Nuria Ocampo fue secuestrada en enero en las calles de San
Salvador de Jujuy. Un auto frenó al lado de ella, la subieron, la
pincharon inyectándole una sustancia que la dejó semidesvanecida y 12
horas después la liberaron en Libertador General San Martín, a dos
horas de ruta. En ese tiempo, sus hermanas difundieron la desaparición
por FB, un pariente periodista alertó a los medios y otro que trabaja
en gendarmería logró rastrear su celular. Muchas personas creen que
esta movilización la salvó de haber sido captada por una red de trata.
Sin embargo, el fiscal interviniente acaba de desestimar su denuncia y
pedir el archivo de la causa -negando para ello los informes de
peritaje que él mismo pidió, además de la palabra de la víctima y
sometiéndola a una situación de violencia institucional que desató la
violencia simbólica de la sociedad jujeña-. Organizaciones de mujeres
de la provincia alertan sobre la tendencia de las autoridades a
subestimar posibles casos de trata y englobarlos como “fugas de hogar”.
Nuria –que hace un mes vive en otra provincia por la presión social
sobre su caso- dice: “Me arruinaron la vida. Perdí todo lo mío”.
COMUNICAR IGUALDAD- “Ese
día me sentía mal, estaba yendo a la guardia del hospital. Mi novio me
esperaba en la puerta. El auto se puso al lado mío, me pincharon con
algo y me desvanecí. Doce horas después me dejaron en una ruta. No sé
qué pasó en ese tiempo porque no estaba lúcida. Antes de eso llegué a
avisarle a mi novio por celular y él avisó en mi casa. Creo
que me salvó que me buscaran. Mi hermana me contó que a las dos horas
de haber subido mi foto en FB ya tenía 3 mil compartidos y al día
siguiente 10 mil”
cuenta Nuria Ocampo desde algún lugar de Santa Fé. Hace un mes dejó
Jujuy agobiada por el maltrato judicial, la falta de contención del
Estado y las repercusiones del caso en la sociedad. “Tengo 27 años,
una hija, tengo novio. Me faltan tres materias para recibirme en
Comunicación Social, juego en las divisiones inferiores de hockey y
trabajo hace tres años en un boliche. Después que pasó todo esto, traté
de reintegrarme a esa vida, fui a lo de un psicólogo, pero no pude.
Cada prueba que hacía el fiscal sobre mi causa la ponía en los medios y
decía que todo lo que yo había dicho era mentira. Y la gente empezó a
criticarme, a decir que había mentido, me insultaban y mi trabajo es
muy expuesto, no aguanté. No encontraba mi lugar. Una tía me ofreció
venirme y acá estoy con mi nena. Desde que llegué empecé a sentirme
mejor, pero ahora me enteré de la desestimación de la denuncia y eso me volvió a tirar abajo.”
A comienzos de mayo, el fiscal de Investigaciones Nº 1, Jorge
Zurueta -que depende del Ministerio Público Fiscal de la provincia- desestimó la denuncia presentada por Nuria Ocampo por falsa e inexistente.
Algunos de sus argumentos fueron que las cámaras de seguridad que
estaban en el lugar del secuestro no habían filmado el mismo, que no
había manchas de sangre en la ropa de Nuria y que ella no había
reconocido el lugar donde denunciaba haber sido liberada en Libertador
General San Martin. Mariana Vargas –abogada de Ocampo- presentó una
oposición para que la causa no sea archivada –que debe recibir en los
próximos días la decisión del juez de control- en la que observa que en
la causa “no se pretendió investigar un delito sino a la denunciante. Que a diferencia de otros delitos, se partió de que mi representada mentía”.
Sobre los argumentos utilizados por el fiscal para desestimar la
denuncia, señala que la filmación de las cámaras de seguridad – tal
como señala la Dirección de Telemática en un informe que consta en el
expediente- graban en forma intermitente, con lo cual pueden no haber
registrado el momento preciso del secuestro; que los informes técnicos
de la Dirección Criminalística de la Policía de la Provincia de Jujuy
presentes en el expediente señalan que la ropa de Ocampo estaba
manchada con sangre; y que el estado de confusión debido a la droga
inyectada –cuyos pinchazos fueron verificados por la Brigada de
Investigaciones de Libertador General San Martin- le dificultó
reconocer el lugar en que había sido liberada.
“El fiscal me dijo un día que tenía que ir sola a reconocer el lugar donde me habían soltado –relata Nuria-. Yo no quería, dije que sin mi mamá no iba. Eso
lo aceptó. Pero después salió
en un medio de comunicación a decir que no reconocí el lugar. No tuvo
en cuenta el estado en que yo estaba, que la madrugada que me soltaron
caminé sola durante horas, medio mareada por lo que me habían inyectado. ¿Cómo quería que reconociera el lugar?” “Las pruebas que hay hasta el momento no acreditan que el secuestro existió, pero tampoco se lo puede descartar” afirma Vargas.
lo aceptó. Pero después salió
en un medio de comunicación a decir que no reconocí el lugar. No tuvo
en cuenta el estado en que yo estaba, que la madrugada que me soltaron
caminé sola durante horas, medio mareada por lo que me habían inyectado. ¿Cómo quería que reconociera el lugar?” “Las pruebas que hay hasta el momento no acreditan que el secuestro existió, pero tampoco se lo puede descartar” afirma Vargas.
¿Hay trata en Jujuy?
El secuestro de Nuria Ocampo se sumó en la provincia a
desapariciones de otras personas en los últimos meses -la mayoría
menores de edad y mujeres- que en algunos casos estuvieron en manos de
redes de trata de personas y en otros no.
Un mes después del secuestro de Nuria, desapareció de su casa
Constanza Cernuchi, de 15 años. Apareció al día siguiente por sus
propios medios en casa de una familiar. La denuncia de secuestro
realizada por el padre fue desestimada dos meses después por la
Fiscalía de Investigación Nº 3. El 4 de abril desapareció de su casa
Yamila Durán y apareció dos semanas después en Buenos Aires. Con
posterioridad a esta aparición, la jueza de menores de la provincia
Pilar Medina realizó una conferencia de prensa en la que afirmó que “desde
que yo estoy en el Juzgado de Menores, hasta el momento, no se produjo
ningún secuestro en la provincia, sólo trabajamos con búsqueda de
personas o simples fugas de hogar”.
También en mayo de este año era publicada en los medios de
comunicación –mucho más en los de Bolivia que de Jujuy- la noticia de dos hermanas
de 13 y 18 años explotadas laboral y sexualmente en una casa de la zona
de El bananal, cercana a Yuto. Las habían llevado por engaño y a la
fuerza desde su barrio. Una de ellas pudo escapar y llegó hasta San
Pedro de Jujuy donde denunció los abusos que soportaron durante dos
meses. Por el hecho fueron detenidos cuatro hombres bolivianos y uno
argentino. La otra hermana aún es buscada.
Y siguen presentes en la memoria algunos casos del año pasado. Una
joven secuestrada en San Pedro de Jujuy, a plena luz del día en la
puerta de Tribunales, que luego fue llevada a Salta donde la explotaron
sexualmente, y de ahí a Mendoza, donde la explotación fue laboral;
logró escapar y el explotador de Mendoza está detenido.
En
diciembre fueron encontradas en Bolivia Gloria Mendoza y Antonella
Ramos, de 17 y 15 años, que habían desaparecido de su casa en La Quiaca
en septiembre. No está aclarado aún si estuvieron en manos de una red
de trata de personas. Y el caso más antiguo, y el único de un varón
–que a su vez es el único que las autoridades de la provincia reconocen
como no resuelto- es el de Ariel Llampa, un joven de 17 años de La
Quiaca a quien se vio por última vez en diciembre del 2011 en Bolivia,
apenas cruzada la frontera, en los festejos del Día de la Virgen.
“En Jujuy hay poca intención de investigar estos casos y hay
escasas e inadecuadas políticas públicas sobre violencia de género y
trata de personas. Tenemos sólo dos elevaciones a juicio por trata y no
se tuvieron en cuenta varias denuncias que probablemente debían haberse
seguido” señala María José Alvarez Carreras, integrante de la
organización gubernamental Juanita Moro –que participa de la Red Alto
al Tráfico, Trata de Niñas, Niños y Adolescentes (RATT)- que viene
realizando anualmente investigaciones sobre la trata en la provincia
apoyados en información que logran componer en base a investigaciones
propias ya que en la provincia no hay datos oficiales sobre el tema.
Según el informe 2010 de la ex Unidad Fiscal de Asistencia en
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) –actualmente
Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas
(PROTEX)- Jujuy se encuentra entre las provincias del norte del país
donde más se captan mujeres para la prostitución, junto a Salta,
Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. A la vez, Jujuy está entre las
provincia de la región que menos casos en la justicia tenían el momento
del informe (9%) junto con Formosa (4%) y Corrientes (3%). El 64% de
las investigaciones era por casos de explotación sexual y sólo 5% por
explotación laboral. Según el informe que realiza la Juanita Moro, las denuncias
de desapariciones en la zona son realizadas por familiares como fugas
de hogar y, según los informes diarios de la policía recabados en el
2010, prácticamente un niño y una niña se ausentaban de su hogar cada 3
días. Jujuy no sólo sería proclive a captar menores –se
señala en el informe- sino que también es una provincia de paso de
menores y mujeres para la trata de personas.
“Lo que a mi me preocupa mucho es una idea que da vueltas en la
sociedad de Jujuy a partir del caso de Coty (Constanza Cernuchi),
cuando luego de su
aparición mucha gente se sintió defraudada porque había participado en
una marcha en la que se la consideraba posible víctima de una red de
trata, que es que ‘las familias no están cuidando a sus hijas’ -esto
fue posteado en redes sociales y en los comentarios de los medios-, lo
cual es una minimización de la peligrosidad de las situaciones en las
que las chicas se pierden. ” señala Alvarez Carreras. “Hace
poco una funcionaria nacional dijo en un medio de comunicación de Jujuy
que el 70% de las personas que se van de sus hogares son mujeres y que
la causa podría ser la violencia familiar. Quizá la reflexión es
correcta, pero no puede usarse para minimizar los casos. Cuando
alguien se pierde hay que buscarla, después vemos qué pasó. Pero hay un
peligro en levantar la agenda de la fuga del hogar, cuando Jujuy sigue
siendo una provincia de origen de trata de personas.”
aparición mucha gente se sintió defraudada porque había participado en
una marcha en la que se la consideraba posible víctima de una red de
trata, que es que ‘las familias no están cuidando a sus hijas’ -esto
fue posteado en redes sociales y en los comentarios de los medios-, lo
cual es una minimización de la peligrosidad de las situaciones en las
que las chicas se pierden. ” señala Alvarez Carreras. “Hace
poco una funcionaria nacional dijo en un medio de comunicación de Jujuy
que el 70% de las personas que se van de sus hogares son mujeres y que
la causa podría ser la violencia familiar. Quizá la reflexión es
correcta, pero no puede usarse para minimizar los casos. Cuando
alguien se pierde hay que buscarla, después vemos qué pasó. Pero hay un
peligro en levantar la agenda de la fuga del hogar, cuando Jujuy sigue
siendo una provincia de origen de trata de personas.”
En la misma línea opina María Inés Zigarán –periodista especializada
en temas de género e integrante de la Red PAR (Periodistas de Argentina
en Red/Por una comunicación no sexista)-: “Los funcionarios están
diciendo que las víctimas deciden irse de sus casas y las
responsabilizan por eso. Puede ser que haya casos que sean fugas de
hogar, pero esto mismo habla de hechos
complejos que se producen para que suceda: violencia familiar,
violencia de género, control sobre la vida de las mujeres, una fuerte
cultura patriarcal de nuestra provincia. Y, por otra parte,
asumir esa posición minimiza el riesgo que irse del hogar tiene para
las mujeres: en la mayoría de los casos son menores de edad, sin
recursos, sin trabajo, que pueden ser víctimas tanto de explotación
laboral como sexual”.
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