Arropados por un Presidente en apuros, los militares desahogan su enojo con quienes defienden los derechos humanos. Se equivocan en el diagnóstico y en la receta. Existen formas más útiles y productivas de reencauzar las fricciones.
El 9 de febrero se lleva a cabo la Marcha de la Lealtad, el 10 de febrero es el Día de la Fuerza Aérea y el 19, Día del Ejército Mexicano. Es el mejor mes para aproximarse a lo que se piensa y se siente al interior de las Fuerzas Armadas. Hay ira contra partidos, medios y organismos de derechos humanos. El pasado 19 de febrero en un solemne evento el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, sentenció: "ratifico ante nuestro Comandante Supremo y la ciudadanía, que no se tolerará violación alguna al Estado de Derecho ni actos que atenten contra las garantías fundamentales de las personas. Pero por otra parte, nos mantenemos atentos a aquellas manifestaciones con dudosos patrocinios, cuyo objetivo es la calumnia y el desprestigio, buscando que los delincuentes obtengan una ventaja circunstancial y momentánea en el seno de la opinión pública".
Fuentes conocedoras de ese ámbito me confirman que la descalificación está dirigida, sobre todo, al movimiento de los derechos humanos que denuncia los abusos cometidos por los militares en su campaña contra los cárteles. El sentir lo alimenta el comandante en jefe Felipe Calderón. Entre los indicios que lo confirman estaría la exclusión de organismos civiles de los derechos humanos a la reunión que sostuvo el Presidente el pasado 17 de febrero con la comunidad de Ciudad Juárez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco fue requerida, tal vez porque procesó mil 230 denuncias contra militares en 2008, y mil 791 en 2009.
El Presidente y los mandos se equivocan. El movimiento de los derechos humanos no es su adversario. Acepto que es tan incómodo como una nube de mosquitos jején pero, a diferencia de los piquetes de las aladas bestezuelas, las y los defensores prestan un servicio invaluable al recordar que existe, en el papel al menos, un Estado de derecho. Las autoridades se irritan por su hábito de buscar los errores y los excesos de los gobernantes para denunciarlos ante los medios de comunicación de México y el extranjero que, ¡oh, sorpresa!, ¡les hacen caso! Ésa es su función. Durante algunos años los tres niveles de gobierno se instalaron en la negación y la evasión de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; los únicos que alertaban como podían eran unos cuantos organismos y personas que se hicieron confiables para analistas como yo.
En la comunidad mexicana hay de todo. Los abnegados y rigurosos coexisten con los oportunistas y simuladores. Una forma de diferenciarlos es observar el rigor que ponen en las denuncias, la atención que reciben de medios serios y el compromiso que muestran en la defensa de las víctimas.
Es comprensible el enojo castrense porque esta colectividad recuerda la responsabilidad militar en dos guerras. La primera fue la brutal campaña contrainsurgente de los años sesenta y setenta. Como el panismo negoció con el PRI impunidad y silencio ante los excesos del pasado, los familiares de algunas víctimas han mantenido vivas las exigencias de verdad y justicia, y en diciembre lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a México por la desaparición, en 1974, de Rosendo Radilla a manos del Ejército.
En la guerra contra el narco, el Presidente sacó a las calles al Ejército a combatiral crimen organizado sin tener un plan bien estructurado y el resultado es un frustrante "empate estratégico". Las Fuerzas Armadas han cumplido las órdenes de la manera en que saben y extrapolan la dureza de la vida cuartelaria a la vida civil. Sé que los excesos cometidos no obedecen a instrucciones de la superioridad, pero como la guerra seguirá al igual que los defensores de los derechos humanos propongo una solución: transformar en contraparte a esta comunidad.
En el Distrito Federal ya funciona el esquema. En la aplicación del Programa de los Derechos Humanos para la capital existe una coordinación en la cual participan cuatro instancias de gobierno, cuatro representantes de organismos de la sociedad civil elegidos por ellas mismas y tres instituciones académicas. El mecanismo funciona y ha reducido considerablemente la confrontación entre gobierno y sociedad, que ahora comparten el objetivo de aumentar los márgenes de dignidad de los capitalinos. Las organizaciones de la sociedad civil juarense me hicieron llegar un esquema en esencia idéntico.
Ante la gravedad de la situación es un error evadir las responsabilidades y transferirlas a otros actores. Satanizar es una etapa previa del revanchismo. Lo que el momento requiere es una concertación basada en escuchar con atención las ideas del otro.
En mi página está la entrevista de Dolia Estévez a Raúl Benítez Manaut con su definición del "empate estratégico" en la guerra del narco.
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