Escrito por Jenaro Villamil
reportaje publicado originalmente en la edición 1907 del semanario Proceso.
Emilio Lozoya Austin, director de Pemex.
Al llegar a la dirección general de
Pemex, en diciembre de 2012, Emilio Lozoya Austin se encontró, entre
el cúmulo de litigios, deudas y expedientes de corrupción heredados de
la anterior administración, uno con carácter de urgente: el pago por
311 millones de dólares al consorcio extranjero Conproca (Consorcio
Proyecto Cadereyta), formado por la compañía coreana SK Engineering,
dueña del 80 por ciento, la alemana Siemens AG, con 15 por ciento de
las acciones, y la mexicana Tribasa.
Su antecesor Juan José Suárez Coppel le
dejó a Lozoya Austin el pendiente del pago, en cumplimiento del laudo
definitivo de la Corte Internacional de Comercio (CIC), con sede en
París, que el 11 de enero de 2012 le ordenó a la paraestatal mexicana
pagar 282.1 millones de dólares a Conproca, más gastos financieros e
impuestos, tras diez años de litigio entre Pemex y el consorcio formado
por las empresas coreana y alemana.
Asesorado
por sus abogados, Lozoya Austin decidió evadir el pago del laudo y
comenzar un litigio ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, once
años después de iniciado el juicio arbitral, y quince años después de
la licitación para la remodelación de la refinería de Cadereyta, Nuevo
León, considerada uno de los proyectos más ambiciosos y costosos de
Pemex.
Pemex demandó al consorcio privado
extranjero por presuntos actos de soborno para obtener el pago de los
costos adicionales, incumplimiento en el contrato de remodelación de la
refinería y “por transferir millones de dólares a la cuenta bancaria de
Conproca en Nueva York”, amparándose en la llamada Ley RICO (Rackeeter
Influenced and Corrupt Organizations Act), que permite resolver hechos
de corrupción de empresas radicadas en la ciudad norteamericana.
En cinco meses de desahogo de pruebas y
testigos, en vísperas de que el juez neoyorquino decida si hay materia
para este juicio –se prevé que será el próximo 23 de mayo–, Pemex
arreció su litigio en medios mexicanos, especialmente a través de los
espacios informativos de Televisa, reviviendo expedientes de corrupción
de Siemens de 2008 que no estaban relacionados con el caso de Conproca,
provocando una crisis de confianza entre los inversionistas de Alemania
ante la falta de “certeza jurídica” por el desconocimiento del laudo de
la corte de París, y abriendo la caja de Pandora sobre la corrupción al
interior de la paraestatal petrolera durante los doce años de gobiernos
panistas.
Las acusaciones de Pemex han resultado
contraproducentes para la propia paraestatal porque ha mezclado
expedientes, con confusión de fechas y responsables, revivió un
presunto acto de soborno por 2.6 millones de dólares del empresario y
consultor Jaime Camil, quien ya había sido exonerado por la Secretaría
de la Función Pública en noviembre de 2012 (expediente
DE/118/2008/NA/81), involucró al ex dirigente nacional panista y ex
abogado general de Pemex, César Nava, a partir del testimonio de un ex
ejecutivo de la empresa alemana, ha filtrado a la prensa documentos
para recordar actos de corrupción de altos ejecutivos de Siemens y de
la coreana SK Engineering, que no están relacionados con el caso de
Conproca y, sobre todo, provocó el contrataque de los alemanes y
coreanos.
Para inversionistas y observadores alemanes, consultados por Proceso,
el caso de Cadereyta ha provocado una “crisis de confianza” con el
nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto y puede mandar una “muy mala
señal” para futuras inversiones alemanas en los rubros automotriz.
El revire contra Pemex y el Caso Camil
Hasta el pasado 15 de mayo, tanto
Siemens México como la empresa coreana SK Engineering habían rechazado
hacer pública su posición frente al litigio de Nueva York y dejaron que
toda la información publicada fueran versiones filtradas por Pemex.
El 8 de mayo, Pemex presentó una
ampliación de su demanda, afirmando que un ex empleado de Siemens
relató actos de corrupción e involucró a cinco ex funcionarios más de
la paraestatal en la aprobación de pagos irregulares y un supuesto
soborno ocurrido en 2004.
Entre esos funcionarios, Pemex señaló a
César Nava Vázquez, ex dirigente nacional del PAN y abogado general de
la paraestatal entre 2001 y 2003, a quien acusan de ser responsable de
la liberación de 17 pagarés por un total de 2 mil 60 millones de
dólares a favor de Conproca.
Nava Vázquez afirmó a través de una
misiva pública y en distintas entrevistas que su gestión como abogado
general de Pemex fue de octubre de 2001 a octubre de 2003, y los hechos
que se le imputan se habrían realizado en 2004, “lo que rebasa y
contradice la más elemental lógica”.
La respuesta más dura provino de
Conproca. En un comunicado de 4 cuartillas, el consorcio finalmente dio
su versión sobre los hechos y acusó a Pemex de haber cambiado sus
argumentos “tres veces”, haciendo constar la debilidad de los mismos:
“Primero habló de sobornos para la
obtención de contratos. Después explicó que los sobornos se habían dado
durante el proceso legal ante la CCI (Corte de Comercio Internacional)
para que la información presentada ante la corte favoreciera a
Conproca. Ahora argumenta que los sobornos se dieron durante el proceso
de proyecto para que se le autorizaran sobrecostos a Conproca”.
Desde enero de este año, en la primera
parte de la demanda de Pemex en Nueva York salió a relucir el nombre
del empresario Jaime Camil, contratista y consultor vinculado a Pemex y
a Siemens, como uno de los presuntos artífices de un soborno por 2.6
millones de dólares a un “alto funcionario” de Pemex para que
autorizara la ampliación los pagos a Conproca.
El nombre de Camil se mencionó en notas
de prensa y de Grupo Televisa, a partir de información proporcionada
por Pemex. El acaudalado contratista, identificado antes como uno de
los amigos más cercanos del recién presidente Enrique Peña Nieto, es
señalado como una de las piezas claves del alegato de la paraestatal.
Extraoficialmente, fuentes internas de Siemens, consultadas por Proceso en febrero de este año, calificaron
como un “método inaceptable” que se mezclara a nivel de medios masivos
de información el contrato de la empresa alemana con Camil, en fechas
distintas al supuesto soborno, con el caso de Conproca.
Públicamente, el 15 de mayo Conproca aclaró así su relación con Jaime Camil:
“De acuerdo a Pemex, la alemana Siemens
contrató al consultor Jaime Camil, al que pagó 2.6 millones de dólares
para que le ayudara a solventar los reclamos de sobrecostos de la
paraestatal, argumentando que dicho dinero fue utilizado para ganar la
anuencia de funcionarios de Pemex a favor del pago de sobreprecios a
Conproca. De acuerdo a la paraestatal, como consecuencia de esto se dio
una supuesta instrucción para impedir que Pemex ejecutara cartas de
crédito o garantías a su favor, se acordaron convenios para el pago a
Conproca por los sobrecostos generados y finalmente se pagó al
consorcio los adeudos por dichos sobrecostos.
“Los argumentos de Pemex no están
respaldados en pruebas fehacientes y muestran inconsistencias
importantes en las fechas. Siemens hizo pagos a un consultor
–respaldados por un contrato y las facturas correspondientes– en
octubre y diciembre de 2004, es decir, 4 años después de que Conproca
presentara las pruebas de los sobrecostos, aproximadamente 3 años
después de que se formalizaran los convenios, que a juicio de Pemex
soportaran el pago a Conproca y 2 años después de que Pemex realizara
el pago a Conproca de sus adeudos por sobrecostos”.
Por otro lado, Proceso tuvo
acceso al expediente DE/118/2008/NA/81 de la Secretaría de la Función
Pública en el que se da por concluida la investigación en torno a
presuntos sobornos de Siemens a través de su representante Jaime
Federico Said Camil Garza.
El expediente, de noviembre de 2012,
señala que el pago por 2.6 millones de dólares que recibió Camil Garza
“no pudieron ser vinculados a personal alguno de Pemex”.
“No se contó con elementos que
permitieran definir quién era el supuesto alto funcionario al que
presuntamente Jaime Federico Said Camil Garza le habría entregado parte
del dinero recibido por Siemens”, concluyó la SFP.
En respuesta, Pemex reviró el 16 de
mayo recordando que en 2008 la Securities Exchange Commision de Estados
Unidos (SEC) le impuso a Siemens una multa por 1,400 millones de
dólares, una de las más altas en la historia, por prácticas corruptas
en varios países, “incluyendo a México”.
También recordó que el ex presidente
del Consejo de Administración de la empresa coreana SK Engineering,
Chey Tae Won, fue encarcelado en enero de 2013 por fraude y ya antes
había estado preso por malversación de fondos.
Pemex identificó a su denunciante como
Peter Paul Muller, ex director jurídico de Siemens México, quien
declaró el 6 de mayo ante fiscales de la PGR señalando que la empresa
alemana sobornó a personal de Pemex para cubrir los sobrecostos de
Cadereyta y señaló al empresario Jaime Camil como parte de esta
simulación para ocultar el pago de 2.6 millones de dólares.
Muller dijo que vio los recibos por 2.6
millones de dólares presentados por Camil, autorizados por el entonces
director financiero de Siemens México, José Querubín.
Pemex-Siemens, la caja de Pandora
(Segunda parte)
Escrito por Jenaro Villamil
Segunda parte del reportaje publicado originalmente en la edición 1907 del semanario Proceso.
El origen del litigio, sexenio zedillista
Refinería Cadereyta, en Nuevo León.
Desde su origen, la licitación para la
modernización de la refinería Cadereyta, en Nuevo León generó polémica
e involucró a funcionarios de la paraestatal, en la época del sexenio
zedillista, que también fueron investigados por presuntas
irregularidades.
El 27 de noviembre de 1997, Pemex
Refinación le entregó el contrato para ampliar Cadereyta a Conproca.
Originalmente fue por 1,800 millones de dólares que se fue ampliando
hasta alcanzar los 2,461 millones de dólares.
El contrato fue firmado por el entonces
titular de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, amigo
personal del presidente Ernesto Zedillo, y por Luis Ricardo Bouchot
Guerrero, responsable del área jurídica de Pemex Refinación.
Willars
Andrade fue investigado por la Secretaría de la Función Pública en el
expediente 17/2002 por presuntos sobornos con Servicios Aéreos del
Centro S.A, de los hermanos Alfredo y Javier Miguel Afif. Al abogado
Bouchot Guerrero también se le investigó, vinculándolo con el caso de
Cadereyta.
La investigación contra ambos se
prolongó hasta febrero de 2007 cuando se determinó que ambos eran
culpables de abuso de autoridad. El Organo Interno de Control de Pemex
determinó también que Eduardo Vergara Cabrera, quien firmó como
“revisor técnico” del contrato en Cadereyta, y Máximo Téllez Rosas,
subdirector de proyectos de Pemex Refinación, habían incurrido también
en abusos de autoridad. Se les inhabilitó por 20 años y se les impuso
multas por 106 millones 300 mil pesos.
Conproca trabajó en Cadereyta entre
1997 y 2000 y entregó las obras en el tiempo acordado, “incluyendo un
ajuste de menos de un año acordado con Pemex”, según la versión oficial
de la empresa.
La disputa en la Corte Internacional de
Comercio de París inició en 2001 cuando Conproca acusó a Pemex de
incumplir en el pago de los costos adicionales de la obra, cambios en
las especificaciones, entre otras.
El litigio en la CIC duró 11 años.
Durante este periodo, ocurrió el presunto acto de corrupción de César
Nava, abogado general de Pemex entre octubre de 2001 y octubre de 2003,
quien habría autorizado ilegalmente la liberación de 17 pagarés a favor
de Conproca por 2 mil 060 millones de dólares.
El 23 de diciembre de 2011, la CIC
determinó que Pemex debe pagar a Conproca 282 millones de dólares (más
intereses) por conceptos relativos a “obras adicionales” e
“interrupciones” durante modernización de la refinería de Cadereyta
entre 1997 y 2000 y también por la ejecución indebida de garantías,
costos financieros y gastos legales de arbitraje. A su vez, Conproca
debe pagar 29.1 millones de dólares.
La suma que debe pagar Pemex, de acuerdo al laudo definitivo de la CIC, asciende a más de 300 millones de dólares.
Mientras tanto, los únicos que han
salido ganando son los despachos de abogados externos que han asesorado
a Pemex tanto en el litigio ante la corte de arbitraje de París como en
el de Nueva York.
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