2/24/2010

"EXPORTACIONES" CALDERÓN...


“Entrar bajo su propio riesgo”, estudio en Ontario, Canadá

Temor al despido, desalienta denuncia de trabajadoras migrantes

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 23 feb. 10 (CIMAC).- Cientos de mujeres mexicanas empleadas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), además de enfrentar condiciones de inseguridad en el trabajo, y la falta de acceso a los servicios de salud, sufren violencia, sobre todo sexual, que no denuncian por temor a ser despedidas.

Así lo refirió la investigadora Jenna L. Hennebry, quien de 2008 a 2009 realizó un estudio en Ontario, Canadá, sobre la situación de las y los migrantes temporales, denominado “Entrar bajo su propio riesgo: migrantes mexicanos agrícolas en Canadá”, el cual se dio a conocer en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la investigación de Hennebry, con base en entrevistas realizadas a 600 migrantes, 90 por ciento de las y los migrantes agrícolas provienen de México, 7 por ciento de Jamaica, y 3 por ciento de Guatemala y Honduras. Las migrantes agrícolas representan cerca del 5 por ciento.

El 15.4 por ciento de las y los trabajadores han tenido algún accidente de trabajo, y 56 por ciento, señaló que en sus centros de trabajo no existe un botiquín médico para atender emergencias.

El estudio también indica que 54.7 por ciento de las y los migrantes agrícolas considera que su trabajo perjudica su salud. Este hecho guarda relación con que en 69 por ciento de los casos las y los empleados no tienen agua limpia en su centro de trabajo, y 71 por ciento no cuenta con sanitarios.

Entre las enfermedades que padecen con frecuencia está la tuberculosis. Los padecimientos más comunes son cansancio, dolor de cabeza, de cuello, y en las piernas.

Las migrantes agrícolas además de laborar bajo condiciones inadecuadas de seguridad e higiene enfrentan problemas de inseguridad y de violencia sexual, señaló Jenna L. Hennebry durante su exposición.

Además, las migrantes, quienes en promedio llevan 7 años trabajando en ese país, tienen dificultades para tener acceso a la salud cuando están embarazadas, pues la mayoría de las veces ocultan su estado para evitar perder su trabajo.

Y es que, para que ellas puedan acudir al servicio médico necesitan que el empleador les tramite su tarjeta de salud, para poder ser atendidas.

En el PTAT cada año laboran cerca de 5 mil migrantes de México, de ellos alrededor de 400 son mujeres.

Ellas viven en las mismas granjas, en condiciones parecidas a los hombres, pero las mujeres tienen más barreras para ejercer sus derechos porque hay una relación de poder entre las migrantes y los granjeros, quienes por ser hombres y canadienses suelen abusar de su condición.

Derivado de ello, se presentan problemas de violencia, sobre todo sexual, por parte de los granjeros y también entre sus compañeros migrantes, ésta última es más común, dijo a Cimacnoticias la investigadora canadiense.

Además, indicó, que hay muchos empleadores que tienen la perspectiva de que las mujeres son más fáciles de controlar. Cabe mencionar que como parte del PTAT, los empleadores pueden elegir el sexo de quienes serán su mano de obra.

Las mujeres que sufren violencia sexual o de otro tipo, por parte de sus superiores o de sus compañeros, “si llaman a la policía, ellos sí van a hacer algo, el problema es que tienen temor de reportarlo por perder su trabajo”.

Ese riesgo lo corren si denuncian en Canadá, pero también en el país, señaló a Cimacnoticias la migrante mexicana, Adela Rico Arreola, de 43 años de edad, quien añadió: “si te quejas con el cónsul te dice que aguantes si es que quieres trabajar, porque en México hay una fila de personas esperando”.

Mientras que si las migrantes denuncian esta situación ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la dependencia mediante la cual las y los migrantes mexicanos pueden trasladarse a Canadá para ocuparse en el campo, la respuesta es: “pues ya no te vas”.

CONDICIONES DE TRABAJO

Rico Arreola, quien está en espera de volverse a ir a Canadá por el “espejismo de ganar un cinco más”, migró por primera vez en 1989, desde entonces no ha dejado de trabajar en ese país en temporadas que van de 3 a 7 meses al año.

Las jornadas de trabajo rebasan las 13 horas. “Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 12 o una de la mañana, en otro trabajábamos de las 6 de la mañana a las 6 o 7 de la noche”, mencionó. Sus labores también varían según el empleador, en algunos campos siembran, cortan o empacan frutas y verduras.

Cuando Adela Rico llegó a Canadá le pagaban 5.50 dólares canadienses la hora. Y hasta hace un año, le pagaron 9.50 dólares por hora, el salario mínimo canadiense.

El acceso a los servicios de salud depende también de la benevolencia de los empleadores. “Hay patrones que son buenas gentes y te llevan al doctor y hay otros que no. En mi último trabajo la barrera fue el idioma, el patrón no hablaba ni entendía español, no nos podíamos comunicar”, declaró la migrante.

Mientras que fuera del campo, en su lugar de alojamiento le toca compartir habitación con 10 trabajadoras más, “entre cada cama hay medio metro de distancia, y sí es incómodo”.

Este jueves, primera audiencia por titularidad del CCT

Despido injustificado de 4 trabajadoras en gasolinera del DF

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 23 feb 10 (CIMAC).- Cuatro trabajadoras de una gasolinería del Distrito Federal (DF) fueron despedidas injustificadamente, luego de que presentaron una demanda por la titularidad de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en busca de mejores condiciones laborales, como el derecho a recibir un salario, vacaciones pagadas, y seguridad social.

Hechos como éste, son una “práctica común” entre los empleadores del sector, dijo a Cimacnoticias Salvador Arellano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del DF (Stracc), organización que, en noviembre pasado, demandó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje local la titularidad del contrato bajo el cual laboran 28 personas, de las cuales 12 son mujeres.

El pasado 7 de febrero las trabajadoras de la estación gasolinera La Laguna, ubicada en la colonia Morelos, en el centro de la capital del país, fueron despedidas por “recorte de personal”, sin embargo, “así como nos corrían, instalaban a otras personas”, señaló Josefina Velasco Velasco, una de las cuatro empleadas.

Frente a este hecho, recientemente las trabajadoras interpusieron una demanda por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje local, donde mañana se llevará a cabo la primera audiencia por la titularidad del contrato colectivo de trabajo del personal de La Laguna.

A decir de Arellano, despedir a las y los trabajadores que comienzan a organizarse con el propósito de conseguir mejores condiciones laborales, establecidas en la legislación del país, es una “práctica común” entre los patrones del sector.

“Cuando se organizan y demandan su derecho de libre asociación sindical, los patrones reprimen a las trabajadoras y trabajadores, quitándoles el empleo”, indicó el dirigente sindical.

Y es que, de este modo, cuando venga un recuento sindical no serán mayoría quienes quieran cambiar de sindicato, ya que el personal estará despedido o amedrentado por la amenaza de quedarse sin trabajo, explicó.

Cabe mencionar que tan sólo en la Ciudad de México, las estaciones de gasolineras emplean a alrededor de 12 mil personas, de las que las mujeres representan un 35 por ciento, casi en la totalidad tienen contratos colectivos de protección patronal (CCPP).

Con el CCPP, el patrón puede fijar las condiciones en las que trabaja su personal de forma unilateral, pues las organizaciones sindicales que venden este tipo de contratos, no representan los intereses de las y los trabajadores, incluso, la planta laboral desconoce el nombre de sus líderes y en ocasiones “jamás los han visto”, manifestó el dirigente del Stracc.

De este modo trabajan las y los empleados de La Laguna, las decenas de despachadoras y despachadores de la estación tienen un contrato colectivo que no se respeta y una dirigencia sindical que desconocen, sólo saben que los “representa” la Unión Mexicana de Trabajadores de la Industria Automovilística, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México.

El contrato que las y los trabajadores firman cada semana, establece que deben tener un sueldo de 74 pesos diarios, el cual nunca han recibido porque “en realidad” trabajan “por propinas”, señaló Josefina Velasco.

Según Salvador Arellano, dirigente del Stracc, organización que representa sindicalmente a 300 trabajadoras y trabajadores, de 10 estaciones de gasolina en la capital, la mayor parte de los empleadores del sector “en apariencia están dentro de la ley, pero en la práctica violan los derechos laborales de miles de despachadores”.

En la capital, la mayoría de las y los despachadores no tienen salario, ni prestaciones y tampoco gozan de seguridad social. Además de que estos derechos no se respetan, los gerentes de las estaciones les cobran “cuotas” por trabajar ahí.

Muestra de ello, es que en La Laguna entre las y los empleados deben cobrar la entrada al baño de la clientela, tienen la obligación de entregar cada día 70 pesos, si no los juntan deben ponerlos de su bolsillo.

Además, semanalmente deben vender un determinado número de aceites y aditivos para auto, si no los venden tienen que completar con sus ingresos la cantidad que les soliciten, para conservar su empleo.

La presión para vender es mayor para las mujeres, aseguró Josefina Velasco, “a nosotras el gerente nos piden que vendamos más, creen que como somos mujeres los clientes hombres nos van a comprar más”.

“Por si fuera poco”, dice Josefina Velasco, “también nos obligan a comprar una bolsa de dulces para regalárselos a los clientes a fin de ganar su preferencia”.

De acuerdo con Salvador Arellano, las y los trabajadores laboran en estas condiciones por temor a quedar sin empleo, en tiempos de crisis en los que es “doblemente” difícil conseguir o mantener un trabajo.

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