La Otra Ruta Migratoria
Abusos de “coyotes” y autoridades quedan impunes
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Chinandega, Nicaragua.- Con la ayuda económica de su pareja que se encuentra en Miami, Osiris, de 27 años, originaria de la ciudad nicaragüense de Chinandega, al occidente de Managua, contactó a un “coyote” (traficante de personas) para que la ayudara a llegar a Estados Unidos.
Su viaje se frustró luego de que fue interceptada en México y deportada a Nicaragua en 2012. Osiris perdió 2 mil dólares (cerca de 25 mil pesos mexicanos) que le había adelantado al “coyote”, pero no la esperanza de volver a intentarlo.
Ella forma parte de las y los 506 nicaragüenses deportados desde México por vía terrestre en 2012, que intentaron llegar a EU, según datos de las autoridades mexicanas.
Ahora Osiris, graduada en Ingeniera, vende comida en Chinandega para reunir nuevamente la mitad del dinero (la otra parte se la enviará su pareja), e intentar de nuevo el viaje en una fecha que aún desconoce.
EU es el principal destino para la población migrante nicaragüense, pese a la crisis económica en el país de norte. En los estados de California y Florida vive la mayoría de nicaragüenses, unas 500 mil personas, indica el informe de Derechos Humanos 2012, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Según cifras oficiales, Chinandega es el segundo departamento del país, solo superado por Managua, con la mayor cantidad de migrantes en el extranjero, por lo que se estima que hay unas 180 mil personas originarias de Chinandega en EU, Canadá, México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, y una cantidad menor en España.
Chinandega es un departamento fronterizo con Honduras, es también paso casi obligado de las y los migrantes originarios de Sudamérica, Asia y África que cruzan la zona en su ruta de forma irregular hacia EU.
Jorge Estrada, de la Red de la Sociedad Civil para las Migraciones, explica que en muchos casos las personas deportadas que son víctimas de abuso de parte de las autoridades o de los “coyotes”, no denuncian por temor a represalias.
La persona que es deportada y denuncia abusos se expone a que el propio Estado la acuse como cómplice del tráfico de personas o en el peor de los casos la vincule al crimen organizado, aunque ella haya sido la víctima, ya que el tráfico ilegal de personas es un delito contra el Estado, según las leyes del país centroamericano.
No hay mecanismos de protección para las personas que puedan denunciar a los “coyotes”, por lo que las personas engañadas por ellos están doblemente desprotegidas, advierte Estrada.
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