional de elementos con licencia oficial colectiva para portar armas, la delincuencia se redujo. Al respecto, 36.1 por ciento de los 245 mil 211 policías preventivos operativos no había cubierto los requisitos por la Secretaría de la Defensa para portar armas.
Más de 50 por ciento del personal policial preventivo a nivel nacional no está calificado para ejercer eficientemente sus funciones; así por ejemplo: uno de cada cinco policías tiene una formación escolar inferior al nivel básico y sólo tres de cada 10 superan ese nivel; se presenta un sobrepeso que en promedio es de 10 kilogramos; pocos policías se encuentran en buenas condiciones de salud; y más de 14 por ciento registró algún trastorno sicológico, todo lo cual significa un riesgo a su entorno social, personal o laboral. Por su parte, las evaluaciones de control de confianza se aplicaron a sólo 32.2 por ciento del total de policías preventivos, ya que, en promedio, las entidades federativas aplicaron únicamente tres de las siete evaluaciones establecidas en los convenios; a ese ritmo, se necesitarían más de dos años para evaluar a la totalidad del personal.
El número de armas adquiridas en las 31 entidades federativas representó 2.2 por ciento de las requeridas por los 158 mil 245 policías autorizados para portarlas y 17 entidades no compraron armas. Por consiguiente, se requerirían más de 44 años para renovar el armamento de la policía preventiva facultada. En 28 entidades federativas no se evidenció la realización de prácticas de tiro; sólo en tres de ellas se documentó su realización y su frecuencia fue mínima: una vez al año. Por cuanto a la capacitación, los policías que participaron en el proceso representaron 28.9 por ciento del total; esto es, sólo tres de cada 10 elementos se capacitó.
En relación a la infraestructura penitenciaria, 22 entidades federativas no contaron con la capacidad suficiente, ya que registran sobrepoblación. En todo el país, el número de internos en los centros de readaptación social rebasan en 28.1 por ciento a la capacidad instalada.
Las rebanadas del pastel
Qué bueno que la seguridad pública es la prioridad, en el discurso. El lunes seguimos con el tema y otras áreas igual de eficientes.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Enrique Calderón Alzati: Chapingo
Como cada año, la Auditoría Superior de la Federación divulgó el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, en esta ocasión correspondiente a 2007, el primer año de ejercicio del actual inquilino de Los Pinos y banda que lo acompaña, en los tres niveles de gobierno, cuyo resultado condensado se traduce en casi 61 mil millones de pesos de recursos públicos que terminaron donde no debían.
El organismo lo resume así: “la ASF ha señalado reiteradamente diversas áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, las cuales requieren ser atendidas con urgencia para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Resaltan los subejercicios presupuestales que existen al término de cada año fiscal, así como los que observan los recursos que se transfieren a estados y municipios a través de los Ramos Generales 23 y 33. Los subejercicios generan disponibilidades que, en algunos casos, son transferidas como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas que en ocasiones no están sujetas a control legislativo.
El círculo vicioso se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos: excedentes petroleros; donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; derechos de trámite aduanero y fondos y fideicomisos, entre otros. Se observa una insuficiente regulación y supervisión de los actos jurídicos que el Estado federal mexicano delega a particulares, a través de concesiones, permisos, contratos y licencias, principalmente. La vigilancia del Estado federal mexicano debe ser reforzada, pues la rendición de cuentas obliga a todos, y de ella no pueden estar exentos los particulares que reciben autorizaciones para actuar a nombre del Estado, en actividades que les son concesionadas o permitidas, para ofrecer servicios que demanda la sociedad.
Donde se aprieta, brota, pero por tratarse de una de las mayores preocupaciones ciudadanas, comenzamos la numeralia con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, del que la ASF subraya la ineficiencia en la procuración de justicia, la baja asignación presupuestaria y el deficiente manejo de los recursos, así como un estado de fuerza insuficiente de los cuerpos policiales en cuanto a su armamento; constituyen importantes factores que propician el crecimiento de delitos.
En materia presupuestal: de un monto modificado de 6 mil 653 millones de pesos, a diciembre de 2007 no se ejercieron 2 mil 863 millones, 43 por ciento del Fondo de Seguridad Pública. Los ejes estratégicos que mayor nivel de subejercicio presupuestal registraron, en orden de importancia absoluta, fueron: Instancias de Coordinación para el Combate al Narcomenudeo; Red Nacional de Telecomunicaciones; Infraestructura para la Seguridad Pública; y Equipamiento para la Seguridad Pública. Algunas entidades que registraron porcentajes de subejercicio entre 43 y 68 por ciento, como Tabasco, Sinaloa, Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Michoacán, también mostraron una elevación de sus índices delictivos, que osciló entre 15 y 121 por ciento.
Se documentó que en la medida en que las entidades federativas asignan a la seguridad pública mayores recursos como proporción de sus presupuestos totales, el crecimiento de la incidencia delictiva disminuye. Contrariamente a lo anterior, y en cuanto al estado de fuerza, se observó que en aquellas entidades donde el total de elementos preventivos por cada 100 mil habitantes es mayor a la media nacional, la tasa de crecimiento del índice delictivo tiende a elevarse; esto es, a más policías, mayor número de delitos. Sin embargo, en las entidades que rebasaron el promedio nacional de elementos con licencia oficial colectiva para portar armas, la delincuencia se redujo. Al respecto, 36.1 por ciento de los 245 mil 211 policías preventivos operativos no había cubierto los requisitos por la Secretaría de la Defensa para portar armas.
Más de 50 por ciento del personal policial preventivo a nivel nacional no está calificado para ejercer eficientemente sus funciones; así por ejemplo: uno de cada cinco policías tiene una formación escolar inferior al nivel básico y sólo tres de cada 10 superan ese nivel; se presenta un sobrepeso que en promedio es de 10 kilogramos; pocos policías se encuentran en buenas condiciones de salud; y más de 14 por ciento registró algún trastorno sicológico, todo lo cual significa un riesgo a su entorno social, personal o laboral. Por su parte, las evaluaciones de control de confianza se aplicaron a sólo 32.2 por ciento del total de policías preventivos, ya que, en promedio, las entidades federativas aplicaron únicamente tres de las siete evaluaciones establecidas en los convenios; a ese ritmo, se necesitarían más de dos años para evaluar a la totalidad del personal.
El número de armas adquiridas en las 31 entidades federativas representó 2.2 por ciento de las requeridas por los 158 mil 245 policías autorizados para portarlas y 17 entidades no compraron armas. Por consiguiente, se requerirían más de 44 años para renovar el armamento de la policía preventiva facultada. En 28 entidades federativas no se evidenció la realización de prácticas de tiro; sólo en tres de ellas se documentó su realización y su frecuencia fue mínima: una vez al año. Por cuanto a la capacitación, los policías que participaron en el proceso representaron 28.9 por ciento del total; esto es, sólo tres de cada 10 elementos se capacitó.
En relación a la infraestructura penitenciaria, 22 entidades federativas no contaron con la capacidad suficiente, ya que registran sobrepoblación. En todo el país, el número de internos en los centros de readaptación social rebasan en 28.1 por ciento a la capacidad instalada.
Las rebanadas del pastel
Qué bueno que la seguridad pública es la prioridad, en el discurso. El lunes seguimos con el tema y otras áreas igual de eficientes.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Enrique Calderón Alzati: Chapingo
Tal como sucedió en los países de Europa hace un siglo y medio, como resultado de la revolución industrial, México ha venido sufriendo graves problemas sociales con la migración de la población rural, esencialmente campesina, a las ciudades; las voces que llamaban a la cordura y pedían la atención que el campo necesitaba fueron ignoradas por gobiernos y gobernantes ilusos e irresponsables, que pensaron que la modernización del país implicaba necesariamente pasar de una economía agrícola a una industrial, negándose a ver la dura lección que tuvieron las naciones europeas cuando adoptaron el paradigma de la supuesta modernidad basada en la industrialización.
La toma del poder por los grupos neoliberales, a partir de la década de los 80, que pronto se revelaron como meros operadores de los intereses trasnacionales, agudizaron el problema. Su proyecto incluía hacer que el campo fuera productivo, pero en su programa los campesinos representaban sólo un estorbo. Una frase del célebre Hank González, tan adicto a las mejores ejemplificaciones del cinismo, fue: mi trabajo como secretario de Agricultura es sacar del campo a 10 millones de campesinos, y a la pregunta de un periodista sobre qué proponía para que éstos no se muriesen de hambre con sus familias, respondió: ese no es mi problema.
Los gobiernos neoliberales se han caracterizado por un pensamiento pragmático, orientado a convertir el campo mexicano en un gran negocio, tal como lo imaginaron los hacendados de la época porfirista, en el que los campesinos eran irrelevantes.
Con la llegada al poder del Partido Acción Nacional, ese tipo de pensamientos se llevó a su máxima expresión junto con otros, referentes a la educación, de corte supuestamente moderno pero aristocrático, en el que la enseñanza de calidad debe ser accesible sólo para las elites. Las masas deben conformarse con una capacitación que les permita ser productivas, obedientes y no más; no obstante ello, diversas instituciones públicas de educación superior han resaltado por el alto nivel de sus investigadores y por su influencia entre amplios sectores de la población.
Entre ellas destacan, sin lugar a dudas, la Escuela Agrícola de Chapingo y su Centro de Posgrado, donde se forman los mejores especialistas agrícolas y forestales del país, con el propósito de elevar la eficiencia agrícola y propiciar la diversificación de los cultivos, así como la regeneración y explotación forestal. Para ello los investigadores del Centro de Posgrado estudian los problemas relacionados con el cultivo y cuidado de las granjas agrícolas y la explotación de los productos forestales.
Con una gran tradición académica y de desarrollo experimental, la institución, sus investigadores y maestros vienen padeciendo una situación de descuido y abandono gubernamental que refleja las políticas del gobierno panista hacia los sectores del campo y la educación, hecho que les ha llevado a una huelga que parece no tener solución, ante la cerrazón de las autoridades, incluida la dirección misma del plantel.
La problemática es similar a la que afecta a todo el campo mexicano: falta de apoyos, estímulos y oportunidades, pero sobre todo de visión política de los gobernantes, incapaces de entender la importancia que la producción de alimentos tiene para el futuro de la nación.
Bajos salarios en relación con otras instituciones de educación superior, promesas incumplidas de funcionarios públicos (existen compromisos de homologación de sueldos con los de profesores e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional desde hace más de cinco años), falta de equipos para hacer investigación. Pareciera que el objetivo es claro y similar al que se da con los productores, haciéndoles ver que el campo no tiene futuro, excepto para aquellos que estén dispuestos a trabajar para las grandes corporaciones agroindustriales.
El mensaje para estudiantes y profesores de Chapingo es una clara invitación a dedicarse a otra cosa. Ante la falta de técnicos, ya vendrán otros que sabrán encontrar, tanto españoles como estadunidenses, que nos vengan a enseñar lo que no sabemos, siguiendo el ejemplo de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota. Para ellos la educación y la investigación carecen de sentido, excepto en los proyectos que se circunscriban a los intereses de las grandes corporaciones agropecuarias. En ese sentido, Chapingo cuenta con una hacienda inmensa en el municipio de Temajac, que recibió como donativo hace más de 20 años y cuyo acceso está hoy restringido a unos cuantos investigadores que conforman un grupo aparte, porque ellos sí están dispuestos a trabajar para algunas de las corporaciones patrocinadoras.
Todo ello conforma hoy un ambiente de molestia en la comunidad académica de Chapingo, que tiene sumida a la institución en una huelga desde hace varias semanas y sin visos de solución, ante la cerrazón de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y de la propia dirección de la escuela, que parecen no entender la importancia de la institución en el desarrollo del México pobre, que no debiera serlo.
Se trata, así, de otro caso de soberbia y terquedad que ha caracterizado a los dos gobiernos panistas que hemos sufrido hasta ahora, que se caracteriza ya por su inclinación a la discrecionalidad, la arbitrariedad y la corrupción, sin importar a cuántas familias agredan ni el daño económico que generen.
Miguel Concha: Controles civiles al Ejército
La toma del poder por los grupos neoliberales, a partir de la década de los 80, que pronto se revelaron como meros operadores de los intereses trasnacionales, agudizaron el problema. Su proyecto incluía hacer que el campo fuera productivo, pero en su programa los campesinos representaban sólo un estorbo. Una frase del célebre Hank González, tan adicto a las mejores ejemplificaciones del cinismo, fue: mi trabajo como secretario de Agricultura es sacar del campo a 10 millones de campesinos, y a la pregunta de un periodista sobre qué proponía para que éstos no se muriesen de hambre con sus familias, respondió: ese no es mi problema.
Los gobiernos neoliberales se han caracterizado por un pensamiento pragmático, orientado a convertir el campo mexicano en un gran negocio, tal como lo imaginaron los hacendados de la época porfirista, en el que los campesinos eran irrelevantes.
Con la llegada al poder del Partido Acción Nacional, ese tipo de pensamientos se llevó a su máxima expresión junto con otros, referentes a la educación, de corte supuestamente moderno pero aristocrático, en el que la enseñanza de calidad debe ser accesible sólo para las elites. Las masas deben conformarse con una capacitación que les permita ser productivas, obedientes y no más; no obstante ello, diversas instituciones públicas de educación superior han resaltado por el alto nivel de sus investigadores y por su influencia entre amplios sectores de la población.
Entre ellas destacan, sin lugar a dudas, la Escuela Agrícola de Chapingo y su Centro de Posgrado, donde se forman los mejores especialistas agrícolas y forestales del país, con el propósito de elevar la eficiencia agrícola y propiciar la diversificación de los cultivos, así como la regeneración y explotación forestal. Para ello los investigadores del Centro de Posgrado estudian los problemas relacionados con el cultivo y cuidado de las granjas agrícolas y la explotación de los productos forestales.
Con una gran tradición académica y de desarrollo experimental, la institución, sus investigadores y maestros vienen padeciendo una situación de descuido y abandono gubernamental que refleja las políticas del gobierno panista hacia los sectores del campo y la educación, hecho que les ha llevado a una huelga que parece no tener solución, ante la cerrazón de las autoridades, incluida la dirección misma del plantel.
La problemática es similar a la que afecta a todo el campo mexicano: falta de apoyos, estímulos y oportunidades, pero sobre todo de visión política de los gobernantes, incapaces de entender la importancia que la producción de alimentos tiene para el futuro de la nación.
Bajos salarios en relación con otras instituciones de educación superior, promesas incumplidas de funcionarios públicos (existen compromisos de homologación de sueldos con los de profesores e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional desde hace más de cinco años), falta de equipos para hacer investigación. Pareciera que el objetivo es claro y similar al que se da con los productores, haciéndoles ver que el campo no tiene futuro, excepto para aquellos que estén dispuestos a trabajar para las grandes corporaciones agroindustriales.
El mensaje para estudiantes y profesores de Chapingo es una clara invitación a dedicarse a otra cosa. Ante la falta de técnicos, ya vendrán otros que sabrán encontrar, tanto españoles como estadunidenses, que nos vengan a enseñar lo que no sabemos, siguiendo el ejemplo de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota. Para ellos la educación y la investigación carecen de sentido, excepto en los proyectos que se circunscriban a los intereses de las grandes corporaciones agropecuarias. En ese sentido, Chapingo cuenta con una hacienda inmensa en el municipio de Temajac, que recibió como donativo hace más de 20 años y cuyo acceso está hoy restringido a unos cuantos investigadores que conforman un grupo aparte, porque ellos sí están dispuestos a trabajar para algunas de las corporaciones patrocinadoras.
Todo ello conforma hoy un ambiente de molestia en la comunidad académica de Chapingo, que tiene sumida a la institución en una huelga desde hace varias semanas y sin visos de solución, ante la cerrazón de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y de la propia dirección de la escuela, que parecen no entender la importancia de la institución en el desarrollo del México pobre, que no debiera serlo.
Se trata, así, de otro caso de soberbia y terquedad que ha caracterizado a los dos gobiernos panistas que hemos sufrido hasta ahora, que se caracteriza ya por su inclinación a la discrecionalidad, la arbitrariedad y la corrupción, sin importar a cuántas familias agredan ni el daño económico que generen.
Miguel Concha: Controles civiles al Ejército
Ha sido insistente el señalamiento de que la participación militar en el combate al crimen organizado ha sido también causa de violaciones a derechos humanos en varios lugares del país. Ese hecho ha llevado a solicitar que el Ejército regrese a los cuarteles y que las tareas de seguridad pública estén a cargo de instancias civiles debidamente organizadas y coordinadas.
Durante la evaluación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 10 de febrero, el gobierno federal entregó un informe en el cual acepta que entre enero de 2007 y julio de 2008 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con violaciones a derechos humanos vinculadas con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
En el mismo informe se acepta que entre diciembre de 2006 y mayo de 2008 la CNDH recibió 634 quejas contra miembros del Ejército. Por su parte, la comisión indica en su informe de 2008 que, de los 3 mil 476 expedientes de queja considerados como presuntamente violatorios de los derechos humanos, registrados entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2008, mil 230 señalan a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como ya es sabido, durante el examen ante el Consejo de Derechos Humanos fueron emitidas 91 recomendaciones al Estado mexicano, de las cuales aceptó 83 y reservó para su estudio el resto. De estas últimas, cinco son pertinentes para el tema que nos ocupa: tratan sobre el fuero militar y la necesidad de que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas por tribunales civiles.
El gobierno mexicano deberá anunciar en julio si acepta las recomendaciones. En caso negativo, deberá presentar las razones para no cumplirlas. Ocho fueron los países que expresaron contundentemente su preocupación por ese tema. La delegación mexicana respondió explicando cómo funciona el fuero militar e informó que en los pasados dos años habían sido iniciados 27 procesos contra 40 militares por supuestas violaciones a derechos humanos. Reportó además que en la investigación de violaciones a los derechos humanos las fuerzas armadas cooperan estrechamente con mecanismos y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de derechos humanos. Esta respuesta de la delegación mexicana se ve confrontada por las cifras de la CNDH y ha sido puesta en entredicho por la publicación de un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Pro), en el que se da cuenta de 120 casos de abusos militares reportados por los medios de comunicación entre enero de 2007 y diciembre de 2008.
Los estados donde se ha cometido el mayor número de esos abusos son Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Oaxaca. A consecuencia de esos hechos, que consisten en allanamiento de viviendas o cateos ilegales, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y ataques con armas de fuego, 11 personas perdieron la vida en 2007 y 17 en 2008. En estos 120 casos, al menos 309 personas han sido víctimas de algún tipo de abuso. Todo ello debido a la participación de las fuerzas armadas en los operativos contra la delincuencia organizada. Algunos casos han tenido repercusión en la opinión pública y otros han sido menos visibles. Sin embargo, en todos hay una constante: la impunidad, que encuentra un terreno fértil en la ausencia de controles civiles sobre el Ejército. Uno de ellos es impugnado en el informe mencionado: la extensión de la jurisdicción militar sobre delitos que constituyen violaciones a derechos humanos y que no tienen relación con la disciplina militar. Ésta ha sido una práctica sistemática que afecta gravemente los derechos de las víctimas, al impedirles que tengan acceso a la justicia. Lo peor es que ésta ha sido permitida por la pasividad de las instancias civiles de procuración y administración de justicia, que casi en automático remiten a las instituciones militares los casos en los que civiles resultan víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Esta circunstancia, en la experiencia del Centro Pro y de otras organizaciones mexicanas de derechos humanos, es lamentable porque la justicia militar carece de independencia e imparcialidad para investigar esos hechos y procesar a los presuntos responsables, que forman parte de la misma institución que investiga y juzga. En innumerables ocasiones se ha pedido a la Sedena que se abstenga de indagar hechos que involucran a civiles y que los responsables sean puestos a disposición de la autoridad civil competente. Pero ni esa secretaría ni las autoridades civiles involucradas, como la Procuraduría General de la República o las procuradurías estatales, han asumido sus respectivas responsabilidades, con el fin de esclarecer los hechos en el ámbito civil.
Esto es lo que ha motivado la preocupación de varios países y de organismos regionales y universales de derechos humanos, que han llamado la atención sobre la indebida extensión del fuero militar, poniendo incluso como ejemplo a países de la región que han ya separado claramente el fuero civil del militar, sobre todo cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Considerando que es necesario dar pasos en México hacia la creación de condiciones que permitan a las víctimas de abusos cometidos por personal militar acceder a la justicia, el Centro Pro, Fundar y familiares de algunas de estas víctimas han decidido solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise la constitucionalidad del Código de Justicia Militar. Le han pedido, en concreto, que revise la constitucionalidad del artículo 57, fracción segunda, inciso A, de dicho código, pues es invocado por el Ejército para atraer la investigación de cualquier hecho en el que esté involucrado alguno de sus elementos. Sin embargo, la reciente actuación del máximo tribunal ha sido hasta ahora contradictoria en materia de derechos humanos. La nueva controversia le proporciona la posibilidad de contribuir a la vigencia de los derechos humanos. Ojalá lo haga.
Arturo Alcalde Justiniani: Junta laboral, una simulación
Durante la evaluación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 10 de febrero, el gobierno federal entregó un informe en el cual acepta que entre enero de 2007 y julio de 2008 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con violaciones a derechos humanos vinculadas con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
En el mismo informe se acepta que entre diciembre de 2006 y mayo de 2008 la CNDH recibió 634 quejas contra miembros del Ejército. Por su parte, la comisión indica en su informe de 2008 que, de los 3 mil 476 expedientes de queja considerados como presuntamente violatorios de los derechos humanos, registrados entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2008, mil 230 señalan a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como ya es sabido, durante el examen ante el Consejo de Derechos Humanos fueron emitidas 91 recomendaciones al Estado mexicano, de las cuales aceptó 83 y reservó para su estudio el resto. De estas últimas, cinco son pertinentes para el tema que nos ocupa: tratan sobre el fuero militar y la necesidad de que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas por tribunales civiles.
El gobierno mexicano deberá anunciar en julio si acepta las recomendaciones. En caso negativo, deberá presentar las razones para no cumplirlas. Ocho fueron los países que expresaron contundentemente su preocupación por ese tema. La delegación mexicana respondió explicando cómo funciona el fuero militar e informó que en los pasados dos años habían sido iniciados 27 procesos contra 40 militares por supuestas violaciones a derechos humanos. Reportó además que en la investigación de violaciones a los derechos humanos las fuerzas armadas cooperan estrechamente con mecanismos y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de derechos humanos. Esta respuesta de la delegación mexicana se ve confrontada por las cifras de la CNDH y ha sido puesta en entredicho por la publicación de un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Pro), en el que se da cuenta de 120 casos de abusos militares reportados por los medios de comunicación entre enero de 2007 y diciembre de 2008.
Los estados donde se ha cometido el mayor número de esos abusos son Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Oaxaca. A consecuencia de esos hechos, que consisten en allanamiento de viviendas o cateos ilegales, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y ataques con armas de fuego, 11 personas perdieron la vida en 2007 y 17 en 2008. En estos 120 casos, al menos 309 personas han sido víctimas de algún tipo de abuso. Todo ello debido a la participación de las fuerzas armadas en los operativos contra la delincuencia organizada. Algunos casos han tenido repercusión en la opinión pública y otros han sido menos visibles. Sin embargo, en todos hay una constante: la impunidad, que encuentra un terreno fértil en la ausencia de controles civiles sobre el Ejército. Uno de ellos es impugnado en el informe mencionado: la extensión de la jurisdicción militar sobre delitos que constituyen violaciones a derechos humanos y que no tienen relación con la disciplina militar. Ésta ha sido una práctica sistemática que afecta gravemente los derechos de las víctimas, al impedirles que tengan acceso a la justicia. Lo peor es que ésta ha sido permitida por la pasividad de las instancias civiles de procuración y administración de justicia, que casi en automático remiten a las instituciones militares los casos en los que civiles resultan víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Esta circunstancia, en la experiencia del Centro Pro y de otras organizaciones mexicanas de derechos humanos, es lamentable porque la justicia militar carece de independencia e imparcialidad para investigar esos hechos y procesar a los presuntos responsables, que forman parte de la misma institución que investiga y juzga. En innumerables ocasiones se ha pedido a la Sedena que se abstenga de indagar hechos que involucran a civiles y que los responsables sean puestos a disposición de la autoridad civil competente. Pero ni esa secretaría ni las autoridades civiles involucradas, como la Procuraduría General de la República o las procuradurías estatales, han asumido sus respectivas responsabilidades, con el fin de esclarecer los hechos en el ámbito civil.
Esto es lo que ha motivado la preocupación de varios países y de organismos regionales y universales de derechos humanos, que han llamado la atención sobre la indebida extensión del fuero militar, poniendo incluso como ejemplo a países de la región que han ya separado claramente el fuero civil del militar, sobre todo cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Considerando que es necesario dar pasos en México hacia la creación de condiciones que permitan a las víctimas de abusos cometidos por personal militar acceder a la justicia, el Centro Pro, Fundar y familiares de algunas de estas víctimas han decidido solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise la constitucionalidad del Código de Justicia Militar. Le han pedido, en concreto, que revise la constitucionalidad del artículo 57, fracción segunda, inciso A, de dicho código, pues es invocado por el Ejército para atraer la investigación de cualquier hecho en el que esté involucrado alguno de sus elementos. Sin embargo, la reciente actuación del máximo tribunal ha sido hasta ahora contradictoria en materia de derechos humanos. La nueva controversia le proporciona la posibilidad de contribuir a la vigencia de los derechos humanos. Ojalá lo haga.
Arturo Alcalde Justiniani: Junta laboral, una simulación
Debieron transcurrir dos años y tres meses para que los miembros del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Expendios, Servicios y Promotores de Ventas, Conexos y Similares obtuvieran una respuesta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal. Después de un auténtico viacrucis, ésta resolvió negar el registro al sindicato, a pesar de que los empleados cumplieron con todos los requisitos señalados en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo al exhibir actas de la asamblea constitutiva y de la elección de la directiva, así como de los estatutos y del padrón de socios.
La negativa de ese registro sindical podría parecernos un hecho irrelevante, ya que son del dominio público las dificultades que sufren los trabajadores para organizarse y celebrar un contrato colectivo legítimo para mejorar sus condiciones laborales. El hecho significativo no es sólo la larga espera, sino los términos en que fue negada: uniéndose los votos de los representantes de los sectores patronal y obrero de la junta especial número 11, Martha Inés Ortiz Natividad y Leobardo Sánchez Maldonado, respectivamente, en contra del representante del Gobierno del Distrito Federal, Jesús Campos Linas, presidente general de la junta, quien emitió un sufragio particular en favor del registro al considerar que habían cumplido todos los requisitos. Se impuso la mayoría y el registro fue negado.
Los trabajadores deberán continuar su largo camino para obtener un reconocimiento que en cualquier país democrático sería un trámite sencillo. Tienen la opción de denunciar a los representantes obrero y patronal ante el jurado de responsabilidades de la propia junta, fundados en el artículo 673 de la ley laboral, la cual señala como causa de destitución votar una resolución notoriamente ilegal o injusta; sin embargo, esta instancia de queja es tripartita, con la misma composición y designación original de las juntas. Paralelamente podrán acudir al amparo ante la justicia federal, pero eso implicará una nueva espera y la posibilidad de que la junta laboral continúe con su aferrada posición de obstaculizar el derecho de asociación.
Las juntas de Conciliación y Arbitraje forman parte de nuestra vieja historia corporativa y se han convertido en un evidente obstáculo para el proceso de modernización del mundo laboral, permanentemente diferido. Decidir sobre un proceso colectivo, trátese de un registro sindical o de un conflicto intergremial, debe corresponder a jueces imparciales, profesionales y ágiles en sus resoluciones. Con el esquema vigente del tripartismo es difícil avanzar en el proceso de democratización laboral que requiere nuestro país. Verse obligado a acudir ante un representante patronal para obtener un reconocimiento registral es tan absurdo como si la Ford Motor Company debiera solicitar ante la Confederación de Trabajadores de México su autorización para funcionar. Esta parcialidad estructural explica en parte el nivel tan deficiente de las juntas de Conciliación y Arbitraje, ya que su tripartismo, además de constituir una simulación, es un gasto innecesario y motivo de lentitud de los procesos.
Una verdadera reforma laboral debe plantear la transformación de los órganos de justicia por medio de jueces verdaderamente imparciales. Existen diversas propuestas en ese sentido: jueces laborales o sociales, autónomos o integrantes del Poder Judicial Federal. El interés por mantener el corporativismo y los circuitos de control y corrupción prevalecientes, de los que son víctimas trabajadores y pequeños y medianos empresarios, ha impedido este avance elemental.
Un elemento clave del pacto corporativo entre los gobiernos y el sistema sindical sustentado en el control y la corrupción son precisamente las juntas de Conciliación y Arbitraje. Mediante éstas se delega a los empresarios y centrales sindicales hegemónicos el impedir la recuperación de sus gremios por parte de los trabajadores. En la propuesta de reforma laboral del Partido Acción Nacional, siendo oposición, se planteó la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje, sustituyéndolas por jueces de lo social; sin embargo, al asumir la Presidencia en el año 2000 pactó rápidamente con el sistema corporativo alegando que con ello garantizaba la paz social. En realidad se atendió al consejo empresarial, que reclamaba mantener el control vigente de los trabajadores. El temor a que los asalariados pudieran liberar sus ataduras selló ese compromiso, vigente hasta nuestros días. Ello explica la resistencia a retomar en la agenda laboral la verdadera transformación del sistema de justicia.
En los foros realizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno de la reforma judicial fue evidente la opinión mayoritaria en favor de la recuperación de esta función, con el fin de no depender del Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, y que fuese incorporada al Poder Judicial. Conviene retomar estas propuestas si realmente deseamos una justicia pronta y expedita. La realidad prevaleciente nos demuestra que seguiremos estrellándonos contra la pared si no se da un viraje hacia auténticos órganos de justicia. El costo que se ha debido pagar para mantener este sistema de simulación es muy alto. Prueba de ello es la desconfianza de la población trabajadora y de los empresarios, especialmente medianos y pequeños, quienes son víctimas de chantajes agravados por el entorno de violencia que priva en dichos tribunales.
La agenda para transformar el mundo laboral no se agota en la necesidad de contar con un árbitro imparcial; sin embargo, es la mejor vía para superar la simulación.
Yuriria Iturriaga: ¿Quién pagó la estancia privada de los Sarkozy en México?
La negativa de ese registro sindical podría parecernos un hecho irrelevante, ya que son del dominio público las dificultades que sufren los trabajadores para organizarse y celebrar un contrato colectivo legítimo para mejorar sus condiciones laborales. El hecho significativo no es sólo la larga espera, sino los términos en que fue negada: uniéndose los votos de los representantes de los sectores patronal y obrero de la junta especial número 11, Martha Inés Ortiz Natividad y Leobardo Sánchez Maldonado, respectivamente, en contra del representante del Gobierno del Distrito Federal, Jesús Campos Linas, presidente general de la junta, quien emitió un sufragio particular en favor del registro al considerar que habían cumplido todos los requisitos. Se impuso la mayoría y el registro fue negado.
Los trabajadores deberán continuar su largo camino para obtener un reconocimiento que en cualquier país democrático sería un trámite sencillo. Tienen la opción de denunciar a los representantes obrero y patronal ante el jurado de responsabilidades de la propia junta, fundados en el artículo 673 de la ley laboral, la cual señala como causa de destitución votar una resolución notoriamente ilegal o injusta; sin embargo, esta instancia de queja es tripartita, con la misma composición y designación original de las juntas. Paralelamente podrán acudir al amparo ante la justicia federal, pero eso implicará una nueva espera y la posibilidad de que la junta laboral continúe con su aferrada posición de obstaculizar el derecho de asociación.
Las juntas de Conciliación y Arbitraje forman parte de nuestra vieja historia corporativa y se han convertido en un evidente obstáculo para el proceso de modernización del mundo laboral, permanentemente diferido. Decidir sobre un proceso colectivo, trátese de un registro sindical o de un conflicto intergremial, debe corresponder a jueces imparciales, profesionales y ágiles en sus resoluciones. Con el esquema vigente del tripartismo es difícil avanzar en el proceso de democratización laboral que requiere nuestro país. Verse obligado a acudir ante un representante patronal para obtener un reconocimiento registral es tan absurdo como si la Ford Motor Company debiera solicitar ante la Confederación de Trabajadores de México su autorización para funcionar. Esta parcialidad estructural explica en parte el nivel tan deficiente de las juntas de Conciliación y Arbitraje, ya que su tripartismo, además de constituir una simulación, es un gasto innecesario y motivo de lentitud de los procesos.
Una verdadera reforma laboral debe plantear la transformación de los órganos de justicia por medio de jueces verdaderamente imparciales. Existen diversas propuestas en ese sentido: jueces laborales o sociales, autónomos o integrantes del Poder Judicial Federal. El interés por mantener el corporativismo y los circuitos de control y corrupción prevalecientes, de los que son víctimas trabajadores y pequeños y medianos empresarios, ha impedido este avance elemental.
Un elemento clave del pacto corporativo entre los gobiernos y el sistema sindical sustentado en el control y la corrupción son precisamente las juntas de Conciliación y Arbitraje. Mediante éstas se delega a los empresarios y centrales sindicales hegemónicos el impedir la recuperación de sus gremios por parte de los trabajadores. En la propuesta de reforma laboral del Partido Acción Nacional, siendo oposición, se planteó la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje, sustituyéndolas por jueces de lo social; sin embargo, al asumir la Presidencia en el año 2000 pactó rápidamente con el sistema corporativo alegando que con ello garantizaba la paz social. En realidad se atendió al consejo empresarial, que reclamaba mantener el control vigente de los trabajadores. El temor a que los asalariados pudieran liberar sus ataduras selló ese compromiso, vigente hasta nuestros días. Ello explica la resistencia a retomar en la agenda laboral la verdadera transformación del sistema de justicia.
En los foros realizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno de la reforma judicial fue evidente la opinión mayoritaria en favor de la recuperación de esta función, con el fin de no depender del Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, y que fuese incorporada al Poder Judicial. Conviene retomar estas propuestas si realmente deseamos una justicia pronta y expedita. La realidad prevaleciente nos demuestra que seguiremos estrellándonos contra la pared si no se da un viraje hacia auténticos órganos de justicia. El costo que se ha debido pagar para mantener este sistema de simulación es muy alto. Prueba de ello es la desconfianza de la población trabajadora y de los empresarios, especialmente medianos y pequeños, quienes son víctimas de chantajes agravados por el entorno de violencia que priva en dichos tribunales.
La agenda para transformar el mundo laboral no se agota en la necesidad de contar con un árbitro imparcial; sin embargo, es la mejor vía para superar la simulación.
Yuriria Iturriaga: ¿Quién pagó la estancia privada de los Sarkozy en México?
¿Dónde y cuánto costó? Fueron preguntas que planearon sobre la opinión pública francesa desde que se supo públicamente del viaje del presidente francés a México. Viaje que el Eliseo mantuvo en sigilo hasta que la esposa del presidente, Carla Bruni, soltó esta noche me voy a México, al final de una comida de caridad. Pero aunque el portavoz del Eliseo aseguró que el viaje se había mantenido en secreto por razones de seguridad, ya se había desatado la polémica alrededor de las preguntas: ¿quién pagó el viaje privado de dos días en un lujoso complejo al borde del Pacífico.
La mayor inquietud expresada en los medios fue ¿cuánto costó, quién lo pagó? y ¿serán los contribuyentes franceses quienes paguen las vacaciones de Sarko y Carla?, difundida con fotos de la piscina y la recámara presidencial de Tamarindo Beach. Algunos medios se escandalizaron porque le viaje de la pareja residencial se daba en un contexto de explosión de desempleo en Francia hasta que la respuesta sobre el costo llegó desde Londres, vía el Daily Telegraph de Gran Bretaña: 49 000 euros, incluidos los gastos del equipo de protección que acompañó a Nicolás Sarkozy y, entonces, todo el problema se centró en ¿quién lo pagó?
El portavoz del Eliseo dijo que era una invitación del presidente mexicano, versión nunca confirmada por Los Pinos e incluso recientemente desmentida en una entrevista que hizo la estación de radio francesa RTL, a un alto diplomático mexicano quien declaró que desde luego el Estado mexicano no pagaría por una estancia fuera de una de sus propias residencias. Así quedó la duda entre los franceses sobre si habrían sido ellos quienes “cargaron con el weekend amoroso” de su presidente, duda reforzada tras el escándalo de una cafetera que costó 25 mil euros al contribuyente.
Mientras quienes creyeron la versión de la invitación oficial se preguntaron ¿en qué estado quedarán los contribuyentes mexicanos cuando se enteren de que pagaron las vacaciones del riquísimo Sarkozy (que se acaba de duplicar el salario)? y concluyeron: un presidente de Francia que se deja invitar sus vacaciones por los contribuyentes mexicanos ¿no carece de dignidad?.
Finalmente, cundió el rumor de que la estancia no oficial del presidente Sarkozy y su esposa Carla Bruni, fue financiada por un “millonario acusado de ser naco-banquero”, como escribe el diario Rue89, que cita al periodista Al Giordano, del Boston Phoenix, que en 1999 cita a su vez el periódico mexicano Por Esto.
Rue89 escribe así que el millonario anfitrión sería Roberto Hernández Ramírez, “una de las mayores fortunas de México…. Antiguo PDG de Banamex, miembro del consejo de administración de Citigroup (una de las más grandes instituciones financieras del planeta), quien sufre de una reputación al menos sulfurosa: en los años 1990 fue sospechoso de hacer transitar a través de sus propiedades cocaína sudamericana participando en el blanqueo de dinero”.
Clinton: la visita y su contexto
L a Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó ayer la visita a México, los próximos días 25 y 26 de marzo, de la encargada del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, con el fin de hacer manifiesto el respaldo estadunidense a la cruzada antinarco emprendida por el gobierno mexicano, así como revisar el avance de los programas y estrategias de cooperación emanados del encuentro que sostuvieron en enero pasado el presidente del vecino país, Barack Obama, y el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa.
El anuncio de la visita de Clinton a México tiene como inevitable telón de fondo el reciente intercambio de declaraciones protagonizado por funcionarios del gobierno estadunidense y las autoridades mexicanas en relación con los dudosos resultados de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado del calderonismo al igual que el notable incremento de la violencia en diversas zonas del país, principalmente en la región fronteriza del norte. El pasado jueves, en un tono inusualmente crítico, Calderón Hinojosa llegó al punto de acusar la configuración de una campaña de desprestigio contra México; afirmó que la corrupción de ciertas autoridades del vecino país posibilita la acción de los cárteles, e incluso desafió a quienes han cuestionado la autoridad del Estado sobre franjas del territorio nacional: Yo reto a quien diga eso a que me diga a qué punto del territorio nacional quiere ir, y lo llevo.
Es claro que, en la circunstancia actual, en el contexto de las relaciones entre ambas naciones, el incremento de la violencia y la situación de ingobernabilidad que se vive en distintos puntos del país son temas que han adquirido una nueva dimensión e importancia, y que alimentan, en las autoridades estadunidenses, tanto inquietudes legítimas –ante la posibilidad de que el clima de inseguridad se traslade a su propio territorio– como posiciones equívocas y malintencionadas que se empeñan en soslayar la cuota de responsabilidad que les corresponde en el crecimiento del narcotráfico y otros fenómenos delictivos.
Tal situación abre una perspectiva por demás indeseable para nuestro país por cuanto pudiera prefigurar un incremento en las presiones de Washington por profundizar la asistencia militar binacional en el marco de la denominada Iniciativa Mérida. Al respecto, no pueden pasarse por alto las declaraciones realizadas la semana pasada por el jefe del Estado Mayor Conjunto del vecino país, Michael Mullen, de que las fuerzas armadas mexicanas y estadunidenses deberían actuar mancomunadamente en el combate al narco y de que el Plan Colombia –que contempló el despliegue de marines en esa nación sudamericana– debería ser tomado como ejemplo por México.
Ante tales consideraciones, la visita de Clinton a México cobra tintes inquietantes y es obligado preguntarse si su presencia en el país y el respaldo manifestado al gobierno calderonista no acabarán por multiplicar las deficiencias de las políticas anticrimen gestadas en ambos lados de la frontera.
Alejandro Encinas
La mayor inquietud expresada en los medios fue ¿cuánto costó, quién lo pagó? y ¿serán los contribuyentes franceses quienes paguen las vacaciones de Sarko y Carla?, difundida con fotos de la piscina y la recámara presidencial de Tamarindo Beach. Algunos medios se escandalizaron porque le viaje de la pareja residencial se daba en un contexto de explosión de desempleo en Francia hasta que la respuesta sobre el costo llegó desde Londres, vía el Daily Telegraph de Gran Bretaña: 49 000 euros, incluidos los gastos del equipo de protección que acompañó a Nicolás Sarkozy y, entonces, todo el problema se centró en ¿quién lo pagó?
El portavoz del Eliseo dijo que era una invitación del presidente mexicano, versión nunca confirmada por Los Pinos e incluso recientemente desmentida en una entrevista que hizo la estación de radio francesa RTL, a un alto diplomático mexicano quien declaró que desde luego el Estado mexicano no pagaría por una estancia fuera de una de sus propias residencias. Así quedó la duda entre los franceses sobre si habrían sido ellos quienes “cargaron con el weekend amoroso” de su presidente, duda reforzada tras el escándalo de una cafetera que costó 25 mil euros al contribuyente.
Mientras quienes creyeron la versión de la invitación oficial se preguntaron ¿en qué estado quedarán los contribuyentes mexicanos cuando se enteren de que pagaron las vacaciones del riquísimo Sarkozy (que se acaba de duplicar el salario)? y concluyeron: un presidente de Francia que se deja invitar sus vacaciones por los contribuyentes mexicanos ¿no carece de dignidad?.
Finalmente, cundió el rumor de que la estancia no oficial del presidente Sarkozy y su esposa Carla Bruni, fue financiada por un “millonario acusado de ser naco-banquero”, como escribe el diario Rue89, que cita al periodista Al Giordano, del Boston Phoenix, que en 1999 cita a su vez el periódico mexicano Por Esto.
Rue89 escribe así que el millonario anfitrión sería Roberto Hernández Ramírez, “una de las mayores fortunas de México…. Antiguo PDG de Banamex, miembro del consejo de administración de Citigroup (una de las más grandes instituciones financieras del planeta), quien sufre de una reputación al menos sulfurosa: en los años 1990 fue sospechoso de hacer transitar a través de sus propiedades cocaína sudamericana participando en el blanqueo de dinero”.
Clinton: la visita y su contexto
L a Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó ayer la visita a México, los próximos días 25 y 26 de marzo, de la encargada del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, con el fin de hacer manifiesto el respaldo estadunidense a la cruzada antinarco emprendida por el gobierno mexicano, así como revisar el avance de los programas y estrategias de cooperación emanados del encuentro que sostuvieron en enero pasado el presidente del vecino país, Barack Obama, y el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa.
El anuncio de la visita de Clinton a México tiene como inevitable telón de fondo el reciente intercambio de declaraciones protagonizado por funcionarios del gobierno estadunidense y las autoridades mexicanas en relación con los dudosos resultados de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado del calderonismo al igual que el notable incremento de la violencia en diversas zonas del país, principalmente en la región fronteriza del norte. El pasado jueves, en un tono inusualmente crítico, Calderón Hinojosa llegó al punto de acusar la configuración de una campaña de desprestigio contra México; afirmó que la corrupción de ciertas autoridades del vecino país posibilita la acción de los cárteles, e incluso desafió a quienes han cuestionado la autoridad del Estado sobre franjas del territorio nacional: Yo reto a quien diga eso a que me diga a qué punto del territorio nacional quiere ir, y lo llevo.
Es claro que, en la circunstancia actual, en el contexto de las relaciones entre ambas naciones, el incremento de la violencia y la situación de ingobernabilidad que se vive en distintos puntos del país son temas que han adquirido una nueva dimensión e importancia, y que alimentan, en las autoridades estadunidenses, tanto inquietudes legítimas –ante la posibilidad de que el clima de inseguridad se traslade a su propio territorio– como posiciones equívocas y malintencionadas que se empeñan en soslayar la cuota de responsabilidad que les corresponde en el crecimiento del narcotráfico y otros fenómenos delictivos.
Tal situación abre una perspectiva por demás indeseable para nuestro país por cuanto pudiera prefigurar un incremento en las presiones de Washington por profundizar la asistencia militar binacional en el marco de la denominada Iniciativa Mérida. Al respecto, no pueden pasarse por alto las declaraciones realizadas la semana pasada por el jefe del Estado Mayor Conjunto del vecino país, Michael Mullen, de que las fuerzas armadas mexicanas y estadunidenses deberían actuar mancomunadamente en el combate al narco y de que el Plan Colombia –que contempló el despliegue de marines en esa nación sudamericana– debería ser tomado como ejemplo por México.
Ante tales consideraciones, la visita de Clinton a México cobra tintes inquietantes y es obligado preguntarse si su presencia en el país y el respaldo manifestado al gobierno calderonista no acabarán por multiplicar las deficiencias de las políticas anticrimen gestadas en ambos lados de la frontera.
Alejandro Encinas
Desvergüenza
14 de marzo de 2009
Ante la crisis económica, distintos gobiernos —el caso de México— han optado por promover campañas de información para transmitir mensajes positivos que generen tranquilidad en la opinión pública, evitar pesimismo en la sociedad y crear la visión de un futuro prometedor pese a la crisis, llegando incluso a mentir u ocultar la gravedad del problema.
Nuestro país vive una situación peculiar, ya que difícilmente puede crearse un ambiente alentador ante el cúmulo de información que a diario registran los medios respecto del clima de violencia e inseguridad que vivimos, a lo que se suma la desvergüenza con que los responsables de atender la crisis económica asumen su responsabilidad.
A las consabidas declaraciones de Agustín Carstens de que a México no le dará “pulmonía”, sino un “catarrito” por la recesión económica que se avecinaba en EU, que se ha convertido ahora en un gran tsunami que viene “del exterior”, se suman las del titular de la Sagarpa, quien en días pasados aseguró que “la crisis no ha tenido una repercusión negativa en el campo mexicano”, que “se afianza la seguridad alimentaria de los mexicanos” pues se reporta al cierre de 2008 una producción de 196.3 millones de toneladas, y que “la gente del campo no está abandonando las parcelas, sino que están trabajando casi en la totalidad de los 3.5 millones de hectáreas que forman el ciclo otoño-invierno”.
Más allá de las fantasías de Alberto Cárdenas, que olvida que la superficie agrícola cultivable del país es de más de 22 millones de hectáreas (76% de temporal y 24% de riego), la realidad del campo es distinta: el país depende crecientemente de las importaciones de alimentos, resultado de la insuficiente producción doméstica. En 2008 se importó 42% de los alimentos que consume el país: 70% del arroz, 50% del trigo, 33% del maíz y 13% de la leche.
En los dos últimos años, las importaciones agroalimentarias alcanzaron la cifra récord de 40 mil millones de dólares en alimentos. De ellos, 10 mmdd equivalieron a las importaciones de granos y oleaginosas. Lejos de la ilusión agroexportadora, México es importador de alimentos. El saldo de la balanza comercial agroalimentaria 2007 y 2008 ha sido de menos 7 mil 500 mdd, por lo que el sector agroalimentario es responsable de la mitad del déficit de la balanza comercial total de México. En 2008 la superficie cultivada de maíz disminuyó en un millón de hectáreas y la de frijol en 500 mil hectáreas respecto de 1997. Un millón de hectáreas de riego permanecen ociosas por falta de mantenimiento de los sistemas de riego, crédito y rentabilidad de los cultivos.
Si bien las exportaciones agroalimentarias han aumentado, éstas se concentran en una minoría de agricultores ricos y empresas exportadoras, buena parte de ellas extranjeras, que operan con un alto costo social: explotación de jornaleros agrícolas que laboran en pésimas condiciones, sin seguridad social y bajos salarios, y un alto costo ambiental: abatimiento y contaminación de acuíferos y suelos agrícolas, ensalitramiento de áreas de riego. La desigualdad y la pobreza aumentan: de acuerdo con Araceli Damián, investigadora de El Colegio de México, entre 2007 y 2008 la pobreza alimentaria aumentó en 4.3 millones de personas, alcanzando a 13.8 millones de mexicanos, mientras 7 millones más se convirtieron en pobres patrimoniales.
Un buen gobierno —cuando existe— debe infundir confianza y no mentir. La derecha vive y nos quiere hacer vivir en el país de nunca jamás, donde todo y nada son posibles. Mientras, en México no sólo hay pobreza, sino comienza a haber hambre.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM
Ante la crisis económica, distintos gobiernos —el caso de México— han optado por promover campañas de información para transmitir mensajes positivos que generen tranquilidad en la opinión pública, evitar pesimismo en la sociedad y crear la visión de un futuro prometedor pese a la crisis, llegando incluso a mentir u ocultar la gravedad del problema.
Nuestro país vive una situación peculiar, ya que difícilmente puede crearse un ambiente alentador ante el cúmulo de información que a diario registran los medios respecto del clima de violencia e inseguridad que vivimos, a lo que se suma la desvergüenza con que los responsables de atender la crisis económica asumen su responsabilidad.
A las consabidas declaraciones de Agustín Carstens de que a México no le dará “pulmonía”, sino un “catarrito” por la recesión económica que se avecinaba en EU, que se ha convertido ahora en un gran tsunami que viene “del exterior”, se suman las del titular de la Sagarpa, quien en días pasados aseguró que “la crisis no ha tenido una repercusión negativa en el campo mexicano”, que “se afianza la seguridad alimentaria de los mexicanos” pues se reporta al cierre de 2008 una producción de 196.3 millones de toneladas, y que “la gente del campo no está abandonando las parcelas, sino que están trabajando casi en la totalidad de los 3.5 millones de hectáreas que forman el ciclo otoño-invierno”.
Más allá de las fantasías de Alberto Cárdenas, que olvida que la superficie agrícola cultivable del país es de más de 22 millones de hectáreas (76% de temporal y 24% de riego), la realidad del campo es distinta: el país depende crecientemente de las importaciones de alimentos, resultado de la insuficiente producción doméstica. En 2008 se importó 42% de los alimentos que consume el país: 70% del arroz, 50% del trigo, 33% del maíz y 13% de la leche.
En los dos últimos años, las importaciones agroalimentarias alcanzaron la cifra récord de 40 mil millones de dólares en alimentos. De ellos, 10 mmdd equivalieron a las importaciones de granos y oleaginosas. Lejos de la ilusión agroexportadora, México es importador de alimentos. El saldo de la balanza comercial agroalimentaria 2007 y 2008 ha sido de menos 7 mil 500 mdd, por lo que el sector agroalimentario es responsable de la mitad del déficit de la balanza comercial total de México. En 2008 la superficie cultivada de maíz disminuyó en un millón de hectáreas y la de frijol en 500 mil hectáreas respecto de 1997. Un millón de hectáreas de riego permanecen ociosas por falta de mantenimiento de los sistemas de riego, crédito y rentabilidad de los cultivos.
Si bien las exportaciones agroalimentarias han aumentado, éstas se concentran en una minoría de agricultores ricos y empresas exportadoras, buena parte de ellas extranjeras, que operan con un alto costo social: explotación de jornaleros agrícolas que laboran en pésimas condiciones, sin seguridad social y bajos salarios, y un alto costo ambiental: abatimiento y contaminación de acuíferos y suelos agrícolas, ensalitramiento de áreas de riego. La desigualdad y la pobreza aumentan: de acuerdo con Araceli Damián, investigadora de El Colegio de México, entre 2007 y 2008 la pobreza alimentaria aumentó en 4.3 millones de personas, alcanzando a 13.8 millones de mexicanos, mientras 7 millones más se convirtieron en pobres patrimoniales.
Un buen gobierno —cuando existe— debe infundir confianza y no mentir. La derecha vive y nos quiere hacer vivir en el país de nunca jamás, donde todo y nada son posibles. Mientras, en México no sólo hay pobreza, sino comienza a haber hambre.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM
Jorge Eugenio Ortiz Gallegos
El Ejército en Tlatelolco y en Ciudad Juárez
Viene a la pluma la reseña de la colección de poemas Elegía de Tlatelolco, cuyo autor es Carlos Montemayor, connotado escritor. Los textos son una repetición entre palabras, la falta de puntuación, el tema del movimiento estudiantil de 1968 y el origen de Tlatelolco como fundación azteca.
El derramamiento de sangre más impresionante tuvo lugar el 2 de octubre, con el movimiento estudiantil que pedía sacar a los granaderos de sus escuelas.
El título, Elegía, acentúa el tono de tristeza de los poemas: “Piedra ciega quebrada como hombre /rota como mujer abierta en los costados /derrumbe de piedras /tierra asombrada reducida a mis palabras /ultrajada por el engaño y el olvido /monumental ciudad destrozada una tarde /arrepentida del aire y de su presencia /maligna enferma manchada /desterrados del sueño /del grito nuevamente ancestral”.
La primera línea (“piedra ciega”) trae desencanto: no es una piedra firme, sino ciega y quebrada, parecida al hombre y a la mujer. Posteriormente, el sujeto de enunciación habla de un derrumbe de piedras acorde con otro verso posterior, en el que la ciudad ha sido destruida. Desencanto y tristeza vividas en el anochecer del 2 de octubre, cuando a través de artimañas el gobierno contrata escuadrones y terroristas (mexicanos y estadounidenses, captados por la CIA), para que abrieran fuego contra los militares, granaderos y contra los mismos estudiantes, causando así la confusión vivida en ese día.
A lo largo de 30 años ha sido imposible descubrir los motivos irrazonables de la masacre de Tlatelolco, porque en nuestro sistema político se confunde la tarea del gobernante con una especie de privilegio privado que él puede ejercer en cualquier circunstancia y momento.
Aunque la historia oficial contaba que granaderos y militares fueron los responsables, Montemayor aclara que no fue así, ya que hubo un actor intelectual que se encargó de planearlo todo. Esa noche el pueblo vivió la muerte de muchos seres queridos y también la confusión de un ardid gubernamental. Esta tragedia se concentra en el poema.
Obsérvese el verso: “Desterrados del sueño /del grito nuevamente ancestral”. La masacre ocurrida en ese momento lleva al sujeto de enunciación a pensar en la sangre derramada en la época azteca, en las guerras floridas, en la Conquista: los aztecas dominan a los pobladores de Texcoco y posteriormente los españoles los dominan a ellos. La masacre contra el nativo lo hace recordar el grito desesperado del poblador de aquel tiempo, uno que se repite nuevamente a mediados del siglo XX.
Algún escritor afirma que el movimiento estudiantil del 68 no fue sólo de los estudiantes, sino de todo el pueblo harto de las injusticias de los gobiernos dictatoriales. Pero los gobiernos federales, estatales, y toda la tanda de políticos en busca del hueso de julio próximo, a ciegas aceptan el eslogan gubernamental: “Ganaremos la guerra contra el narco en cualquier lugar de la nación”. En Tlatelolco como en Ciudad Juárez se repite la tragedia.
jodeortiz@gmail.com
Escritor
José Luis Piñeyro
Narco, economía y sociedad: ¿inconexos?
El año pasado, EL UNIVERSAL informó que la Secretaría de la Defensa Nacional calculaba en 500 mil personas la base de apoyo social del narcotráfico, compuesta en su mayoría por cultivadores de mariguana y amapola, más transportistas, distribuidores y sicarios.
Esta semana, el subsecretario del Departamento de Estados Unidos para narcóticos, David Johnson, proporcionó una cifra un poco menor (450 mil personas), y otro subsecretario, Thomas Shannon, afirmó que para América Latina, “con los presupuestos del sector público en riesgo, la disminución de las remesas y la pérdida de empleo, es obvio que el crimen organizado y los cárteles de la droga, presentan una atracción” (La Jornada, 11/III/09).
Para el caso de México habría que agregar la disminución de los ingresos petroleros, por turismo, exportaciones y de capital, y el aumento del desempleo (500 mil personas sólo para el primer semestre de 2009, según Manpower, cifra superior a los 325 mil calculados por el gobierno para todo el año), la migración ilegal, la economía informal y la criminal.
Esta empresa de recursos humanos señala que entre los estados con menos posibilidades de empleo están, entre otros, Baja California, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, narcorregiones por excelencia. En perspectiva histórica reciente, se afirma: “El déficit acumulado por los gobiernos panistas alcanzaría 4 millones 332 mil plazas, la mayor parte de ellas absorbidas por la economía informal y sus vicios” (Alberto Barranco, “Lluvia sobre mojado”, (EL UNIVERSAL, 9/III/09).
A esta subutilización productiva de mano de obra, principalmente juvenil, habría que agregar al medio millón de personas de apoyo al narcotráfico, otros cientos de miles más relacionadas con otras actividades delictivas (tráfico ilegal de armas, migrantes, carros, mercancías, órganos humanos, mujeres y niños) para tener una idea completa del ejército de reserva criminal.
Además de esta degradación y desperdicio de mano de obra habría que sumar la descapitalización humana que representa la migración ilegal masiva anual de 500 mil compatriotas, del foxismo a la fecha, y en particular el éxodo anual del 20 mil connacionales con alto nivel de escolaridad, cuyo total de 1995 a 2008 suma 575 mil profesionistas y cuyo costo de preparación significó más de 100 mil millones de pesos para México (La Jornada, 3/III/09).
Todo lo anterior viene a colación porque se ha insistido de forma reiterada por voceros gubernamentales y empresariales que la criminalidad y la migración no responden a causas económicas, sino culturales (falta de valores familiares, religiosos, cívicos, de respeto a la legalidad e institucionalidad, para la primera; tradición familiar, emulación del sueño de vida americano y aventura, para la segunda) o político-sociales (corrupción, impunidad, ineficiencia para la visión gubernamental y falta de cohesión familiar y desarraigo para la iniciativa privada).
Fenómenos sociales como el narcotráfico y la migración nos muestran la parálisis del gobierno nacional y del conjunto de la clase gobernante. Tenemos encima una severa crisis económica que apenas empieza y en México se repiten las mismas recetas neoliberales. Se requiere urgentemente un cambio radical en la política policiaco-militar, económica, educativa y social que las transforme en políticas de Estado.
Parece que los gobernantes no ven ni entienden lo que se está tratando de hacer en el vecino país norteño. En México, el horno social no está para los bollos de siempre, sino para ensayar nuevas recetas con alimentos que nutran la moral y la fortaleza física de la nación y del Estado.
jlpineyro@aol.com
Profesor investigador de la UAM-A
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