Escrito por Jenaro Villamil
Texto original publicado en Revista Proceso No. 1907
Las instalaciones de Televisa Chapultepec. Foto: Alejandro Saldívar
En su reporte trimestral ante la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Televisa informó que desde el 15 de abril, “con el consentimiento del Sistema de Administración Tributaria (SAT)”, la empresa presentó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un desistimiento al juicio de nulidad y realizó un pago de 343 millones 254 mil pesos.
El reporte no precisaba lo que realmente era la nota: el pago de 343.2 millones de pesos representaba apenas el 10 por ciento del crédito fiscal por 3 mil 334 millones 960 mil pesos que la empresa adeudaba al SAT por deducciones erróneas de pérdidas en el pago del Impuesto Sobre la Renta.
El sábado 11 de mayo, se precisó que, en realidad, la condonación del adeudo fiscal a Televisa equivalía a casi 3 mil millones de pesos ( 2 millones 990 mil 746 pesos). El dato generó un revuelo mayúsculo en las redes sociales, al grado de convertir las frases#SATHazmeUnParo y #PerdonaSAT en los Trendig Topics más mencionados durante el fin de semana en Twitter.
El mismo día, un comunicado del SAT intentó “aclarar” el multimillonario favor fiscal indicando que se basó en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2013, aprobada en la Cámara de Diputados en febrero pasado, justo cuando se negociaba al interior del gobierno federal y del Pacto por México la reforma constitucional en telecomunicaciones.
El SAT afirmó que esta condonación es resultado del programa “Ponte al Corriente”. “A través de este programa los deudores pueden acceder a la condonación total o parcial de adeudos fiscales causados antes del 1 de enero de 2007, derivados de sus contribuciones federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios, así como multas por incumpliendo de obligaciones fiscales distintas a las de pago cuya administración corresponde al SAT”.
En el comunicado, el SAT aclaró que cerca de 27 mil contribuyentes se han acogido a dicho programa, “obteniendo poco más de 55 mil pagos con un importe superior a 11 mil millones de pesos”. El programa concluye el próximo 31 de mayo.
El revuelo por el caso de los 3 mil millones de condonación a Televisa no disminuyó. Por el contrario, demostró que una regla no escrita desde los sexenios priistas de López Portillo Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, así como los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, ha sido favorecer fiscalmente al monopolio televisivo.
Entre la entrega de concesiones de decenas de canales –sin pago de contraprestación alguna–, la condonación de los adeudos fiscales y financieros consentida por Ernesto Zedillo durante la crisis de la sucesión de Azcárraga Milmo en 1997, la eliminación de los tiempos fiscales con el decretazo de 2002, en el sexenio de Vicente Fox, así como la eliminación del pago de derechos en la Licitación 21, durante el gobierno de Felipe Calderón, la constante de todos los gobiernos ha sido favorecer fiscalmente al imperio televisivo.
“Regalo” de canales
Entre 1977 y 1981, en el sexenio de López Portillo, los ingresos de Televisa se quintuplicaron, al pasar de 93 a 474 millones de dólares, pero no incrementó en la misma proporción sus contribuciones fiscales.
Al final del mismo sexenio, el 29 de noviembre de 1982, el gobierno favoreció al imperio de Emilio Azcárraga Milmo con la concesión para operar y explotar 95 nuevos canales de televisión que se ampliaron la cobertura del canal 2. No existe registro de pago alguno de contraprestación por este favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Un “regalo” similar ocurrió al finalizar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Tras la venta de Imevisión y el surgimiento de TV Azteca, como posible competencia, la SCT le otorgó 62 nuevas concesiones de televisión al imperio de Azcárraga Milmo, que le permitió convertir al canal 9 en su cuarta cadena nacional.
De acuerdo con el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, de Claudia Fernández y Andrew Paxman, el entonces titular de la Secretaría de Hacienda, Pedro Aspe, negoció con Televisa un “donativo” de 100 millones de dólares por estas 62 nuevas concesiones.
“Aunque TV Azteca también recibió concesiones, Salinas Pliego no estaba muy contento”, recuerdan Fernández y Paxman en su libro (p. 410). “Solía quejarse de haber tenido que pagar 650 millones de dólares por sus concesiones mientras que a Televisa le regalaban 62. ‘Supuestamente hay un pago de 100 millones, pero no está documentado en ningún lado, no está licitado. Es la palabra de un funcionario, ¿dónde está el recibo y por qué son 100 millones, por qué no son 200 o 300 o 50?’, repetía Salinas Pliego”.
En plena crisis de sucesión, tras la muerte de Azcárraga Milmo en abril de 1997, el gobierno de Ernesto Zedillo consiguió reestructurar la deuda de Grupo Televisa con la Secretaría de Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con sus propios socios y parientes.
Sin la ayuda del propio gobierno, Emilio Azcárraga Jean difícilmente hubiera pasado de tener apenas el 10 por ciento de las acciones del consorcio a concentrar más del 50 por ciento, eliminando a sus parientes, acreedores y renegociando la deuda de 320 millones de dólares con la familia Diez Barroso (la llamada Deuda Alameda), a través de una reestructuración accionaria con amplios beneficios fiscales.
El “decretazo” del 2002
El “gobierno del cambio” de Vicente Fox acabó por sucumbir ante las presiones de Televisa el 10 de octubre de 2002, fecha en que se dio a conocer el polémico “decretazo” que disminuyó de 12.5 a sólo 1.25 por ciento los llamados tiempos fiscales, un impuesto en especie que se creó desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a finales de los sesenta.
El “decretazo” canceló también la posibilidad de una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión, que se discutió durante año y medio en el seno de la Secretaría de Gobernación, y demostró el nivel de poder e influencia que tenía la primera dama Marta Sahagún y el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, entonces presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.
Un cálculo elaborado por el blog www.mediocracia.wordpress.com calculó que, a precios de la Secretaría de Hacienda, el quebranto con la disminución de los tiempos fiscales ascendía a 2 mil 310 millones de pesos al año (Hacienda fijó en su informe bimensual el costo por minuto en televisión en 425.42 pesos, “exageradamente bajo”, según los analistas). A precios reales, el quebranto costó 14 mil millones de pesos anuales.
“Si consideramos a cuánto hubiera ascendido el tiempo fiscal si el gobierno lo hubiese ejercido plenamente, tasándolo al precio que utiliza la Secretaría de Hacienda en su informe (primer semestre de 2002), tenemos que en radio habría tenido un costo de mil 222 millones de pesos al año. Y en televisión, de más de 14 mil millones de pesos anuales”, concluyeron los autores de este informe, elaborado cinco años después del decretazo.
No sólo la disminución de los tiempos fiscales fue un regalo a Televisa. El nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, expedido el mismo 10 de octubre de 2002, permitió en el artículo 46 la utilización comercial del horario de 00:00 y hasta las 5:59 horas, con la oferta de productos de toda índole.
Gracias a esta modificación, la saturación de infomerciales y venta de “productos milagro” inundó todas las pantallas televisivas y las estaciones radiofónicas, sin importar que rebasaran el tope de un 18 por ciento máximo de tiempo-aire dedicado a la publicidad.
En el quinto año de gobierno de Vicente Fox, la Auditoría Superior de la Federación reveló también que tanto Televisa como TV Azteca sumaron créditos fiscales por 1,521 millones de pesos, mientras que cuatro equipos de futbol mororos –con 79 créditos- formaban parte de los 298 grandes deudores detectados por el organismo dirigido entonces por el auditor Arturo González de Aragón.
El informe de revisión de la Cuenta Pública de 2005 no mencionó la razón social de “las televisoras” y de los “cuatro equipos de futbol”, pero era obvio que se trata de las dos únicas compañías que controlan el 90 por ciento de las concesiones televisivas y eran dueñas de cuatro equipos de futbol.
La “ganga” de la licitación 21
En noviembre de 2009, a la mitad del sexenio de Felipe Calderón, y en medio de las negociaciones de la Ley de Ingresos para 2010, operadores de Televisa, de la SCT, de Cofetel y de la Secretaría de Hacienda, así como legisladores del PRI acordaron exentar del pago de derechos a quienes participaran en la famosa Licitación 21 (la banda 1.7Ghz) para el triple play.
Desde las bases, la Licitación 21 estuvo diseñada para favorecer a un “nuevo jugador” en telefonía móvil, que era Televisa, entonces asociada con Nextel.
La maniobra fiscal consistió en una adición al artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos para exentar a quien resultara ganador de la licitación del bloque de 30 Mhz.
Si los títulos no se entregaban antes del 1 de diciembre de 2010, se daban 25 meses de “gracia” para el pago de derechos, lo cual equivalía a una exención fiscal equivalente de 2,068 millones de pesos a 3,976 millones de pesos, dependiendo de la fecha de entrega de la concesión.
Un estudio elaborado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), presidida por Raúl Trejo Delarbre en ese momento, detectó en septiembre de 2010 que el retraso de la SCT para entregar el título de concesión de la Licitación 21 se debió “a la artimaña que contiene la Ley Federal de Derechos aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado entre octubre y noviembre de 2009, y que estableció una controvertida exención a las empresas que resultaran ganadoras de la licitación del espectro radioeléctrico para telefonía celular”.
En entrevista con Proceso, Trejo Delarbre advirtió que por esta artimaña “la firma de Juan Molinar Horcasitas se puede convertir en una de las rúbricas más costosas para el país…La demora de ese funcionario constituiría un motivo más para que se le finquen responsabilidades judiciales”.
Televisa rompió abruptamente su sociedad con Nextel para anunciar luego la adquisición del 50 por ciento de las acciones de Grupo Iusacell, propiedad de su presunto competidor Ricardo Salinas Pliego, por 1,600 millones de dólares. La polémica fusión fue autorizada en vísperas de la elección del 2012 por la Comisión Federal de Competencia.
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