Cumbre sobre la droga

Porfirio Muñoz Ledo

Vuelve al primer plano del debate internacional la cuestión de la droga, que involucra la dañada seguridad pública, las vías para la contención del crimen organizado, la salud de la población, la viabilidad de los Estados nacionales y las posibilidades abiertas a una genuina cooperación entre los países.

El secretario general de la OEA acaba de presentar un informe sobre el consumo de droga en la región. La intención es ofrecer “un análisis de la situación de la materia y de trazar algunos escenarios de hacia dónde podría ir el problema en los próximos años”. En palabras de Insulza: “una de las fortalezas del informe reside en que refleja distintos puntos de vista e incita a que se inicie una discusión sobre las perspectivas planteadas”.

Por su parte, el presidente Santos, quien propuso a los otros mandatarios de la región este análisis, insistió en que a pesar de todos los esfuerzos “el negocio de las drogas ilícitas sigue pujando, la drogadicción en todos los países es un grave problema y el narcotráfico continúa siendo el principal financiador de la violencia y el terrorismo. Aquí nadie está defendiendo una postura; lo que tenemos que hacer es usar estudios serios y ponderados para otorgar mejores soluciones”.

El informe de la organización se inclina, sin embargo, hacia la despenalización del consumo, que debe ser considerada en la base de cualquier estrategia: “un adicto es un enfermo crónico, no un delincuente, y por tanto no debe ser castigado por su adicción, sino tratado adecuadamente”. El informe sugiere varios escenarios, que serían eventualmente combinables. El primero se denomina “Juntos”, en el cual se plantea el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como mecanismo para combatir este flagelo e incrementar la credibilidad de las instituciones. El problema es entendido como parte de un fenómeno mayor de inseguridad al que se enfrentan “instituciones débiles e incapaces”.

El segundo se llama “Caminos” y plantea el robustecimiento para controlar el tráfico y consumo de drogas ilegales, aunque plantea la conveniencia “probar y aprender de regímenes legales alternativos, iniciando con la cannabis. El tercero, “Resilencia”, enfoca el problema como una “manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes que generan violencia y adicción”. Se propone el fortalecimiento de las comunidades y una política de desarrollo con acento en la salud pública. El cuarto se llama “Ruptura”, en él se plantea la posibilidad de que los Estados unilateralmente decidan emprender sus propias políticas para enfrentar el problema, lo que se estima desaconsejable.

El departamento de Estado pidió evaluar el documento a la luz de las convenciones internacionales que existen en esta materia, mientras una fuente de la Casa Blanca dio una visión más crítica: “el reporte no es sino un costoso ejercicio académico que afectará la cooperación antidrogas en el hemisferio por sugerir acciones que van a contravía de las leyes internacionales”. Esta lógica, que se parapeta tras instrumentos internacionales, desdeña que existen diversos lugares en los que ya se aplican este género de políticas y otros en los que están sujetas al debate legislativo y al referendo, como en varios estados de EU. Ignora que los acuerdos son modificables conforme a necesidades emergentes y resultados de la experiencia.

En cambio, la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por ex jefes de Estado y eminentes personalidades mundiales, ha recibido el informe con gran beneplácito. Lo considera una “nueva voz” en la reforma de estrategias en la materia y una contribución positiva “para romper el tabú que por tanto tiempo ha silenciado el debate sobre una política de drogas más humana y eficaz”.

Esta aportación será llevada a diversos escenarios internacionales y enriquecida por las contribuciones de expertos, gobiernos y sociedades civiles. Merecería la celebración de una cumbre sobre la droga. México, si quiere un cambio de rumbo, debería sumarse con determinación a ese propósito.

 Comisionado para la reforma política del DF