Opacidad en el foxismo
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, entregó la revisión de la Cuenta Pública de 2006, documento en el que se infiere que los ingresos adicionales de los que dispuso la administración panista en ese año –el último del sexenio de Vicente Fox– ascendieron a 310 mil millones de pesos.
El dato es de suyo motivo de escándalo e indignación, pues, no obstante todo ese dinero, la economía nacional creció durante el sexenio pasado a niveles magros (2.3 por ciento en promedio); entre 2000 y 2006 sólo se generaron en el país unos 224 mil empleos por año; se incrementó la deuda pública –en el sexenio se acumularon cerca de 400 mil millones de pesos por concepto de Pidiregas– y, por si fuera poco, buena parte de los miles de millones de pesos de los que dispuso el gobierno foxista sencillamente no aparecen hoy por ninguna parte. De tal forma, las cifras que se comentan son indicativas de la ineficiencia, la irresponsabilidad y la turbiedad con que el gobierno pasado manejó el dinero público, colocan al foxismo como la peor administración en los últimos 18 años y alimentan las sospechas de corrupción que pesan sobre el autodenominado “gobierno del cambio”.
Ante ello, las autoridades actuales tendrían la responsabilidad legal y moral de emprender las pesquisas correspondientes en contra del ex presidente panista, pero hasta ahora, y a pesar de la evidencia documental aportada por la propia ASF en torno a su manejo por lo menos deficiente de los recursos públicos, el calderonismo ha optado por declinar esas responsabilidades y ha provocado, con ello, acrecentar la sospecha, inexorablemente sembrada en amplias franjas de la sociedad, de que el actual ocupante de Los Pinos mantiene con su antecesor una suerte de pacto de impunidad por la injerencia de este último en el proceso electoral de 2006, y de las acciones que, tanto dentro como fuera de la legalidad, emprendió Vicente Fox para minar el camino a la Presidencia al principal candidato de oposición.
Con tal actitud, el presente gobierno no sólo parece empeñado en profundizar el déficit de legitimidad que arrastra de origen, sino que se muestra como un régimen encubridor del desaseo en el ejercicio del poder y deteriora aún más la imagen del conjunto de la clase política y de las instituciones ante la población, pues contribuye a que la Presidencia de la República sea percibida como un espacio de impunidad, ineficacia y corrupción.
Por otra parte, es claro que la opacidad con que se condujo la administración de Vicente Fox no sólo resulta reprochable desde un punto de vista ético o legal, sino también desde el ámbito económico, consideración particularmente relevante en un momento en que el país se enfrenta a una grave crisis económica y en el que los recursos públicos –necesarios para la aplicación de programas sociales y la reactivación de la economía– escasean: a pesar de las cuantiosas sumas que entraron a las arcas nacionales gracias, entre otras cosas, a los elevados precios internacionales de los hidrocarburos, el gobierno foxista aportó mucho menos que sus antecesores a la promoción del empleo, el mejoramiento de los servicios educativos y de salud, la construcción de infraestructura y el combate real a la pobreza y a la marginación. Ciertamente, al margen de que el foxismo haya tenido poco o mucho que ver en la configuración de los presentes descalabros financieros, bursátiles y económicos, es por demás reprochable su falta de previsión, de transparencia y, presumiblemente, de honestidad en el manejo de los recursos de la nación.
En suma, a casi una década de la alternancia de siglas y de colores en la Presidencia de la República, la sociedad parece asistir a la confirmación de las viejas prácticas de los sexenios priístas, cuando los mandatarios entrantes se encargaban de cuidar las espaldas de sus antecesores y extendían con ello una cadena de impunidad transexenal. Tal perspectiva resulta catastrófica para el país en términos de justicia y pone en entredicho el pretendido avance que supuso la alternancia en el poder, pues tal parece que las cosas cambiaron para seguir igual.
Carlos Fernández-Vega: México SA
uienes vaticinan una no muy lejana guerra por el agua no están apartados de la realidad. El panorama mundial en este renglón es desolador, y todo apunta hacia la citada conflagración si los gobiernos no reaccionan y orientan sus esfuerzos no sólo al cuidado del líquido, sino al de sus beneficiarios inmediatos, los habitantes del planeta.
En este sentido, el Banco Mundial nos obsequia el siguiente paseo temático: el desafío que enfrenta el mundo en materia de agua es desalentador. Cerca de mil 100 millones de personas carecen de acceso al agua limpia. Dos mil 600 millones adicionales no cuentan con saneamiento básico, por ejemplo retretes. Y según el World Water Council, en 2015 alrededor de 3 mil 500 millones de personas vivirán en lugares donde el agua escasea o habrá comenzado a escasear.
En agricultura, sector que representa cerca de 70 por ciento del uso mundial del agua, es crucial mejorar la ordenación de las aguas, ya que el acceso a agua y riego incide fuertemente en la productividad de la tierra y la estabilidad de los rendimientos. De hecho, la agricultura en tierras de regadío es más de dos veces más productiva que la agricultura en tierras de secano. Sin embargo, en África, al sur del Sahara, sólo 4 por ciento de las tierras productivas cuentan con regadío, mientras que cifra es de 39 por ciento en Asia meridional y de 29 por ciento en Asia oriental.
Alrededor de 20 por ciento de la electricidad mundial se genera a partir de energía hidroeléctrica, así como 90 por ciento de toda la electricidad que proviene de fuentes renovables. Y si bien Europa y América del Norte aprovechan alrededor de 70 por ciento de su potencial hidroeléctrico, en el mundo en desarrollo sólo se explota alrededor de 20 por ciento (en África sólo 7 por ciento). La energía hidroeléctrica será un factor importante en la respuesta al cambio climático, tanto como fuente de energía con bajas emisiones de carbono como en el manejo de situaciones extremas a través del almacenamiento de agua.
La protección de las fuentes de agua, como cuencas, zonas de recarga de acuíferos y humedales, es fundamental para asegurar la disponibilidad de este recurso para sus múltiples usos. La ordenación ambientalmente sostenible de ríos, lagos, acuíferos, humedales y estuarios exige equilibrar los beneficios netos que se obtienen del uso del agua en otros sectores con los beneficios netos que proporcionan los ecosistemas saludables de agua dulce. El nivel de protección que debe otorgarse a cualquier ecosistema de agua dulce es una decisión que deberá basarse en sólidas políticas públicas e investigaciones científicas. La meta es respaldar la toma de decisiones y la inversión en conservación y gestión ambiental sustentándose en los antecedentes recabados.
La explotación y ordenación de los recursos hídricos sigue siendo un factor fundamental de los esfuerzos en pos del crecimiento, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Esta tarea requiere fuertes inversiones en infraestructura, instituciones y capacidad de gestión del sector hídrico. Los países en desarrollo, con poca capacidad institucional e infraestructura relacionada con el agua, son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, la urbanización, el cambio en el uso del suelo y las modificaciones en la estructura del comercio mundial.
Se requiere disponer de un programa integral de asistencia en el sector que permita aumentar progresivamente la ordenación de los recursos hídricos y la construcción de infraestructura para mejorar la seguridad hídrica y energética. “El Objetivo de Desarrollo del Milenio según el cual se debe reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable antes de 2015 es una tarea monumental. A medida que la población mundial se triplicó en el último siglo, el uso de agua aumentó el doble y por lo tanto, se sextuplicó durante el mismo periodo. De los 6 mil millones que existen hoy en día, se espera que en 2025 la población humana llegue a 8 mil millones de personas. Al mismo tiempo, la Comisión Mundial del Agua pronostica que el uso del agua se duplicará en 30 años. En consecuencia, en 2025, unos 4 mil millones de personas –la mitad de la población mundial– podría vivir en condiciones de grave escasez de agua”.
Para el caso de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial estima que de los 510 millones de habitantes de la región, alrededor de 56 millones no tienen acceso a agua limpia, y otros 132 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados. “Si bien el agua no es un elemento tan escaso como en otras áreas del mundo, en muchos lugares latinoamericanos es difícil encontrar agua limpia. Existen poblados y ciudades donde la gente debería contar con sistemas de suministro de agua corriente y alcantarillado para recolectar las aguas residuales, con necesidades urgentes. Por ejemplo, 26 millones de habitantes de zonas urbanas no tienen fuentes de agua mejorada y cerca de 50 millones carecen de servicios de alcantarillado. Muy a menudo, los más pobres compran agua a precios altísimos desde camiones que la llevan a sus asentamientos sin conexión. De hecho, los pobres del mundo en desarrollo pagan en promedio 12 veces más por litro de agua que los ciudadanos conectados al sistema de cañerías. En los tugurios de muchas ciudades, el costo del agua se lleva una gran proporción del gasto familiar. Un caso es Puerto Príncipe, Haití, donde significa 20 por ciento”.
La falta de alcantarillado o de instalaciones adecuadas de tratamiento y eliminación de los desechos puede traer también fatales consecuencias para la salud y el medio ambiente. En Brasil, por ejemplo, donde existe una enorme disparidad entre ricos y pobres en términos del nivel de cobertura y la calidad de los servicios, menos de 20 por ciento de las aguas residuales recibe tratamiento y eliminación adecuada; el resto se vierte a los cuerpos de agua más cercanos. Y México está por debajo de esta nación sudamericana.
Las rebanadas del pastel
De esa proporción es lo “pasajero” del angustiante problema del agua en el mundo, del que obviamente México no escapa, por muchas albercas que se construyan. Movidísima la semana entrante, con la decisión sobre la nueva refinería (si es que el inquilino de Los Pinos no promueve otro “foro”) y la llegada de Barack Obama, con todo y Banamex.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Armando Bartra/II: La Gran crisis
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, entregó la revisión de la Cuenta Pública de 2006, documento en el que se infiere que los ingresos adicionales de los que dispuso la administración panista en ese año –el último del sexenio de Vicente Fox– ascendieron a 310 mil millones de pesos.
El dato es de suyo motivo de escándalo e indignación, pues, no obstante todo ese dinero, la economía nacional creció durante el sexenio pasado a niveles magros (2.3 por ciento en promedio); entre 2000 y 2006 sólo se generaron en el país unos 224 mil empleos por año; se incrementó la deuda pública –en el sexenio se acumularon cerca de 400 mil millones de pesos por concepto de Pidiregas– y, por si fuera poco, buena parte de los miles de millones de pesos de los que dispuso el gobierno foxista sencillamente no aparecen hoy por ninguna parte. De tal forma, las cifras que se comentan son indicativas de la ineficiencia, la irresponsabilidad y la turbiedad con que el gobierno pasado manejó el dinero público, colocan al foxismo como la peor administración en los últimos 18 años y alimentan las sospechas de corrupción que pesan sobre el autodenominado “gobierno del cambio”.
Ante ello, las autoridades actuales tendrían la responsabilidad legal y moral de emprender las pesquisas correspondientes en contra del ex presidente panista, pero hasta ahora, y a pesar de la evidencia documental aportada por la propia ASF en torno a su manejo por lo menos deficiente de los recursos públicos, el calderonismo ha optado por declinar esas responsabilidades y ha provocado, con ello, acrecentar la sospecha, inexorablemente sembrada en amplias franjas de la sociedad, de que el actual ocupante de Los Pinos mantiene con su antecesor una suerte de pacto de impunidad por la injerencia de este último en el proceso electoral de 2006, y de las acciones que, tanto dentro como fuera de la legalidad, emprendió Vicente Fox para minar el camino a la Presidencia al principal candidato de oposición.
Con tal actitud, el presente gobierno no sólo parece empeñado en profundizar el déficit de legitimidad que arrastra de origen, sino que se muestra como un régimen encubridor del desaseo en el ejercicio del poder y deteriora aún más la imagen del conjunto de la clase política y de las instituciones ante la población, pues contribuye a que la Presidencia de la República sea percibida como un espacio de impunidad, ineficacia y corrupción.
Por otra parte, es claro que la opacidad con que se condujo la administración de Vicente Fox no sólo resulta reprochable desde un punto de vista ético o legal, sino también desde el ámbito económico, consideración particularmente relevante en un momento en que el país se enfrenta a una grave crisis económica y en el que los recursos públicos –necesarios para la aplicación de programas sociales y la reactivación de la economía– escasean: a pesar de las cuantiosas sumas que entraron a las arcas nacionales gracias, entre otras cosas, a los elevados precios internacionales de los hidrocarburos, el gobierno foxista aportó mucho menos que sus antecesores a la promoción del empleo, el mejoramiento de los servicios educativos y de salud, la construcción de infraestructura y el combate real a la pobreza y a la marginación. Ciertamente, al margen de que el foxismo haya tenido poco o mucho que ver en la configuración de los presentes descalabros financieros, bursátiles y económicos, es por demás reprochable su falta de previsión, de transparencia y, presumiblemente, de honestidad en el manejo de los recursos de la nación.
En suma, a casi una década de la alternancia de siglas y de colores en la Presidencia de la República, la sociedad parece asistir a la confirmación de las viejas prácticas de los sexenios priístas, cuando los mandatarios entrantes se encargaban de cuidar las espaldas de sus antecesores y extendían con ello una cadena de impunidad transexenal. Tal perspectiva resulta catastrófica para el país en términos de justicia y pone en entredicho el pretendido avance que supuso la alternancia en el poder, pues tal parece que las cosas cambiaron para seguir igual.
Carlos Fernández-Vega: México SA
uienes vaticinan una no muy lejana guerra por el agua no están apartados de la realidad. El panorama mundial en este renglón es desolador, y todo apunta hacia la citada conflagración si los gobiernos no reaccionan y orientan sus esfuerzos no sólo al cuidado del líquido, sino al de sus beneficiarios inmediatos, los habitantes del planeta.
En este sentido, el Banco Mundial nos obsequia el siguiente paseo temático: el desafío que enfrenta el mundo en materia de agua es desalentador. Cerca de mil 100 millones de personas carecen de acceso al agua limpia. Dos mil 600 millones adicionales no cuentan con saneamiento básico, por ejemplo retretes. Y según el World Water Council, en 2015 alrededor de 3 mil 500 millones de personas vivirán en lugares donde el agua escasea o habrá comenzado a escasear.
En agricultura, sector que representa cerca de 70 por ciento del uso mundial del agua, es crucial mejorar la ordenación de las aguas, ya que el acceso a agua y riego incide fuertemente en la productividad de la tierra y la estabilidad de los rendimientos. De hecho, la agricultura en tierras de regadío es más de dos veces más productiva que la agricultura en tierras de secano. Sin embargo, en África, al sur del Sahara, sólo 4 por ciento de las tierras productivas cuentan con regadío, mientras que cifra es de 39 por ciento en Asia meridional y de 29 por ciento en Asia oriental.
Alrededor de 20 por ciento de la electricidad mundial se genera a partir de energía hidroeléctrica, así como 90 por ciento de toda la electricidad que proviene de fuentes renovables. Y si bien Europa y América del Norte aprovechan alrededor de 70 por ciento de su potencial hidroeléctrico, en el mundo en desarrollo sólo se explota alrededor de 20 por ciento (en África sólo 7 por ciento). La energía hidroeléctrica será un factor importante en la respuesta al cambio climático, tanto como fuente de energía con bajas emisiones de carbono como en el manejo de situaciones extremas a través del almacenamiento de agua.
La protección de las fuentes de agua, como cuencas, zonas de recarga de acuíferos y humedales, es fundamental para asegurar la disponibilidad de este recurso para sus múltiples usos. La ordenación ambientalmente sostenible de ríos, lagos, acuíferos, humedales y estuarios exige equilibrar los beneficios netos que se obtienen del uso del agua en otros sectores con los beneficios netos que proporcionan los ecosistemas saludables de agua dulce. El nivel de protección que debe otorgarse a cualquier ecosistema de agua dulce es una decisión que deberá basarse en sólidas políticas públicas e investigaciones científicas. La meta es respaldar la toma de decisiones y la inversión en conservación y gestión ambiental sustentándose en los antecedentes recabados.
La explotación y ordenación de los recursos hídricos sigue siendo un factor fundamental de los esfuerzos en pos del crecimiento, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Esta tarea requiere fuertes inversiones en infraestructura, instituciones y capacidad de gestión del sector hídrico. Los países en desarrollo, con poca capacidad institucional e infraestructura relacionada con el agua, son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, la urbanización, el cambio en el uso del suelo y las modificaciones en la estructura del comercio mundial.
Se requiere disponer de un programa integral de asistencia en el sector que permita aumentar progresivamente la ordenación de los recursos hídricos y la construcción de infraestructura para mejorar la seguridad hídrica y energética. “El Objetivo de Desarrollo del Milenio según el cual se debe reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable antes de 2015 es una tarea monumental. A medida que la población mundial se triplicó en el último siglo, el uso de agua aumentó el doble y por lo tanto, se sextuplicó durante el mismo periodo. De los 6 mil millones que existen hoy en día, se espera que en 2025 la población humana llegue a 8 mil millones de personas. Al mismo tiempo, la Comisión Mundial del Agua pronostica que el uso del agua se duplicará en 30 años. En consecuencia, en 2025, unos 4 mil millones de personas –la mitad de la población mundial– podría vivir en condiciones de grave escasez de agua”.
Para el caso de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial estima que de los 510 millones de habitantes de la región, alrededor de 56 millones no tienen acceso a agua limpia, y otros 132 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados. “Si bien el agua no es un elemento tan escaso como en otras áreas del mundo, en muchos lugares latinoamericanos es difícil encontrar agua limpia. Existen poblados y ciudades donde la gente debería contar con sistemas de suministro de agua corriente y alcantarillado para recolectar las aguas residuales, con necesidades urgentes. Por ejemplo, 26 millones de habitantes de zonas urbanas no tienen fuentes de agua mejorada y cerca de 50 millones carecen de servicios de alcantarillado. Muy a menudo, los más pobres compran agua a precios altísimos desde camiones que la llevan a sus asentamientos sin conexión. De hecho, los pobres del mundo en desarrollo pagan en promedio 12 veces más por litro de agua que los ciudadanos conectados al sistema de cañerías. En los tugurios de muchas ciudades, el costo del agua se lleva una gran proporción del gasto familiar. Un caso es Puerto Príncipe, Haití, donde significa 20 por ciento”.
La falta de alcantarillado o de instalaciones adecuadas de tratamiento y eliminación de los desechos puede traer también fatales consecuencias para la salud y el medio ambiente. En Brasil, por ejemplo, donde existe una enorme disparidad entre ricos y pobres en términos del nivel de cobertura y la calidad de los servicios, menos de 20 por ciento de las aguas residuales recibe tratamiento y eliminación adecuada; el resto se vierte a los cuerpos de agua más cercanos. Y México está por debajo de esta nación sudamericana.
Las rebanadas del pastel
De esa proporción es lo “pasajero” del angustiante problema del agua en el mundo, del que obviamente México no escapa, por muchas albercas que se construyan. Movidísima la semana entrante, con la decisión sobre la nueva refinería (si es que el inquilino de Los Pinos no promueve otro “foro”) y la llegada de Barack Obama, con todo y Banamex.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Armando Bartra/II: La Gran crisis
Hay quienes ven en la conmoción que padecemos una redición del crack de 1929. Pero no, el presente no es un tropiezo productivo más entre los muchos de los que está empedrado el ciclo económico. La de hoy es una debacle civilizatoria por cuanto balconea sin atenuantes el pecado original del gran dinero; la irracionalidad profunda del modo de producción capitalista, pero también del orden social, político y espiritual en torno a él edificado.
Y este talón de Aquiles sistémico va más allá de que al reducirse relativamente el capital variable tanto por elevación de la composición orgánica como por la tendencia a minimizar salarios, se reduzca tendencialmente la tasa de ganancia y a la vez la posibilidad de hacerla efectiva realizando el producto. Ciertamente la contradicción económica interna del capitalismo, formulada por Marx hace siglo y medio, estrangula cíclicamente el proceso de acumulación, ocasiona crisis periódicas –hasta ahora manejables– y, según los apocalípticos sostenedores de la teoría del derrumbe, algún día provocará la debacle definitiva del sistema. Pero este pleito del capital consigo mismo es sólo la expresión entripada –económica– del antagonismo entre el gran dinero y el mundo natural-social al que depreda.
La contradicción ontológica del capitalismo no hay que buscarla en los tropiezos que sufre el valor de cambio para valorizarse, sino en el radical desencuentro entre el valor de cambio autorregulado y el valor de uso; en el antagonismo que existe entre la lógica que el lucro le impone a la producción económica y la racionalidad propia de la reproducción social-natural del hombre y los ecosistemas. Sin obviar –por sabido– el agravio canónico que siempre se le ha imputado al gran dinero: una soez desigualdad por la que en el arranque del tercer milenio los dos deciles más bonancibles de las familias poseen 75 por ciento de la riqueza, mientras en el otro extremo los dos deciles más depauperados apenas disponen de 2 por ciento.
Recesión y sobreproducción
Las perturbaciones endógenas del capitalismo fueron estudiadas de antiguo por Smith, Say, Ricardo y Stuart Mill, quienes pensaban que el sistema procura su propio equilibrio, y por Malthus, Lauderdale y Sismondi, quienes aceptaban la posibilidad de trombosis mayores. Pero fue Marx quien sentó las bases de la teoría de las crisis económicas, al establecer que la cuota general de plusvalía tiene necesariamente que traducirse en una cuota general de ganancia decreciente (pues) la masa de trabajo vivo empleada disminuye constantemente en proporción la masa de trabajo materializado (Carlos Marx. El capital. Fondo de Cultura Económica, México, 1965. Volumen III, p. 215).
Ahora bien, la disminución relativa del capital variable y, adicionalmente, la posible desproporción entre las ramas de la economía, pueden crear también problemas en el ámbito de la realización de la plusvalía mediante la venta de las mercancías, operación que, según Marx, se ve limitada por la proporcionalidad entre las distintas ramas de la producción y por la capacidad de consumo de la sociedad (constreñida por) las condiciones antagónicas de distribución que reducen el consumo de la gran masa de la sociedad a un mínimo (Ibid, p. 243). La primera de estas líneas de investigación inspiró a Tugan-Baranowsky, quien desarrolló la teoría de las crisis por desproporción, mientras que Conrad Schmidt exploró los problemas del subconsumo.
Después de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, Baran y Sweezy plantearon la tendencia creciente de los excedentes y consecuente dificultad para realizarlos. “No hay forma de evitar la conclusión de que el capitalismo monopolista es un sistema contradictorio en sí mismo –escriben–. Tiende a crear aun más excedentes y sin embargo es incapaz de proporcionar al consumo y a la inversión las salidas necesarias para la absorción de los crecientes excedentes y por tanto para el funcionamiento uniforme del sistema” (Paul A. Baran, Paul M. Sweezy. El capital monopolista. Siglo XXI Editores, México, 1968, p. 90).
Pero Marx vislumbró también algunas posibles salidas a los periódicos atolladeros en que se mete el capital. “La contradicción interna –escribió– tiende a compensarse mediante la expansión del campo externo de la producción” (Carlos Marx. Ibid, p. 243). Opción que parecía evidente en tiempos de expansión colonial, pero que una centuria después, en plena etapa imperialista, seguía resultando una explicación sugerente y fue desarrollada por Rosa Luxemburgo, al presentar la ampliación permanente del sistema sobre su periferia, como una suerte de huida hacia delante para escapar de las crisis de subconsumo apelando a mercados externos de carácter precapitalista. “El capital no puede desarrollarse sin los medios de producción y fuerzas de trabajo del planeta entero –escribe la autora de La acumulación de capital–. Para desplegar sin obstáculos el movimiento de acumulación, necesita los tesoros naturales y las fuerzas de trabajo de toda la tierra. Pero como éstas se encuentran, de hecho, en su gran mayoría, encadenadas a formas de producción precapitalistas (...) surge aquí el impulso irresistible del capital a apoderarse de aquellos territorios y sociedades” (Rosa Luxemburgo. La acumulación de capital. Editorial Grijalbo, México, 1967, p. 280). Esta línea de ideas sobrevivió a la circunstancia que le dio origen y ha generado planteamientos como el que propone la existencia en el capitalismo de una acumulación primitiva permanente, y más recientemente el de acumulación por despojo, acuñado por David Harvey (David Harvey. Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Akal, Madrid, 2007).
No menos relevante es explicarse el desarrollo cíclico de la acumulación y por tanto la condición recurrente de las crisis del capitalismo. Análisis que –por ejemplo– permitió a Kondratiev predecir el descalabro de 1929 (Nikolai Dimitrievich Kondratiev. Los ciclos largos de la coyuntura económica. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1992), que posteriormente fue desarrollado por Schumpeter, entre otros, y que Mandel ubica en el contexto de las llamadas ondas largas (Ernest Mandel. Las ondas largas del desarrollo capitalista. La interpretación marxista. Siglo XXI Editores, Madrid, 1986).
El pecado original
Como se ve, mucha tinta ha corrido sobre el tema de las crisis económicas del capitalismo. Y no es para menos, pues algunos piensan que en la radicalidad de sus contradicciones internas radica el carácter perecedero y transitorio de un sistema que sus apologistas quisieran definitivo, además de que –en los hechos– las crisis de sobreproducción han sido recurrentes (1857, 1864-66, 1873-77, 1890-93, 1900, 1907, 1913, 1920-22, 1929-32, 1977, 1987, 1991, 1997, 2008-?). Sin embargo, la irracionalidad básica del sistema no está en los problemas de acumulación que enfrenta; sus contradicciones económicas internas no son las más lacerantes, y si algún día el capitalismo deja paso a un orden más amable y soleado no será por obra de sus periódicas crisis de sobreproducción, sino como resultado del hartazgo de sus víctimas, sin duda alimentado por los estragos que ocasiona la recesión, pero también por otros agravios sociales, ambientales y morales igualmente graves.
Miguel Concha: Desafíos a la sociedad civil
Y este talón de Aquiles sistémico va más allá de que al reducirse relativamente el capital variable tanto por elevación de la composición orgánica como por la tendencia a minimizar salarios, se reduzca tendencialmente la tasa de ganancia y a la vez la posibilidad de hacerla efectiva realizando el producto. Ciertamente la contradicción económica interna del capitalismo, formulada por Marx hace siglo y medio, estrangula cíclicamente el proceso de acumulación, ocasiona crisis periódicas –hasta ahora manejables– y, según los apocalípticos sostenedores de la teoría del derrumbe, algún día provocará la debacle definitiva del sistema. Pero este pleito del capital consigo mismo es sólo la expresión entripada –económica– del antagonismo entre el gran dinero y el mundo natural-social al que depreda.
La contradicción ontológica del capitalismo no hay que buscarla en los tropiezos que sufre el valor de cambio para valorizarse, sino en el radical desencuentro entre el valor de cambio autorregulado y el valor de uso; en el antagonismo que existe entre la lógica que el lucro le impone a la producción económica y la racionalidad propia de la reproducción social-natural del hombre y los ecosistemas. Sin obviar –por sabido– el agravio canónico que siempre se le ha imputado al gran dinero: una soez desigualdad por la que en el arranque del tercer milenio los dos deciles más bonancibles de las familias poseen 75 por ciento de la riqueza, mientras en el otro extremo los dos deciles más depauperados apenas disponen de 2 por ciento.
Recesión y sobreproducción
Las perturbaciones endógenas del capitalismo fueron estudiadas de antiguo por Smith, Say, Ricardo y Stuart Mill, quienes pensaban que el sistema procura su propio equilibrio, y por Malthus, Lauderdale y Sismondi, quienes aceptaban la posibilidad de trombosis mayores. Pero fue Marx quien sentó las bases de la teoría de las crisis económicas, al establecer que la cuota general de plusvalía tiene necesariamente que traducirse en una cuota general de ganancia decreciente (pues) la masa de trabajo vivo empleada disminuye constantemente en proporción la masa de trabajo materializado (Carlos Marx. El capital. Fondo de Cultura Económica, México, 1965. Volumen III, p. 215).
Ahora bien, la disminución relativa del capital variable y, adicionalmente, la posible desproporción entre las ramas de la economía, pueden crear también problemas en el ámbito de la realización de la plusvalía mediante la venta de las mercancías, operación que, según Marx, se ve limitada por la proporcionalidad entre las distintas ramas de la producción y por la capacidad de consumo de la sociedad (constreñida por) las condiciones antagónicas de distribución que reducen el consumo de la gran masa de la sociedad a un mínimo (Ibid, p. 243). La primera de estas líneas de investigación inspiró a Tugan-Baranowsky, quien desarrolló la teoría de las crisis por desproporción, mientras que Conrad Schmidt exploró los problemas del subconsumo.
Después de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, Baran y Sweezy plantearon la tendencia creciente de los excedentes y consecuente dificultad para realizarlos. “No hay forma de evitar la conclusión de que el capitalismo monopolista es un sistema contradictorio en sí mismo –escriben–. Tiende a crear aun más excedentes y sin embargo es incapaz de proporcionar al consumo y a la inversión las salidas necesarias para la absorción de los crecientes excedentes y por tanto para el funcionamiento uniforme del sistema” (Paul A. Baran, Paul M. Sweezy. El capital monopolista. Siglo XXI Editores, México, 1968, p. 90).
Pero Marx vislumbró también algunas posibles salidas a los periódicos atolladeros en que se mete el capital. “La contradicción interna –escribió– tiende a compensarse mediante la expansión del campo externo de la producción” (Carlos Marx. Ibid, p. 243). Opción que parecía evidente en tiempos de expansión colonial, pero que una centuria después, en plena etapa imperialista, seguía resultando una explicación sugerente y fue desarrollada por Rosa Luxemburgo, al presentar la ampliación permanente del sistema sobre su periferia, como una suerte de huida hacia delante para escapar de las crisis de subconsumo apelando a mercados externos de carácter precapitalista. “El capital no puede desarrollarse sin los medios de producción y fuerzas de trabajo del planeta entero –escribe la autora de La acumulación de capital–. Para desplegar sin obstáculos el movimiento de acumulación, necesita los tesoros naturales y las fuerzas de trabajo de toda la tierra. Pero como éstas se encuentran, de hecho, en su gran mayoría, encadenadas a formas de producción precapitalistas (...) surge aquí el impulso irresistible del capital a apoderarse de aquellos territorios y sociedades” (Rosa Luxemburgo. La acumulación de capital. Editorial Grijalbo, México, 1967, p. 280). Esta línea de ideas sobrevivió a la circunstancia que le dio origen y ha generado planteamientos como el que propone la existencia en el capitalismo de una acumulación primitiva permanente, y más recientemente el de acumulación por despojo, acuñado por David Harvey (David Harvey. Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Akal, Madrid, 2007).
No menos relevante es explicarse el desarrollo cíclico de la acumulación y por tanto la condición recurrente de las crisis del capitalismo. Análisis que –por ejemplo– permitió a Kondratiev predecir el descalabro de 1929 (Nikolai Dimitrievich Kondratiev. Los ciclos largos de la coyuntura económica. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1992), que posteriormente fue desarrollado por Schumpeter, entre otros, y que Mandel ubica en el contexto de las llamadas ondas largas (Ernest Mandel. Las ondas largas del desarrollo capitalista. La interpretación marxista. Siglo XXI Editores, Madrid, 1986).
El pecado original
Como se ve, mucha tinta ha corrido sobre el tema de las crisis económicas del capitalismo. Y no es para menos, pues algunos piensan que en la radicalidad de sus contradicciones internas radica el carácter perecedero y transitorio de un sistema que sus apologistas quisieran definitivo, además de que –en los hechos– las crisis de sobreproducción han sido recurrentes (1857, 1864-66, 1873-77, 1890-93, 1900, 1907, 1913, 1920-22, 1929-32, 1977, 1987, 1991, 1997, 2008-?). Sin embargo, la irracionalidad básica del sistema no está en los problemas de acumulación que enfrenta; sus contradicciones económicas internas no son las más lacerantes, y si algún día el capitalismo deja paso a un orden más amable y soleado no será por obra de sus periódicas crisis de sobreproducción, sino como resultado del hartazgo de sus víctimas, sin duda alimentado por los estragos que ocasiona la recesión, pero también por otros agravios sociales, ambientales y morales igualmente graves.
Miguel Concha: Desafíos a la sociedad civil
n México y en muchas otras partes del mundo los procesos de transformación democrática han sido impulsados por la sociedad civil, categoría que comprende las diversas formas de organización social, por cuyo conducto el pueblo ejerce de manera concreta su soberanía. El inacabado proceso de transición a la democracia; la proximidad de un año tan significativo, por celebrarse el segundo centenario de la Independencia y el primero de la Revolución; la crisis contemporánea y otros signos históricos actuales, llevaron a organizaciones civiles de diversos estados de la República, integradas en la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), a reunirse en días pasados en la ciudad de Oaxaca para hacer un balance de lo realizado y plantearse nuevos horizontes. De los materiales preparatorios y de las discusiones realizadas se desprenden múltiples retos para su actuación en el futuro próximo, los cuales pueden sintetizarse en cuatro.
El reto de la democratización. En las dos décadas anteriores la sociedad mexicana impulsó un proyecto de democratización, cuyo primer paso sería la efectividad del sufragio y la alternancia partidaria, de lo que seguirían las transformaciones de las políticas públicas y del régimen político, en orden a un respeto y garantía integrales de todos los derechos humanos. El primer paso se dio, pero no los siguientes. Se truncó la transición a la democracia, lo que hoy constituye el principal riesgo a la viabilidad del Estado. Se alternan los partidos, no sin restricciones en los diversos ámbitos del poder, pero no se modifican las políticas, y los derechos humanos se enfrentan a la posibilidad de un retroceso. El reto de la democratización remite entonces al siguiente.
El reto del Estado. No estamos solamente frente a la turbulencia del sistema político, que se originó en las crisis pre y post electorales, sin que de ambas se siguiera una acción legal que otorgara seguridad jurídica a la ciudadanía. No se trata solamente del desafío de los poderes fácticos, en sus versiones de tráfico de drogas, tráfico de influencias o monopolio de la comunicación. Tampoco se trata solamente de los efectos de la crisis mundial, de la que México es parte activa y no víctima pasiva. Son las tres situaciones juntas, más una omisión: la inexistencia de un proyecto de Estado que renueve el heredado por la Revolución, y que, con su diseño actual, hoy no es capaz de hacer frente a los grandes desafíos de la época. En muchos países de América Latina se ensayan nuevas formas de relación gobierno-sociedad y se rediseñan las constituciones para modificar el andamiaje del Estado. México es de los pocos en que los actores políticos actúan tratando de conservar lo que no sirve ya para los fines que debiera cumplir.
El reto de los actores del sistema político. Ciertamente sería difícil esperar que se modificara el régimen político si sus actores permanecen iguales. Unos tratando de recuperar el poder, sin tener una nueva propuesta de Estado que haga pensar que su visión va más allá de la añoranza de lo perdido; otros insistiendo en su pretensión de resolver los problemas nacionales únicamente con medidas gerenciales, las más de las veces copiadas acríticamente de la administración privada. Quienes más insistieron en el discurso de la transformación, hoy se encuentran sumidos en una confrontación inoportuna, estéril y vergonzosa, puesto que no se trata de la confrontación entre proyectos sociales, sino en la pugna por el poder interno. Si bien es cierto que la estatura de los actores del sistema político a las dimensiones de nuestro momento es más que lamentable, la ilusión del abstencionismo como forma de protesta, que deja las manos libres para el manejo de clientelas, es rebasada por una preocupación fundamental: más que la desconfianza ante tal o cual actor, hoy se desconfía de todos los actores del sistema político, y, por ellos, de las instituciones que los legitiman.
El reto de una nueva institucionalidad. Crear nuevas instituciones no puede ser un acto de voluntad. Es un proceso que se construye lentamente por la sociedad. Las instituciones democráticas lo son precisamente porque son instituidas, creadas por la sociedad. Éste es el reto principal de la sociedad civil en México: rediseñar las instituciones públicas. Reconocer las debilidades para asumir esta tarea es el primer paso para acumular fortalezas que le permitan cumplir su objetivo histórico. Las diversas formas de expresión de la sociedad deben renovarse: las campesinas y sindicales tienen que ser capaces de vencer los resabios del corporativismo; las organizaciones civiles tienen que ser capaces de superar sus fuertes limitaciones financieras y la competencia de organizaciones paraestatales o paraempresariales, y afirmarse como sociedad civil; las organizaciones comunitarias tienen el reto de salir de su localismo y darle dimensión amplia a sus experiencias. La discusión de hoy no puede ser a cuál de las tres formas de organización le toca ser líder del cambio, sino cómo hacer para que las tres lleguen a acuerdos en el proyecto social y en la estrategia fundamental.
Se dirá que son retos muy fuertes para fuerzas tan escasas. Lo que puede hacer la diferencia es que se tenga visión de la historia. La sociedad civil tiene mucha historia que recuperar. Eso es más fuerte que el dinero o el poder institucionalizado. Lo importante es que la reflexión ya se ha iniciado en diversos espacios, y que se está consciente que el tiempo que queda no es mucho.
Ana María Aragonés: Ante la reforma migratoria
El reto de la democratización. En las dos décadas anteriores la sociedad mexicana impulsó un proyecto de democratización, cuyo primer paso sería la efectividad del sufragio y la alternancia partidaria, de lo que seguirían las transformaciones de las políticas públicas y del régimen político, en orden a un respeto y garantía integrales de todos los derechos humanos. El primer paso se dio, pero no los siguientes. Se truncó la transición a la democracia, lo que hoy constituye el principal riesgo a la viabilidad del Estado. Se alternan los partidos, no sin restricciones en los diversos ámbitos del poder, pero no se modifican las políticas, y los derechos humanos se enfrentan a la posibilidad de un retroceso. El reto de la democratización remite entonces al siguiente.
El reto del Estado. No estamos solamente frente a la turbulencia del sistema político, que se originó en las crisis pre y post electorales, sin que de ambas se siguiera una acción legal que otorgara seguridad jurídica a la ciudadanía. No se trata solamente del desafío de los poderes fácticos, en sus versiones de tráfico de drogas, tráfico de influencias o monopolio de la comunicación. Tampoco se trata solamente de los efectos de la crisis mundial, de la que México es parte activa y no víctima pasiva. Son las tres situaciones juntas, más una omisión: la inexistencia de un proyecto de Estado que renueve el heredado por la Revolución, y que, con su diseño actual, hoy no es capaz de hacer frente a los grandes desafíos de la época. En muchos países de América Latina se ensayan nuevas formas de relación gobierno-sociedad y se rediseñan las constituciones para modificar el andamiaje del Estado. México es de los pocos en que los actores políticos actúan tratando de conservar lo que no sirve ya para los fines que debiera cumplir.
El reto de los actores del sistema político. Ciertamente sería difícil esperar que se modificara el régimen político si sus actores permanecen iguales. Unos tratando de recuperar el poder, sin tener una nueva propuesta de Estado que haga pensar que su visión va más allá de la añoranza de lo perdido; otros insistiendo en su pretensión de resolver los problemas nacionales únicamente con medidas gerenciales, las más de las veces copiadas acríticamente de la administración privada. Quienes más insistieron en el discurso de la transformación, hoy se encuentran sumidos en una confrontación inoportuna, estéril y vergonzosa, puesto que no se trata de la confrontación entre proyectos sociales, sino en la pugna por el poder interno. Si bien es cierto que la estatura de los actores del sistema político a las dimensiones de nuestro momento es más que lamentable, la ilusión del abstencionismo como forma de protesta, que deja las manos libres para el manejo de clientelas, es rebasada por una preocupación fundamental: más que la desconfianza ante tal o cual actor, hoy se desconfía de todos los actores del sistema político, y, por ellos, de las instituciones que los legitiman.
El reto de una nueva institucionalidad. Crear nuevas instituciones no puede ser un acto de voluntad. Es un proceso que se construye lentamente por la sociedad. Las instituciones democráticas lo son precisamente porque son instituidas, creadas por la sociedad. Éste es el reto principal de la sociedad civil en México: rediseñar las instituciones públicas. Reconocer las debilidades para asumir esta tarea es el primer paso para acumular fortalezas que le permitan cumplir su objetivo histórico. Las diversas formas de expresión de la sociedad deben renovarse: las campesinas y sindicales tienen que ser capaces de vencer los resabios del corporativismo; las organizaciones civiles tienen que ser capaces de superar sus fuertes limitaciones financieras y la competencia de organizaciones paraestatales o paraempresariales, y afirmarse como sociedad civil; las organizaciones comunitarias tienen el reto de salir de su localismo y darle dimensión amplia a sus experiencias. La discusión de hoy no puede ser a cuál de las tres formas de organización le toca ser líder del cambio, sino cómo hacer para que las tres lleguen a acuerdos en el proyecto social y en la estrategia fundamental.
Se dirá que son retos muy fuertes para fuerzas tan escasas. Lo que puede hacer la diferencia es que se tenga visión de la historia. La sociedad civil tiene mucha historia que recuperar. Eso es más fuerte que el dinero o el poder institucionalizado. Lo importante es que la reflexión ya se ha iniciado en diversos espacios, y que se está consciente que el tiempo que queda no es mucho.
Ana María Aragonés: Ante la reforma migratoria
as secretarias de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, y de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, acordaron conformar un grupo de alto nivel para atender el fenómeno migratorio de manera más eficaz”. Sin duda es muy bienvenida la actitud del gobierno de Barack Obama, ya que incorpora en la agenda bilateral el asunto de la migración, al parecer, en el mismo rango de importancia que el de seguridad nacional y el de armas que provienen del vecino país y van a parar a manos del crimen organizado.
Si bien las funcionarias han reconocido la complejidad y diversidad de la agenda de negociación, ya se han planteado hablar de facilitar los flujos de migración documentada, proteger los derechos de los connacionales, orientar a la población sobre los riesgos de cruzar la frontera sin papeles en regla y favorecer los procedimientos de repatriación; ambas se congratularon “por la exitosa negociación” en torno a los llamados “arreglos locales de repatriación”. No obstante, me parece que el primer problema que enfrenta el gobierno mexicano es su falta de propuestas.
Más allá de que México demandará que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores, sobre todo en el contexto de los indocumentados, así como buscar que se reconozcan las aportaciones económicas del migrante mexicano a Estados Unidos, la verdad es que hasta ahora no se ha presentado ningún programa que permita conocer el papel que la migración debe jugar en el país. El único comentario de Felipe Calderón, reseñado en otro de mis artículos (“Está usted equivocado, señor Calderón”, La Jornada, 3/5/07), ha mostrado su convicción de que la migración es un fenómeno natural e inevitable, y si ésta es la idea que rondará en las mesas de negociación, simplemente podemos esperar seguir siendo reservorios de fuerza de trabajo para Estados Unidos, y que el resultado de la negociación será un pésimo acuerdo.
Desde mi punto de vista, lo que habría que poner en el eje del programa del gobierno mexicano es “el derecho a no migrar”; propuesta, muy inteligente, de Armando Bartra, expresada desde hace algún tiempo.
Para incorporar este tipo de visiones se requeriría plantearse un programa migratorio integral, que supone trabajar en tres niveles. En el primero habría que discutir las formas para que a corto plazo los trabajadores migrantes mexicanos se incorporen a los sectores productivos que los requieran en Estados Unidos de manera legal, ordenada y con pleno apego a sus derechos humanos. Además, debe enfatizarse la regularización de los millones de trabajadores indocumentados que se encuentran desde hace muchos años laborando a la sombra, sufriendo precariedad, a pesar de que cumplen con todas las obligaciones de ley. Y para evitar que se vuelva a reproducir este lamentable fenómeno debe permitirse a quienes así lo deseen optar por la residencia permanente cuando hayan cumplido determinados años de trabajo en el país vecino.
En un segundo nivel de discusiones se tendría que debatir la posibilidad de revisar el Tratado de Libre Comercio, pues se ha podido comprobar, a pesar de que los apologistas lo nieguen, que la migración se disparó en forma extraordinaria a partir de su firma: campo devastado, desaparición de pequeñas y medianas industrias, invasión de maquilas, etcétera.
Por tanto, es necesario que se adopte una agenda que favorezca un comercio de reglas justas, entre ellas, por supuesto, la eliminación de los perversos subsidios a productos agrícolas. Joseph Stiglitz señala que los subsidios de Estados Unidos a los productores de algodón reducen a tal grado los precios mundiales que los campesinos africanos pierden más de 350 millones de dólares al año, más que el presupuesto total de ayuda estadunidense a estas áreas.
En un tercer nivel habría que aceptar que el desarrollo no se alcanza por medio de la migración, como se ha podido comprobar a lo largo de la historia migratoria de México, no obstante la enorme cantidad de divisas por concepto de remesas, pues el país se mantiene en el subdesarrollo y la dependencia. Lo único que puede transformar esa realidad es una política que ponga énfasis en el gasto social, sobre todo en el sector educativo, así como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. De no hacerlo así, México quedará totalmente rezagado para tener un papel en la llamada economía del conocimiento. Esto permitiría, asimismo, construir un nuevo país, donde el arraigo se hiciera efectivo, pues, como señala Weil, “estar arraigado es quizá la más importante y menos reconocida necesidad del alma humana”.
amaragones@gmail.com
Si bien las funcionarias han reconocido la complejidad y diversidad de la agenda de negociación, ya se han planteado hablar de facilitar los flujos de migración documentada, proteger los derechos de los connacionales, orientar a la población sobre los riesgos de cruzar la frontera sin papeles en regla y favorecer los procedimientos de repatriación; ambas se congratularon “por la exitosa negociación” en torno a los llamados “arreglos locales de repatriación”. No obstante, me parece que el primer problema que enfrenta el gobierno mexicano es su falta de propuestas.
Más allá de que México demandará que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores, sobre todo en el contexto de los indocumentados, así como buscar que se reconozcan las aportaciones económicas del migrante mexicano a Estados Unidos, la verdad es que hasta ahora no se ha presentado ningún programa que permita conocer el papel que la migración debe jugar en el país. El único comentario de Felipe Calderón, reseñado en otro de mis artículos (“Está usted equivocado, señor Calderón”, La Jornada, 3/5/07), ha mostrado su convicción de que la migración es un fenómeno natural e inevitable, y si ésta es la idea que rondará en las mesas de negociación, simplemente podemos esperar seguir siendo reservorios de fuerza de trabajo para Estados Unidos, y que el resultado de la negociación será un pésimo acuerdo.
Desde mi punto de vista, lo que habría que poner en el eje del programa del gobierno mexicano es “el derecho a no migrar”; propuesta, muy inteligente, de Armando Bartra, expresada desde hace algún tiempo.
Para incorporar este tipo de visiones se requeriría plantearse un programa migratorio integral, que supone trabajar en tres niveles. En el primero habría que discutir las formas para que a corto plazo los trabajadores migrantes mexicanos se incorporen a los sectores productivos que los requieran en Estados Unidos de manera legal, ordenada y con pleno apego a sus derechos humanos. Además, debe enfatizarse la regularización de los millones de trabajadores indocumentados que se encuentran desde hace muchos años laborando a la sombra, sufriendo precariedad, a pesar de que cumplen con todas las obligaciones de ley. Y para evitar que se vuelva a reproducir este lamentable fenómeno debe permitirse a quienes así lo deseen optar por la residencia permanente cuando hayan cumplido determinados años de trabajo en el país vecino.
En un segundo nivel de discusiones se tendría que debatir la posibilidad de revisar el Tratado de Libre Comercio, pues se ha podido comprobar, a pesar de que los apologistas lo nieguen, que la migración se disparó en forma extraordinaria a partir de su firma: campo devastado, desaparición de pequeñas y medianas industrias, invasión de maquilas, etcétera.
Por tanto, es necesario que se adopte una agenda que favorezca un comercio de reglas justas, entre ellas, por supuesto, la eliminación de los perversos subsidios a productos agrícolas. Joseph Stiglitz señala que los subsidios de Estados Unidos a los productores de algodón reducen a tal grado los precios mundiales que los campesinos africanos pierden más de 350 millones de dólares al año, más que el presupuesto total de ayuda estadunidense a estas áreas.
En un tercer nivel habría que aceptar que el desarrollo no se alcanza por medio de la migración, como se ha podido comprobar a lo largo de la historia migratoria de México, no obstante la enorme cantidad de divisas por concepto de remesas, pues el país se mantiene en el subdesarrollo y la dependencia. Lo único que puede transformar esa realidad es una política que ponga énfasis en el gasto social, sobre todo en el sector educativo, así como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. De no hacerlo así, México quedará totalmente rezagado para tener un papel en la llamada economía del conocimiento. Esto permitiría, asimismo, construir un nuevo país, donde el arraigo se hiciera efectivo, pues, como señala Weil, “estar arraigado es quizá la más importante y menos reconocida necesidad del alma humana”.
amaragones@gmail.com
La Ley Federal del Trabajo en su artículo cuarto señala diversas conductas patronales, como ofensas a los derechos de la sociedad, cuando se impide el ejercicio de derechos laborales fundamentales, en particular el de huelga. Esta dura sentencia parte de la premisa de que la comunidad en su conjunto, no sólo trabajadores y sindicatos, son los lesionados. Dos empresas han incurrido recientemente en este agravio: Mexicana de Cananea, SA de CV, del Grupo Minera México, y la trasnacional alemana Continental Llantera Potosina, SA de CV.
El conflicto iniciado por el Grupo Minera México contra el sindicato minero metalúrgico es un ejemplo dramático de esta realidad. Difícil olvidar la decisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del 17 de febrero de 2006, la cual, apoyándose en firmas falsificadas, en agitada resolución de horas destituyó a toda la directiva sindical para imponer una al gusto del patrón. Desde entonces, el gobierno y la empresa han utilizado todos los recursos para destruir a este sindicato con un gigantesco costo social que incluye pérdida de vidas, heridos, centros de trabajo artificialmente extinguidos para sustituir a los trabajadores, persecución penal a sus directivos e intervención de cuentas bancarias.
En el ámbito internacional, el gobierno mexicano ha sido reprobado por múltiples organismos debido a la saña que ha desatado contra los mineros; destaca el reciente pronunciamiento de Leo W. Gerard, presidente internacional del Sindicato Metalúrgico de América, en carta pública dirigida a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con motivo de su visita a México, preparatoria a la del presidente Barack Obama.
A raíz de las constantes violaciones al contrato colectivo de trabajo aplicable en Cananea, el 30 de julio de 2007 estalló la huelga, que se ha mantenido a pesar de las maniobras en su contra, incluida la privación de servicios médicos esenciales a los que tendría derecho cualquier trabajador huelguista. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ha hecho causa común con la patronal buscando afanosamente declarar inexistente la huelga, siendo permanentemente revocadas sus resoluciones por el Poder Judicial federal. En este contexto, cancelada la vía de la inexistencia, se promueve una maniobra descabellada: solicitar la autorización de la JFCA para despedir a todos los trabajadores huelguistas dándoles una indemnización ínfima y, por añadidura, dar por terminado el contrato colectivo de trabajo, todo por encima de la huelga legalmente existente. La intención evidente es sustituir a los huelguistas por trabajadores miembros de un sindicato patronal, siguiendo la ruta implementada en otros centros de trabajo.
Los argumentos de la empresa causarían risa si no fuera por sus dramáticas consecuencias; alega una “causa de fuerza mayor” que, según ella, le impide seguir operando, apoyada en reportes elaborados por su propio personal de confianza sobre las condiciones del equipo de trabajo y de cuyo estado es responsable la misma; además, se funda en una inspección llevada a cabo por la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía que le fue notificada el 20 de marzo de 2009. Aunque parezca increíble, ese mismo día, en cuestión de minutos la empresa decidió, elaboró y presentó la demanda de terminación del contrato colectivo, y también ese mismo día la JFCA recibió, dictó acuerdo admisorio, fijó fecha de audiencia para resolución y comisionó al actuario para la notificación... las palabras sobran. Una razón adicional esgrimida por la empresa en su demanda es que no puede prever la duración de la huelga y que sus causas le son ajenas. Por tratarse de hechos supuestamente notorios, sostiene que no está obligada a probar. Quiere todo, incluida una declaración de responsabilidad sobre la huelga, que en todo caso sería motivo de un juicio diverso al que plantea.
Nuestra legislación laboral –y por ello se requiere su reforma– señala que la JFCA debe actuar como árbitro en este conflicto; la misma autoridad que ha demostrado con creces su encono hacia el sindicato y los trabajadores huelguistas. Su imparcialidad es nula, pues se impone la voluntad del presidente instruido previamente por la STPS, quien es finalmente el verdadero juez; por cierto, es del dominio público la posición de esta dependencia frente al sindicato y los trabajadores huelguistas. ¿Qué clase de justicia es ésta, cuando no existe un mínimo de imparcialidad?
En tenor semejante actúa en San Luis Potosí la empresa llantera Continental, al solicitar ante la misma JFCA dar por muerto el contrato ley de la industria hulera en el país, vigente desde 1935; alega en su favor que la STPS omitió convocar a la revisión de este contrato el pasado mes de febrero, porque a la mayoría cetemista de la coalición obrera del hule “aparentemente” se le olvidó promoverla en tiempo.
La demanda de la empresa alemana fue sorpresiva, no sólo por arrogarse una representación de la que carece, puesto que actúa solita, sino también por lo absurdo de su argumentación, toda vez que la ley laboral en su artículo 421 únicamente considera dos causales para la terminación solicitada: el mutuo consentimiento, que no existe, o la falta de convenio al concluir el procedimiento de revisión contractual, la cual tampoco opera, porque se prorrogaron las condiciones de trabajo conforme al artículo 420 de dicha ley. La trasnacional alemana vuelve a las andadas con una estrategia legaloide similar a la utilizada hace cuatro años, cuando en su planta Euzkadi de El Salto, Jalisco, provocó una huelga de tres años que la hizo pagar indemnizaciones y entregar adicionalmente a sus trabajadores las propias instalaciones, en retribución por los salarios caídos. El caso de San Luis Potosí es lamentable si se considera que pocos meses antes, en un acto de responsabilidad, sus trabajadores accedieron a un ajuste en sus condiciones de trabajo para hacer más competitiva a dicha empresa. No cabe duda, los demonios andan sueltos.
Francisco López Bárcenas: Emiliano Zapata: 90 años cabalgando
El conflicto iniciado por el Grupo Minera México contra el sindicato minero metalúrgico es un ejemplo dramático de esta realidad. Difícil olvidar la decisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del 17 de febrero de 2006, la cual, apoyándose en firmas falsificadas, en agitada resolución de horas destituyó a toda la directiva sindical para imponer una al gusto del patrón. Desde entonces, el gobierno y la empresa han utilizado todos los recursos para destruir a este sindicato con un gigantesco costo social que incluye pérdida de vidas, heridos, centros de trabajo artificialmente extinguidos para sustituir a los trabajadores, persecución penal a sus directivos e intervención de cuentas bancarias.
En el ámbito internacional, el gobierno mexicano ha sido reprobado por múltiples organismos debido a la saña que ha desatado contra los mineros; destaca el reciente pronunciamiento de Leo W. Gerard, presidente internacional del Sindicato Metalúrgico de América, en carta pública dirigida a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con motivo de su visita a México, preparatoria a la del presidente Barack Obama.
A raíz de las constantes violaciones al contrato colectivo de trabajo aplicable en Cananea, el 30 de julio de 2007 estalló la huelga, que se ha mantenido a pesar de las maniobras en su contra, incluida la privación de servicios médicos esenciales a los que tendría derecho cualquier trabajador huelguista. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ha hecho causa común con la patronal buscando afanosamente declarar inexistente la huelga, siendo permanentemente revocadas sus resoluciones por el Poder Judicial federal. En este contexto, cancelada la vía de la inexistencia, se promueve una maniobra descabellada: solicitar la autorización de la JFCA para despedir a todos los trabajadores huelguistas dándoles una indemnización ínfima y, por añadidura, dar por terminado el contrato colectivo de trabajo, todo por encima de la huelga legalmente existente. La intención evidente es sustituir a los huelguistas por trabajadores miembros de un sindicato patronal, siguiendo la ruta implementada en otros centros de trabajo.
Los argumentos de la empresa causarían risa si no fuera por sus dramáticas consecuencias; alega una “causa de fuerza mayor” que, según ella, le impide seguir operando, apoyada en reportes elaborados por su propio personal de confianza sobre las condiciones del equipo de trabajo y de cuyo estado es responsable la misma; además, se funda en una inspección llevada a cabo por la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía que le fue notificada el 20 de marzo de 2009. Aunque parezca increíble, ese mismo día, en cuestión de minutos la empresa decidió, elaboró y presentó la demanda de terminación del contrato colectivo, y también ese mismo día la JFCA recibió, dictó acuerdo admisorio, fijó fecha de audiencia para resolución y comisionó al actuario para la notificación... las palabras sobran. Una razón adicional esgrimida por la empresa en su demanda es que no puede prever la duración de la huelga y que sus causas le son ajenas. Por tratarse de hechos supuestamente notorios, sostiene que no está obligada a probar. Quiere todo, incluida una declaración de responsabilidad sobre la huelga, que en todo caso sería motivo de un juicio diverso al que plantea.
Nuestra legislación laboral –y por ello se requiere su reforma– señala que la JFCA debe actuar como árbitro en este conflicto; la misma autoridad que ha demostrado con creces su encono hacia el sindicato y los trabajadores huelguistas. Su imparcialidad es nula, pues se impone la voluntad del presidente instruido previamente por la STPS, quien es finalmente el verdadero juez; por cierto, es del dominio público la posición de esta dependencia frente al sindicato y los trabajadores huelguistas. ¿Qué clase de justicia es ésta, cuando no existe un mínimo de imparcialidad?
En tenor semejante actúa en San Luis Potosí la empresa llantera Continental, al solicitar ante la misma JFCA dar por muerto el contrato ley de la industria hulera en el país, vigente desde 1935; alega en su favor que la STPS omitió convocar a la revisión de este contrato el pasado mes de febrero, porque a la mayoría cetemista de la coalición obrera del hule “aparentemente” se le olvidó promoverla en tiempo.
La demanda de la empresa alemana fue sorpresiva, no sólo por arrogarse una representación de la que carece, puesto que actúa solita, sino también por lo absurdo de su argumentación, toda vez que la ley laboral en su artículo 421 únicamente considera dos causales para la terminación solicitada: el mutuo consentimiento, que no existe, o la falta de convenio al concluir el procedimiento de revisión contractual, la cual tampoco opera, porque se prorrogaron las condiciones de trabajo conforme al artículo 420 de dicha ley. La trasnacional alemana vuelve a las andadas con una estrategia legaloide similar a la utilizada hace cuatro años, cuando en su planta Euzkadi de El Salto, Jalisco, provocó una huelga de tres años que la hizo pagar indemnizaciones y entregar adicionalmente a sus trabajadores las propias instalaciones, en retribución por los salarios caídos. El caso de San Luis Potosí es lamentable si se considera que pocos meses antes, en un acto de responsabilidad, sus trabajadores accedieron a un ajuste en sus condiciones de trabajo para hacer más competitiva a dicha empresa. No cabe duda, los demonios andan sueltos.
Francisco López Bárcenas: Emiliano Zapata: 90 años cabalgando
rroyito revoltoso, /¿qué te dijo aquel clavel?/ Dice que no ha muerto el Jefe,/ que Zapata ha de volver.” El corrido es eminentemente rural, pero su esencia originaria se refuerza cuando se canta a Emiliano Zapata Salazar, general del Ejército Libertador del Sur, más aún si para hacerlo se recurre a un diálogo entre elementos naturales, del campo. Esto no es historia pasada, sino realidad viva que cotidianamente se recrea en los pueblos y se fortalece en fechas importantes; como este 10 de abril, cuando se cumple el 90 aniversario del asesinato de El caudillo del sur, perpetrado por fuerzas gubernamentales, “a traición, porque no podían de frente”, como recuerda otro corrido.
La clase política y los herederos de los antiguos hacendados, en contra de quienes lucharon los zapatistas, no pueden librarse de su fantasma y buscan exorcizarlo con montajes a modo, supuestamente para recordar su vida y sus actos, aunque su práctica diaria demuestra que lo que más quisieran es librarse de él y sus ideales.
Pero hay otros que sí lo recuerdan y mucho: los campesinos, los verdaderos, los que trabajan y viven del campo, los mismos que defienden sus tierras como Emiliano les enseñara. Por muchas partes del país el general Emiliano Zapata sigue cabalgando junto a ellos porque, como cuando él vivía y luchaba a su lado, siguen siendo despojados de sus tierras. Los ejemplos pueden ser muchos, aunque sólo algunos han roto el aislamiento y se han posesionado en la opinión pública. Sobresalen los proyectos hidroeléctricos de Temacapulín, Jalisco, y Paso de la Reina, Oaxaca, cuyos habitantes se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo y Paso de la Reina, porque inundarían sus tierras, dejándolos sin forma de producir sus alimentos, destruirían el tejido social que los une y eso aumentaría la migración y la pobreza.
Pero no son los únicos. Los habitantes de San Jerónimo Taviche, Ocotlán, Oaxaca, luchan contra las mineras canadienses porque se llevan sus riquezas, mientras ellos se quedan más pobres; la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, se opone a ser despojada de su territorio y la explotación de sus recursos naturales por unos cuantos talamontes a quienes las autoridades agrarias dan derecho contra toda evidencia; los pueblos originarios del Distrito Federal luchan contra la privatización de sus tierras para la ampliación del Metro, y los de San Pedro Yosotatu, en la mixteca oaxaqueña, quieren que les devuelvan sus tierras que el gobierno federal pretendió vender a unos invasores.
Hace dos o tres décadas, cuando el gobierno declaró que ya no había tierra que repartir y ofreció recursos económicos para que los campesinos se pusieran a producir las que tenían, muchas organizaciones campesinas cayeron en el juego, abandonaron la lucha por la tierra y con ella los ideales zapatistas, dando lugar a un nuevo corporativismo. Los resultados están a la vista, ahora esas organizaciones o sus herederas dependen para su existencia de los financiamientos públicos; de los pocos que quedan, porque ya está demostrado que la mayoría de ellos no se dirigen a los campesinos de escasos recursos, sino a los grandes que se dedican a la exportación. Este cambio de rumbo tuvo fuertes efectos negativos en la lucha por la tierra, y no sólo se presentó un abandono por obtenerla, sino se dejó el campo abierto para el despojo.
Claro, ahora adquiere otras formas. Ya no es sólo la tierra lo que interesa, sino los recursos naturales en ella existentes, y entre éstos no nada más los forestales y mineros, como fue por mucho tiempo. Ahora lo que más les importa es el agua y la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos indígenas asociados a ellos. Por eso este 10 de abril, cuando los campesinos recuerdan el 90 aniversario del asesinato de su general, es necesario que también hagan un balance de lo que han sido estas nueve décadas de lucha, así como de los nuevos escenarios y las formas que habrán de tomar las nuevas luchas que, dada la situación, requieren plantearse como resistencia y emancipación al mismo tiempo. Sólo de esa manera puede sostenerse la veracidad del corrido: Emiliano Zapata no ha muerto y ha de volver.
Silvia Ribeiro*: El negocio de las vacunas: caso VPH
La clase política y los herederos de los antiguos hacendados, en contra de quienes lucharon los zapatistas, no pueden librarse de su fantasma y buscan exorcizarlo con montajes a modo, supuestamente para recordar su vida y sus actos, aunque su práctica diaria demuestra que lo que más quisieran es librarse de él y sus ideales.
Pero hay otros que sí lo recuerdan y mucho: los campesinos, los verdaderos, los que trabajan y viven del campo, los mismos que defienden sus tierras como Emiliano les enseñara. Por muchas partes del país el general Emiliano Zapata sigue cabalgando junto a ellos porque, como cuando él vivía y luchaba a su lado, siguen siendo despojados de sus tierras. Los ejemplos pueden ser muchos, aunque sólo algunos han roto el aislamiento y se han posesionado en la opinión pública. Sobresalen los proyectos hidroeléctricos de Temacapulín, Jalisco, y Paso de la Reina, Oaxaca, cuyos habitantes se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo y Paso de la Reina, porque inundarían sus tierras, dejándolos sin forma de producir sus alimentos, destruirían el tejido social que los une y eso aumentaría la migración y la pobreza.
Pero no son los únicos. Los habitantes de San Jerónimo Taviche, Ocotlán, Oaxaca, luchan contra las mineras canadienses porque se llevan sus riquezas, mientras ellos se quedan más pobres; la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, se opone a ser despojada de su territorio y la explotación de sus recursos naturales por unos cuantos talamontes a quienes las autoridades agrarias dan derecho contra toda evidencia; los pueblos originarios del Distrito Federal luchan contra la privatización de sus tierras para la ampliación del Metro, y los de San Pedro Yosotatu, en la mixteca oaxaqueña, quieren que les devuelvan sus tierras que el gobierno federal pretendió vender a unos invasores.
Hace dos o tres décadas, cuando el gobierno declaró que ya no había tierra que repartir y ofreció recursos económicos para que los campesinos se pusieran a producir las que tenían, muchas organizaciones campesinas cayeron en el juego, abandonaron la lucha por la tierra y con ella los ideales zapatistas, dando lugar a un nuevo corporativismo. Los resultados están a la vista, ahora esas organizaciones o sus herederas dependen para su existencia de los financiamientos públicos; de los pocos que quedan, porque ya está demostrado que la mayoría de ellos no se dirigen a los campesinos de escasos recursos, sino a los grandes que se dedican a la exportación. Este cambio de rumbo tuvo fuertes efectos negativos en la lucha por la tierra, y no sólo se presentó un abandono por obtenerla, sino se dejó el campo abierto para el despojo.
Claro, ahora adquiere otras formas. Ya no es sólo la tierra lo que interesa, sino los recursos naturales en ella existentes, y entre éstos no nada más los forestales y mineros, como fue por mucho tiempo. Ahora lo que más les importa es el agua y la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos indígenas asociados a ellos. Por eso este 10 de abril, cuando los campesinos recuerdan el 90 aniversario del asesinato de su general, es necesario que también hagan un balance de lo que han sido estas nueve décadas de lucha, así como de los nuevos escenarios y las formas que habrán de tomar las nuevas luchas que, dada la situación, requieren plantearse como resistencia y emancipación al mismo tiempo. Sólo de esa manera puede sostenerse la veracidad del corrido: Emiliano Zapata no ha muerto y ha de volver.
Silvia Ribeiro*: El negocio de las vacunas: caso VPH
a gran industria farmacéutica se ha destacado siempre por la búsqueda inescrupulosa de lucro. Por muchos años fue el sector industrial con mayor porcentaje de ganancias. Al 2008, diez empresas controlaban 55 por ciento del mercado global de farmacéuticos: Pfizer, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis, Roche, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novartis, Merck, Wyeth (engullida por Pfizer en 2009) y Lilly.
Cuando no encuentran nuevos mercados, los inventan. “Crean” dolencias, colocando nuevos títulos a situaciones que no demandaban tratamiento con fármacos, con mercadeo agresivo sobre sus supuestos beneficios. La tendencia actual es comprar empresas de biotecnología y lanzarse, por un lado, a promover la investigación genómica, esperando crear nuevos nichos de mercado si nos convencen de que debemos secuenciar nuestros genes para saber como nos sentimos; y por otro, crear un mercado para vacunas transgénicas, que es el caso de la controvertida vacuna para el virus del papiloma humano (VPH).
Las ventas de productos farmacéuticos ha tenido un crecimiento anual de 5-6 por ciento, pero el mercado de vacunas aumentó hasta 20 por ciento anual, y se espera que llegue a 36 mil millones de dólares anuales en 2013. Cuatro empresas controlan 91.5 por ciento del mercado mundial de vacunas: Merck, GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis y Wyeth (www.etcgroup.org)
En 2007, por primera vez, las vacunas para adultos superaron las ventas de vacunas pediátricas, importante factor de creación de nuevos mercados. La contribución más importante fue el jugoso negocio de las vacunas del VPH, algunas de cuyas más de 100 cepas están asociadas al desarrollo de cáncer cérvico uterino. Hay dos vacunas en el mercado: Gardasil, de Merck, que actúa sobre las cepas 6, 11, 16 y 18 y Cervarix, de GlaxoSmithKline, sobre la 16 y 18. Según las compañías, los tipos 16 y 18 están asociadas al 70 por ciento de los casos de cáncer cérvico uterino.
Esas vacunas, producto de procesos de transgenia, han sido erróneamente propagandeadas como vacunas “contra el cáncer”. Pese a su costo exorbitante, efectos secundarios y restringido campo de acción, fueron compradas en los últimos años por varios sistemas de salud públicos para campañas de vacunación masiva a niñas púberes, adolescentes y mujeres jóvenes. Desde 2008 son obligatorias para mujeres de 11 a 26 años que soliciten visa de inmigrante en Estados Unidos, a su propio costo. El único dato no controvertido de esta vacuna son las altísimas ganancias de las empresas: Gardasil le reportó a Merck mil 500 millones de dólares solamente en 2007.
Mucha gente puede pensar que los costos se justifican porque la vacuna protegería contra un cáncer de alta incidencia. En México, según datos de Inegi, mueren más de 4 mil mujeres al año por cáncer cérvico uterino, 1.7 por ciento de las defunciones femeninas registradas. La infección por VPH es una de las más difundidas en el mundo y se estima que hasta 80 por ciento de la población se puede contagiar en algún momento de su vida. Sin embargo, en ocho de cada 10 casos, se produce una resistencia natural al virus.
Mientras que en México el cáncer cérvico uterino ocupa el segundo lugar en muerte por cáncer femenino, en Estados Unidos y Europa su incidencia ha disminuido significativamente en las últimas décadas. Esto se debe a que la presencia del virus no implica necesariamente la aparición de cáncer, sino que otros factores como tabaquismo, otras infecciones, desnutrición, sistema inmunológico debilitado y falta de detección oportuna de los primeros síntomas (como control regular con Papanicolau), coadyuvan a que derive en cáncer. Se trata principalmente de causas socio-económicas contra las que no existe ninguna vacuna.
Gardasil y Cervarix son aún vacunas experimentales. El estudio más amplio sobre sus posibles efectos fue auspiciado y conducido por Merck, con amplia gama de conflictos de interés de los científicos involucrados. Al 2009 se habían reportado al Sistema de Notificación de Eventos Adversos en Vacunas de Estados Unidos, más de 10 mil casos –y se estima que sólo se reportan 10 por ciento de los casos. De éstos, 458 fueron hospitalizados y 29 fallecieron (ver excelente artículo de Asa Cristina Laurell, La Jornada, 4/3/09). Entre los efectos secundarios, se incluye que la vacuna puede promover cáncer a partir de otras cepas de virus presentes en el organismo, abortos espontáneos en mujeres embarazadas luego de la vacunación, parálisis y otros.
La vacuna ha sido probada en ensayos clínicos con mujeres de 15 a 23 años, pero la vacunación se está practicando a niñas desde los nueve, sobre las que se desconocen sus efectos. Según el estudio mencionado, la vacuna tuvo un efecto preventivo en lesiones precancerosas, pero si evitarán el cáncer cérvico-uterino, sólo se sabrá hasta dentro de 25-30 años.
No obstante y pese a que por estos y muchos otros datos, asociaciones médicas y de científicos en España, Canadá y Alemania exigen una moratoria a estas vacunas, México ha embarcado a su población en un gran experimento de vacunación masiva (y lo consideran otros países de la región como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela), gastando millonarias sumas de dinero público que deberían usarse para verdadera prevención, en lugar de regalarle a las trasnacionales farmacéuticas el dinero y el uso de sus poblaciones como conejillos de indias.
*Investigadora del Grupo ETC
Alejandro Encinas Rodríguez
Vía crucis
Semana Santa se ha convertido en nuevo escenario de la irresponsable cruzada que desde la Comisión Nacional del Agua promueve su titular, José Luis Luege Tamargo, contra la ciudad de México.
Primero fue el anuncio de que la ciudad estaba al borde de una catástrofe por la fractura del drenaje profundo que la inundaría de aguas negras, lo cual no sólo resultó falso, pues no existía daño estructural en el drenaje, sino que además estaban en proceso obras de mantenimiento programadas conjuntamente entre el GDF y la Conagua. Más tarde fue el amago de clausura del relleno sanitario Bordo Poniente, en la zona federal del ex lago de Texcoco, con lo cual la ciudad no tendría dónde procesar y depositar las más de 12 mil toneladas de residuos que genera diariamente y se tendría que contratar con particulares el servicio que hoy se realiza con uno de los costos más bajos de operación del mundo.
Recientemente, el 21 de marzo, tras el deceso de 11 campesinos de la comunidad de El Refugio en Atotonilco de Tula, Hidalgo, a consecuencia de la respiración de emanaciones tóxicas cuando se disponían a realizar limpieza del cárcamo Artículo 123 de la Conagua, Luege Tamargo se deslindó argumentando que los campesinos no contaban con permiso para llevar a cabo esas actividades, aun cuando un convenio con esa comisión obliga a los campesinos a realizar labores de limpieza a cambio de aprovechar el líquido, y culpó al GDF por la tragedia, “ya que se ha echado para atrás para firmar el acuerdo de licitación para construir la planta tratadora en Atotonilco... situación grave e irresponsable, pues la ciudad de México se niega a sanear sus aguas negras que llegan a Hidalgo”.
Ahora, con motivo de las obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala, que obligan al cierre total del suministro de agua por 36 horas y que afectará a 5 millones de personas, Luege Tamargo ha iniciado una nueva cruzada. A la vieja usanza del foxismo, acusa al GDF de que “utiliza el dinero para otras cosas, no para obras prioritarias”, que “se pierde más agua en fugas en la red secundaria”, y amaga con sacar de operación varias presas clave en el Sistema Cutzamala, como la de Villa Victoria que aloja 29% del agua del sistema, porque están en un “nivel crítico de almacenamiento”.
Nadie puede negar la gravedad del problema. En 1955, la disponibilidad de agua por habitante en México era de 11 mil 500 metros cúbicos por habitante; en 2004 esta disponibilidad cayó a 4 mil 500 y se estima que para 2025 será de 3 mil 822. México registra uno de los mayores promedios de consumo de agua por habitante en el mundo: 360 litros diarios.
La Zona Metropolitana del Valle de México consume 65 metros cúbicos por segundo de agua potable, 35 de los cuales se consumen en el Distrito Federal. Esta cuota de disponibilidad se mantiene inalterada desde 1995. El 60% de este líquido se extrae de los acuíferos y los manantiales del valle de México y el 40% restante de fuentes externas. El Sistema Cutzamala abastece 28% de agua a la zona metropolitana, aprovechando un sistema de presas que hasta los años 70 generaba energía eléctrica; y que hoy esa agua se bombea hasta la cuota de 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar, a través de una línea de ductos de 160 kilómetros.
El Sistema Cutzamala es vital para garantizar el abasto de agua y la gobernabilidad en la zona metropolitana. Es una prioridad atender su buen funcionamiento y el manejo adecuado de la cuenca para permitir un aprovechamiento sustentable del recurso. Se requieren cambios en los hábitos de consumo y una nueva cultura de manejo del agua basada en información clara y no en amarillismo. Utilizar lo delicado de esta situación para agitar las aguas de la política puede conducir, más allá de la confrontación entre distintos órdenes de gobierno, a despertar irresponsablemente ánimos sociales de los cuales, ante la manipulación de la información y la angustia de carecer del vital líquido, difícilmente se puede predecir su alcance.
México no necesita prolongar el vía crucis que atraviesa; bastante tiene con los problemas de pobreza, desempleo, inseguridad y endeudamiento, para que se agiten las aguas en un ejercicio irresponsable de la función pública.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
Primero fue el anuncio de que la ciudad estaba al borde de una catástrofe por la fractura del drenaje profundo que la inundaría de aguas negras, lo cual no sólo resultó falso, pues no existía daño estructural en el drenaje, sino que además estaban en proceso obras de mantenimiento programadas conjuntamente entre el GDF y la Conagua. Más tarde fue el amago de clausura del relleno sanitario Bordo Poniente, en la zona federal del ex lago de Texcoco, con lo cual la ciudad no tendría dónde procesar y depositar las más de 12 mil toneladas de residuos que genera diariamente y se tendría que contratar con particulares el servicio que hoy se realiza con uno de los costos más bajos de operación del mundo.
Recientemente, el 21 de marzo, tras el deceso de 11 campesinos de la comunidad de El Refugio en Atotonilco de Tula, Hidalgo, a consecuencia de la respiración de emanaciones tóxicas cuando se disponían a realizar limpieza del cárcamo Artículo 123 de la Conagua, Luege Tamargo se deslindó argumentando que los campesinos no contaban con permiso para llevar a cabo esas actividades, aun cuando un convenio con esa comisión obliga a los campesinos a realizar labores de limpieza a cambio de aprovechar el líquido, y culpó al GDF por la tragedia, “ya que se ha echado para atrás para firmar el acuerdo de licitación para construir la planta tratadora en Atotonilco... situación grave e irresponsable, pues la ciudad de México se niega a sanear sus aguas negras que llegan a Hidalgo”.
Ahora, con motivo de las obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala, que obligan al cierre total del suministro de agua por 36 horas y que afectará a 5 millones de personas, Luege Tamargo ha iniciado una nueva cruzada. A la vieja usanza del foxismo, acusa al GDF de que “utiliza el dinero para otras cosas, no para obras prioritarias”, que “se pierde más agua en fugas en la red secundaria”, y amaga con sacar de operación varias presas clave en el Sistema Cutzamala, como la de Villa Victoria que aloja 29% del agua del sistema, porque están en un “nivel crítico de almacenamiento”.
Nadie puede negar la gravedad del problema. En 1955, la disponibilidad de agua por habitante en México era de 11 mil 500 metros cúbicos por habitante; en 2004 esta disponibilidad cayó a 4 mil 500 y se estima que para 2025 será de 3 mil 822. México registra uno de los mayores promedios de consumo de agua por habitante en el mundo: 360 litros diarios.
La Zona Metropolitana del Valle de México consume 65 metros cúbicos por segundo de agua potable, 35 de los cuales se consumen en el Distrito Federal. Esta cuota de disponibilidad se mantiene inalterada desde 1995. El 60% de este líquido se extrae de los acuíferos y los manantiales del valle de México y el 40% restante de fuentes externas. El Sistema Cutzamala abastece 28% de agua a la zona metropolitana, aprovechando un sistema de presas que hasta los años 70 generaba energía eléctrica; y que hoy esa agua se bombea hasta la cuota de 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar, a través de una línea de ductos de 160 kilómetros.
El Sistema Cutzamala es vital para garantizar el abasto de agua y la gobernabilidad en la zona metropolitana. Es una prioridad atender su buen funcionamiento y el manejo adecuado de la cuenca para permitir un aprovechamiento sustentable del recurso. Se requieren cambios en los hábitos de consumo y una nueva cultura de manejo del agua basada en información clara y no en amarillismo. Utilizar lo delicado de esta situación para agitar las aguas de la política puede conducir, más allá de la confrontación entre distintos órdenes de gobierno, a despertar irresponsablemente ánimos sociales de los cuales, ante la manipulación de la información y la angustia de carecer del vital líquido, difícilmente se puede predecir su alcance.
México no necesita prolongar el vía crucis que atraviesa; bastante tiene con los problemas de pobreza, desempleo, inseguridad y endeudamiento, para que se agiten las aguas en un ejercicio irresponsable de la función pública.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
Gerardo Unzueta
Nuevo proyecto de nación
1. Los objetivos
En las batallas políticas hay objetivos, confesos u ocultos, que disimulan fines verdaderos o ulteriores. Es el caso de las elecciones que tendrán lugar el 5 de julio. En la superficie se desarrolla una confrontación, en ciertos momentos escandalosa —“de lavadero”, ha dicho José Luis Soberanes— entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Si habláramos de sus objetivos confesos o inmediatos, tendríamos que referirnos a aquellos que sin duda se definirán por el número de curules que el PRI le sonsacará al PAN hasta, quizá, sobrepasar a este último, o bien prolongar la actual relación entrambos, igualmente “de lavadero”.
Mas pasemos a los objetivos verdaderos o ulteriores. Hay un propósito que desde hace décadas alienta a los “teóricos” —los encargados, pues los hay, de formular tesis o proyectos panistas—: obsequiarnos con un sistema bipartidista similar al de Estados Unidos, y construir una estructura estatal en la que no cabrían las instituciones creadas por el pueblo mexicano en fragorosas batallas durante los 200 años de independencia nacional y en el periodo centenario de la Revolución de 1910-1917.
2. La materialización del proyecto
Esos teóricos han creído llegado su momento: las elecciones de 2009, si en ellas logran sellar, por fin, el destino, preparado meticulosamente, para las fuerzas de izquierda (destino al que han contribuido no pocos dirigentes de los grupos de presión llamados corrientes), y se las hunde en un mísero tercer lugar con 15% de la votación. De allí surgiría espléndida la mancuerna bipartidista PRI-PAN. Entonces ya no habría por qué hablar de Estado laico y de separación de la Iglesia y el Estado; de reforma agraria y sus frutos en la propiedad en el campo; de artículo 123 (con todo y apartado “B”) y garantías al proletariado; de propiedad nacional sobre los recursos naturales y desarrollo nacional de la energía; del sistema electoral y la prohibición al mercadeo de votos.
Esto es, echar un manto oscuro de autoritarismo sobre la alborada que apuntaba al iniciar el nuevo siglo con la derrota del “partido casi único”: la apertura del Estado mexicano en los campos de la justicia, la democracia participativa, la soberanía popular y la vigencia del artículo 39 constitucional.
Sí, un régimen político bipartidista, similar al vigente en EU, en que, con la excepción de Obama, no se distinguen izquierdas, derechas o “centros”; rige la caricatura de “reforma del Estado” de Manlio Fabio, o bien el régimen priísta intrínsecamente panista al que saludó Castillo Peraza en los días en que otro Carlos se desenvolvía lo más cercano al modelo neoliberal bajo la égida globalizadora del capital financiero. Esto es, un retroceso hacia mediados del siglo XIX, cuando en la sociedad mexicana hizo presencia un movimiento progresista: la izquierda.
3. Fuera de tiempo y orden
A muchos ciudadanos —incluso analistas— extraña el lenguaje de Germán Martínez, llevado por Calderón a presidir al PAN. Y es que está fuera de tiempo; corresponde al objetivo verdadero: un bipartidismo que no tolera siquiera la existencia de la izquierda; discute con sus congéneres, a los que desplazó de “la silla” y de la mayoría parlamentaria; otros no existen.
Y también fuera de orden: la participación de la izquierda y de todas las fuerzas que junto con ella defienden la soberanía popular y la aplicación de un programa de reales transformaciones es reconocida como una necesidad social y política, como parte indispensable de la lucha por una solución democrática a la crisis.
La izquierda encabeza el movimiento popular en defensa de la economía popular, que en asambleas de miles de personas en la capital y en otras regiones de la República pugna por evitar que la brutal especulación con los alimentos y el constante encarecimiento de las medicinas, del diesel, la gasolina y la electricidad se abata sobre el pueblo.
Los partidos de izquierda, amplias masas del pueblo, los técnicos y profesionistas, y los trabajadores petroleros de base, así como los intelectuales patriotas, dieron una combativa respuesta en las universidades y en el Congreso, hasta derrotar las iniciativas de Calderón que perseguían privatizar el petróleo.
Y por fin, el bozal puesto a los gobernantes, la llamada “clase política”, para impedir que éstos se burlen de la miseria popular al fijarse inmensos salarios, superiores a los del burócrata mayor, el del Poder Ejecutivo. Sólo los legisladores de izquierda podían triunfar en ese empeño.
Mas es el momento en que hay que elegir diputados y otros gobernantes. Un grupo de intelectuales y militantes de izquierda decidió llamar a los ciudadanos (La Jornada, 7/IV/09) a votar por candidatos y partidos de izquierda que se identifiquen con una plataforma constitucional para abrir “un nuevo horizonte histórico a nuestro país”, presente “un nuevo proyecto de nación” y niegue los sufragios del pueblo a los fines reaccionarios de la mancuerna PAN-PRI. La suerte está echada.
Analista político, miembro del PRD
En las batallas políticas hay objetivos, confesos u ocultos, que disimulan fines verdaderos o ulteriores. Es el caso de las elecciones que tendrán lugar el 5 de julio. En la superficie se desarrolla una confrontación, en ciertos momentos escandalosa —“de lavadero”, ha dicho José Luis Soberanes— entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Si habláramos de sus objetivos confesos o inmediatos, tendríamos que referirnos a aquellos que sin duda se definirán por el número de curules que el PRI le sonsacará al PAN hasta, quizá, sobrepasar a este último, o bien prolongar la actual relación entrambos, igualmente “de lavadero”.
Mas pasemos a los objetivos verdaderos o ulteriores. Hay un propósito que desde hace décadas alienta a los “teóricos” —los encargados, pues los hay, de formular tesis o proyectos panistas—: obsequiarnos con un sistema bipartidista similar al de Estados Unidos, y construir una estructura estatal en la que no cabrían las instituciones creadas por el pueblo mexicano en fragorosas batallas durante los 200 años de independencia nacional y en el periodo centenario de la Revolución de 1910-1917.
2. La materialización del proyecto
Esos teóricos han creído llegado su momento: las elecciones de 2009, si en ellas logran sellar, por fin, el destino, preparado meticulosamente, para las fuerzas de izquierda (destino al que han contribuido no pocos dirigentes de los grupos de presión llamados corrientes), y se las hunde en un mísero tercer lugar con 15% de la votación. De allí surgiría espléndida la mancuerna bipartidista PRI-PAN. Entonces ya no habría por qué hablar de Estado laico y de separación de la Iglesia y el Estado; de reforma agraria y sus frutos en la propiedad en el campo; de artículo 123 (con todo y apartado “B”) y garantías al proletariado; de propiedad nacional sobre los recursos naturales y desarrollo nacional de la energía; del sistema electoral y la prohibición al mercadeo de votos.
Esto es, echar un manto oscuro de autoritarismo sobre la alborada que apuntaba al iniciar el nuevo siglo con la derrota del “partido casi único”: la apertura del Estado mexicano en los campos de la justicia, la democracia participativa, la soberanía popular y la vigencia del artículo 39 constitucional.
Sí, un régimen político bipartidista, similar al vigente en EU, en que, con la excepción de Obama, no se distinguen izquierdas, derechas o “centros”; rige la caricatura de “reforma del Estado” de Manlio Fabio, o bien el régimen priísta intrínsecamente panista al que saludó Castillo Peraza en los días en que otro Carlos se desenvolvía lo más cercano al modelo neoliberal bajo la égida globalizadora del capital financiero. Esto es, un retroceso hacia mediados del siglo XIX, cuando en la sociedad mexicana hizo presencia un movimiento progresista: la izquierda.
3. Fuera de tiempo y orden
A muchos ciudadanos —incluso analistas— extraña el lenguaje de Germán Martínez, llevado por Calderón a presidir al PAN. Y es que está fuera de tiempo; corresponde al objetivo verdadero: un bipartidismo que no tolera siquiera la existencia de la izquierda; discute con sus congéneres, a los que desplazó de “la silla” y de la mayoría parlamentaria; otros no existen.
Y también fuera de orden: la participación de la izquierda y de todas las fuerzas que junto con ella defienden la soberanía popular y la aplicación de un programa de reales transformaciones es reconocida como una necesidad social y política, como parte indispensable de la lucha por una solución democrática a la crisis.
La izquierda encabeza el movimiento popular en defensa de la economía popular, que en asambleas de miles de personas en la capital y en otras regiones de la República pugna por evitar que la brutal especulación con los alimentos y el constante encarecimiento de las medicinas, del diesel, la gasolina y la electricidad se abata sobre el pueblo.
Los partidos de izquierda, amplias masas del pueblo, los técnicos y profesionistas, y los trabajadores petroleros de base, así como los intelectuales patriotas, dieron una combativa respuesta en las universidades y en el Congreso, hasta derrotar las iniciativas de Calderón que perseguían privatizar el petróleo.
Y por fin, el bozal puesto a los gobernantes, la llamada “clase política”, para impedir que éstos se burlen de la miseria popular al fijarse inmensos salarios, superiores a los del burócrata mayor, el del Poder Ejecutivo. Sólo los legisladores de izquierda podían triunfar en ese empeño.
Mas es el momento en que hay que elegir diputados y otros gobernantes. Un grupo de intelectuales y militantes de izquierda decidió llamar a los ciudadanos (La Jornada, 7/IV/09) a votar por candidatos y partidos de izquierda que se identifiquen con una plataforma constitucional para abrir “un nuevo horizonte histórico a nuestro país”, presente “un nuevo proyecto de nación” y niegue los sufragios del pueblo a los fines reaccionarios de la mancuerna PAN-PRI. La suerte está echada.
Analista político, miembro del PRD
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